La lucha de las cervezas artesanales contra una ley vieja y una prohibición antojadiza de la SAT
La lucha de las cervezas artesanales contra una ley vieja y una prohibición antojadiza de la SAT
Un grupo de pequeñas cervecerías artesanales entró a competir a uno de los mercados más cautivos del país. Aunque sus ventas no representan un riesgo para los grandes competidores su crecimiento ha sido obstaculizado por una ley desactualizada, la burocracia, la competencia desleal y la prohibición antojadiza contra los brew bar.
A todo cervecero artesanal en Guatemala le han preguntado alguna vez si intentaron matarlo o lo amenazaron para que se saliera del negocio. Ninguno ha sufrido agresiones físicas o intimidación. Aún así en el país persiste la idea de que es imposible —y hasta riesgoso— entrar a competir al mercado cervecero.
No es para menos. Por casi un siglo, hablar de cerveza en Guatemala fue sinónimo de hablar de Cervecería Centroamericana y en consecuencia de sus dueños la familia Castillo, uno de los emporios empresariales y familiares más influyentes en el país.
Fue hasta el nuevo milenio que el monopolio se comenzó a abrir, con la llegada de AmBev una empresa brasileña nacida de la fusión de Antarctica y el gigante cervecero Brahma. Así, con el respaldo de una de las transnacionales cerveceras más grandes del mundo combinada con capital local, se formó AmBev Centroamérica.
Actualmente ambas empresas controlan el mercado local a través de sus marcas insignia, Gallo y Brava, y de la importación de marcas internacionales, propiedad de la brasileña, como Budweiser, Corona, Heineken ó Stella Artois.
Así, la importación les permite generar una sensación de que el mercado se está abriendo a otras marcas pero sin perder el control casi monopólico sobre la distribución y venta de cerveza. Es posible que esta estrategia sea una de las razones por las que Guatemala es hoy día el mayor importador de cerveza en Centroamérica.
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Pese a lo cerrado del mercado, en los últimos ocho años más de 14 pequeñas cervecerías incursionaron en Guatemala con el objetivo de hacerse de un nicho a través de la producción y venta de cerveza artesanal.
La tecnología y el éxito que estaban teniendo las pequeñas cervecerías en otros países influyó en la aparición de esta camada de jóvenes empresarios. De esa cuenta aparecieron marcas como Pantera, Antigua Cerveza, Quetzal, Sapiens, Güin o Xaman, entre otras.
Contrario a la creencia popular el gran problema de estos cerveceros no son las grandes compañías. Y es que no se necesitan ataques e intimidaciones cuando la burocracia, la competencia desleal y una ley desactualizada, se encargan de que incluso el más pequeño competidor no pueda crecer.
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No se puede
La pequeña sala de espera de una escuela de golf hace de sede para las y los miembros de la Asociación de Cervecerías Independientes de Guatemala (Arteza), una instancia gremial fundada en 2019 que actualmente aglutina a 10 cervecerías artesanales.
Para este reportaje fueron consultados seis cerveceros pero, por temor a represalias por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pidieron que sus declaraciones no fueran individualizadas sino atribuidas a Arteza.
Y es que la SAT ha sido el principal obstáculo que han encontrado estos empresarios. Las tres primeras cervecerías artesanales Pantera, Ave Indiana y Antigua Cerveza tienen en común el haber recibido las mismas respuestas cuando se acercaron para preguntar por los requisitos para abrir una cervecería en Guatemala:
—No va a poder hacerlo.
—Ya lo han intentado otros y no lo consiguieron.
—Son demasiados los requisitos y es muy difícil cumplirlos.
Ocho años después de que saliera al mercado la primera cervecería artesanal, aún no hay un solo portal de gobierno con información clara sobre los requisitos para inscribir una empresa de este tipo.
El call center de la SAT no sabe cuáles son los requisitos y en las oficinas centrales recomiendan ingresar una solicitud de información. Tampoco el Ministerio de Economía tiene guías o documentación sobre los pasos y requerimientos para registrar este tipo de empresas.
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«Hace siete años nadie tenía idea de qué hacer porque nunca habían tenido que registrar una cervecería. El Ministerio de Salud no sabía qué buscar y nos trataba como si fuéramos una planta purificadora de agua. En la SAT nos mandaban de nivel en nivel a buscar información o nos decían que llenáramos un formulario que luego resultaba que no existía. Al final nos inspeccionaban como si fuéramos una gran cervecería», comenta Arteza.
Este es uno de los problemas que generan los monopolios (1) y los oligopolios (2). Como no hay dinamismo en el mercado, no hay interés institucional por facilitar la información y los procesos. Además, tampoco es fácil encontrar expertos legales y tributarios que conozcan el negocio y que sean independientes de las grandes compañías.
Usted invierta y ya luego vemos
Durante ochenta años las instituciones nunca se vieron en la necesidad de inscribir una nueva cervecería, hasta la llegada de Ambev Centroamérica en 2003. Y aún así, ni siquiera para una empresa de este tamaño era fácil ingresar.
El expresidente Alfonso Portillo recuerda la llegada de de Ambev al país: «A mí me buscó el «Baby» Mata (Carlos Enrique Mata, CEO de Embotelladora La Mariposa y socio de Ambev Centroamérica) y me dijo que tenían cinco años, con la planta ya montada, y que no les habían dado la autorización. Allí donde estábamos cenando llamé al Ministro de Economía y a la semana salió la autorización».
Obviamente no todos los empresarios tienen acceso directo al presidente o el respaldo financiero de la cervecería más grande del mundo. Es más, en un libre mercado, no debería ser necesaria una intervención presidencial que en otros contextos puede ser interpretada como «tráfico de influencias».
De acuerdo con la SAT el permiso para operar no se puede otorgar hasta que la planta esté instalada y así los inspectores puedan verificar el equipo. Las primeras empresas como Pantera o Antigua Cerveza, tuvieron que hacer la inversión para importar el equipo, adecuar el lugar, dar mantenimiento y arrendar un local durante los tres años que se tardó la superintendencia en otorgarles los permisos. Todo, a sabiendas de que el permiso podía ser denegado.
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Las cerveceras más recientes han tenido procesos mucho más ágiles para conseguir los permisos necesarios. Por una parte, debido a que la SAT ya tiene más experiencia; y por la otra, debido a que Arteza facilita a los nuevos socios la documentación y los requisitos que hasta el día de hoy ninguna instancia de gobierno facilita de forma clara.
Los privilegios y una ley septuagenaria
No existe un estudio amplio sobre la historia de la industria cervecera en Guatemala pero casi todas las empresas que se instalaron en el país, lo hicieron gracias a favores gubernamentales.
La historiadora Regina Wagner señala que la primera empresa, Cervecería Alemana, llegó al país en 1879 luego que el entonces presidente Justo Rufino Barrios, conociera al propietario en México y le ofreciera una exención de impuestos. La siguiente fue la Cervecería Nacional, propiedad de ciudadanos franceses, que recibió beneficios similares.
Para no enemistarse con las élites locales estos privilegios fueron luego otorgados a las élites locales cuando decidieron incursionar en la industria. Así, fue como la Cervecería Centroamericana recibió exenciones para poder importar maquinaria y luego, gracias a las ventajas fiscales y a la crisis en Europa, pudo comprar a las otras dos compañías y quedarse con el dominio del mercado.
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Romper el oligopolio nunca fue una prioridad para los distintos gobiernos. Sus políticas, resume la historiadora Leticia González, estaban orientadas en la práctica, a actualizar la tributación; y en el discurso moral, a desalentar el consumo.
Ejemplo de ello es el gobierno de Juan José Arévalo (1945-1955). Durante su mandato se promulgó la actual Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Fermentadas (Decreto 536) que se concentra en la tributación y en restringir la venta y distribución. Dos artículos son trascendentales dentro de esta ley septuagenaria que aún sigue rigiendo a la industria cervecera:
- El artículo 89 establece que los fabricantes están obligados a contratar una fianza o una hipoteca equivalente al 10% «de la producción que se calcule para sus aparatos», con el fin de garantizar que cumplirán con el pago de impuestos.
Una de las cerveceras más recientes instaló su fábrica con una visión de largo plazo así que invirtió en comprar equipos con una capacidad de producción mucho mayor a la que contemplaba hacer durante el primer año. Por la forma en que está redactado el artículo, la SAT calculó la fianza sobre la capacidad general de la planta así que debieron contratar una fianza de 150,000 quetzales cuando su producción real, al final de año, fue de 5,000 quetzales.
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La SAT confirma que no hay otra industria en el país a la que se le exija una fianza de este tipo. Así que mientras la Cervecería Centroamericana se consolidó aprovechando exenciones fiscales, los nuevos competidores deben entregar garantías de que siempre pagarán impuestos.
- El segundo, pero aún más importante es el artículo 48 que prohíbe la venta de alcohol y cerveza en locales comprendidos dentro de la misma manzana o a una distancia menor de cien metros de las mismas.
Esta disposición buscaba varias cosas. La primera era que al obligar a la cervecería a embotellar, era más fácil verificar la producción y su tributación; la segunda era desincentivar la venta a los mismos obreros.
Aunque el espíritu de la ley fuera ese, la prohibición de vender en el área de la fábrica tiene un efecto perverso en la actualidad ya que le quita a las pequeñas cerveceras la venta directa y las obliga a entrar en cadenas de distribución.
La (supuesta) prohibición de los brew pub
La Ley de Bebidas Alcohólicas y Fermentadas fue hecha para aplicarse a la gran industria cervecera ya que en 1947 la posibilidad de que en un pequeño local se produjera cerveza y se vendiera allí mismo era casi imposible.
Actualmente, solo en Estados Unidos hay registradas más de 9,000 pequeñas cervecerías que, según la Brewers Association, crecieron un 8% solo en 2021. El éxito de las pequeñas cerveceras o cervezas artesanales alrededor del mundo se debe a la posibilidad de ofrecer al consumidor no solo la experiencia de conocer la producción sino de vender directamente el producto en sus condiciones ideales, y sin las inversiones en maquinaria y logística que implica el envasado y transporte.
Por eso, desde el surgimiento de Pantera, la primera cervecería artesanal en Guatemala, todas las pequeñas cervecerías artesanales intentaron montar un brew pub en sus fábricas pero todas obtuvieron la misma respuesta de parte de los inspectores de SAT: la venta en la fábrica no es posible porque está prohibido por el artículo 48 de la ley.
En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, también está prohibida la venta directa en fábrica pero sí se permite el expendio. Así que los consumidores pueden comprar un vaso y recibir cerveza gratis. Sin embargo, la SAT tampoco les permitió ese modelo.
La única alternativa viable para las cerveceras es abrir sus propios bares alejados de sus fábricas, tal y como lo ha hecho Antigua Cerveza, sin embargo, requiere una inversión que no es accesible para todos.
«El margen más grande de la cerveza se consigue si uno fabrica y vende directamente al cliente final. Esta disposición lo que hace es que nos obliga a tener una línea de empaque y entrar al mercado de la distribución que los grandes competidores tienen absolutamente dominado», señala Arteza.
Cervecería Centroamericana tiene Súper 24, su propia red de más de 300 tiendas de distribución. Además, según crítica Arteza, las dos grandes cervecerías incurren en competencia desleal al ofrecer a las tiendas y restaurantes descuentos, regalos o tratos especiales para impedir la venta de otras marcas.
«Para cerrar el trato con un restaurante, fácil pueden regalarles lo que nosotros producimos en un mes. Contra eso no hay manera de competir», reclama la asociación.
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Este tipo de prácticas están prohibidas en el artículo 13 de la Ley de Bebidas Alcohólicas y Fermentadas. Aún si las grandes cerveceras fueran sancionadas, solo estarían obligadas a pagar una multa no mayor de 5,000 quetzales.
De todas las cervecerías en el país solo hay una que actualmente tiene un brew pub en el mismo lugar dónde se encuentra su fábrica. Se trata de Cervecería 14, ubicada en una finca cerca de Antigua Guatemala. La empresa no respondió a los cuestionamientos sobre su forma de operar.
La SAT, en cambio, sí lo hizo. Después de que, durante ocho años, los inspectores le negaran la posibilidad de un brew pub a las pequeñas cerveceras, la superintendencia respondió literalmente:
«Para el expendio al por menor era necesario que los establecimientos contaran con una patente, en la cual se verificaba el cumplimiento del artículo 49 citado. Requisito anterior, derogado por la sentencia emitida por parte de la Corte de Constitucionalidad, según expediente número 1882-2003 del 15 de noviembre de 2003».
Es decir que la SAT aplicó un criterio que había dejado de tener validez jurídica hace 19 años, para impedir que las pequeñas cerveceras pudieran establecer un brew bar en sus fábricas y que con ello pudieran crecer más rápido. Más grave aún es que solo se lo permitió a uno de los 14 competidores.
Una ley escrita en piedra
En Estados Unidos en vez de aplicarse las mismas reglas a un mercado de la cerveza que cada vez es más diverso, algunos estados las categorizan según su tamaño en cervecerías industriales, regionales, cervecerías artesanales regionales, maquiladores, microcervecerías y brew bars.
Para Arteza es sumamente necesaria una reforma de la legislación actual que la modernice, establezca criterios más claros y disminuya el poder discrecional de la SAT.
«Sería lo ideal pero entendemos que no es sencillo. Convencer a los diputados de que reformen una ley como la de Bebidas Alcohólicas y Fermentadas no es fácil, primero porque saben que la gente va a creer que es un tema innecesario y segundo porque solo de ver el nombre o les va a dar pena o la van a torcer», comenta la asociación.
Samuel Pérez, diputado de Semilla y miembro de la Comisión de Economía del Congreso dice: «En este momento es casi imposible conseguir los apoyos políticos porque no es un tema de urgencia para el gobierno. Ir cambiando leyes específicas sería un camino demasiado largo. Lo ideal sería aprobar una Ley de Competencia para regule estos mercados y establezca sanciones más duras».
Sin embargo, el diputado advierte que actualmente los partidos oficialistas están haciendo cambios a la Ley de Competencia por lo que, de ser aprobada en estos momentos, podría ser una iniciativa que nazca sin las potestades necesarias para sancionar los monopolios, oligopolios y las prácticas desleales.
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Este reportaje forma parte de la serie sobre microrregulaciones Capitalismo a la Chapina.
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Citas
1. Situación en la que una sola empresa domina todo el mercado, lo que le permite imponer los precios.
2. En este caso el número de empresas es muy reducido que controlan y acaparan las ventas de determinados productos como si hubiera un monopolio.
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