Las mujeres y niñas van de último en las caravanas migrantes
Las mujeres y niñas van de último en las caravanas migrantes
Los migrantes siguen caminando. No han dejado de hacerlo desde octubre del 2018. Lo hacen en caravanas de todos los tamaños. Las mujeres y las niñas casi siempre van de último. Plaza Pública estuvo en Tapachula y documentó los problemas añadidos que enfrentan en su intento de llegar a Estados Unidos.
Los migrantes siguen caminando. No han dejado de hacerlo desde octubre del 2018. Lo hacen en caravanas de todos los tamaños. Las mujeres y las niñas casi siempre van de último. Plaza Pública estuvo en Tapachula y documentó los problemas añadidos que enfrentan en su intento de llegar a Estados Unidos.
En Tapachula, la ciudad mexicana de Chiapas fronteriza con Guatemala, hay miles de mujeres y niñas migrantes en un limbo. Huyen de sus países por la pobreza, violencia, hambre y buscan una oportunidad en algún rincón de México o Estados Unidos.
Pero para salir de esta ciudad calurosa, abarrotada y peligrosa deben tener papeles oficiales: un pase que les permita cruzar el territorio mexicano sin ser deportadas a la frontera; o bien, un documento que diga que está en trámite su solicitud de asilo. No tener una salvaguardia implica permanecer a la expectativa, sin comida, techo o trabajo.
El pasado 18 de noviembre miles de migrantes salieron en caravana del Parque Bicentenario, ubicado en el centro de Tapachula, donde una noche antes había gente durmiendo en el suelo y en las bancas. Allí estaban María Figueroa, venezolana de 26 años; Wendy Yamileth Ramírez de Reconco, hondureña de 29 y su hija Brianna de tres; y Katelin Torres, guatemalteca de 26. Ninguna de las tres se conocía, pero a partir de ese día, compartieron el camino de 1,150 kilómetros a pie para llegar a la Ciudad de México.
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El recorrido duró menos. Esta caravana se disolvió en el municipio de Mapastepec el 23 de noviembre, seis días después de haber salido de Tapachula y de caminar 108 kilómetros.
El Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó en un comunicado que las y los migrantes aceptaron la propuesta de las autoridades de iniciar el trámite para regularizar su estancia en ese país y que fueron priorizados los núcleos familiares y las personas en condición de vulnerabilidad.
El INM aseguró que serían trasladados a otras ciudades mexicanas para ser alojados en albergues y recibir una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.
Esa estrategia para impedir el avance de la caravana no es nueva, incluso lo advirtió Luis García Villagrán, activista migrante y director del Centro de Dignificación Humana, quien una noche antes de que la multitud iniciara su recorrido, dijo por altavoz que las autoridades mexicanas darían permisos para estar en ese territorio con solo ver la marea de gente, pese a que quienes caminaban llevaban meses esperando una respuesta del INM.
«Lo que está ocurriendo aquí es criminal, tienen a la gente varada desde hace tres años y esta ciudad que es una de las más pobres de México no da para tener a más de 100,000 migrantes varados. No hay trabajo, no hay educación, no hay salud. Y ya vimos que a la gente que va caminando sí les entregan tarjetas —documentos para permanecer en este país—, pero si se quedan aquí no pasa nada», explica García.
Entre la multitud estaba Wendy Ramírez, quien llegó a Tapachula en mayo de 2021 junto a su esposo Efraín Reconco de 31 años, su hijo de 7 que padece problemas de audición, su hija de 3 y su padre de 56, un hombre que no podía caminar porque fue baleado semanas antes de que toda la familia escapara de Honduras.
Wendy y sus familiares huyeron porque pandilleros les arrebataron la casa, mataron a sus dos hermanos y dispararon en el pie a su padre. Al cruzar la frontera, la familia pidió una cita en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), para solicitar ser reconocidos como refugiados, pero fue imposible.
«Estuvimos esperando tres meses por una cita, la tuvimos, hicimos la petición pero la respuesta final nunca llegó», relata Wendy una noche antes de salir junto a la caravana. Esa noche ella y su familia durmieron en el parque.
Estadísticas de Comar dan cuenta que entre enero y septiembre de 2021, 90,314 personas migrantes pidieron refugio en México. Entre ellos estaba Wendy y su familia. Después de Honduras, quienes más han pedido esta protección son las personas de Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela, Chile, Haití, Guatemala, Nicaragua, Colombia y Camerún. El 40% de los solicitantes son mujeres.
Para la familia Reconco estos meses de expectativa significaron dormir «donde les agarrara la noche», pedir dinero en la calle, aceptar cualquier tipo de trabajo y pago, buscar espacios en albergues y cuando conseguían dinero, costearse una cama en un hotel. Todo bajo el miedo constante a ser deportados por no juntar el dinero para el trámite y obtener pasaportes.
La preocupación más grande de Wendy son sus hijos, en especial Brianna, de 3 años, una niña que mientras las personas se reunían en el parque de Tapachula, jugaba con la única muñeca que tenía, una sirenita.
«La niña está expuesta al peligro aquí pero para esto estamos nosotros de papás, para protegerla. Pedimos dinero en la calle, vamos a hacer limpieza en casas, hacemos trabajos donde después no nos pagan», cuenta Wendy. Uno de los retos más grandes para la familia fue cuando Brianna se enfermó y no fue recibida en los hospitales y centros asistenciales de Tapachula. La ayuda llegó hasta que una señora que bajó de un autobús los vio y les ofreció apoyo económico y medicinas naturales.
El estudio Mujeres Migrantes en Centroamérica del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), reconoció que las mujeres y niñas migrantes están dentro de los grupos más vulnerables a sufrir violencia durante su tránsito por la región y dijo que el fenómeno no puede ser analizado con claridad por limitaciones en la existencia de datos.
Sin embargo, sí identificó que entre las principales vulnerabilidades están los limitados accesos a servicios de salud, el transporte inhumano e inadecuado, la violencia generalizada y la poca institucionalidad para brindarles protección.
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«La violencia contra las mujeres migrantes es a su vez, reflejo y símbolo de la desigualdad existente en las sociedades de sus países de origen, esta situación actual es necesario verla como producto de un sistema patriarcal y machista», cita la investigación del Sica.
Los factores de riesgo aumentan ante la ausencia de documentos migratorios, autorizaciones y trámites para transitar o residir en el territorio. Esto ocurrió con Wendy y su familia, quienes tras pasar medio año esperando una respuesta de Comar, vio a la caravana como única opción, aunque en el camino no tuvieran garantizado si tomarían agua y si comerían algún alimento.
«He llorado tanto hoy. Tanto que sufrimos aquí —en Tapachula— y fue para nada, estuvimos seis meses aquí y no logramos nada. Al final voy a tener que exponer a mis hijos al camino —el recorrido de la caravana—. Tantas cosas malas nos han pasado, pero un día vamos a estar en un lugar donde podamos dormir y desayunar bien. Espero encontrar un lugar donde haya paz y tranquilidad, donde los niños crezcan en un ambiente que no sea malo», comparte Wendy.
A las seis de la mañana del día después de brindar esta entrevista, Wendy y su familia se unieron a la ola de personas que integraban la caravana. Iban junto a numerosas personas centroamericanas, venezolanas, haitianas, africanas e incluso cerca de un pequeño grupo de asiáticos.
Apenas había caminado unos metros del suelo donde pasó la noche y Wendy ya lloraba. Las lágrimas caían de su rostro porque atrás se quedó su padre Daniel. Esa mañana el hombre no podía caminar porque tenía hinchada la pierna herida de bala. Se quedó solo en una banca del parque con la única opción de regresar al país donde casi pierde la vida.
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Una universitaria que cruzó la selva
«Tapachula es una cárcel migratoria», define el activista migrante Luis García Villagrán, quien asegura que quienes más corren peligro en esa ciudad son las mujeres y niñas. «Aquí se ha criminalizado el fenómeno migratorio», enfatiza.
Allí pasó una semana María Jiménez, de 26 años, originaria de Valencia, Venezuela, quien está migrando hacia Estados Unidos junto a su pareja Luis Alberto Yanes. Antes de iniciar la travesía viajaron hacia Colombia para buscar una oportunidad de trabajo pero solo encontraron xenofobia y violencia. De allí, junto a otros migrantes, buscaron el camino entre la selva el Tapón del Darién para llegar a Panamá, un lugar que según estimaciones de la cancillería panameña, en 2021 sería atravesado por 150,000 personas. Esta es una ruta peligrosa donde se han reportado alrededor de 50 migrantes sin vida, hasta octubre de 2021.
«Allí se muere la gente. Nosotros vimos a mujeres embarazadas que se quedaban en el camino. Vi a una señora que me causó mucha tristeza porque estaba teniendo un aborto y solo tenía una botella de Gatorade y una galleta. La gente que venía atrás nos contó que ella murió. Esa parecía la parte más difícil… pero luego nos topamos con esta realidad», cuenta María.
La pareja describe México como la parte más complicada del recorrido por el peligro de ser detenidos y deportados a Venezuela, o de quedarse varados a la espera de permisos legales para cruzar el territorio sin tener trabajo, comida o un techo dónde dormir.
«La selva, a pesar de ser montañosa, al final tú la atraviesas, allí no existe migración, no existe policía; sí hay ladrones que roban y violan a las mujeres y hasta a los hombres, pero nosotros tuvimos suerte. Ahora, lo peor de la travesía es México porque mira al punto que uno tiene que llegar: meterse a una caravana y caminar tantos días para ver cómo podemos subir —a la frontera con Estados Unidos—», relata Luis Alberto.
¿Por qué una pareja joven deja su país para pasar por estos riesgos? «Salí por un mejor futuro, por la inseguridad, por la mala economía. Yo estaba estudiando en la universidad Administración de desastres pero no me alcanzaba el dinero para el transporte y no quise seguir porque en Venezuela el estudio no te vale para nada», responde la joven.
Así, ambos salieron junto a la caravana que dejó Tapachula el 18 de noviembre. El primer día recorrieron 27 kilómetros hasta Huehuetán, la primera parada. Caminaron bajo el sol sin comer nada y a penas beber agua. Al final de ese día los miles de migrantes pasaron la noche en el parque de la localidad y recibieron un plato de comida del gobierno local. Una pieza de pollo con frijoles y tortillas fue lo único que María comió antes de dormir en el suelo y prepararse para seguir el camino.
En 2018, se reportó la primera caravana de migrantes. Inició con miles de personas que partieron de San Pedro Sula, Honduras, rumbo a Estados Unidos. Cientos fueron detenidos en la frontera final, otros recibieron visas humanitarias en México, otros fueron deportados y hubo quienes regresaron a su país. La respuesta del gobierno de Donald Trump fue desplegar a alrededor de 7,000 oficiales en la frontera con México, que también endureció sus políticas migratorias.
En octubre de 2020, otra enorme caravana salió de Honduras y en Guatemala se topó con una estrategia de contención y persecución protagonizada por agentes de la Policía Nacional Civil, que con gases y bates impidió que cruzaran el territorio y llegaran a México.
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Sin posibilidad de un control prenatal
Marlen Ramos tiene 31 años y es hondureña. Llegó hace tres meses a Tapachula huyendo de la pobreza, acoso sexual y violencia en su país. Se quedó en esa ciudad porque está tramitando una solicitud de refugio para ella, su esposo, sus hijas de 14 y 7 años y su hijo de 3. Tiene 5 meses de embarazo y no sabe si será niño o niña.
Cuando se entrevistó a Marlen para esta nota, la familia vivía en el albergue privado Jesús el buen pastor, donde ella ayudaba a hacer pan con la esperanza de que le regalaran unas porciones para alimentar a sus hijos.
«Tapachula nos ha marcado porque hay días en que comemos y otros que no. No se encuentra trabajo y mi esposo está enfermo», relata.
En medio del hambre, el estómago de Marlen crece sin que ella tenga la posibilidad de realizarse chequeos médicos para verificar el estado de su embarazo.
«Me ha costado el control prenatal. Fui al centro de salud y no me quisieron hacer mi carnet para atenderme porque me pedían llevar un ultrasonido y otros exámenes, pero ¿de dónde voy a sacar el dinero para hacermelos? Fui a la clínica privada más barata pero me dejaron cita para el 16 de febrero. Aquí no conseguimos pastillas prenatales ni nada», explica Marlen.
Mientras moldea la masa para hacer el pan, sus hijos corren a su alrededor pidiéndole comida. Ella los distrae con la mano porque no tiene nada para darles. «Esto es ser migrante y aunque todas las personas somos iguales, aquí en Tapachula nos ven mal», dice.
Las mujeres migrantes embarazadas tienen escaso acceso a servicios de salud. Marlen tampoco sabe dónde dará a luz ya que teme no ser aceptada en un hospital público por falta de documentos. Fue también por la gestación que decidió quedarse en esa ciudad y no seguir caminando.
Ahora vive en un limbo de espera, tanto para dar a luz como para recibir noticias de Comar sobre su solicitud de refugio. Esto le permitiría acceder a un trabajo y costear sus alimentos, techo y pastillas prenatales.
Esta es la misma historia de otras mujeres que deambulan por el albergue, como Norma, que tiene 21 años, un hijo de 5 y un embarazo de 6 meses. Se ve delgada y lo único que toma es el ácido fólico que le regala la institución. Está en el lugar esperando a juntar 50 pesos mexicanos para un boleto de bus y comprar una botella de agua y con eso viajar a la oficina más cercana de Comar, que le notificó que ya está lista su resolución de refugio. Lleva dos meses tratando de recolectar el dinero.
Olga Sánchez, directora de Jesús el buen pastor, dice que son las mujeres embarazadas y madres solteras las que permanecen más tiempo en el lugar, las que se van de último. El centro tiene una clínica que les provee atención médica de urgencia pero no tiene los recursos suficientes para suplir las necesidades de las migrantes.
De acuerdo con el Instituto para las Mujeres Migrantes (Imumi), aunque según el marco legal de México las migrantes tienen derecho a acceder a los servicios de salud, «es común que algunos de los trabajadores de unidades médicas les nieguen la atención». El instituto ha reportado casos en que a las embarazadas se les exige credenciales oficiales para ser atendidas, documentos que no tienen.
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Cuando México dice no
En Tapachula también hay mujeres que ya no esperan nada, sino que están atrapadas porque Comar negó su solicitud de asilo, lo que implica que no pueden permanecer en México, no pueden regresar a sus países de orígen y tampoco cuentan con los recursos para viajar en una caravana.
Ese es el caso de Lucía Zelaya, de 26 años que aparenta tener 40, como ella misma describe. Hace tres meses escapó de Olancho, Honduras, porque pasó cuatro años huyendo de pueblo en pueblo por extorsiones, violencia de género, amenazas de muerte y pobreza.
Llegó a Tapachula después de ser estafada y sobornada en Guatemala. En esta ciudad fronteriza, ella, su hija de 6, su bebé de 1 y medio y su esposo se instalaron en una litera de uno de los cuartos del albergue Jesús el buen pastor.
Lo primero que hizo en México fue acudir a Comar, donde en septiembre presentó su caso para solicitar refugio en este país. Sin embargo, dos semanas antes de esta entrevista recibió la noticia: su petición fue denegada.
Según los documentos que enseñó a Plaza Pública, la institución dijo que en su entrevista su relato fue inconsistente y contradictorio. En esos papeles estaba resumido el relato de una vida de violencia física y sexual, el asesinato de sus dos hermanos, los años que vivió escondida en otro pueblo, la vida de su madre que no podía salir a la calle porque sino sería baleada.
«Pero no me creyeron», dice Lucía. «Quizás me faltó contar las otras veces que me violaron y me pegaron», insiste mientras sus ojos se llenan de lágrimas. Con este rechazo la mujer se debate entre seguir viviendo en el albergue o regresar al país donde la muerte la espera.
«A veces pienso en ir a buscar el tiro de gracia a Honduras y que Dios vea por mis hijos», exclama decepcionada. Mientras lo cuenta su bebé no para de toser. Lucía le da golpes suaves en la espalda. «Tiene que vomitar la flema, si no no para», explica. El niño lleva dos semanas enfermo sin un diagnóstico y desde que están en el albergue cada día pierde peso.
El esposo de la migrante también está enfermo y eso le impide trabajar. La única fuente de ingresos para Lucía es salir a la calle y pedir dinero.
«No me puedo ir en la caravana porque los hombres caminan muy rápido y yo con dos niños y un esposo enfermo me voy a quedar atrás. Los voy a exponer más a todos», se lamenta.
Y tiene razón. La marea de migrantes en estos movimientos masivos va encabezada por hombres jóvenes. Quienes van de último son las mujeres con niños, que incluso buscan entre los basureros los restos de alguna maleta o un carruaje para subir a los niños o poner las maletas y jalarlas para hacer menos pesado el viaje.
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