Debo reconocer que, a diferencia de las manifestaciones y protestas a las cuales asistí en el lapso de 2015 a 2019, esta tenía características peculiares como una mayor presencia de policías armados, así como de algunos ciudadanos armados con palos y piedras, al punto de que, sin que las fuerzas del orden mostraran resistencia, quemaron el edificio del Congreso de la República. Posteriormente quemaron un autobús en la Plaza Central.
Más allá de la forma en la cual la Policía Nacional Civil arrastró a mujeres por las calles de Guatemala, las autoridades capturaron a varias personas y se conoció en medios escritos que ayer se dictó sentencia a ocho años de cárcel inconmutables contra uno de ellos: Ángel Raúl Reyes Arias, de 18 años.
Pero ¿quién es Ángel Reyes? Desde que tenía diez años tuvo su primera alerta Alba-Keneth (sistema que identifica menores desaparecidos). Acumuló diez alertas y estuvo internado en centros de privación de libertad para menores de edad de la Secretaría de Bienestar Social, de los cuales escapó varias veces para ir a buscar a su padre, pues su madre no lo recibía. Además, estando en prisión preventiva en Fraijanes II padeció covid-19.
Quisiera hacer la observación de que ningún ser humano nace racista o violento. La violencia es aprendida y, si desde la primera infancia se experimenta el rechazo parental, pues esa es la lección de vida: ser violento. ¿Responsabilidad de los padres de familia? ¡Claro! Pero también hay una gigantesca responsabilidad del Estado, que falló rotundamente en proveer protección social y especial a Ángel Reyes a través de la inversión en primera infancia o del programa de familias sustitutas en caso de que la familia biológica no lo hubiese acogido.
Van a seguir existiendo a menos que el país rompa con esa «tradición» de olvidar a los más débiles y necesitados, para quienes lo único que hay son ocho años de cárcel inconmutables.
Lo que quiero evidenciar aquí es que en Guatemala hay miles de Ángeles y Ángelas Reyes, que no son atendidos por el Estado porque el financiamiento de la protección especial es insuficiente, insostenible, inequitativo e ineficiente. Y siempre van a seguir existiendo a menos que el país rompa con esa tradición de olvidar a los más débiles y necesitados, para quienes lo único que hay son ocho años de cárcel inconmutables.
Porque qué de a huevo, ¿verdad? La semana pasada salió libre Gustavo Alejos, un delincuente de cuello blanco que tanto daño le ha hecho al país mediante la venta de medicinas al Estado, pero se encarcela a un joven que de niño fue completamente olvidado por el Estado. De hecho, estudios realizados por Diálogos han revelado cómo Guatemala invierte Q8.50 por día en cada niña o niño, contra los Q85.20 que invierte en cada privado de libertad. Y siempre seguiremos invirtiendo más en estos mientras no invirtamos más aquellos.
¿Se imaginan ustedes cómo va a ser Ángel Reyes cuando salga de la cárcel con 26 años cumplidos? Sin formación, sin familia, sin porvenir, seguro lo van a acoger las pandillas o el narcotráfico o se irá de migrante ilegal a Estados Unidos, donde hará lo que aquí aprendió: ser violento. Porque en las cárceles de Guatemala no hay programas de rehabilitación y de reinserción. Es así como el programa operativo anual para 2022 es más de lo mismo: copy-paste.
Finalmente, considero que la sentencia de Ángel Reyes debería ser revisada con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de la niñez y de la adolescencia, pues este caso refleja en esencia la exclusión y la desigualdad de Guatemala.
