Se acerca el fin del año 2023, marcado por una profunda crisis política e institucional. Guatemala fue brutalmente cooptada por una alianza criminal consolidada a partir de varios periodos presidenciales y que halló en la expulsión de la Cicig una excusa para, no solamente liberar a los acusados de graves casos de corrupción, sino para perseguir criminalmente a los fiscales, jueces y abogados que condujeron las investigaciones y llevaron los casos. La persecución aumentó en la medida en que las cortes dejaron de lado su función de impartir justicia para convertirse en simples comparsas de un Ministerio Público, convertido en órgano de represión. Entonces, las acciones se extendieron a periodistas, defensores de derechos humanos, disidentes políticos.
Al amparo de la impunidad, el uso del erario por parte de los funcionarios públicos se convirtió en cínico. Salarios faraónicos, viáticos principescos, viajes en primera clase, por no hablar de los dineros bajo la mesa, el círculo de amiguetes que ahora son los contratistas preferidos del Estado y un largo etcétera. El país no ha sido gobernado para resolver los problemas de los guatemaltecos, sino para generar negocios y beneficios para esos que, siguiendo las evidencias, se han convertido en una “casta” privilegiada.
Las elecciones del 2023 provocaron disrupción en el apacible feudo que esta casta ha logrado construir. A pesar de haber inyectado la brutal suma de 3 mil millones de quetzales en “infraestructura” asignada a las alcaldías, a cambio de respaldo para el partido oficialista que postuló a Manuel Conde a la presidencia, fracasaron.
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La victoria de Bernardo Arévalo no fue producto del azar. Fue el resultado de un voto consciente que expresó la voluntad ciudadana de desentronizar a la casta política corrupta que ha llevado al país a la ruina. Se produjo un mandato claro: combate frontal a este cáncer que está matando a Guatemala. Con horror, esta casta constató que estaba en peligro la fuente principal de sus desmanes: el dinero administrado por el Ejecutivo y los privilegios que emanan del poder absoluto.
La campaña para descarrilar este triunfo ciudadano empezó al día siguiente de la elección de primera vuelta. La narrativa de fraude, los recursos legales, la criminalización. A partir de aquel momento, no ha habido tregua. Los ataques han sido sistemáticos, grotescos, obtusos y, a menos de dos meses de la toma de posesión, han caído en lo patético. La toma de la USAC y los presuntos daños se produjeron es la base de un proceso penal que pretende despojar de su inmunidad al binomio electo. En una funambulesca ilación de ideas, el Ministerio Público convierte hechos puntuales en una conspiración fraguada “como plataforma política” destinada a engañar a los guatemaltecos.
Resulta muy complicado hallar algún rastro de lógica en los argumentos que sustentan este caso que ha convertido la sala de audiencias en el Organismo Judicial en un circo. Y, sin embargo, con base en sus premisas, ya se han presentado solicitudes para levantar la inmunidad a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera. Están en las manos de la CSJ y son un nuevo atentado para evitar que tomen posesión de sus cargos el 14 de enero.
Pero el plan de armar un golpe de estado maquillado y vestido de “institucionalidad” necesita de otras piezas. Quieren declarar nulas las elecciones y para tal efecto precisan el desafuero de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En un precipitado voto que, más que debate serio y mesurado, tuvo sabor a confabulación, 108 diputados resolvieron levantarles la inmunidad para ser investigados. Todavía deberán lograr un auto de prisión, antes de poder quitarlos de enmedio. El pomposo plan implica desaforar también al Vicepresidente Guillermo Castillo y la comisión pesquisidora no avanza. El tiempo para los maquillajes, se agota.
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A pesar de la indignación que causan estas acciones, descaradas y grotescas, eran de esperarse. Las elecciones generales lograron abrir una fisura en esa, aparentemente implacable, pared de la alianza corrupta. Y he aquí el enorme riesgo que corremos los guatemaltecos. Si no logramos que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el día 14 de enero, si permitimos que la alianza corrupta consolide un golpe de Estado, Guatemala se encaminará a lo desconocido.
No parece que la alianza corrupta tenga un derrotero claro, excepto evitar que Arévalo asuma el poder. A partir de allí, sólo hay interrogantes: ¿Quién asumiría el gobierno? ¿Un títere? Recordemos que la alianza corrupta se ha caracterizado por ser de índole “corporativa”. No se ha perfilado un líder que pudiera articular los intereses de un conglomerado de actores corruptos, ambiciosos, que verán en la ruptura institucional una dorada oportunidad.
El oscuro presagio es la ingobernabilidad política, aunada a una represión creciente sobre toda disidencia. Si se produce el golpe de Estado, ningún guatemalteco podrá sentirse seguro, no habrá garantías ciudadanas y estaremos en las manos de un régimen temeroso, probablemente partido en facciones, impredecible.
La comunidad internacional ha manifestado que su reacción ante este escenario será la condena al Estado de Guatemala y, por consiguiente, sanciones económicas, cierre de espacios internacionales, aislamiento. En fecha reciente, Miguel Martínez recibió una designación del gobierno de los Estados Unidos bajo la Ley Magnistky con fuertes implicaciones financieras. Esta sanción apunta de cerca al propio presidente Giammatei y a su círculo más cercano de influencia. Funcionarios norteamericanos han anunciado más sanciones para los actores antidemocráticos. Pero, ¿puede la ciudadanía contar con que estas acciones frenarán un golpe de Estado?
Frente a la amenaza, hay muchos sectores que prefieren mantenerse en una cómoda ambigüedad. Otros, permanecen en estado de negación dando (a estas alturas) el beneficio de la duda a un poder que, claramente, ha manifestado sus intenciones golpistas. Así las cosas, la ciudadanía no puede darse el lujo del cansancio, ni de la apatía o la indiferencia. Tengámoslo claro: si no se ha consolidado lo debemos a la organización y disciplina de los pueblos ancestrales, aunada a los barrios de la ciudad capital y a muchos ciudadanos solidarios.
El paro nacional retrasó más de un mes los planes golpistas. Y esto nos brinda una lección que no podemos obviar: necesitamos organización y disciplina. Necesitamos manifestar el poder del pueblo en defensa de la democracia porque es un bien preciado que no podemos darnos el lujo de perder. Tenemos que hacer sacrificios.
Porque es ahora o nunca. Debemos respaldar, sin ambigüedades y con la contundencia que la situación amerita la transición del poder. Bernardo Arévalo y Karin Herrera fueron electos por los guatemaltecos que, en respeto de los principios republicanos y democráticos, optaron por esta forma de manifestación de su hartazgo y su voluntad de castigar la mala administración del país. Esa manifestación de la soberanía del pueblo es un mandato. El tiempo se les agota a los golpistas, pero también a la ciudadanía.
