La arquitectura invisible de la dominación empresarial

En 2018, Plaza Pública elaboró un reportaje titulado Empresarios con poder: al menos 58 instancias del Estado en las que las cámaras tienen voz o voto. La reacción del gran empresariado, nunca en público, pero manifestada una y otra vez durante años cada vez que salía el tema, fue por un lado relativizar el hallazgo asegurando que en realidad era un sistema plural, con múltiples actores, en el que su papel se diluía. Y por otro, criticar que no se hiciera el mismo análisis acerca de la presencia de la Universidad de San Carlos (USAC).

El mapa de la USAC no solo existía, sino que lo había publicado ella misma. Así, lo que quiere presentarse como un sistema plural, en la práctica, no lo es.

Lo evidencian los primeros resultados de una investigación en curso llevada a cabo por Oxfam. Pese a que existen 175 entidades representadas en estos espacios, son entidades públicas y actores privados, los que hoy dominan el 76 % de las representaciones en 67 instancias decisorias del Ejecutivo y entidades autónomas.

La sociedad civil, la academia, los sindicatos quedan marginados frente a los que gozan de un lugar privilegiado en esta red de toma de decisiones públicas. Participan de forma más dispersa y fragmentada y sus posiciones de incidencia son más específicas y menos frecuentes.

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No es solo eso. El análisis de las conexiones en la red permite calcular el poder relacional que se deriva no tanto de estar conectado con muchos otros actores, como de estar vinculado también con los que son más influyentes. El panorama que refleja el diseño de estos espacios corporativos es claro: el Ministerio de Economía, conocido por haber sido tradicionalmente un feudo del establishment empresarial, está en la cúspide, con la mayor puntuación posible de centralidad (1) y un total de 32 conexiones, seguido de dos organizaciones del sector privado, el CACIF, y la Cámara de Industria, que no solo forma parte del CACIF sino que es una de las más poderosas dentro de él.  Después aparecen de nuevo dos ministerios, el de Finanzas y el de Agricultura, y justo debajo encontramos de nuevo a tres organizaciones empresariales, dos de las cuales pertenecen a CACIF (la Cámara del Agro y Agexport) y una tercera que lo ha hecho durante mucho tiempo, aunque ahora está separada de la patronal (la Cámara de Comercio).

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Ese es el corazón del sistema, y gira en torno a la institucionalidad económica.

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Muchas organizaciones forman parte, pero son pocas, por diseño, las que cuentan y gozan de posiciones verdaderamente influyentes. Aunque hay 175 entidades, el 85 % de las conexiones se concentra en el 15 % de los actores. La estructura no distribuye el poder, sino que lo reproduce en un círculo cerrado. La densidad de los vínculos es baja, pero se trata de una red poco fragmentada: consta de un componente principal (a la derecha) que concentra casi todos los vínculos y actores, y dos secundarios, raquíticos.

La mayoría de las organizaciones, incluidas las menos poderosas del sector empresarial, sobreviven en los márgenes. De la academia, la Universidad de San Carlos (USAC) es la más visible con un nivel mediano de poder de influencia. Universidades privadas y colegios profesionales tienen, según el análisis, una participación casi testimonial. En la sociedad civil, organizaciones indígenas y sindicatos muestran presencia en espacios específicos, pero es una presencia fragmentada con escasa influencia en políticas macro.

El tipo de decisiones que se toman en estos espacios —o la ausencia deliberada o sistemática de decisiones estratégicas— varía mucho. Aunque las hay desde algunas que definen aspectos cruciales de la economía —como tasas de interés y tipos de cambio— hasta otras que tienen que ver con contrataciones públicas, traslados de personal, pasando por disposiciones de inversión o concesiones.

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Esta arquitectura refleja un corporativismo histórico, donde el Estado otorga cuotas de poder a grupos organizados, excluyendo a otros. Su lógica refleja lo que el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Harvard ya advertían en 2006 en La política de las políticas públicas: «El sector empresarial influye en la formulación de políticas en toda América Latina, pero en ningún lugar tanto como en Guatemala».

Hace un año, Econonuestra, un informe de Oxfam sobre la desigualdad, advertía cómo el problema de desempeño de las democracias en América Latina y el Caribe es en realidad el resultado de su carácter oligárquico y poco consolidado; es decir, de sus rasgos menos democráticos. Señala como ejemplar el caso de Guatemala y destaca que, en 2023, el índice de calidad de las élites situaba a las guatemaltecas como las peores de la región después de las de Venezuela: «la guatemalteca como una élite rentista que aprovecha su poder para extraer más valor del que crea».

Este es uno de los mecanismos mediante los que la desigualdad política y la desigualdad de poder engendran también desigualdad económica. Esto puede estar relacionado con el hecho de que Guatemala fuera, en 2023, el país en el que sus habitantes tenían la mayor percepción de captura del Estado en el CA4.

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Este entramado constituye un obstáculo todavía no abordado por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, pero en buena medida está en su mano desmantelarlo, modificarlo o fortalecerlo: muchos de estos espacios están regulados mediante acuerdos gubernativos o reglamentos.

Para esta investigación, Oxfam construyó, con información oficial, la mayor base de datos sobre este tema conocida hasta la fecha: abarca 39 años, desde 1986 hasta finales de 2024. Contiene 11 mil registros, aunque no es exhaustiva, por dos motivos: no abarca múltiples ámbitos del Estado en el que también existen espacios de naturaleza corporativista, y muchas instituciones públicas tenían información incompleta.