De la obra siempre sobra
De la obra siempre sobra
En 12 años, al menos tres de seis ministros encargados de la infraestructura pública de Guatemala se han beneficiado personalmente o a sus allegados por medio de recursos públicos a través de adjudicaciones millonarias. Para ello, se valen de micro regulaciones que capturan el Estado.
Un viejo diplomático contaba la historia de dos ministros de diferentes países —uno guatemalteco—, que se hicieron amigos en un evento internacional, al verano siguiente el chapín visita al otro en su casa, una residencia enorme llena de lujos. Tras la cena el invitado preguntó:
—Querido amigo, que bella casa, pero dígame usted, ¿es posible pagar esto con su sueldo?
El anfitrión lo lleva a la terraza y señalando el horizonte con el dedo, pregunta.
—¿Ves ese puente? —sin dar tiempo a que responda se da palmadas en el bolsillo derecho haciendo sonar la billetera que lleva dentro y sonríe burlonamente— 50 por ciento.
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Un año después, el extrajero viaja a Guatemala y devuelve la visita a su amigo, quien vive en una mansión el doble de lujosa que la suya propia. Lleno de envidia le pregunta a bocajarro.
—¡Caray amigo! Usted sÍ sabe vivir a lo grande, pero dígame, ¿es posible pagar esto con su sueldo?
El anfitrión lo lleva a la terraza y mientras señala el horizonte con el dedo, le pregunta.
— ¿Ves ese puente?
— ¿Qué puente?
El guatemalteco suelta una carcajada y mientras hace sonar con la mano la billetera en el bolsillo derecho, le responde:
— ¡100 por ciento!
***
Hasta 2017, Guatemala contaba con 17,621 km de carreteras, que son su principal vía de comunicación y de transporte de mercancías, aunque a decir del Cacif para ser eficiente esta red debería ser al menos tres veces más larga.
Dicha infraestructura está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). En la última década, más de un exfuncionario de este despacho tuvo que rendir cuentas ante los tribunales de justicia por acusaciones de manejos indebidos del presupuesto.
El CIV, es una de las 14 entidades estatales que integran el Ejecutivo y en el círculo político se le conoce como «la joya de la corona» por dos motivos, el primero es su abultado presupuesto: en la última década manejó más de Q53 mil 900 millones, cifra similar con la que trabajó todo el aparato del Estado en 2012. El segundo motivo es la discrecionalidad que tiene el titular de la dependencia para beneficiar con contratos millonarios a quien él decida, por ejemplo: presidentes, diputados, ministros y viceministros.
El Ministerio está integrado por 18 dependencias; de ellas, la Dirección General de Caminos (Caminos) y la Unidad de Conservación Vial (Covial) son las que mayor asignación monetaria reciben cada año. Al igual que otros entes ministeriales y secretarías de Estado, los fondos para el CIV son aprobados por el Congreso de la República, el cual se convierte en el filtro para la asignación de recursos. Dichos recursos están destinados para la construcción de carreteras, bacheo, mejoramiento de tramos y todo lo relacionado a edificios públicos; sin embargo, la dependencia tiene permitido modificar, de forma interna y sin candados, el destino del presupuesto.
Así lo hizo José Luis Benito, quien ocupó este ministerio durante la administración del expresidente Jimmy Morales (2018-2020). Benito fue sindicado del delito de lavado de dinero u otros activos y fraude regulado en área de la administración pública. Otro que se aprovechó en su paso por la dependencia fue Alejandro Sinibaldi, quien dirigió el despacho durante la administración del desaparecido Partido Patriota (2012-2013) y quien está ligado a varios procesos legales que tienen relación directa con su gestión dentro de la cartera.
La oenegé Transparencia Internacional, que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, en su informe de Índice de Corrupción 2021, reveló que en los últimos diez años existe un estancamiento de los niveles de corrupción en el sector público en Guatemala. La puntuación otorgada por dicha organización fue de 25, donde 100 es muy limpio y cero es calificado como muy corrupto. Si se compara con la calificación que obtuvo Guatemala en 2012 podemos observar que el país experimentó una caída significativa. La calificación en ese año fue de 33 puntos, siendo esta la más alta que ha tenido en la última década.
Ante ello, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) integrada por un grupo de empresarios con incidencia en las políticas del país, aclaró en su momento que el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) no era una medida variable matemáticamente elaborada y que más bien era una evaluación que se basa en la percepción de prácticas corruptas en la esfera pública del país, aunque resaltaron que en Guatemala no se han realizado reformas estructurales para combatir la corrupción de una forma efectiva.
A manos de empresarios
Manuel Ruano, un extrabajador de la CIV recuerda que fue a principios de los años noventa que el ministerio comenzó a deteriorarse: «Cada ministro que llegaba al cargo llevaba consigo un director para Caminos o Covial y estos a su vez llevaban a los jefes de cada zona vial para toda la república: todos comenzaron a hacer negocios».
De acuerdo con el entrevistado, fue con la creación de Covial que el ministerio le entregó a las empresas privadas los contratos para realizar trabajos que le correspondían al Estado. Fue la época del proyecto neoliberal.
Un reportaje realizado en julio 2022 para el programa radial Con Criterio, que titularon «Legado de exministro de Comunicaciones: contratos, pactos y reconstrucción estancada» señala que ante los casos de corrupción revelados por la entonces Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) las empresas cambiaron su forma de operar, lo que significa que los contratistas que hacían trabajos pequeños, en los últimos años (2016 al 2021) son los que tienen más fuerza y mayor incidencia para que se les asignen proyectos.
Creado en 1871 con el nombre de Ministerio de Fomento, el CIV, es la entidad más antigua del Organismo Ejecutivo. Su trabajo en esos años era planificar y desarrollar sistemas de comunicaciones, infraestructura y transporte en todo el territorio nacional. En los años 20 del siglo pasado, mediante un acuerdo legal se creó Caminos, responsable de la administración de la red vial; en 1994, debido al alto grado de deterioro de la red vial y las limitaciones en recursos, maquinaria y equipo adecuado para solventar y rescatar la infraestructura, se creó un nuevo programa de mantenimiento de carreteras por contrato.
«Es aquí donde empieza a caer el ministerio, las autoridades ya no pusieron atención al trabajo de Caminos, dejaron que la maquinaria se descompusiera y comenzaron a darle todos los proyectos a pequeñas empresas que después se convirtieron en los grandes proveedores», resume Ruano. El discurso con el que se justificaron ese tipo de acciones en toda América Latina fue que a diferencia de los empresarios, el Estado no sabía administrar los recursos, por eso se les debía entregar a quienes sí sabían. Aunque en la realidad muchos de los contratos se les otorgaron a amigos y prestanombres.
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En estos años, en que el proyecto económico mundial sugería el adelgazamiento del Estado vía la privatización de las empresas públicas, fue que comenzó a entregarse el mantenimiento, construcción y supervisión de las obras a compañías particulares, algunas de la cuales fueron fundadas por personal que años atrás laboraba en Covial. Con esta nueva tendencia varios trabajadores del ministerio se acogieron al programa de «retiro voluntario» para formar con su liquidación sus propias empresas.
Al mismo tiempo, el CIV creó el programa «Carreteras por Contrato», la idea era otorgarles contratos a las empresas creadas por los exempleados y que con ello contaran con más capital para la compra de maquinaria pesada e iniciaran labores de mantenimiento de la red vial de todo el país.
En 2009 se buscó otra forma de ejecutar programas, proyectos y obras que eran parte de las competencias del CIV. Se crea el Fondo Social de Solidaridad (FSS) con un patrimonio de 100 millones de quetzales, cuyo objetivo era «fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca». A la fecha (2022) este fideicomiso tiene un activo de 691 millones y un presupuesto de 522.3 millones de quetzales.
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El FSS tiene asignaciones para infraestructura vial, servicios aeronáuticos, y aeroportuarios, urbanización, legalización, construcción y mejoramiento de bienes inmuebles. Además, tiene una planilla de 274 personas con salarios de 4,500 hasta 25,000 quetzales mensuales, que suma un pago mensual solo en salarios de Q2.7 millones mensuales.
«La cartera es muy importante porque tiene a su cargo el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte del país», refiere Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), unidad adscrita al Ministerio Público (MP) y quién reveló casos emblemáticos de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, además de llevar al banquillo de los acusados al expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, por estar involucrados en casos de defraudación al Estado.
«Quienes llegaron a encabezar el ministerio de Comunicaciones, por lo regular han sido personas que hicieron fuertes aportes a diferentes campañas políticas y su función era financiar, desde el ministerio, las siguientes contiendas electorales del grupo de poder al que pertenecen», explica un exfuncionario que pidió anonimato y quien asegura que «las aspiraciones de muchos de quienes detentan el ministerio es mantener el poder, no solo en el gobierno en que ejercieron función sino en los siguientes».
Todo queda en familia
«La esencia de la teoría económica de (George) Stigler, habla de cómo los políticos o funcionarios aprovechan el sistema público para sus propios intereses… que van desde lo económico hasta determinada agenda política o ideológica», indica Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Sinibaldi, Benito y Josué Edmundo Lemus son claros ejemplos de cómo desde su posición de tomadores de decisiones, se puede capturar al Estado. En este caso al aprovechar sus cargos dentro del Ministerio de Comunicaciones. Los dos primeros, tienen casos abiertos en su contra por posibles actos de corrupción desde el despacho que dirigieron; el tercero por beneficiar con contratos a grupos familiares y diputados.
Para explicar mejor esto regresemos 11 años. El desaparecido Partido Patriota (PP) que llevó a la presidencia a Pérez Molina y a Baldetti a la vicepresidencia, utilizó como lema en su campaña electoral: «Acabar con la corrupción», tras ganar las elecciones presidenciales en 2011 y ya en el poder no solo no cumplieron su promesa, sino que tanto el presidente como la vicepresidenta fueron depuestos de su cargo y 13 de sus 14 ministros terminaron acusados de actos de corrupción, uno de ellos: Alejandro Sinibaldi, un político formado años atrás por Pérez Molina.
Sinibaldi, lleva el nombre de su estirpe. El primer Alejandro Sinibaldi era marqués, llegó al país proveniente de Italia en el siglo XIX y fue dos veces regidor de la municipalidad de la ciudad capital de Guatemala. Su hijo, el segundo Alejandro Sinibaldi, también fue alcalde de la ciudad y en 1885 fue nombrado presidente interino de la nación, aunque debió abandonar el cargo meses después. Emparentados con varias de las familias de la oligarquía, la rama más reconocida actualmente es la que representa Ricardo Castillo Sinibaldi, figura emblemática de la élite guatemalteca y presidente desde hace más de medio siglo del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la iniciativa privada (Irtra).
El actual Alejandro Sinibaldi, antes de ser ministro de Comunicaciones ocupó la Dirección del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y fue diputado del Congreso de la República con el entonces bloque de los patriotistas. Al ministerio no llegó solo, lo acompañaron Rubén Mejía, Guillermo Sosa y Miguel Ángel Cabrera, compañeros de bloque en su paso en el Legislativo, estos ocuparon puestos clave dentro de la cartera y fueron parte del círculo de tomadores de decisiones junto con Sinibaldi durante dos años.
La aspiración de Sinibaldi incluso antes de llegar al Congreso era ser parte del continuismo en la presidencia, pero sus aspiraciones fueron truncadas al dejar el ministerio, ya que, en 2015, la Cicig junto con el MP, auxiliada por la Feci, revelaron una estructura de corrupción que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que era dirigida por Pérez Molina y Baldetti.
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El exministro Alejandro Sinibaldi trató de desvincularse del partido por el que se postulaba y adquirió la ficha de una nueva agrupación (Movimiento Reformador) con el que buscó competir por la presidencia en 2015. Lo que no se había dado a conocer en ese entonces, es que también él era investigado por dos casos que fueron denominados: «Construcción y Corrupción» y «Odebrecht» los cuales ejecutó desde su puesto como titular de Comunicaciones.
Construcción y Corrupción, es un caso revelado en julio de 2017 por la Cicig y el MP, en el que se evidenció como una estructura operaba a lo interno del Ministerio de Comunicaciones. Los fiscales del MP dividieron las pesquisas en cuatro ejes: negocios en el ministerio, lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito y obstaculización de la justicia.
Siendo ministro todavía creó, antes de ocupar el cargo en 2012, varias empresas de cartón manejadas por una red de operadores, los cuales aparentemente prestaban servicios a la cartera encargada de la infraestructura vial. El ente investigador detectó en estas «constructoras» ingresos monetarios millonarios, cuyo destino eran los gastos de campaña de los períodos 2011 y 2015.
Pero no fue el único caso que se le ha imputado a Sinibaldi, los mismos entes de investigación determinaron que mientras ocupó el cargo en el ministerio se involucró en otro caso de corrupción, en donde desde su puesto gestionó y concretó el pago de sobornos con directivos de la constructora brasileña, Norberto Odebrecht S.A., esto a cambio de adjudicaciones de contratos para la construcción de carreteras.
Odebrecht es un caso de corrupción en el que se creó un sistema de soborno y fraude masivo en 12 países por casi una década, en el que la empresa pagó cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobiernos, partidos políticos y candidatos con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de obras públicas.
En Guatemala se determinó que en este caso se beneficiaron: el excandidato presidencial y empresario, Manuel Baldizón, quién había fundado el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) por el cual se postuló en 2015 y perdió, y Carlos Arturo Batres Gil, un empresario farmacéutico quien fue financista de Pérez Molina.
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El MP señaló que mientras Sinibaldi fue ministro recibió de parte de la compañía brasileña, más de US$15 millones en sobornos, los cuales supuestamente repartió con otras personas que están involucradas en el caso en Guatemala.
En 2019, fue declarado prófugo de la justicia por los dos casos en su contra, incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que junto con su familia no eran elegibles para ingresar al país por su vinculación en actos de corrupción. Un año después, Sinibaldi se entregó a las autoridades y dijo ante los medios de comunicación «la lista es larga, bien larga» al señalar que existen personas implicadas en corrupción dentro del Ministerio de Comunicaciones desde hace más de una década.
Amigos del poder
En enero de 2016 llegó a la presidencia del país el actor cómico Jimmy Morales, postulado por el partido Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación). En su gabinete nombró como ministra de Comunicaciones a Sherry Ordóñez, quien es propietaria de la empresa Ingeniería y Servicios Viales (Insevi), la cual fue proveedora del CIV durante seis años en los que recibió 15.7 millones de quetzales en contratos, según datos del portal gubernamental de Guatecompras.
Ordóñez fue destituida del cargo a pocos días de haber sido nombrada, luego el gobierno nombró a Aldo García como titular de la cartera, puesto que dejó en abril de 2018. En su lugar, Morales confirmó a José Luis Benito para ocupar el despacho ministerial, cargo al que había aspirado desde que era asesor del despacho presidencial.
En los 20 meses que Benito dirigió el CIV, manejó un presupuesto superior a los Q11 mil millones, 3,500 millones de estos fueron adjudicados a un grupo de diez constructoras, según denunció el periodista y fundador del diario elPeriódico, José Rubén Zamora. Estas constructoras tenían nexos de amistad con el entonces funcionario y otras estaban vinculadas a diputados y exdiputados del Congreso de la República.
Estas empresas fueron: Constructora y Transportes San Francisco, Proyectos Múltiples Prourba, Grupo Internacional de Proyectos S.A. (Macor), Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (Ciansa), Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A. (SMC), Coamco, Bicsa, S.A., Maya Pav, S.A. y SBI International Holdings AG.
Un mes después que terminara su período al frente del ministerio, la Feci giró una orden de captura en su contra por el delito de lavado de dinero y otros activos. En una de las investigaciones realizadas por el MP, Sandoval que dirigió la Feci, informó que, a raíz de una denuncia, se descubrió en una vivienda fuera de la ciudad capital de Guatemala, 22 maletas con dinero que contenían 122 millones de quetzales (unos US$15.7 millones), los cuales las autoridades determinaron que pertenecían a Benito.
A los días, una nueva orden de captura se emitió en su contra. La Fiscalía en otro proceso de investigación determinó que mientras el ministro José Luis Benito benefició a la empresa Renova Ingenieros, S.A. que sirvió de fachada a otra empresa (Constructora Conasa, S.A.) para trabajos de construcción del libramiento de Chimaltenango que tuvo un costo de 451.7 millones de quetzales.
El MP informó que Renova Ingenieros, S.A., una compañía sin experiencia y que jamás había participado como proveedor del Estado, fue utilizada como una empresa reciclada de Conasa para terminar los trabajos por un monto de 77.7 millones de quetzales. Las pesquisas establecieron que esta no estaba inscrita en el Registro de Precalificados de Obras, proveedores que cuentan con vigencia o constancias emitidas por el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones y son los que participan en procesos de adquisición pública, tampoco contaba con referencias de construcción de carreteras, lo cual según el ente investigador el entonces ministro Benito ignoró y adjudicó la obra.
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Una investigación realizada por el medio digital salvadoreño El Faro dio a conocer que, durante la última campaña electoral en 2019, el actual presidente de la república, Alejandro Giammattei, aceptó un aporte de US$2.6 millones, procedentes de sobornos de empresas constructoras.
En el reportaje del periodista Pavel Vega: «Las otras visitas de Benito», se da a conocer cómo el exfuncionario recibió a decenas de políticos, empresarios, inversionistas y personajes vinculados a grupos de choque en el año electoral, entre las visitas figuraron un grupo cercano al mandatario y al partido político Vamos, con el que ganó Giammattei.
Mynor Cabrera, economista senior de la Fundación Economía para el Desarrollo FEDs y del Instituto de Compromiso con la Equidad de América Latina y el Caribe, menciona que lo que trata de explicar el tema de la regulación económica, planteado por Stigler, con los casos anteriores, es que los grupos de poder tienen un grado de influencia que prácticamente toman el control de una legislación. «Hay actividades económicas que generan grandes rentas y la mejor forma es tomar el control de la institución porque sirven a los intereses del sector».
El entrevistado detalla que una de las formas más sencillas de capturar y cooptar es que, el que llega a cualquier institución influirá para que los cuadros a su cargo estén alineados a su propio interés. Otra expresión de captura indicó es la llamada puerta giratoria, en la cual un funcionario de alto grado, al dejar el cargo en el sector público, pasa a ocupar un puesto en el sector privado o viceversa.
En junio de 2019, Alejandro Giammattei ganó la presidencia, mientras que el partido que lo impulsó obtuvo 17 de 158 diputaciones. Uno de esos cargos fue para Josué Edmundo Lemus, representante del distrito departamental que más nicho electoral aporta en las campañas: Quiché. El 14 de enero de 2020 —día de toma de posesión—, Lemus solicitó un permiso al pleno del Congreso para integrar el gabinete de gobierno y tomar el control del CIV.
Según el sistema de adjudicaciones del Estado, Lemus posee dos empresas comerciales: Icol Ingeniería y Construcción Lemus y Servicios Técnicos Josué Edmundo Lemus Cifuentes, quien entre 2006 a 2014 le adjudicaron 72 eventos por un total de 58.4 millones de quetzales.
Las compañías se dedicaban al momento de otorgarles las obras a topografía, diseño y planificación de proyectos en general, construcción en general de edificios, puentes, pavimentación, carreteras, drenajes, sistema de agua potable, remodelaciones, transporte, venta de materiales eléctricos y de construcción, maquinaria y repuestos.
«Toda esta asociación de corrupción ha tenido efectos graves en los servicios públicos que reciben los guatemaltecos; un Ministerio de Comunicaciones convertido en el bolsón de corrupción con beneficiarios como lo son diputados y constructores financistas de campañas», expresó, Luis Compa de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos por la Transparencia y Probidad.
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Sandoval agrega que «la cartera es apetecible, pues existe mucha deuda de arrastre por la modalidad contractual, mucha de la contratación, por su naturaleza es difícil de auditarla», o como dicen en el ramo de la construcción: «De la obra siempre sobra… y por eso todo mundo agarra».
Para entender a cabalidad cómo funciona este tipo de captura del Estado es necesario conocer el contexto y el papel de las ideas dominantes en el momento en que sucedió. Detrás de este proceso encontramos un discurso neoliberal, que propuso el adelgazamiento del Estado, para entregarlo a la élite económica, bajo el argumento de que «los empresarios saben administrar mejor». Fue así como se justificó la privatización (a precio de remate) de las empresas estatales.
Además, prometieron que en cuanto los de arriba se hicieran muy ricos vendría una derrama de dinero hacia los sectores más bajos, con lo que se generaría una adecuada distribución de ingreso. 30 años después, el resultado ha sido la acumulación desmedida de la riqueza en unas cuantas manos y el empobrecimiento masivo de la población mundial, al grado, que uno de los mayores problemas a resolver en el planeta hoy día es la desigualdad económica. Entre las recetas posibles, se encuentra la adecuada regulación de los sectores económicos para fomentar la competencia.
El experto en gestión de programas de cooperación al desarrollo y máster en administración pública, Elmer Alvarado Cano, explica que dicha teoría fue impulsada por el gobierno de Ronald Reagan al frente de los Estados Unidos y de la entonces primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, con el fin de «achicar» el Estado, minimizando la intervención del Estado en la economía, para luego abarcar los servicios sociales como salud, educación, entre otros, con el fin de que estos se conviertan en productos que la iniciativa privada pudiera ofrecer al mercado.
Maul indica que existirán algunos grupos de interés que capturen las regulaciones a su favor, entonces la ley no funcionará porque no está a favor de la población, sino por el contrario legisla a favor de un grupo que mantiene capturada alguna dependencia. «El Estado monopoliza el poder de la coerción entonces cualquier grupo independiente del Estado y del gobierno puede beneficiarse del uso de esta coerción», esto significa según Maul que las grandes empresas pueden tener los recursos para movilizar a los funcionarios públicos en su propio beneficio.
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¿Entonces según Stigler, cómo se aplica dicha teoría en el caso del CIV? Los grandes empresarios financian campañas de los políticos, dan prebendas, beneficios, regalos e incluso en determinado momento corrompen funcionarios. Lo que supone, es que el sector público ofrece regulación a cambio de beneficios y quienes integran los grupos empresariales demandan regulación a cambio de dar algún tipo de beneficio a quienes tienen el poder. «Stigler no necesariamente habla de la captura del regulador, porque la captura del regulador es cuando los intereses de un determinado sector nombran a las autoridades que están encargadas de regular», ejemplifica el analista del Cien.
Sandoval explica que, por los volúmenes de deuda de arrastre del Estado, que es una deuda contraída por el Estado en cada ejercicio fiscal que corresponde a obligaciones devengadas que no han sido pagadas por años y se van acumulando, estos se convierten en la herramienta de negociación ilícita y la fórmula (al menos en los últimos diez años) la agilización de pagos del Estado a cambio de una comisión ilícita. En 2017, el CIV no ejecutó obras de infraestructura, pero sí pagó a empresas alrededor de 1,600 millones de quetzales entre las beneficiadas según una citación en 2018 por diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) figuraban constructoras investigadas por casos de corrupción años atrás develados por el MP y la Cicig.
El último informe del Colegio de Ingenieros es que desde 2010 hasta finales de 2021, el CIV aún tenía una deuda pendiente de arrastre de proyectos ya ejecutados de más de 1,400 millones de quetzales a 900 empresas contratistas.
Interés en común
Harald Waxenecker, analista de redes de poder, define el concepto de economía capturada en su estudio «Economía de Captura en Guatemala: Desigualdad, Excedentes de Poder» como la capacidad que tienen agentes económicos para alterar las políticas públicas, las normas y las regulaciones institucionales en beneficio propio.
El ensayo señala al menos tres esferas: la economía capturada, que indaga sobre capacidad de agentes económicos para alterar las políticas públicas, las normas jurídicas y las regulaciones institucionales en beneficio propio; la captura de la política y los mecanismos de impunidad; la captura de la política, en el que Oxfam International en su informe la «Democracias Capturas: el Gobierno de unos pocos» refiere como el ejercicio de influencia abusiva por parte de élites económicas y políticas, para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades; y mecanismos de captura en el que por medio de una estrategia los asociados al sistema político electoral crean una agenda para mantener el control y la concentración del poder.
Esto indica que son los empresarios que llegan con cada gobierno, los que tienen mejor capacidad de aprovechar el sistema. En julio de 2017, por ejemplo, cuando se dio a conocer el caso de los sobornos millonarios en el CIV, por parte de constructoras, el MP y la CICIG identificaron 14 grandes proveedores implicados en la entrega de coimas.
Las sociedades anónimas Constructora Nacional (Conasa) y Asfaltos de Guatemala (Asfalgua) son dos empresas ligadas a casos de corrupción en la época de Sinibaldi. Ambas constructoras se acercaron a las empresas de cartón creadas por el exfuncionario y su concuño, Juan Jegerlehner, para dar sobornos, ya que eso les permitiría cobrar deudas de arrastre y ganar de nuevo adjudicaciones, aunque cuando se presentó el informe por parte de la Cicig, el entonces presidente de la Cámara de la Construcción, José Campo, salió en defensa de sus agremiados.
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De acuerdo con el documento«Corrupción y Construcción» presentado por la Cicig en 2017 Sinibaldi recibió sobornos por alrededor de 115 millones de quetzales, a través de varias empresas de cartón que creó el exfuncionario.
En tanto que Benito, durante su gestión benefició a uno de sus principales amigos, quienes además de ser constructores compartían otra pasión, la crianza de caballos. Alejandro Matheu Escamilla, también es miembro de la oligarquía guatemalteca.
El primer Matheu famoso de Guatemala fue un comerciante gaditano quien se casó con una de las marquesas de Sinibaldi, el hijo de ambos Juan Matheu Sinibaldi se casó con Daniela Klee la hija del fundador de la industria cementera en nuestro país.
Como constructor de obra pública, Matheu Escamilla fue poco exitoso, hasta que Benito llegó al cargo de ministro, ya que, junto con el actual diputado de FCN-Nación se encargaban de designar las obras.
En el caso de Josué Edmundo Lemus ejecutó en su primer año (2020) al frente de la CIV 5,100 millones de quetzales en contratos. Entre los beneficiados con adjudicaciones está la exsocia del diputado Allan Rodríguez, a quien le otorgaron contratos en Covial y el Fondo para la Vivienda por 141 millones de quetzales; también dio proyectos por 28 millones al diputado aliado del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), Julio Lainfiesta, partido político que era liderado por Mario Estrada, un excandidato presidencial condenado a 180 meses de prisión por conspirar para importar y distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos; otro de los casos en que otorgó contratos fue a Jorge García Silva, también aliado al oficialismo pero representante del partido Prosperidad Ciudadana (PC) quién fue proveedor de un proyecto de Q27 millones.
«El ministerio se convirtió no en la caja chica sino grandota que ha servido para financiamiento político», resume el activista Manfredo Marroquín de la organización Acción Ciudadana. Quien agrega que los recursos año con año aumentan y con ellos ha existido un enriquecimiento de presidentes, ministros y empresarios.
La captura del Estado tiene una base teórica bien estudiada, la cual es puesta en práctica en todas las entidades del Estado. Los casos puntuales del Ministerio de Comunicaciones es un claro ejemplo de cómo los tomadores de decisiones aprovechan el cargo para beneficiarse a sí mismos o cumplir con aquellos que financian campañas políticas cada cuatro años.
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Este reportaje forma parte de la serie sobre microrregulaciones Capitalismo a la chapina.
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