El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha hecho estudios a profundidad sobre el fenómeno de la corrupción que muestran que las operaciones de adquisición pública son el blanco más frecuente y agudo de delitos asociados a la corrupción. Dentro de las prácticas corruptas destaca el abuso de las modalidades menos transparentes y competitivas a disposición de las entidades del Estado para comprar y contratar, como la compra de baja cuantía y la compra directa.
Desde hace años los alcaldes han intentado incrementar el monto límite hasta el cual se pueden usar estos dos rubros ya sea por su incapacidad para cumplir con los controles de transparencia y con los requerimientos de competencia de las otras modalidades o por simple y llana corrupción. De esta cuenta, por presiones de grupos de alcaldes de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), en 2016 estos lograron que el Ejecutivo impulsara una iniciativa de ley que elevaba el monto límite de la compra de baja cuantía de Q10,000 a Q25,000, la cual el Congreso aprobó como el decreto 46-2016.
Sin embargo, estos alcaldes incapaces o corruptos no quedaron satisfechos. En febrero de 2020, un grupo de diputados, atendiendo los intereses de la ANAM, presentó la iniciativa de ley número de registro 5,703, que proponía elevar el monto límite de la compra de baja cuantía de Q25,000 a Q100,000 y el de la compra directa de Q90,000 a Q200,000. Sin el debido análisis y respaldo técnico, en un acto más bien politiquero, el Congreso se congració con la ANAM al aprobar dicha iniciativa como el decreto 4-2021. Entidades como el Icefi ya recomendaron que dicho decreto sea vetado por el presidente por carecer de sustento técnico y favorecer la corrupción.
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Pero tanto o más graves que el contenido de este nuevo adefesio legislativo espurio son los argumentos de quienes lo impulsaron y lo defienden. Allan Rodríguez, diputado presidente del Congreso de la República, celebró su aprobación, pero no por ser una ley beneficiosa para Guatemala, sino porque fue una promesa que Giammattei les hizo a los alcaldes durante su campaña electoral.
Por su parte, Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá y presidente de la ANAM, ya sea por ignorancia o por alevosa intención de favorecer a sus colegas corruptos, alegó que la «ley les permitía comprar hasta Q25,000», lo cual es falso a todas luces. En todo caso, la ley impone controles y requerimientos para garantizar procesos competitivos para compras y contrataciones por montos superiores a esa cifra, mientras que con el decreto aprobado ahora se puede comprar y contratar sin control hasta por Q100,000. Ovalle argumentó además que ahora los proveedores de las municipalidades ya no estarán obligados a presentar factura electrónica y que todo volverá a gestionarse con papeles, un retroceso grave en los pocos avances que se habían logrado con procedimientos en línea como la oferta electrónica y el registro digital de las adquisiciones públicas.
En resumen, hasta el más somero y superficial de los análisis revela que la aprobación del decreto 4-2021 fue un acto politiquero cuyo principal objetivo es alcahuetear a los corruptos que apoyaron a Giammattei durante las elecciones. Y sus consecuencias serán cientos de millones de quetzales más perdidos en corrupción, en bienes y servicios de mala calidad, o simplemente que nunca llegarán a la población.
¿Hasta cuándo la ciudadanía seguirá tolerando a un Congreso que legisla para cumplir las promesas de campaña electoral de Giammattei y alcahuetear corruptos? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que así Guatemala solo empeora?
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