La tierra en disputa: desigualdad, poder y política agraria

América Latina y el Caribe constituyen históricamente las regiones con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra a nivel mundial. El coeficiente de Gini para la tierra alcanza en promedio 0.84 —similar al de Guatemala—, un valor superior al registrado en Oriente Medio y África del Norte (0.73), Asia (0.56) y África Subsahariana (0.51). De hecho, 18 de los 23 países con mayor desigualdad de tierras en el mundo se ubican en esta región (Gáfaro, Ibáñez, Sánchez-Ordóñez y Ortiz, 2025). Esta concentración agraria, lejos de ser un factor marginal, constituye un eje estructural para comprender la persistencia de la desigualdad económica y social. 

Es decir, la persistencia de la desigualdad en América Latina y el Caribe (ALC) tiene una raíz profunda en la histórica de concentración de la tierra. Este fenómeno, con un coeficiente de Gini promedio de 0.84, convierte a la región en una de las más desiguales del mundo en materia de propiedad agraria. Sus orígenes se remontan a la colonia, cuando instituciones como la encomienda, la mita o el concertaje configuraron estructuras de poder económico y político que aún perduran. Las élites descendientes de esos grandes propietarios siguen ocupando posiciones privilegiadas, lo que ha limitado históricamente la inversión en educación y el acceso equitativo a los recursos productivos.

Aunque la agricultura ya no domina el PIB regional, su peso en la desigualdad sigue siendo decisivo: la desigualdad del ingreso agrícola representa una fracción considerable —alrededor del 35 %— de la desigualdad total de ingresos. Dos mecanismos refuerzan este patrón: la brecha de ingresos entre el mundo rural y el urbano, y las fuertes desigualdades dentro del propio sector agrícola, donde unos pocos concentran la tierra y los beneficios, mientras millones de pequeños productores sobreviven con ingresos mínimos.

Así, la desigualdad agraria se traduce en desigualdad de oportunidades: el lugar de nacimiento y el origen social determinan las posibilidades de educación y movilidad. La brecha rural-urbana, unida a servicios públicos insuficientes, consolida la transmisión intergeneracional de la pobreza.

En conjunto, la estructura agraria de ALC no es un problema sectorial, sino un pilar estructural de la desigualdad económica y social. Abordar sus causas históricas y sus efectos productivos es esencial para romper el círculo de exclusión que aún define gran parte del desarrollo latinoamericano.

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Por su parte, Gáfaro et al. (2025) demuestran que la desigualdad en la distribución de la tierra, componente estructural del ingreso agrícola desigual, explica una proporción similar de la desigualdad total. Los hogares rurales con mayores recursos se distinguen por una marcada diversificación de ingresos: combinan la producción agrícola con salarios y actividades no agrícolas que en algunos casos superan el 50 % de sus ingresos. En contraste, los hogares más pobres dependen casi exclusivamente de explotaciones de subsistencia, lo que limita su rentabilidad y restringe sus posibilidades de movilidad social. Los autores utilizan el término explotaciones de subsistencia (subsistence farming) para referirse a un patrón de producción agrícola caracterizado por la prevalencia de fincas pequeñas y muy pequeñas que operan con una alta intensidad de mano de obra y que están asociadas con bajos ingresos para los hogares agrícolas.

La dimensión política resulta clave para entender la persistencia de estas brechas. Incer (2016) documenta cómo, en la Guatemala de la posguerra, los intereses empresariales han ejercido una influencia determinante en el diseño de las políticas agrarias. Pese a los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz, las condiciones de vida en las áreas rurales no han mejorado de manera sustancial y la distribución de la tierra continúa siendo profundamente desigual. El Fondo de Tierras, concebido como un instrumento de redistribución, ha derivado en dinámicas de clientelismo y altos niveles de morosidad, debilitando tanto su legitimidad como su impacto redistributivo.

Las cifras ilustran con claridad esta situación. Al cierre de 2022, el Fondo de Tierras había otorgado únicamente 280 créditos para la compra de igual número de fincas, beneficiando a 20,009 familias campesinas y cubriendo 94,139 hectáreas con una inversión de Q1,587.9 millones (Fondo de Tierras, 2023). Sin embargo, frente a las 718,585 fincas sin tierra o con tierra insuficiente estimadas en 2014 (Gobierno de Guatemala, 2014), el alcance resulta marginal. Además, la política agraria ha reproducido desigualdades de género: el 87 % de los beneficiarios han sido hombres y solo el 13 % mujeres (Fondo de Tierras, 2023). En síntesis, más del 90 % de las fincas corresponden a pequeños productores que apenas logran subsistir, mientras que un reducido 3.11 % de explotaciones comerciales concentra los recursos (Fondo de Tierras 2023).

A pesar de la magnitud de estas cifras, el reparto agrario ha desaparecido del debate público nacional. Ni los partidos políticos ni los movimientos sociales lo colocan hoy en el centro de la agenda, y los gobiernos, desde finales de los años noventa, han confiado en la distribución de tierras vía mercado, institucionalizada con la Ley del Fondo de Tierras (Congreso de la República de Guatemala, 1999). La paradoja es evidente: el problema es ampliamente reconocido, pero el debate sobre su solución se elude de manera sistemática.

En este contexto, se plantea la necesidad de un modelo de reparto agrario focalizado y técnicamente fundamentado, un «modelo quirúrgico» que supere las soluciones generales y poco efectivas del pasado. Lo «quirúrgico» implica una intervención selectiva, estratégica y de alto impacto, orientada a transformar estructuralmente la realidad agraria sin caer en esquemas polarizantes ni en soluciones de mercado insuficientes: identificar con precisión a los hogares rurales más vulnerables, aplicar criterios técnicos, financieros y productivos en la redistribución, y potenciar las capacidades de miles de familias campesinas que han demostrado resiliencia en condiciones adversas. Al mismo tiempo, este enfoque debería incentivar la reconversión de los grandes latifundios hacia esquemas inclusivos y sostenibles.

Este planteamiento dialoga con las críticas de Elizabeth Oglesby (2002, 2013) a la élite azucarera guatemalteca. La autora muestra cómo, tras las huelgas campesinas de los años ochenta reprimidas con violencia, la élite adoptó en la siguiente década estrategias de legitimación basadas en la responsabilidad social corporativa (RSC) y en alianzas público-privadas. 

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La RSC en Guatemala emergió durante la posguerra como un dispositivo de legitimación empresarial frente a las tensiones sociales derivadas del conflicto armado. Según Oglesby (2002, 2013), la adopción del discurso de la RSC por parte de la élite azucarera representó una estrategia de control social y político, orientada a reconfigurar la relación entre capital y trabajo en la costa sur. La creación de la Fundación del Azúcar (FUNDAZUCAR) en 1990 institucionalizó programas sociales que pretendían mostrar una nueva “conciencia social” del empresariado, coherente con el paradigma de desarrollo promovido por el Banco Mundial y el PNUD, basado en alianzas público-privadas. 

Estas iniciativas —centradas en vivienda, salud y educación— funcionaron, sin embargo, como mecanismos de externalización de costos laborales y consolidación del poder territorial del capital (Oglesby, 2013). Harvey (2003) y Oglesby (2013) sostienen que la RSC opera como una «máquina anti-política», despolitizando la desigualdad y presentando la filantropía empresarial como sustituto de la justicia social. En este sentido, la RSC en Guatemala no solo refleja una adaptación neoliberal del discurso del desarrollo, sino también una reformulación del dominio oligárquico bajo el lenguaje de la responsabilidad (Harvey, 2003; Oglesby, 2013).

Frente a ello, un modelo agrario quirúrgico no puede limitarse a reproducir la lógica de «crear oportunidades» sin redistribuir la riqueza, como advierte Oglesby. Por el contrario, debe romper con la cooptación de instituciones públicas y comunitarias, garantizar una participación social y política realmente inclusiva y reconocer que las condiciones de trabajo cambian según el origen social y el lugar donde vive y trabaja cada persona tal como ya se dijo arriba. Solo así sería posible trascender los programas superficiales de asistencia y abordar de manera directa la concentración del poder y los recursos. En este sentido, lo quirúrgico no se reduce a una cuestión técnica de focalización, sino que supone intervenir en los núcleos de poder que sostienen la desigualdad, transformando tanto las condiciones de vida campesinas como la forma en que los grandes intereses empresariales se relacionan con la sociedad y el Estado.

Así, desde diferentes perspectivas, los estudios convergen en una conclusión común: la desigualdad rural es un fenómeno estructural, sostenido tanto por dinámicas productivas como por relaciones de poder y por la captura institucional del Estado.

En conclusión, la desigualdad en la tenencia de la tierra en América Latina, y particularmente en Guatemala, no es únicamente un problema productivo, sino la expresión de estructuras de poder profundamente arraigadas. Las políticas vigentes han mostrado ser insuficientes para revertir las brechas históricas, mientras que el debate público sigue evadiendo la discusión de fondo. Superar esta situación requiere voluntad política y un rediseño estratégico de las políticas agrarias que combine equidad, sostenibilidad e inclusión social. Solo a través de un replanteamiento profundo será posible transformar la relación entre tierra, poder y desigualdad.

Referencias

• Congreso de la República de Guatemala. (1999). Decreto número 24-99: Ley del Fondo de Tierras y su reforma. Ciudad de Guatemala: Congreso de la República de Guatemala.
• Fondo de Tierras. (2023). FT-UIP-433-2023. Ciudad de Guatemala.
• Gáfaro, J., Ibáñez, A. M., Sánchez-Ordóñez, C., & Ortiz, J. (2022). Farm size and income distribution of Latin American agriculture: New perspectives on an old issue (IDB Working Paper Series No. 14691). Inter-American Development Bank. https://doi.org/10.1093/ooec/odae024
• Gobierno de Guatemala. (2014). Política agraria: Acuerdo gubernativo 372-2014. Ciudad de Guatemala: Gobierno de Guatemala. Recuperado de https://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Desarrollo%20Agropecuario/Politica_Agraria_2014.pdf
• Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.
• Incer Munguía, J. E. (2016). La influencia empresarial en la política agraria en la Guatemala de la posguerra. Revista Eutopía, 1(2), julio-diciembre. https://revistas.url.edu.gt/index.php/eutopia/article/view/103
• Oglesby, E. (2002). Oglesby, E. (2002). Politics at work: Elites, labor, and agrarian modernization in Guatemala, 1980–2000 [Tesis doctoral, University of California, Berkeley]
• Oglesby, E. (2013). We’re no longer dealing with fools: Violence, labor, and governance on the South Coast. En C. McAllister & D. M. Nelson (Eds.), War by other means: Aftermath in post-genocide Guatemala (pp. 143–169). Duke University Press.