La Corte de Constitucionalidad aclara su ambigüedad y obliga al Gobierno a permitir el regreso de Iván Velásquez

En la aclaración del fallo inicial, el tribunal constitucional conminó a las autoridades a que observen que “la instrucción de prohibir el ingreso al país del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, ha dejado de surtir efectos”.

La resolución tuvo dos votos razonados disidentes. El de Dina Ochoa y el de Neftaly Aldana, los dos magistrados más cercanos al oficialismo. Esta afinidad y sus votos en contra explican por qué se demoró la discusión alrededor del amparo planteado por Carrillo y por qué la sentencia del 16 de septiembre no mencionaba al comisionado con nombres y apellidos, y jugaba con la imprecisión y ambigüedad que dio lugar a diversas interpretaciones. 

Los magistrados señalan ahora que la Corte omitió pronunciarse sobre una de las peticiones de Alfonso Carrillo en el amparo que resolvieron el domingo, y lo corrigen de la siguiente forma. “Se ordena al presidente de la República, al ministro de Gobernación, al ministro de la Defensa Nacional, al director de la Policía Nacional Civil, al subdirector de control migratorio de la Director General de Migración, a cualquier otra autoridad o jefes migratorios que se abstengan de emitir u obedecer órdenes que impidan el ingreso al territorio guatemalteco del comisionado”, resuelven ahora.

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Además, ordenó notificar la disposición “a los funcionarios mencionados en la literal anterior y a la Ministra de Relaciones Exteriores”. Es decir, a la canciller Sandra Patricia Jovel Polanco, quien desde hace un año ha abanderado la causa del Ejecutivo por evitar que el incómodo Velásquez siga al frente de la comisión internacional que ha desbaratado a los aparatos clandestinos que se han incrustado en las estructuras del Estado.

La aclaración de la Corte también señala que el ingreso de Velásquez no está supeditado a que se agoten las vías de negociación del Organismo Ejecutivo con la Organización de las Naciones Unidas, como había asumido el Gobierno. Y puntualiza que la designación del jefe de la Comisión “es un acto que corresponde decidir y ejecutar al Secretario General de Naciones Unidas”, tal y como se estable en el acuerdo de creación de la Cicig. Aunque no se menciona como tal, este punto podría leerse como una respuesta a la decisión del Gobierno de exigir al secretario general de ese organismo, António Guterres, que en un plazo de 48 horas enviará una nómina de candidatos a comisionado.

El tribunal pone ahora presión sobre el Gobierno y lanza una advertencia: “En caso de ejecutar actos contrarios a los que ha dispuesto esta Corte, tanto en este auto como en el del 16 de septiembre incurrirán en las responsabilidades de ley”.

En los considerandos de la resolución, los magistrados consideran oportuno citar el artículo 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el que se indica que la desobediencia, retardo u oposición a un fallo dictado en un proceso de amparo de parte de un funcionario o empleado del Estado, es causa legal de destitución, “salvo lo dispuesto en el artículo 50 de la ley de la materia con relación a los funcionarios que ejercen cargos por elección popular”. Es decir que si el presidente Jimmy Morales desobedece el fallo, se deberá iniciar proceso de antejuicio en su contra; y si lo hace cualquier otro funcionario, será destituido de inmediato.

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Se trató de obtener una respuesta de Alfredo Brito, secretario de Comunicación de la Presidencia, acerca de las próximas acciones del Gobierno, pero no respondió a las llamadas telefónicas.

La Corte de Constitucionalidad aún no ha conocido los recursos planteados el martes por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y por la organización Acción Ciudadana, en los que pidieron que se ordene inmediatamente el encausamiento para la destitución de Jovel y de Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, y que se certifique lo conducente para iniciar el proceso penal por la posible comisión del delito de abuso de autoridad y desobediencia. Esta fue la condición puesta por la fiscal general, Consuelo Porras, para que el Ministerio Público iniciase actuaciones en contra de los funcionarios que el pasado lunes ratificaron la decisión del gobierno de impedir el ingreso de Velásquez.

Rodas también solicitó que se certifique lo conducente en el caso del presidente Morales, para que el Ministerio Público pueda iniciar investigaciones en su contra por no acatar la sentencia del 16 de septiembre.

La respuesta de la ONU y una decisión pendiente

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, respondió dentro del plazo de las 48 horas que la canciller Jovel le había fijado en la nota diplomática enviada el pasado lunes. Pero no lo hizo en los términos exigidos por el Gobierno. En lugar de enviar la nómina de candidatos elegibles para sustituir a Velásquez, a quien el Gobierno desconoció como tal desde el 3 de septiembre, Guterres ratificó en el cargo al jurista colombiano.

El Secretario General se fundamentó en el punto cien de la Carta Fundacional de la organización internacional, el cual establece que “en el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización”

Jovel le había impuesto varios mandatos, en un tono poco habitual en el ámbito diplomático: nombrar una nómina de candidatos, a pesar de que la elección del comisionado es competencia del Secretario General; explicar a los donantes de la Cicig que el jurista colombiano quedaba fuera; y abstenerse de dar declaraciones públicas “unilaterales”.

Guterres respondió al ultimátum del Ejecutivo con una carta dirigida al presidente Morales y no a la canciller Jovel, en la que señaló que "habiendo sido informado de la posición del Gobierno y de la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad, no encuentro razón para retirar la confianza existente en el comisionado Iván Velásquez".

Además de ratificar a Velásquez como cabeza de la Cicig, reiteró la posibilidad de que siga ejerciendo su cargo a distancia, desde el extranjero, y lo instó a que escoja a un comisionado adjunto para que sea su brazo ejecutor en Guatemala. "Tomando en consideración la situación de facto por la que se encuentra impedido de realizar su trabajo en Guatemala, he pedido al comisionado que nombre un comisionado adjunto o comisionada adjunta que pueda continuar las labores en el país, tras consultar con las autoridades", señaló el Secretario General.

No sería la primera vez que existe esa figura en la agencia anticorrupción. En 2016, la jurista peruana Carmen Rosa Villa ejerció como número dos de Velásquez hasta su renuncia, cuando el puesto no se mantuvo.

A pesar de que Morales decidió no renovar el mandato de la Cicig, Guterres señaló en su respuesta que la agencia "ha sido considerada ampliamente exitosa en su apoyo a los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y fortalecer las instituciones nacionales encargadas de investigar y enjuiciar crímenes". Recordó que ha mantenido un diálogo con las autoridades de Guatemala y se mostró dispuesto a seguir hablando con el Ejecutivo para “desarrollar formas de abordar sus preocupaciones”.

Cabe recordar que el motivo para impedir el regreso de Velásquez fue un informe elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional en el que se le considera una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, cuyos argumentos no fueron dados a conocer por el Gobierno.

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Además, tanto Morales como Jovel han lanzado acusaciones contra funcionarios de la Cicig por, supuestamente, haber cometido delitos. La Canciller llegó a calificar a la comisión de ser una “estructura paralela”, apropiándose del lenguaje de los investigadores y dejando entrever que la misma se había convertido en un aparato similar a los que había venido a combatir.

Estas afirmaciones provocaron la reacción de Juan Francisco Sandoval, responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que es la que trabaja codo a codo junto a la Cicig, que denunció a Jovel por supuestos delitos de falsedad ideológica y acusaciones falsas. La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público ha iniciado una investigación al respecto.

Antes de conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad, el vocero de la Cicig, Matías Ponce, había señalado que Velásquez “ha estado en todo momento en pleno uso de sus funciones”, que “esta semana mantiene una agenda de trabajo en Estados Unidos” y que la comisión seguirá “trabajando en el marco de nuestra competencia”.

La pregunta fundamental de la jornada, sin embargo, aún no ha sido respondida por los funcionarios de la Cicig y del Gobierno: ¿Qué hará el comisionado después de haber recibido el aval explícito de la Corte para regresar al país? ¿Acatará el Ejecutivo el fallo sin chistar?

El pasado martes en Guatemala y en Washington corrió con fuerza el rumor de que el Gabinete de Gobierno pretendía denunciar al acuerdo que dio vida a la Cicig por medio de un acuerdo gubernativo. La canciller Jovel y el secretario Brito negaron tal extremo, pero el temor se mantiene en círculos políticos y diplomáticos.  

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En el fondo, deshacerse de la Cicig ha sido el objetivo del mandatario y sus aliados en el denominado “pacto de corruptos” desde septiembre del año pasado, cuando Morales, sin éxito, declaró “non grato” a Velásquez para expulsarlo del país.

Presionado por la investigación contra su hijo y su hermano y con el tercer antejuicio de su presidencia en manos de la comisión pesquisidora del Congreso, Morales podría jugarse esa carta, pero poner fin unilateralmente al tratado no sería tan fácil, porque acuerdos de este tipo son vinculantes y en ningún punto del convenio entre la ONU y Guatemala se prevé esta posibilidad; y porque la creación de la Cicig y su reglamentación tienen rango de ley nacional después del aval del Congreso en 2007. Una decisión ejecutiva no puede ponerse por encima de lo aprobado en el legislativo.

Cuando Guterres ratificó al fiscal colombiano en su puesto, la reacción del Gobierno fue tibia. El secretario Brito dijo que el equipo jurídico de la Cancillería estaba analizando la respuesta del Secretario General. Para entonces aún no había llegado el contundente posicionamiento de la Corte. En ese momento, el margen era escaso. Ahora, y a falta de que un quiebre argumental alargue la crisis, parece que las opciones son nulas.

Las últimas dos semanas han tenido algo de partida de ajedrez en la que cada movimiento de pieza cerraba más la partida.

Vaticinar cuál puede ser la reacción del Ejecutivo es entrar en el pantanoso terreno de la política ficción. Lo concreto ahora mismo es que el Ejecutivo por mandato judicial debe permitir el regreso de Velásquez. Aunque hace más de dos semanas, Jimmy Morales, rodeado del alto mando del Ejército, aseguraba que no acataría “órdenes ilegales”.

Cualquier que sea su posición, el Gobierno tendrá que decir algo en una jornada en la que está prevista una multitudinaria movilización de apoyo a la Cicig, que ha sido convocada por grupos estudiantiles, organizaciones campesinas y colectivos sociales. Las que han sido contundentes en manifestar su rechazo a las protestas son las cámaras empresariales que han mantenido un velado apoyo a las decisiones del Gobierno respecto a la Cicig.