¿Alcanza el ingreso laboral para vivir dignamente en Guatemala? | Desigualdad y trabajo entre 2012 y 2022

 Hallazgos principales

•  Las actividades económicas informales y rurales (como la agricultura y el trabajo doméstico) presentan los ingresos más bajos, por debajo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

• Grupos históricamente excluidos —mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y personas mayores— se encuentran sistemáticamente en desventaja.

• A pesar de trabajar largas jornadas, muchas personas no logran cubrir la Canasta Básica Vital (CBV), lo cual refuerza la precariedad estructural.

• La categoría ocupacional y el dominio geográfico determinan de forma significativa el poder adquisitivo.

• No se observan mejoras sustantivas en los ingresos reales de los sectores más pobres a lo largo del período analizado.

Nota metodológica

Las Encuestas Nacionales de Empleo e Ingresos (ENEI) constituyen una fuente primaria de información estadística sobre el comportamiento del mercado laboral. Su utilidad radica en la posibilidad de captar, con una periodicidad establecida, una gama de indicadores relacionados con el empleo, el desempleo, la ocupación, la informalidad, los ingresos laborales, la segmentación del trabajo, entre otros. Sin embargo, su uso con fines analíticos y de formulación de políticas públicas no está exento de ventajas y limitaciones.

Una de las principales ventajas de las ENEI es que, en algunos años, proporciona información desagregada por variables sociodemográficas clave, como sexo, edad, grupo étnico, nivel educativo y ubicación geográfica, lo que permite visibilizar brechas estructurales en el acceso al empleo y en la distribución de los ingresos. Su aplicación periódica brinda, además, un panorama de la economía informal y las condiciones precarias del trabajo.

Sin embargo, el uso de estas encuestas presenta también importantes limitaciones metodológicas y operativas. Una de las principales es la subestimación de los ingresos laborales reales, especialmente en contextos con alta informalidad, donde los trabajadores tienden a no declarar la totalidad de sus ingresos por desconfianza, desconocimiento o temor a la fiscalización. Esta situación puede derivar en una distorsión en el análisis de la pobreza o de la capacidad adquisitiva, afectando la fiabilidad de los indicadores que dependen directamente del ingreso declarado.

Además, algunas categorías laborales, como los trabajadores domésticos, los jornaleros rurales, las personas migrantes o aquellas insertas en actividades no reguladas, pueden estar subrepresentadas o excluidas del marco muestral, lo que limita la posibilidad de análisis más inclusivos.

En este trabajo, el centro de atención principal es comparar los ingresos laborales y el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Vital (CBV), pues constituye una herramienta técnica fundamental para evaluar el poder adquisitivo real de la población trabajadora. Esta relación permite determinar si los ingresos obtenidos a través del empleo son suficientes para garantizar la cobertura de necesidades mínimas de alimentación y de bienes y servicios esenciales para una vida digna.

Desde el punto de vista metodológico, esta conexión ayuda a identificar casos de pobreza extrema o moderada basándose en el ingreso laboral, y a medir las diferencias estructurales entre grupos sociales y regiones. También ofrece datos importantes para diseñar políticas salariales y laborales, al mostrar si el ingreso promedio de una ocupación o grupo alcanza un nivel mínimo de bienestar. Por eso, incluir este análisis en los estudios del mercado laboral no solo ayuda a entender mejor las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también fortalece la relación entre el derecho a un trabajo digno y la garantía de ingresos suficientes.

1. Relación entre poder adquisitivo e indicadores macroeconómicos (2006–2024)

El Producto Interno Bruto (PIB) creció de manera moderada y estable entre 2006-2024. Ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual del PIB real de Guatemala de aproximadamente del 3.5 %. El único año con crecimiento negativo fue 2020, debido probablemente al impacto de la pandemia de COVID-19. El mayor crecimiento se dio en 2021 (8.04 %), reflejando una fuerte recuperación postpandemia. Sin embargo, los ingresos laborales reales de los sectores bajos no mejoraron proporcionalmente.

La inversión extranjera directa mostró picos, como en 2021, sin efecto redistributivo visible. La inflación en años clave (2008, 2022, 2023) deterioró el ingreso real. La baja recaudación fiscal (10–12 % del PIB) limita la capacidad del Estado para redistribuir y proteger socialmente a los trabajadores. En conjunto, el modelo económico ha profundizado las desigualdades estructurales.

2. Concentración de los ingresos en los quintiles altos

Entre 2012 y 2017, los ingresos del quintil más pobre en Guatemala se mantuvieron prácticamente estancados, pasando de Q258 a Q262, sin cubrir siquiera la Canasta Básica de Alimentos. Esto refleja una exclusión estructural de los sectores empobrecidos frente al crecimiento económico.

Los quintiles segundo y tercero, con empleos mayoritariamente informales y precarios, mostraron una leve mejora inicial, pero sus ingresos cayeron desde 2016. Lo que evidencia la fragilidad del mercado laboral. El tercer quintil, por ejemplo, bajó de Q1,484 a Q1,114 en 2017.

En contraste, el quintil más alto mantuvo ingresos superiores a Q4,000, llegando a Q5,357 en 2012. La brecha con el quintil inferior revela la fuerte concentración del ingreso, característica de un modelo económico desigual.

Incluso el cuarto quintil, correspondiente a sectores medios, sufrió una caída en sus ingresos de Q2,121 a Q1,871, lo que refleja el debilitamiento de la clase media y su creciente vulnerabilidad ante la falta de políticas públicas eficaces.

3. Desigualdad estructural según ocupación y rama económica

El comportamiento de los ingresos laborales reales, medidos como porcentaje de cobertura de la CBA y CBV (capacidad adquisitiva) revela una alta segmentación ocupacional y un patrón de desigualdad persistente.

El análisis longitudinal de los datos sugiere un estancamiento relativo de los ingresos laborales reales en la mayoría de las ocupaciones. Las mejoras observadas en sectores como técnicos, profesionales científicos e intelectuales, o trabajadores de servicios y vendedores, han sido marginales y no han alterado de manera sustantiva la estructura salarial jerárquica y desigual.

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Los puestos como directores y gerentes han mantenido los niveles más altos de capacidad adquisitiva, alcanzando hasta un 323 % respecto a la CBA y 158 % de la CBV en determinados años. Esto indica que sus ingresos mensuales permiten cubrir más de tres veces las necesidades básicas alimentarias y casi duplicar las vitales. Este grupo ocupa una posición privilegiada en la estructura ocupacional, lo que refleja la lógica de concentración del ingreso característica de un mercado laboral estructuralmente desigual.

En contraste, las ocupaciones elementales y los agricultores y trabajadores calificados presentan los niveles más bajos de capacidad adquisitiva. Sus ingresos reales han oscilado en un rango de 30 % a 55 % de la CBA y apenas entre 17 % y 24 % de la CBV. Estos valores son indicadores críticos de precariedad laboral.

La desigualdad estructural y la precariedad laboral definitivamente se reafirma también desde el análisis por rama de actividad económica. 

• Agricultura: persistencia de la precariedad

El sector agrícola —uno de los que emplea a la mayor parte de la población rural e indígena— muestra una de las capacidades adquisitivas más bajas durante todo el período analizado. En 2012, el ingreso laboral apenas cubría el 29 % de la CBA y el 16 % de la CBV, y para 2019, aunque se observa una leve mejora (42 % CBA, 18 % CBV), sigue siendo el sector con mayores niveles de exclusión económica.

Al respecto, Standing (2011), introduce la noción de precariado, para describir una clase de trabajadores marcados por la inseguridad, la informalidad y la desprotección social. Esta perspectiva contribuye a explicar cómo los ingresos laborales no son suficientes para garantizar bienestar y estabilidad. (pp1-37).

• Sector construcción y manufactura: mano de obra urbana y mal remunerada

Las actividades de construcción e industrias manufactureras, que constituyen un núcleo importante del empleo urbano no calificado, tampoco muestran avances significativos. En ambos sectores, los ingresos laborales se mantuvieron por debajo de la CBA a lo largo del período. Aunque la industria manufacturera muestra un ascenso en 2019 (109 % CBA), la cobertura respecto a la CBV sigue siendo baja (47 %).

• El contraste del sector formal

En contraste, los sectores de información y comunicaciones y actividades financieras y de seguros presentan coberturas significativamente superiores al promedio nacional. Este patrón responde a la concentración de empleos calificados en sectores tecnificados y formales, con mayores exigencias de formación, y que permiten acceso a beneficios laborales y estabilidad. No obstante, su impacto es limitado en términos de equidad distributiva, dado que representan una porción reducida del total del empleo nacional.

4. Brechas de género, etnia y edad

En la revisión de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos se encontró que solamente para el año 2010 se publicó información desagregada territorialmente, por sexo, etnia y dos grupos de edad. A partir de los ingresos laborales promedios mensuales de la población ocupada, desagregado por dominio geográfico (Urbano Metropolitano, Resto Urbano Nacional y Rural Nacional) y por grupo poblacional de interés en Guatemala para el año 2022. Los datos evidencian profundas desigualdades tanto territoriales como sociodemográficas en la capacidad del ingreso laboral para satisfacer las necesidades básicas.

• Por territorio

Los datos revelan una marcada desigualdad territorial en la cobertura de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Vital (CBV). En el área metropolitana, la cobertura de la CBA alcanza un 122 %, y de la CBV un 67 %, lo que sugiere una mayor capacidad adquisitiva relativa. En contraste, el resto urbano nacional presenta una cobertura del 84 % para la CBA y del 46 % para la CBV, mientras que el área rural nacional se ubica considerablemente por debajo, con coberturas del 63 % y 35 %, respectivamente.

Este gradiente descendente evidencia una centralización de las oportunidades económicas y del empleo mejor remunerado en el centro urbano del país. Esto evidentemente afirma la existencia de patrones de exclusión en las regiones rurales.

• Por grupo étnico

La cobertura de la CBA y la CBV también difiere significativamente entre poblaciones no indígenas e indígenas. A nivel nacional urbano, los no indígenas alcanzan una cobertura del 127 % para la CBA y del 69 % para la CBV en el área metropolitana, frente a los 79 % y 43 % de los indígenas. Esta tendencia se mantiene en el resto urbano (95 % vs. 68 % para la CBA) y en el ámbito rural (73 % vs. 48 %).

Estas diferencias reflejan formas de discriminación estructural y desigual acceso a empleos formales y mejor remunerados para las poblaciones indígenas, quienes enfrentan barreras educativas, lingüísticas e institucionales, sugiriendo que el ingreso laboral es un reflejo de las jerarquías raciales arraigadas en la estructura social guatemalteca.

• Por sexo

La desigualdad de género es también notoria en la cobertura de necesidades básicas. En el área metropolitana, los hombres superan el 136% de cobertura de la CBA, mientras que las mujeres alcanzan solo el 100%. Para la CBV, la relación es de 75% frente a 55%. Esta brecha se reproduce en todos los territorios: en el resto urbano (88% hombres vs. 77% mujeres en CBA), y en lo rural (66% vs. 55%).

Estas diferencias podrían estar asociadas a una inserción segmentada de las mujeres en el mercado laboral, muchas veces en ocupaciones informales, precarias y mal remuneradas, además de las dobles y triples jornadas derivadas del trabajo doméstico no remunerado. Federici (2013) ha problematizado la no visibilidad del trabajo reproductivo, ampliando la mirada sobre el empleo y reconociendo que muchas desigualdades laborales se originan en la distribución desigual del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres (pp. 35-68).

• Por grupo etario

Finalmente, la cobertura es particularmente baja en los grupos extremos de edad. La población entre 10 y 17 años apenas alcanza el 45 % de cobertura de la CBA en el área metropolitana, 31 % en el resto urbano y solo 29 % en lo rural. En cuanto a la CBV, las cifras son aún más preocupantes: 25 %, 17 % y 16 % respectivamente. Esto puede deberse a una alta proporción de niños y adolescentes trabajando en condiciones informales o con ingresos no reconocidos adecuadamente.

Por su parte, los adultos mayores (65+) presentan coberturas más altas que los menores, pero igualmente insuficientes, con 64 % de CBA y 35 % de CBV en el área metropolitana, y valores descendentes hacia lo rural (43 % y 24 %). Lo cual evidencia una ausencia de mecanismos efectivos de protección social y pensiones.

Desde el reconocimiento cultural, Fraser (2003), afirma que para entender cómo el género, la etnia o la edad implican desventajas materiales y simbólicas dentro de los mercados laborales, es necesario también las estructuras sociales y económicas que las reproducen (pp.7-88).

5. Las brechas por categoría ocupacional

Entre los distintos tipos de ocupación, los patrones agrícolas y no agrícolas registran los ingresos mensuales más altos, lo que se traduce en las mayores coberturas frente al costo de vida. El patrón agrícola alcanza un 209 % de cobertura de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y un 90.6 % de la Canasta Básica Vital (CBV), mientras que el patrón no agrícola cubre el 190 % de la CBA y el 82.3 % de la CBV.

Estas cifras indican que únicamente estas dos categorías tienen una capacidad adquisitiva superior para satisfacer plenamente las necesidades alimentarias, y se acercan al umbral vital. En un segundo escalón se ubican los empleados del gobierno, con una cobertura del 143 % de la CBA y 62 % de la CBV. Este grupo muestra cierta estabilidad salarial, probablemente vinculada a las condiciones formales de contratación en el sector público. Sin embargo, incluso este grupo no logra cubrir plenamente la Canasta Básica Vital.

Por debajo se encuentran los empleados privados (87 % CBA, 37.6 % CBV) y los trabajadores por cuenta propia, tanto agrícolas (85.4 % CBA, 37 % CBV) como no agrícolas (79.2 % CBA, 34.3 % CBV).

Finalmente, en el extremo inferior del espectro se encuentran los jornaleros o peones, con solo un 39.7 % de cobertura de la CBA y 17.2 % de la CBV, y los empleados en casas particulares, que alcanzan apenas un 30.2 % de la CBA y 13.1 % de la CBV. Estas categorías representan los segmentos más vulnerables del mercado laboral guatemalteco, con condiciones de empleo informales, bajos salarios y escasa o nula protección laboral.

6. Intensidad laboral

• Asalariados: más trabajo, pero no necesariamente más bienestar

Para el grupo asalariado, los datos muestran una leve tendencia: a mayor cantidad de horas trabajadas, mayor cobertura de la CBA y CBV. No obstante, incluso entre quienes laboran más de 48 horas semanales, los ingresos no siempre superan los umbrales mínimos de bienestar. Por ejemplo, en 2017, este grupo alcanzaba una cobertura de 84 % de la CBA y 41 % de la CBV, lo que indica que ni siquiera el trabajo intensivo garantiza condiciones dignas de vida.

En cambio, quienes trabajan menos de 20 horas enfrentan ingresos alarmantemente bajos: en 2017, solo alcanzaron el 22 % de la CBA y el 11 % de la CBV. Esta situación evidencia la vulnerabilidad de quienes tienen empleos de tiempo parcial, muchas veces no por elección, sino por falta de acceso a oportunidades laborales estables.

• Trabajo independiente: esfuerzo sin recompensa

Entre los trabajadores independientes, la brecha es aún más pronunciada. Aunque quienes trabajan más de 48 horas llegaron a cubrir el 111 % de la CBA y el 61 % de la CBV en 2014, esta situación no se sostuvo: para 2017, la cobertura bajó al 61 % (CBA) y 30 % (CBV), lo cual sugiere un deterioro general del poder adquisitivo.

Este fenómeno es preocupante porque revela que los trabajadores informales, incluso cuando se esfuerzan más horas, no logran acceder a ingresos que garanticen una vida digna. En otras palabras, el problema no es únicamente cuánto se trabaja, sino cómo se remunera ese trabajo, y en qué condiciones.

La evidencia sugiere que el aumento en las horas trabajadas no siempre se traduce en mejoras proporcionales del ingreso. Esto puede ser resultado de condiciones laborales precarias, baja productividad, escaso poder de negociación de los trabajadores y ausencia de regulación efectiva.

Al observar la capacidad de cobertura del ingreso laboral real según horas trabajadas. Los valores, expresados en porcentajes, reflejan en qué medida el ingreso generado por el trabajo permite cubrir el valor monetario de estas canastas básicas, esenciales para satisfacer necesidades mínimas de alimentación y otros bienes y servicios fundamentales.

7. Educación y desigualdad: la dimensión estructural del acceso al conocimiento

La evolución del nivel de instrucción de la población ocupada entre 2002 y 2019 revela un componente estructural clave en la reproducción de la pobreza y la desigualdad. A pesar de avances en la cobertura de educación básica, miles de trabajadores aún carecen de la instrucción mínima necesaria para mejorar sus condiciones laborales. En 2019, el 14.1 % de la población ocupada no tenía ningún nivel de instrucción y casi el 38 % apenas había completado primaria.

El acceso limitado a la educación secundaria y superior afecta principalmente a poblaciones rurales, indígenas y mujeres, lo cual refuerza los patrones de exclusión ya evidenciados en el análisis de ingresos laborales. Solo el 4.4 % de la población ocupada en 2019 había completado estudios superiores, lo cual impide la movilidad social y limita la diversificación productiva del país.

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Así, los datos analizados evidencian una estrecha relación entre el nivel educativo y los ingresos laborales en Guatemala. Las personas con mayor instrucción formal —especialmente quienes han completado educación secundaria o superior— tienden a ubicarse en ocupaciones mejor remuneradas y con mayor estabilidad. En cambio, quienes carecen de formación básica enfrentan condiciones laborales más precarias, ingresos por debajo de la Canasta Básica y mayor vulnerabilidad frente a la informalidad. Bourdieu (1986), a través de su teoría de los capitales (económico, social y cultural), aporta un marco para entender las desigualdades más allá de los ingresos, al considerar el acceso diferenciado a redes, educación y prestigio. Según el autor, estas formas de capital estructuran el acceso al trabajo digno y a mejores salarios (pp.79-119).

Esta asociación no es casual: la educación es un factor clave en la distribución del ingreso y en la movilidad social. Sin embargo, el acceso desigual a la educación en Guatemala reproduce y refuerza las brechas laborales existentes. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas en áreas rurales tienen menos probabilidades de completar estudios superiores, lo que limita sus oportunidades laborales y perpetúa la pobreza intergeneracional.

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La tabla muestra el porcentaje de la población ocupada en Guatemala según nivel educativo entre 2002 y 2019, con datos de la ENEI. Permite observar la relación entre escolaridad y empleo, y cómo ha cambiado la participación laboral de quienes tienen más estudios.

En este marco, se propone fortalecer la educación intercultural bilingüe, ampliar el acceso a secundaria y superior con políticas de gratuidad y becas, y diseñar programas educativos para personas adultas trabajadoras. Estas acciones deben integrarse a una estrategia intersectorial que vincule educación, trabajo y desarrollo social con enfoque territorial e interseccional.

La educación no solo debe entenderse como derecho humano fundamental, sino también como herramienta estructural para redistribuir oportunidades, superar la pobreza y transformar las condiciones laborales de la mayoría de la población.

8. Conclusiones clave

a. El trabajo no garantiza bienestar: A pesar de su centralidad, el trabajo en Guatemala no asegura la cobertura de necesidades básicas, lo cual evidencia un modelo laboral insuficiente y fragmentado.

b. Amplias brechas de ingreso: Las diferencias entre grupos ocupacionales, geográficos y poblacionales reflejan un sistema profundamente desigual y polarizado.

c. Pérdida de poder adquisitivo: Muchos trabajadores han visto deteriorarse su capacidad de compra, especialmente en sectores como agricultura, trabajo doméstico, cuenta propia e informalidad urbana y rural.

d. El esfuerzo no se traduce en mejora: Ni el aumento en horas trabajadas ni la formalización parcial garantizan mejores condiciones de vida para la mayoría.

e. La desigualdad es interseccional: El género, la etnia y la edad multiplican las desventajas económicas, especialmente en contextos rurales. Sería fundamental implementar políticas activas de empleo dirigidas a jóvenes, mujeres e indígenas, incluyendo subsidios al empleo, formación técnica y acceso a financiamiento para microemprendimientos.

f. La transformación del sistema laboral debe articular justicia redistributiva, equidad territorial y reconocimiento de otras formas de trabajo. Mientras persistan bajos ingresos laborales el consumo material será limitado, así como la libertad para llevar una vida digna (Sen 1999, pp.87-110). Entre los aspectos indispensables de este sistema destacan los siguientes: Fortalecer la fiscalización laboral mediante un sistema de inspección robusto, especialmente en sectores de alta informalidad como la agricultura y el trabajo doméstico. Asimismo, debe haber la creación de un sistema nacional de cuidados, reconociendo el trabajo no remunerado y redistribuyéndolo mediante centros de cuidado infantil. Por último, promoción de la educación técnica, tecnológica y superior con enfoque territorial e intercultural, priorizando becas y programas de formación en áreas rurales.

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Referencias

Bourdieu, P. (1986). Forme di capitale. Editado por Marco Santoro. Armando.

Federici, S. (2013). Caliban and the witch: Women, the body and primitive accumulation. Autonomedia.

Fraser, N., & Honneth, A. (2003). Redistribution or recognition? A philosophical exchange. Verso.

Instituto Nacional de Estadística. Base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

Standing, G. (2011). The precariat: The new dangerous class. Bloomsbury Academic.