Estado, justicia y democracia

Existe un consenso básico: no hay democracia posible sin un sistema de justicia independiente. Sin embargo, durante años hemos permitido su progresivo deterioro. La corrupción se ha extendido como un cáncer que no solo contamina, sino que debilita profundamente al sistema al permitir la penetración de intereses económicos y políticos particulares, así como del crimen organizado. Esta combinación constituye una fórmula de fracaso que empuja al país hacia un Estado fallido y crea las condiciones para derivar en un narcoestado, donde no solo la seguridad jurídica, sino también la seguridad personal, quedan en entredicho.

El debilitamiento de la justicia también tiene consecuencias directas sobre el desarrollo económico y social. Guatemala sigue siendo un país con enorme potencial humano y natural, pero convive con una de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil en la región y, paradójicamente, con una epidemia de obesidad en la niñez, producto de la comercialización de alimentos ultraprocesados, como lo señala el reciente informe de UNICEF Alimentando el negocio.

Somos un país con vocación forestal que continúa deforestando para la siembra de palma africana; un país que, tras más de cincuenta años, sigue sin aprobar una ley de regulación del agua que proteja este recurso vital y la salud de la población. Hemos permitido que el interés público sea sustituido por la lógica del mejor postor.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, particularmente el ODS 16, establecen condiciones mínimas para alcanzar niveles dignos de desarrollo humano: paz, justicia independiente y efectiva, instituciones sólidas e inclusivas, administración pública transparente y pleno acceso a la información, incluida la libertad de prensa. Guatemala falla hoy en cada uno de estos pilares.

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Formalmente, el Estado guatemalteco está definido en la Constitución Política de la República de 1985, que establece como fin supremo la realización del bien común y garantiza la libertad e igualdad de las personas. La Constitución adopta los principios clásicos de la división de poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— e incorpora, de manera avanzada, el principio de supremacía constitucional y la protección de los derechos humanos a través de la Corte de Constitucionalidad. El diseño institucional es correcto. El problema radica en quién ejerce realmente el poder.

Las estructuras históricas de poder, heredadas desde la colonia, permanecen intactas. En el plano económico, una oligarquía reducida ha concentrado la hegemonía desde la reforma liberal de 1871, beneficiándose del aparato estatal, de dictaduras, del golpe de Estado de 1954 y del conflicto armado interno. Estos sectores financiaron partidos políticos y gobiernos, incluyendo los más recientes, y respaldaron decisiones como la expulsión de la CICIG, precisamente porque esta vino a fortalecer  la investigación penal y combatía la impunidad.

En el plano político, los partidos han dejado de representar a la ciudadanía para convertirse en vehículos al servicio de intereses económicos. La proliferación de más de 25 partidos sin ideología ni agenda clara es reflejo de esta crisis. El Congreso de la República ilustra esta hegemonía: se relegan reformas fundamentales —como las del sistema de justicia, la ley electoral, la ley de aguas o la ley de alimentación saludable— mientras se priorizan intereses particulares.

Más grave aún es que hoy el control efectivo del poder se ejerce desde el sistema de justicia penal, con el respaldo de la Corte de Constitucionalidad. A través de la criminalización sistemática de voces críticas se ha instaurado un clima de temor e intimidación que alcanza incluso a funcionarios públicos. No es casual que más de cincuenta jueces y fiscales y más de veinte periodistas se encuentren en el exilio, ni que el periodista José Rubén Zamora y el fiscal Stuardo Campos permanezcan detenidos, junto con líderes indígenas criminalizados por ejercer sus derechos como es el caso de Luis Pacheco, Héctor Chaclan y Leocadio Juracan.

La existencia de funcionarios electos o nombrados no garantiza que respondan al interés público. Es la ciudadanía la que debe exigir rendición de cuentas y establecer límites al poder. Además del equilibrio entre los poderes del Estado, la libertad de prensa, la transparencia y la organización comunitaria son contrapesos indispensables para la democracia.

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Sin embargo, la democracia no se sostiene solo en instituciones, sino también en valores. Aquí surge un tercer eje de hegemonía: el cultural. Durante años hemos permitido que se nos arrebate la narrativa pública, que se normalice la desinformación y se consoliden mitos que justifican la desigualdad y la impunidad. El mismo gobierno de Arzú que firmó la paz fue el que también  impulsó un modelo de privatización basado en la falsa premisa de que lo privado es siempre más eficiente que lo público, debilitando deliberadamente los sistemas de salud y educación.

La impunidad de casos emblemáticos —desde el Hogar Seguro Virgen de la Asunción hasta los escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht o a la compra fallida de vacunas durante la pandemia— no solo es producto de la ausencia de justicia, sino también de una narrativa manipulada que invisibiliza la verdad.

Recuperar la democracia implica también  recuperar valores éticos básicos: defender la honradez, condenar la corrupción sin matices, reivindicar el servicio público y el bien común. Esta es, quizás, la batalla más importante de nuestro tiempo. La prensa y los medios de comunicación tienen un rol central en este desafío, así como la juventud, las universidades y las iglesias, llamadas a promover el pensamiento crítico, la fraternidad y la justicia social.

Guatemala solo podrá avanzar si recupera su sistema de justicia, su institucionalidad democrática y su narrativa ética basada en la búsqueda de la verdad. Ese es el desafío histórico que enfrentamos hoy.