Caso Zamora: ¿Quiénes son los protagonistas de este proceso?

La parte acusadora

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez: 

Es la fiscal a cargo del caso en contra de José Rubén Zamora. En julio de 2022, dirigió el operativo de captura. Dos días antes de que Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, fuera destituido, Monterroso asumió como encargada de la Agencia 8, una dependencia de la FECI que tenía a su cargo investigaciones que vinculan al presidente Alejandro Giammattei. 

Ha sido parte de la FECI desde 2016. En su paso por esa Fiscalía, fue denunciada en dos ocasiones por el exfiscal Sandoval: por utilizar su cargo para favorecer a una tercera persona y, posteriormente, por solicitar información sobre un caso en el que no tenía competencia. En el 2021, también fue acusada por la ex jueza Erika Aifán, por obstrucción de la justicia. 

Según el exfiscal Sandoval, previo a la salida de la CICIG, Monterroso se volvió cercana a Consuelo Porras. Por esa razón, se prestó para interponer  una denuncia contra Aifán por abuso de autoridad en el caso Asalto al Ministerio de Salud. 

A partir del caso contra Zamora, Monterroso solicitó al juez Jimi Brener certificar lo conducente para que sean investigados 9 periodistas que han cubierto u opinado sobre este caso, ya que, según su criterio, sus publicaciones podrían configurar el delito de obstrucción de justicia contemplado en el artículo 9 de la Ley contra la delincuencia organizada, promulgada por el Congreso de la República específicamente para combatir a las organizaciones criminales.

Edwin Alexander De León Menchú: 

Es el fiscal auxiliar en el caso contra José Rubén Zamora. 

Eliseo Humberto Solis Muñoz: 

Es el abogado que representa a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el caso contra Zamora. En agosto de 2022, solicitó al juez Fredy Orellana ligar a proceso a Samari Gómez por el delito de revelación de información confidencial y a Zamora por lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. 

Ronald Giovanni García Navarijo: 

Figura como querellante en el caso. Actualmente, se encuentra en prisión domiciliaria. La acusación del MP contra Zamora se basa en las declaraciones, grabaciones y fotos de comunicaciones digitales, proporcionadas por García Navarijo, quien ha sido pieza clave del caso y ha proporcionado información contra Zamora, con quien tenía una relación cercana. Denunció ante la FECI un supuesto chantaje por parte de Zamora.  El denunciante es exbanquero, implicado en varios casos penales.  Además tiene un historial criminal por el desfalco del Banco de los Trabajadores. 

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Según la ex fiscal Samari García, quien tuvo acceso a un expediente relacionado con García Navarijo, este sindicado buscaba ser colaborador eficaz a cambio de que se liberaran 33 millones de quetzales congelados que estaban depositados en el Banco de los Trabajadores por un caso a cargo de la fiscalía de Extinción de Dominio. 

Raúl Falla Ovalle: 

Se apersonó al proceso como representante legal de García Navarijo, el querellante. También es abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). En 2021, fue incluido en la Lista Engel por retrasar u obstruir procesos penales  emprendidos contra ex militares que cometieron actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. Ha sido una figura clave para emprender acciones legales contra varios operadores de justicia en Guatemala. 

Ricardo Mendez Ruiz:

Actúa en representación de la Fundación Contra el Terrorismo, organización que se constituyó como querellante adhesivo del caso. Tras la salida de la CICIG del país, la FCT ha promovido diferentes procesos penales y denuncias contra operadores de justicia independientes en Guatemala. Por ejemplo, contra los Miguel Ángel Gálvez y Erika Aifán, quienes fueron jueces de mayor riesgo y estuvieron a cargo de casos de alto impacto. Asimismo, ha presentado varias denuncias contra el ex fiscal Juan Francisco Sandoval. 

Su participación como querellante se justificó procesalmente argumentando que el interés público se vio afectado por las acciones supuestamente delictivas de Samari Gómez,  fiscal auxiliar del Ministerio Público. 

Los sindicados y sus abogados defensores

José Rubén Zamora Marroquín: 

Es acusado por la FECI de los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El MP denominó este caso  “Chantaje, Impunidad y Lavado de dinero”. En julio de 2022, fue detenido en un operativo a cargo de la fiscal Cinthia Monterroso. Desde entonces, ha estado en prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala, en donde ha enfrentado atropellos. En reiteradas ocasiones, Zamora ha denunciado que ha recibido un trato sumamente riguroso, tiene restricción de visitas y a veces no tiene acceso a agua. 
También está implicado en el caso Conspiración para la Obstrucción de Justicia, supuestamente relacionada a dinero producto de lavado de dinero u otros activos que Zamora Marroquín y la entidad Aldea Global Sociedad Anónima recibieron en el año 2013.  

José Rubén Zamora Marroquín fundó elPeriódico en 1996, diario que se convirtió en uno de los medios impresos más reconocidos a nivel nacional e internacional. A nivel personal, su trabajo periodístico también ha recibido amplio reconocimiento por su dedicación a desvelar la corrupción y el abuso de poder público. Desde entonces hasta la fecha, dicho medio destapó una serie de casos vinculados a personajes poderosos. El más reciente, fue el  denominado “alfombra mágica”, sobre supuestos sobornos que empresarios rusos entregaron al presidente Giammattei para asegurar negocios mineros en Izabal. 

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Emma Patricia Guillermo De León Chea:

Se desempeña como defensora de Zamora. Es abogada litigante, ex directora del Sistema Penitenciario y ex comisionada de postulación en 2014. Ha sido aspirante al cargo de Fiscal General del Ministerio Público.  

Una investigación de la CICIG, del caso Comisiones paralelas, la incluyó en un listado de magistrados que se hospedaron en un hotel de la ciudad con recursos vinculados a Roberto López Villatoro. 

Ricardo Sergio Szejner: 

Es abogado defensor de José Rubén Zamora. 

Samari Carolina Gómez Díaz: 

Es una de las sindicadas en el caso. Trabajó como fiscal auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad desde 2016, e hizo una carrera en el Ministerio Público durante 12 años.  Fue aprehendida junto a José Rubén Zamora el 29 de julio de 2022, supuestamente por revelar información confidencial. Como miembro de la FECI, ha trabajado en casos que vinculan a personas en actos de corrupción. Como fiscal auxiliar también manejaba información de cuatro expedientes relacionados al desfalco al Banco de los Trabajadores, investigaciones que abarcan de 2009 a 2016. Gómez tuvo acceso a estos expedientes desde que formó parte de la fiscalía contra el Lavado de Dinero. 

Guillermo Sian Cano: 

Es abogado de Samari Gómez. 

Carolina del Cid Gavera: 

Es abogada de Samari Gómez

Los jueces 

Oly González:

Es la jueza que preside el tribunal octavo, que conoce  el caso contra Zamora y Gómez. El 16 de diciembre de 2022, en Quetzaltenango, la jueza condenó a la ex fiscal de la FECI, Virginia Laparra, por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Según el tribunal, no estaba facultada para hacer denuncias administrativas contra un juez. La pena impuesta fue de 4 años de prisión conmutables, a razón de Q10 diarios. 

Otto Hugo Valvert Veras: 

Forma parte del tribunal a cargo del caso. 

Griselda Ordóñez: 

Forma parte del tribunal a cargo del caso.

Otros actores clave 

Francisco Solórzano Foppa: 

 Se desempeñó como uno de los  abogados defensores de José Rubén Zamora; sin embargo, renunció a la defensa técnica a petición del sindicado. El 27 de abril, fue ligado a proceso por los delitos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, delitos vinculados con el caso de José Rubén Zamora. La FECI lo acusa de intentar dar apariencia de legalidad a un monto de Q240 mil que le fueron incautados  al momento de su aprehensión. Actualmente se encuentra en prisión preventiva. 

Justino Brito Torrez: 

Fue defensor de José Rubén Zamora pero renunció a petición del propio sindicado, quien manifestó  que  quiere  evitar que la FECI criminalice  a  los abogados de la defensa. A finales de abril, fue enviado a prisión preventiva. La FECI lo acusa de intentar elaborar y presentar “un documento fraudulento” con el fin de probar que las imputaciones en contra de José Rubén Zamora son falsas y  darle apariencia de legalidad a la transacción por la   cantidad de 240 mil quetzales”. 

Orlando Alejandro Álvarez Zamora:

Fue defensor de José Rubén Zamora. También  fue acusado por la FECI y, a finales de abril, fue condenado a un año de prisión por el delito de obstaculización a la acción penal, tras elegir un proceso abreviado que implica  la aceptación de  los cargos en su contra.

Alejandro Girón Lainfiesta: 

.En abril, también mediante el procedimiento abreviado y la  aceptación de cargos, fue sentenciado a un año y seis meses de prisión. Según las acusaciones de la FECI, Girón y otros implicados se pusieron de acuerdo para planificar el desvío de la investigación contra Zamora sobre la recepción del dinero que asciende al monto de por lo menos 200 mil quetzales en efectivo.

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Mario Estuardo Castañeda y Castañeda:

Fue abogado defensor de José Rubén Zamora. En febrero de 2023, fue condenado a seis años de prisión conmutables, como pena principal, y como penas accesorias la publicación de la sentencia e inhabilitación especial para optar a cargos públicos, el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Sin embargo, por recurrir al procedimiento abreviado y  aceptación de cargos, recibió una pena de tres años con suspensión condicional de la ejecución de la pena por cuatro años. Adicionalmente se le impuso una reparación digna para el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, de 25 mil quetzales.

Recientemente, el exministro de Gobernación, Carlos Menocal denunció en un programa en vivo, que Mario Castañeda bajo tortura fue obligado a aceptar los cargos en su contra.

Romeo Augusto Montoya García: 

Fue abogado de José Rubén Zamora. En abril de 2023, mediante el procedimiento abreviado y  aceptación de cargos, fue condenado por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia por medio del procedimiento abreviado y aceptación de cargos . La pena impuesta fue  de 6 años de prisión conmutables, con suspensión condicional de la ejecución de la pena por tres años. También quedaron  suspendidos  sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena. Además,  se le impuso la obligación de realizar una donación de Q.25,000.00 a dos escuelas públicas y dos entidades de asistencia social.

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Juan Carlos Marroquín Godoy: 

Es primo de José Rubén Zamora. La FECI lo acusó de  formar parte de una estrategia, mediante la cual, con aparentes pruebas falsas, buscarían minimizar los cargos penales contra Zamora. Por cargos de obstaculización a la acción penal fue detenido a finales de abril. Según Zamora, Marroquín fue el enlace del comprador de una obra de arte con la que la defensa del periodista justificó la licitud de Q240 mil. 

Tras aceptar los cargos en su contra fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión conmutables (a razón de Q10 diarios) además fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante cinco años como sanción. 

Flora Emilza Silva Gómez: 

Exdirectora financiera de ElPeriódico. En agosto de 2022, fue detenida y señalada por la FECI de estar implicada en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, que también involucra a Zamora. Seis Meses después, aceptó los cargos por lavado de dinero y se emitió una sentencia condenatoria en su contra, que incluyó tres años de prisión conmutables, a razón de Q5 diarios, y  una multa de Q15 mil.

Según el MP, Silva Gómez aceptó su responsabilidad y participación en la conspiración para obstruir una investigación en curso, relacionada a dinero posiblemente producto del lavado de dinero u otros activos que Zamora Marroquín y la entidad Aldea Global S.A. recibieron.

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