La absurda convicción por la salud privada

Empecemos por los seguros. En Guatemala, aunque en teoría están regulados, en la práctica resultan complejos, a menudo inoperantes o simplemente inalcanzables. No son competitivos si se comparan con las aseguradoras internacionales, tanto en servicios como en coberturas. Lo sé de primera mano, porque en el caso de mi madre, obtener un seguro médico era inviable: como sobreviviente de cáncer desde 2009 y mayor de 60 años, la única opción disponible exigía una anualidad de al menos Q42,000, y eso con primas llenas de restricciones. En lugar de ser una solución accesible, los seguros privados en Guatemala terminan funcionando como un filtro de exclusión para quienes más los necesitan.

Mi madre falleció a finales del año pasado. Como muchos de su generación, desde los años sesenta contribuyó al IGSS con la esperanza de recibir atención digna, aunque hacerlo fue como dejar monedas en una alcancía rota. Desde hace tiempo, el sistema del seguro social en Guatemala oscila entre la supervivencia y el abandono, atrapado en el vaivén de la corrupción. Cuando apareció la enfermedad por primera vez, con una determinación inquebrantable, logró ser atendida por cáncer de seno en el IGSS. No fue fácil: requirió insistencia, algo de suerte y enfrentar múltiples obstáculos burocráticos. Sin embargo, el tratamiento público nunca fue suficiente, en paralelo inició un largo camino de gastos médicos privados que sumaron alrededor de Q30,000 anuales durante más de quince años. Finalmente, tras cinco años de lucha, la enfermedad entró en remisión, aunque el costo emocional y financiero ya había dejado huellas imborrables.

El caso de mi madre no parece ser único, y los datos lo respaldan, según la Organización Panamericana de la Salud, Guatemala tiene un gasto público en salud bajo. Mientras que en 2021,Guatemala destinó solo el 2.33 % de su PIB al gasto público en salud, El Salvador asignó aproximadamente el 4.7 %, Colombia alrededor del 6.4 %, y Cuba, con su modelo de salud universal, superó el 10 % de su PIB en este rubro. Además, en Guatemala, el gasto de bolsillo de los ciudadanos representó el 60.98 % del gasto total en salud, lo que evidencia una alta carga financiera para la población en comparación con otros países de América Latina que tienen sistemas de salud más robustos y financiados por el Estado. 

Durante su tratamiento por cáncer de seno, mi madre decidió retirarse de su trabajo como maestra estatal. Comenzó su estatus de jubilada en un vaivén de citas esporádicas en el Seguro Social y visitas cada vez más frecuentes a médicos particulares, cuyos honorarios en la Ciudad de Guatemala oscilan entre Q500 y Q800 por consulta de 20 minutos en promedio, y dependiendo de la especialidad, así como exámenes de diagnóstico muy frecuentes cuyos costos oscilan en los centros privados entre Q250 y Q7,000. En pocos años, notamos que, cada mes, el porcentaje de su jubilación asignado al tema médico aumentaba. Su pensión era muy cercana al salario mínimo, y, durante los 15 años de supervivencia al cáncer, los costos representaron alrededor del 60 % de sus ingresos, aproximadamente medio millón de quetzales.

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Esta cruda realidad se suma a una problemática estructural según datos proporcionados por el IGSS al Congreso de la República en 2024, el 34 % de los jubilados recibe apenas Q500 mensuales (31,000 personas), mientras que otro 33 % percibe entre Q1,501 y Q2,000 (30,000 jubilados), montos que resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas y gastos médicos recurrentes. En contraste, solo el 1.7 % de los jubilados (1,543 personas) recibe una pensión superior a Q6,001. Esto significa que más de dos tercios de los pensionados en Guatemala sobreviven con montos que apenas cubren el costo de una vida digna, mucho menos el impacto de una enfermedad crónica. Aun así, mi madre, de naturaleza persistente y disciplinada, se aferró a su rutina de dietas, ejercicios y chequeos, como quien intenta mantener en pie un edificio con varas de asolear ropa, enfrentando no solo la enfermedad, sino también un sistema que no garantiza el bienestar de quienes han dedicado su vida al servicio público.

Se autodenominaba sobreviviente de cáncer y así pasó el tiempo. Las visitas al IGSS se volvieron cada vez más esporádicas y frustrantes, y un sistema que delegaba cada vez más servicios a empresas contratadas, una modalidad que, además de ser lenta, rara vez garantiza calidad. En su caso, la atención fue tan deficiente que no fue hasta 2023, casi por misericordia de un médico bien intencionado —pero evidentemente sobrepasado por el sistema—, que logró obtener una tomografía. Era de baja resolución, insuficiente para un diagnóstico preciso, pero suficiente para confirmar lo peor: un tumor hepático. Una metástasis.

A partir de ahí, comenzó una carrera contra el tiempo: citas con especialistas, exámenes de laboratorio, estudios de imagen más avanzados con y sin contraste, y un desembolso inmediato de al menos Q20,000 solo para obtener un diagnóstico que el IGSS no habría podido proporcionar en menos de seis meses. Y es aquí donde realmente comienza la historia que quiero contar. No solo la de mi madre, sino la de un sistema de salud colapsado y de una sociedad que, entre la indiferencia y la resignación, parece haber perdido la batalla por la dignidad en la atención médica.

Después de perder la esperanza en el seguro social, recurrimos a la medicina privada, conscientes de que las opciones eran escasas y los costos elevados. Sabíamos que los seguros de salud no eran una alternativa viable: desde la primera cotización en 2013, cualquier póliza con cobertura mínima para cáncer costaba más de $500 mensuales, con aumentos programados y condiciones restrictivas. Rápidamente comprendimos que este problema no era exclusivo de Guatemala, sino un reflejo de una crisis global en el acceso a la salud. Un ejemplo extremo de este malestar es el reciente asesinato del CEO de UnitedHealthcare en Nueva York, un recordatorio de que, incluso en países con sistemas de salud más desarrollados, pagar no siempre garantiza una atención adecuada.

En Guatemala, la pandemia transformó el mercado de los seguros médicos. Según la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), la participación de los seguros de gastos médicos y de vida en el total de primas pasó del 38 % en 2008 al 55 % en 2021, lo que evidencia un mayor interés en la protección médica privada. Sin embargo, este crecimiento no ha significado mayor accesibilidad: las pólizas siguen siendo costosas, con coberturas restringidas y múltiples exclusiones, lo que deja a la mayoría de la población sin una opción real de financiamiento para la salud. En un país donde el sistema público es insuficiente y el privado inaccesible, la salud se convierte en un lujo que solo unos pocos pueden costear.

La salud privada se convirtió en la única opción viable para quienes necesitan atención inmediata, pero a un costo prohibitivo, aún así recorrimos varios centros médicos —digamos, los más afamados de Guatemala— donde la fama, por cierto, no garantiza calidad. Otro paquete de estudios cada vez más específicos y caros que oscilaban entre Q2,000 a Q7,000 cada uno, y visitas a la avenida de los hospitales de la zona 10 en la capital, en donde se necesita tener disponible al menos Q500 para consulta y entre Q50 a Q100 para parqueos. Terminamos en un hospital «estrella» y de renombre del país. Este hospital, cuya área especializada es dirigida por el profesional que realiza trasplantes de hígado en Guatemala, resultó ser más un negocio que una institución médica, con costos iniciales de unos Q160,000 en gastos hospitalarios, sin contar gastos médicos. 

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Pronto nos dio la impresión de que el grupo de médicos parecía más interesado en lucrar con procedimientos y medicamentos impagables que en salvar vidas; por ejemplo, inmunoterapia de seis tomas cada uno a Q250,000 en donde hasta firmas de abogados estaban involucradas para favorecer con recetas de medicamentos de precios prohibitivos a las farmacéuticas. Por suerte, o por milagro, mi madre no fue sometida a las fantásticas y supuestamente avanzadas cirugías, ni a las milagrosas medicinas que habrían ayudado a seguir enriqueciendo a todo el equipo involucrado. Literalmente, ya internada y en cama, el médico ofrecido para efectuar uno de los procedimientos, simplemente no se presentó, por estar en otro continente,  y que había implicado comprometerse con costos adicionales cercanos a los 10 mil dólares. Al no presentarse, mi mamá salió por propio pie del dichoso e irresponsable hospital.

Y aquí llegó al segundo cambio catastrófico: si bien, durante la pandemia se vieron muchos casos heroicos, en la práctica prevalece la idea de que la medicina es una profesión para enriquecerse, porque, si es caro es bueno. En Guatemala, el fallido modelo basado en la máxima ganancia, no solo ha creado una vergonzosa brecha en los servicios de salud, sino también una generación de médicos especialistas, muchos con especializaciones de dudosa pertinencia,  que ven a los pacientes como oportunidades de negocio. Mi madre enfrentó a varios de estos «profesionales», quienes estaban, insisto, más interesados en el monto de sus honorarios que en su diagnóstico, lobos con disfraz de oveja y en bata. Por ejemplo, un primer médico especialista —dicho sea de paso, exbecario en especialidad de un programa de cooperación asiático—, nos pidió de primas a primeras unos «Q400,000 para ver en tres días el caso y si no, pues espere al IGSS». Por supuesto, no todos son así, pero en este país, y al parecer  en varios lugares del mundo, los buenos médicos son como estrellas fugaces: brillan poco y cada vez se ven menos.

El Instituto de Seguridad Social, por su parte, es una institución fallida. Los pocos profesionales comprometidos que quedan están atrapados en un laberinto burocrático que hace que el paciente, poco a poco, asuma que su única salida es esperar la muerte, una política institucional de facto. Las recetas se entregan a diestra y siniestra, a la sombra de dudosos proveedores. Hay medicina, pero el compromiso humano parece ser un lujo raro y casi inexistente. Los esquemas, a todas luces, no responden al paciente, sino a intereses, por decir lo menos, opacos. En esta historia mi mamá no llegó ni a las citas programadas, en ese ir y venir de un diagnóstico privado y que el IGSS simplemente no aceptaba. Eso sí, sufrió largas colas, frío en las madrugadas, pésimas condiciones, instalaciones improvisadas, abusos a su dignidad, falta de información clara, violaciones a derechos humanos básicos de parte del personal.  Al menos tuvo la suerte de no convertirse en conejillo de indias para los aprendices en residencia del IGSS: murió en casa, en espera de una cita en la unidad encargada. Sin atención en lo privado, ni en lo público. ¿Cuántos casos como el suyo se repiten a diario? Muchos ¿Seguirán habiendo historias así? Sí, y muchas porque hemos permitido que así sea. Personalmente creo que en el fondo no nos importa, porque la atención la ponemos entre la sobrevivencia y el consumismo.

Mientras sigamos creyendo en ideas erróneas que solo benefician a unos pocos, seguiremos viendo por todos lados jornadas, colectas, bingos, fondeos en digital y donaciones  para cubrir lo que debería ser un derecho universal. Seguiremos afanados en pagar lo que el seguro social o privado no cubren, aceptando la injusticia, porque nos acostumbramos y así perdimos la dignidad para la salud, la educación, el transporte público… sin inmutarnos. Mi hermana dice que mi madre está en paz, y al ser una lideresa comunitaria, vimos que murió con cierto aire de santidad, así que creo que ella tiene razón. Pero nosotros, los de este lado, seguiremos sin paz, porque la paz es fruto de la justicia, y aquí eso no existe, y pareciera que, por impavidez, no nos queda más que aspirar a la paz eterna.