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Inicio de la temporada de incendios forestales 2024-2025

Es evidente que la continuidad de temperaturas elevadas y la ausencia de acciones preventivas efectivas aumentan el peligro de que los incendios forestales continúen impactando severamente los ecosistemas del país.
Sin embargo, la costumbre nos dicta, que la actividad se concentra más en atender los eventos, que a realizar las campañas de sensibilización y prevención para reducir la incidencia de estos.
Tipo de Nota: 
Ensayo
Palabras clave

Inicio de la temporada de incendios forestales 2024-2025

Infografía: Rosana Rojas
Historia completa Temas clave

Mucho se habla sobre el tema de los incendios forestales en Guatemala.  Este fenómeno natural no es más que aquellos fuegos que se propagan sin control y se acrecientan ante la presencia de materiales combustibles, como, el material vegetal (árboles, arbustos, pastizales y ramas, materia orgánica seca en el suelo) y broza, que no necesita más que una ignición, para poderse propagar. Estos pueden ser subterráneos (bajo la superficie del suelo y muy difíciles de controlar), rastreros (los más comunes) y aéreos, estos últimos, se presentan a partir de la altura de la primera troza (a la altura de tres pies de la base de los árboles), provocando eventos que son muy difíciles de controlar.

 Los incendios forestales por lo regular se presentan en los bosques compuestos de especies con árboles latifoliados como los de Petén y la región conocida como la Franja Transversal del Norte e Izabal, o bien en los bosques de coníferas y mixtos (coníferas y latifoliadas), como los existentes en algunas de las regiones del Altiplano Central y Occidental.

 Investigaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción y Prevención de Desastres Naturales (CONRED) han determinado que la causa principal de los incendios forestales es la quema de material vegetal realizada por el hombre de forma intencionados (47 %) y quemas agrícolas (rozas descontroladas 26 %). Estas últimas, realizadas para la preparación de la tierra para cultivos, o bien para la conversión de áreas de bosque en áreas agrícolas, lo que usualmente se conoce como el cambio de uso del suelo o de la tierra. Otra de las razones es la ocupación de tierra por parte de población que se dedica a actividades delictivas como el narcotráfico y la tala ilegal.

Pero qué nos dicen las estadísticas al respecto.

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Los cinco departamentos que durante la temporada 2023-2024 presentaron la mayor cantidad de incendios forestales fueron en su orden: Petén, Quiché, Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango. Con relación al área de cobertura forestal afectada están: Petén, Huehuetenango, Alta Verapaz, Zacapa y Quiché. Por mucho, el departamento de Petén es el que tiende a contener el mayor número de eventos y cobertura forestal afectada.

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Una de las formas de medir el impacto de los incendios forestales es una división entre la cantidad de hectáreas afectadas versus el número de incendios forestales, tal y como se presenta en la figura 2. Si bien aquí se revela la magnitud, no se reflejan los impactos sobre la economía y la biodiversidad.

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Existen diferentes métodos para evaluar los daños naturales, económicos y sociales, uno de estos puede ser a través de la metodología sugerida por la FAO[1] o por el Banco Mundial[2]. Estudios al respecto han encontrado que, como resultado de las estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda  del Gobierno de Chile, la temporada de incendios forestales de 2023, «reporta que las pérdidas del stock de capital económico equivale a US$ 883 millones y los costos sociales inherentes a la contaminación llegarían a US$ 2,275 millones […] e indica que es necesaria mayor investigación  (énfasis añadido) para poder incorporar estos costos en las decisiones de política pública y empresarial y asegurar la sostenibilidad de nuestro desarrollo»[3].

Pero, ¿a quién le corresponde velar por la prevención y el control de los incendios forestales? ¿Cómo se debe de operar para el seguimiento de estos eventos? ¿Qué papel deben de jugar las autoridades locales para que estas acciones sean efectivas?

Según la Constitución de Guatemala en su artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico «El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico».

Para cumplir con lo mandatado en la Constitución se ha desarrollado una legislación específica sobre estos temas.  Por lo que se han creado al menos cinco dependencias de gobierno que dentro de sus funciones tienen la responsabilidad de la prevención y control de incendios forestales. Veamos el fundamento legal que les asigna esta competencia.

El Congreso de la República de Guatemala mediante el decreto 109-96, creó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado.

A continuación se exponen algunos artículos de mayor relevancia:

«Artículo 3. Finalidades. La Coordinadora Nacional tendrá como finalidades las siguientes: a) Establecer los mecanismos, procedimientos y normas que proporcionen la reducción de desastres, a través de la coordinación interinstitucional en todo el territorio nacional», puesto que los desastres son considerados como fenómenos de origen natural o provocado.

Para el cumplimiento de esta tarea le asigna la obligación de establecer las estructuras necesarias a nivel nacional por medio de la creación de una Coordinadora Nacional, y las organizaciones regionales, departamentales, municipales y locales que sean necesarias.

En su artículo 15 establece el Fondo Nacional para la Reducción de Desastres. El cual se activará para la atención de fenómenos naturales que afecten a la población, dentro de ellos, los incendios forestales.

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En su artículo 7, la misma ley estipula qué organismos integrarán el Consejo Nacional como órgano Superior de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, el cual está integrado por el sector público, dentro de estas, entidades autónomas, y por el sector privado, constituido por 10 organizaciones. Dentro de estas no fue prevista la participación de cuatro dependencias de gobierno que por ley tienen el cuidado de los recursos naturales y del ambiente, y que por las características de sus funciones han asumido un liderazgo en este tema, siendo estás: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

El MARN es la entidad del sector público especializada en materia ambiental y de bienes y servicios naturales. Le corresponde proteger los sistemas naturales para que se desarrollen y den sustento a la vida en todas sus manifestaciones y expresiones. Fomenta una cultura de respeto y armonía con la naturaleza. Además, protege, preserva y utiliza racionalmente los recursos naturales. Su objetivo es lograr un desarrollo transgeneracional. Articula el quehacer institucional, económico, social y ambiental. Todo esto con el propósito de forjar una Guatemala competitiva, solidaria, equitativa, inclusiva y participativa.

Por su parte, las funciones del MAGA se definen mediante la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97) que le establece «Formular y ejecutar participativamente la política de desarrollo agropecuario, de los recursos hidrobiológicos» y el uso sustentable de los recursos naturales renovables. Así como la función de promover y velar por la aplicación de normas claras y estables en materia de las «actividades agrícolas, pecuarias y fitozoosanitarias, y de los recursos hidrobiológicos» que redundan en la conservación y protección del medio ambiente.

Por medio del Decreto número 4-89 del Congreso de la República de Guatemala, que en su artículo 2 manifiesta «se crea el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), integrado por todas las áreas protegidas y entidades que la administran [...] a fin de lograr los objetivos de la misma en pro de la conservación, rehabilitación, mejoramiento y protección de los recursos naturales del país, y la diversidad biológica». 

La misma ley 4-89, en el artículo 59 manifiesta «Se crea el Consejo Nacional de Áreas Protegidas [...] "CONAP" [...] como el órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, (SIGAP) [...] con jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas y su espacio aéreo».

Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) fue creado mediante el Decreto del Congreso de la República de Guatemala Número 101-96, Ley Forestal, como el «órgano de dirección y autoridad competente del Sector Público Agrícola en materia forestal». Su misión es ejecutar y promover las políticas forestales nacionales mediante el diseño e impulso de estrategias y acciones que generen un mayor desarrollo económico, ecológico y social del país. El artículo 10 define la integración de la Junta Directiva de carácter autónoma, constituida con representantes de gobierno, sociedad civil y la academia.

Pero, ¿cómo se desarrollan las actividades de prevención y control desde el Sector Público? Para las acciones de prevención y control de los incendios forestales, la CONRED ha configurado una serie de protocolos a diferentes escalas (nacional, departamental, municipal y local), que se materializan según la ocurrencia de un evento determinado. Este accionar tiene su soporte en la Estrategia Nacional para la Gestión del Fuego para Guatemala, para el periodo 2023 al 2032[4].

Para la actividad de control, una que denota importancia, es el monitoreo que se realiza desde el Programa de Protección Forestal del INAB, que utiliza un sistema de alerta temprana para incendios forestales, con datos del Fire Information for Resource Management System (FIRMS) de la NASA para detectar puntos de calor en tiempo real.  El cual resulta ser efectivo para el desarrollo de las actividades de control cuando un evento de esta naturaleza se presenta.

Etapas previas a la temporada de Incendios 2024-2025 para prevenir y minimizar incendios forestales

Para el efecto la SE-CONRED estipula dentro del Protocolo Nacional Temporada de Incendios Forestales y No Forestales SE-CONRED 2025[5], acciones vinculadas con el lanzamiento de campañas de sensibilización en sus redes sociales de y las instituciones rectoras y de apoyo de la Función 17 del Plan Nacional de Respuesta[6] que plantea como objetivo:

«Prevenir, mitigar y responder a eventos generadores de situaciones de riesgo, emergencia o desastres -RED- en atención de incendios forestales dentro y fuera de áreas protegidas y /o áreas de incentivo y manejo forestal».

Para la fase de preparación la SE-CONRED, realizó las siguientes acciones de respuesta.

  1. Fortalecimiento de las capacidades del personal

A pesar de la demanda de capacitación en métodos fundamentales para el manejo de incendios forestales, la reacción ha sido restringida. En la actualidad, se han llevado a cabo únicamente 25 cursos a nivel nacional, lo que indica una escasa efectividad en la formación del personal.

  1. Campañas de prevención a nivel nacional

Se han llevado a cabo campañas de sensibilización a través de anuncios en televisión, radio y materiales informativos. No obstante, la eficacia de estas campañas es dudosa, puesto que no se ha examinado si realmente llegaron al público deseado.

  1. Manejo de combustible en áreas de alta incidencia de incendios

Se presenta una escasa aplicación de estrategias para la gestión de combustible en áreas de alto riesgo, como el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Parque Nacional Sierra de Lacandón. Esto demuestra la urgencia de optimizar la planificación y ejecución de estas medidas para disminuir la expansión de incendios.

  1. Mapeo de recurrencia de incendios forestales

La creación de mapas de recurrencia ha sido útil, ya que ofrece datos clave para acciones de mitigación oportunas. La existencia de estos mapas facilita reconocer patrones de incendios y optimizar la reacción ante próximas emergencias.

  1. Elaboración de mapas de riesgo a nivel nacional

Al igual que el mapeo de recurrencia, los mapas de riesgo han sido valiosos para la planificación de acciones preventivas. Tener acceso a esta información facilita la elaboración de decisiones estratégicas en la administración de incendios.

  1. Planes institucionales de respuesta a incendios

Aunque se han desarrollado planes a nivel nacional, su impacto es limitado debido a la baja cantidad de acciones implementadas (solo 28 reportadas). Esto sugiere una necesidad urgente de fortalecer las estrategias de respuesta y asignar mayores recursos a la atención de incendios.

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Además, hay que tomar en consideración que la Estrategia Nacional para la Gestión del Fuego para Guatemala para el periodo 2023 al 2032, estipula que «dentro de la etapa de pre-supresión desarrollar las condiciones adecuadas para contar con equipamiento, herramientas y equipo de protección para el personal, así como tener definida la coordinación interna (en CONRED) y con otras instituciones (establecido en el “Protocolo Nacional Temporada de Incendios Forestales y No Forestales SE-CONRED 2024-2025”), haber hecho del conocimiento de los protocolos de comunicación y de acción vigentes durante la temporada; realizar acciones de prevención física, legal y cultural». Sin embargo, la costumbre nos dicta, que la  actividad se concentra más en atender los eventos, que a realizar las campañas de sensibilización y prevención para reducir la incidencia de estos.

Para las otras instituciones responsables, se realizó una búsqueda por medio de las memorias o informes de labores (más recientes disponibles) de lo cual se desataca lo siguiente:

CONAP: Acciones físicas en la protección de las áreas por medio de las brechas cortafuegos durante la temporada 2021-2022, CONAP reporta que «se realizaron 94 eventos vinculados a la reducción del riesgo de ocurrencia de incendios forestales, el 98% de las actividades fueron por mantenimiento, limpieza de brechas corta fuego en linderos y senderos y 2% por elaboración de ronda cortafuego, las cuales engloban una cantidad estimada de 856.72 kilómetros con medidas de prevención de incendios forestales».

Esto fue complementado con una campaña de sensibilización que busca organizar y sistematizar todas las acciones vinculadas a la prevención, control y liquidación de incendios, así como a la restauración de ecosistemas afectados. El desarrollo de esta campaña tuvo un alcance aproximado de 3,760,616 personas a nivel nacional.

INAB: en su Memoria de Labores 2022, se destacan dentro de otros, la prevención a través de 179 eventos entre cursos y talleres, en técnicas de combate de incendios forestales y sensibilización en prevención y control de incendios forestales, capacitando un total de 3,242 participantes. Las brechas corta fuego, que se reportaron 51 mil kilómetros, los cuales permitieron la protección de 281,788 hectáreas de bosques y plantaciones incentivadas.

MARN: en su Primer Informe Institucional del MARN del 14 de enero de 2025, solo reporta estadísticas de hectáreas afectadas y algunas acciones de recuperación muy incipientes, siendo su participación marginal en la protección del recurso bosque. 

MAGA: solo reporta ayuda en raciones de alimentos para atender a familias afectadas por efectos del Fenómeno del Niño, temporada de incendios forestales 2023-2024. Ninguna acción de presupresión y supresión de incendios forestales.

Dado que los escenarios de presupresión no son los deseados, se espera que la Temporada de Incendios 2024-2025 sea similar a la del año anterior (2023-2024). Esto se debe, en parte, a que las condiciones meteorológicas pronosticadas por Met Office indican que «el pronóstico para 2025 sugiere que probablemente será el tercer año consecutivo en que las temperaturas superen los 1,3 °C». Según las perspectivas para 2025, podría ser uno de los tres años más cálidos registrados con datos modernos. Por lo tanto, no sería de extrañar que la afectación de los bosques de Guatemala sea similar a la de la Temporada de Incendios 2023-2024.

Es evidente que la continuidad de temperaturas elevadas y la ausencia de acciones preventivas efectivas aumentan el peligro de que los incendios forestales continúen impactando severamente los ecosistemas del país.

 

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[1] La Metodología para la evaluación de daños y pérdidas (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2020), adaptada por el Ministerio de Agricultura de Chile (2022), se utiliza en este informe para estimar el costo económico derivado de los daños. En este caso, se considera únicamente el costo por daños, es decir, el costo de reposición o reparación de activos físicos y existencias total o parcialmente destruidas en las áreas afectadas por el desastre. No se incluyen las pérdidas, que se refieren a los cambios en los flujos económicos derivados del desastre, ya que el enfoque está en la evaluación de la destrucción del stock de capital.

[2] The Cost of Fire An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis. World Bank Document

[3] https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/politicas-macroeconomicas/informes/informe-de-costos-de-incendios-forestales-al-3-de-abril

[4] https://conred.gob.gt/wp-content/uploads/Estrategia-nacional-para-la-ges...

[5] Protocolo-Nacional-Temporada-de-Incendios-Forestales-y-No-Forestales.pdf

[6] DCS_20230929_V7_PNR2023JULIO.pdf

  

 

 

 

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