México y Centroamérica en el segundo mandato de Trump

Estados Unidos es un jugador de enorme peso en cada país. Siempre impulsando sus propios intereses, Washington gravita en la política local, en la migración, en el comercio, en el sistema de justicia, e incluso en el destino de los presidentes, mientras lo son y cuando dejan de serlo.

En nuestra región, Trump prioriza como temas candentes para 2025-2029:

1. China: acotar el comercio, la inversión y la diplomacia de Beijing e imponer tarifas a los productos mexicanos, si México realiza el ensamblado y la exportación de autos eléctricos chinos a EE.UU.;

2. Migración: contener a los migrantes y solicitantes de refugio mediante un despliegue militar, tecnológico y jurídico para atajar los flujos de personas con el propósito de ingresar a territorio estadounidense;

3. Fentanilo: destruir laboratorios y designar a los cárteles que lo introducen en EE.UU. como organizaciones terroristas, sujetas a ataques unilaterales de Washington en territorio mexicano. 

Vaya contraste con los objetivos declarados del gobierno del presidente Joe Biden (20 enero 2021-20 enero 2025), a través de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID): fortalecer el Estado de derecho; reducir la corrupción y la impunidad para frenar a los autócratas, y convencer a centenares de miles de centroamericanos que no migren a Estados Unidos.  El mandatario envió a su vicepresidenta Kamala Harris con un mensaje inequívoco para los migrantes: «No vengan».  

Biden perfiló inversiones por 4 mil millones de dólares mediante un Plan para construir seguridad y prosperidad en alianza con los pueblos de Centroamérica[1], que fue desmentido tres veces por los hechos: no hubo alianza con los pueblos,tampoco prosperidad compartida, y menos aún seguridad.  En el mejor de los casos, esa cifra reflejaba planes de reinversión de las empresas estadounidenses en el istmo, pero no necesariamente recursos frescos.

Washington no tiene como prioridad ni a México ni a Centroamérica, pero en los tres países del norte del istmo juega como un factor interno de poder, no como un actor externo.  

Sin embargo, no todo se decide por las acciones de Washington.  Nuestros países siguen siendo vastos sistemas de segregación, que concentran la riqueza y el ingreso en pocas manos, y expulsan a las mayorías para obligarlos a buscar el sustento familiar más allá de las fronteras. 

La economía es controlada por oligarcas, el sistema político por personas que operan al servicio del poder y no de los ciudadanos, y la procuración e impartición de justicia sirven a quienes pueden aceitar la maquinaria con dinero e influencia política.  Del lado estadounidense surge el contradictorio mensaje de «necesitamos brazos», y al mismo tiempo criminalizan a quienes acuden sin papeles al llamado, dado que las vías de acceso formal son insuficientes y están eternamente burocratizadas.

Las bandas mexicanas del crimen organizado de alcance global han extendido sus operaciones en los países centroamericanos.  Más allá del narcotráfico, hoy controlan territorialmente, a través de bandas locales, el comercio clandestino de armas, la trata y el contrabando de personas, el tráfico de órganos humanos y otras actividades criminales.

En Honduras, el gobierno del presidente Barack Obama fue funcional en el golpe de estado en contra del presidente Mel Zelaya (enero 2006-junio 2009). Después vinieron doce años de gobiernos vinculados al crimen organizado, y particularmente el del presidente Juan Orlando Hernández (enero 2014-enero 2022), extraditado a Estados Unidos y condenado en Manhattan en marzo de 2024 por tres cargos de narcotráfico; cumple una condena de 45 años en una prisión neoyorquina. 

Tras la  defenestración de Hernández no ha variado mucho la distribución del poder en Honduras, de modo que el crimen organizado mantiene el control del territorio, que registra tasas de homicidio violento muy superiores a las de México, Guatemala y El Salvador^[2]. Los defensores de derechos humanos y los ambientalistas señalan como responsables de la violencia a las organizaciones criminales, pero también al propio gobierno, a las pandillas y a algunos empresarios de industrias extractivas, todos ellos protegidos por pactos de impunidad. 

En contrapartida, en Guatemala el gobierno estadounidense desplegó convincentemente la zanahoria y el garrote, para que legisladores del llamado «pacto de corruptos» —que operó a sus anchas durante los mandatos de los presidentes Jimmy Morales (2014-2019) y Alejandro Giammattei (2019-2024), y que sigue operando fundamentalmente a través de la fiscalía general bajo su control— dieran curso a la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de León, en los primeros minutos del 15 de enero de 2024, tras repetidos amagos para impedirla. Washington abrigaba un temor fundado de que una interrupción de la transmisión del poder constitucional podría convertirse en un nuevo detonador del éxodo migrante guatemalteco hacia el norte.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele impulsa un modelo político autocrático que centraliza el poder en su persona. Ha reducido la tasa de homicidios violentos por cada 100,000 habitantes de 36 en 2019 a 2.4 en 2023, aunque es imposible auditar o cotejar las cifras oficiales con fuentes independientes.  Bukele ha tenido roces con el gobierno de Biden, que ha criticado sus acciones contra la democracia y la independencia judicial.  

El 1 de junio de 2024 Donald Trump Jr., y Matt Gaetz, —nombrado cinco meses después por el presidente electo Donald Trump como fiscal general— asistieron a la juramentación de Bukele para su segundo mandato. Junto con sus hermanos, el mandatario reelecto de manera inconstitucional controla a los poderes ejecutivo, legislativo (57 de 60 asientos en el Congreso) y al poder judicial, así como al ejército, a la policía y a los organismos llamados autónomos. El estado de emergencia lleva dos años y medio, y hay 80,000 personas encarceladas, una por cada 80 habitantes del país.

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En Nicaragua la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto una estrategia de silencio total al resto de la sociedad.  Hoy no existe más el periodismo impreso, y cualquier disidencia es etiquetada como un delito de terrorismo o de traición a la patria. El ejército y el gran capital criollo han sido funcionales a esta consolidación autoritaria. La dupla Ortega-Murillo logró materializar un acuerdo con el gobierno de Biden para que en febrero de 2023 Washington recibiera a 222 disidentes enviados al exilio forzoso y despojados de la ciudadanía nica.

Costa Rica alberga alrededor de 1.3 millones de personas nicaragüenses que han dejado su país, sea para buscar oportunidades económicas o escapar de la dictadura Ortega-Murillo.  La prolongada tradición democrática del país se ve hoy erosionada por transgresiones del orden constitucional y el debilitamiento de los contrapesos en la política.  El presidente Rodrigo Chaves recién condecoró a Bukele en su más reciente visita a San José -contra la opinión mayoritaria de las instituciones democráticas ticas-, y ha tomado posiciones cercanas al trumpismo.

En Panamá el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha tomado medidas para reducir drásticamente el tránsito de migrantes a través del Tapón del Darién -por donde acceden a la región la mayor parte de los migrantes extracontinentales-, lo que es consistente con la política de contención migratoria del trumpismo.

Como es evidente, hay una gran fragmentación política entre los países centroamericanos; no se puede hablar de la región como un bloque homogéneo que asumirá posturas compartidas ante el gobierno de Trump.  Honduras y Nicaragua son representantes de la llamada izquierda populista, lo que teóricamente los alejaría de Trump, «aunque se reencuentren en sus estilos de liderazgo» como señala acertadamente la expresidenta tica Laura Chinchilla^[3].

Trump, México y «los países mexicanos»^[4]

Donald Trump etiquetó desde julio de 2015 a los migrantes mexicanos como violadores y narcotraficantes.   No tardamos mucho en darnos cuenta de que esos epítetos estaban dirigidos a todas las personas al sur del río Bravo que son de piel morena, católicas, y hablan español. Más grave aún, que esos calificativos se asociarían a los migrantes para etiquetarlos como criminales que roban, matan y violan. 

El primer mandato de Trump discurrió entre enero de 2017 y enero de 2021.  En 2018, Fox News dio cuenta de que el inquilino de la Casa Blanca había suspendido la ayuda a los gobiernos de «tres países mexicanos»: Guatemala, El Salvador y Honduras, por malversación de fondos del gobierno estadounidense.

Trump aseguró también que los migrantes venezolanos habían infectado a una localidad del estado de Colorado y prometió «limpiar» al país.  Más adelante se refirió a El Salvador y a Haití como «países que son hoyos de mierda», y en la campaña electoral de 2024 acusó a los haitianos de comerse a los perros y gatos de los estadounidenses.  Y hace unas semanas, vino el pésimo chiste de un comediante que llamó a Puerto Rico «una isla de basura», en un mitin trumpista.

El censo de EE.UU. identifica a tres países de origen de su población hispana o latina: México, Puerto Rico y Cuba.  Al resto, el estadounidense de a pie lo etiqueta como: They are all Mexican – Todos son mexicanos.  Esto nos parece sorprendente, pero también lo es que algunos latinos llamemos «chinos» a japoneses, coreanos, vietnamitas y otras personas del sudeste de Asia, aunque no lo sean.

Si se agregan los migrantes africanos y asiáticos las cosas se complican en grado extremo, porque, aunque no sean mexicanos, entran a EEUU por México, así que, a sus ojos, está ocurriendo una «invasión» cotidiana de gente a quien describen como: They’re not like us – no son como nosotros.  

La «victoria cultural» trumpista es que los inmigrantes de generaciones anteriores, que ya son ciudadanos estadounidenses, se hayan sumado al rechazo a los recién llegados de su país de origen, por temor a perder su lugar en la sociedad estadounidense: «Nosotros somos estadounidenses, no tenemos nada que ver con ellos, que son extranjeros», se deslindan.

¿Qué hará Donald Trump en Centroamérica? 

Antes de que Joe Biden esbozara su (no materializado) plan para defender la democracia en el istmo, Donald Trump ejerció como el presidente 45 de Estados Unidos en agosto de 2018, cuando el gobierno del presidente Jimmy Morales anunció la no renovación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  Su secretario de Estado, Mike Pompeo, indicó que el gobierno de Trump «apreciaba los esfuerzos del gobierno de Guatemala en seguridad y en acciones contra los narcóticos».  Después de esto, los fiscales, jueces, dirigentes políticos, periodistas, y defensores de derechos humanos que denunciaron a expresidentes, miembros del Congreso, ministros del gobierno, y a poderosos narcotraficantes, sufrieron represalias una vez expulsada la CICIG y un número importante se vio forzado al exilio.

Bajo la presidencia de Trump se dio también el fin del mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), auspiciada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que fue desahuciada por el presidente Juan Orlando Hernández en enero de 2020.  

Fueron los respectivos gobiernos nacionales de Guatemala y de Honduras quienes concluyeron dichos mandatos, pero el trumpismo al final no interpuso mayor resistencia y optó por ir con la corriente.

En Guatemala, el pacto de corruptos declaró contra el presidente Arévalo una guerra que amenaza incluso la viabilidad de su mandato. Los oligarcas guatemaltecos tienen una visión del mundo estacionada en la guerra fría y el anticomunismo.  El 21 de octubre de 2024 se conmemoraron 80 años de la Revolución de 1944, que dio pie a la llamada primavera democrática, iniciada con el gobierno del general presidente Juan José Arévalo, padre del actual mandatario, y segada abruptamente por el golpe de Estado apoyado por la CIA en junio de 1954 para derrocar a su sucesor, el presidente Juan Jacobo Arbenz^[5].   Así pues,  los guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses en el exilio forzoso se preguntan hoy si estarán a salvo en EE.UU. durante el segundo mandato de Trump, o si serán presionados para buscar resguardo en otras latitudes. 

Hacia adelante, habrá que partir del diagnóstico contundente con el que el periódico digital El Faro cabeceó su edición del 11 de noviembre: Para Trump, Centroamérica no existe y se reduce al tema migratorio^[6].  Los países de la región solo importan en la medida en que las percepciones de Washington estimen que son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. 

Por su parte, el éxodo mexicano, guatemalteco, salvadoreño y hondureño hacia el norte ha seguido imparable. Si bien el flujo se redujo a partir de enero de 2024, el número de encuentros^[7] de nacionales de estos cuatro países con oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante los años fiscales de 2021, 2022 y 2023 ha sido muy significativo (ver cuadro 1):

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El segundo mandato de Trump tiene lista una «bienvenida» a los migrantes latinoamericanos y de otras latitudes: deportaciones masivas; imposición de gravámenes al envío de remesas desde EE.UU.; fin del programa de autorización temporal TPS (Estatus de Protección Temporal) para salvadoreños, hondureños y haitianos; y conclusión del DACA (Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia), que otorga permisos de trabajo a personas nacidas fuera de EE.UU., que llegaron sin papeles en la infancia.

Las consecuencias de estas medidas serán desastrosas, y nuestra capacidad para amortiguarlas, muy reducida.  Las élites mexicanas cuentan con que el T-MEC, las empresas estadounidenses con negocios en México, y sus contactos políticos, le dirán a Trump que esas medidas son balazos en su propio pie, y evitarán el diluvio, pero quizá los resortes tradicionales de la democracia liberal estadounidense también están muy desgastados o llegando a su fin.  

Apostarle a un mejor futuro de México y del norte de Centroamérica con base en el dinero de Washington es un autoengaño. Trump no le va a meter dinero a Centroamérica; de hecho, las remesas de los propios centroamericanos hacen empequeñecer dramáticamente a los montos por ayuda externa. En el cuadro 2 se comparan los montos respectivos:

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El caso es que los mayores inversores en la economía y en la sociedad centroamericana son los migrantes, pero ello no se reconoce. Nunca está de más recordar que las remesas son salarios privados destinados a la subsistencia familiar. No son recursos públicos, ni tienen por qué ser objeto de orgullo de los gobiernos; más bien apuntan a paliar las insuficiencias gubernamentales. Los oligarcas captan el dinero de los migrantes en sus bancos, en sus centros comerciales, en todo tipo de servicios, y envían ingentes cantidades de dinero a paraísos fiscales.  Vaya paradoja: los pobres meten dinero a sus países de origen, mientras los ricos lo sacan a carretadas.  Ello en el contexto de una carga tributaria promedio muy reducida que, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en 2022 apenas alcanzó el 15.3 por ciento del PIB^[8].  

Más allá del hemisferio occidental, Washington tiene su «plato lleno» con las guerras en Ucrania y en el Medio Oriente; la pugna con China por la hegemonía global; y el intervencionismo del gobierno ruso en tareas de desinformación en las propias elecciones en EE.UU., en países europeos y en América Latina. 

¿De quién se va a rodear Trump?  Será Secretario de Estado el senador republicano Marco Rubio, nacido en Florida de padres cubanos, quien garantiza una «línea dura» en materia migratoria y ha atacado con ferocidad a México «por permitir el paso de migrantes»^[9].  Con su designación, Trump «subcontrata» la política exterior en América Latina y el Caribe, de modo tal que estará sujeta a las filias y las fobias de la comunidad cubano-estadounidense, lo que representará otro motivo de fricción con el nuevo gobierno mexicano.

Matt Gaetz fue postulado en un primer momento por Trump para el cargo de fiscal general.  Se había pronunciado por llevar a cabo operaciones quirúrgicas contra los cárteles mexicanos. Sin embargo, después de que trascendiera que había sido investigado por conductas sexuales indebidas penalizadas por la ley, el propio Gaetz anunció el 21 de noviembre que declinaba su postulación.  Trump ha nominado ahora a Pam Biondi, exfiscal general del estado de Florida.

Michael Waltz será Asesor de Seguridad Nacional de Trump en la Casa Blanca; él busca designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. De lograrlo, Washington podría detonar una Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF) y desplegar recursos cibernéticos, de inteligencia y vigilancia para «desmantelar» a los cárteles. Al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estará Kristi Noem, hasta hoy gobernadora de Dakota del Sur, quien no conoce la frontera, pero le basta con ser una trumpista de línea dura.     

En el rubro migratorio, la eminencia gris es Stephen Miller, quien ya colaboró con Trump en su primer mandato, y que ahora será subjefe de gabinete.   Miller es el ideólogo de la «disuasión migratoria mediante el desgaste», que está detallada en el llamado Proyecto 2025. Fue él quien convenció a Trump de hacer de la migración el principal tema de campaña en los meses finales de la contienda para derrotar a Kamala Harris.  

El nuevo «zar de la frontera» será Tom Homan, jefe de ICE, la agencia que instrumentará las deportaciones masivas; este funcionario tiene décadas de experiencia en realizar redadas de migrantes. En el segundo mandato de Trump va también contra los cárteles mexicanos, equiparándolos con terroristas.   

Estos nombramientos (excepto el de Waltz) requieren la ratificación del Senado.  No hay garantía de que todos la consigan, pero es realista apostar a que pocos legisladores se atreverán a desafiar las designaciones de Trump.

Entre 2020 y 2024, las prioridades políticas se invirtieron en Estaos Unidos: hoy el control migratorio y de fronteras es una elevada prioridad, mientras que la defensa de la democracia en la región ni siquiera se menciona.

¿Qué harán juntos México y Guatemala?

Existe un antecedente cercano de la cooperación mexicana con Centroamérica: el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste de México, presentado el 20 de mayo de 2019 por la doctora Alicia Bárcena, entonces secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), a los presidentes de estos países. El PDI planteó 131 proyectos de desarrollo económico, bienestar social y respuesta al cambio climático, que buscaban contribuir a atenuar la migración, y que en todo caso esta fuese segura, ordenada y regular, como una opción libre y no forzosa^[10]. 

Hubo al menos dos factores que se conjugaron para impedir la instrumentación del PDI:  hizo falta un proceso de apropiación por parte de los presidentes, que no lo hicieron suyo; y tenía como prioridad abatir la migración, —lo que parecía una meta impuesta desde arriba y desde afuera— cuando su objetivo debió de enfocarse en mejorar el nivel de vida de las mayorías de la población.  Adicionalmente, quizá el mayor factor fue que el gobierno estadounidense decidió no invertir en el PDI, y prefirió un abordaje que ponía en el centro la inversión de empresas estadounidenses en la región. 

Las expectativas de los migrantes centroamericanos hacia el gobierno de AMLO apuntaron a una movilidad humana con respeto a los derechos humanos.   Ocurrió lo contrario: los gobiernos se aliaron para instrumentar la contención migratoria militarizada en la región, mientras el crimen organizado se apoderó de las rutas migratorias.   

En 2020, investigadores de seis centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) publicamos once estudios para emprender la promoción de inversiones en infraestructura, oportunidades productivas, de inversión y comerciales, para un desarrollo sostenible e incluyente que dé pie a una mejor calidad de vida para los habitantes de la región transfronteriza México-Guatemala^[11].  Lo más fácil, es decir: aquí necesitamos un ramal de ferrocarril; acá llevar el gasoducto desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos, luego vía el corredor transístmico a Tapachula y después a Guatemala; más allá, construir represas a lo largo de tal río para generar energía hidroeléctrica, viendo a los territorios de comunidades indígenas y campesinas en los estados y departamentos fronterizos como tierra de conquista, lo que resulta inaceptable.

Hoy Chiapas y buena parte de la geografía guatemalteca están controlados por las bandas del crimen organizado que, en complicidad con la narcopolítica, conquistan agua, bosques, territorio, trabajo, transporte, extorsionan a la población y asesinan a quienes promueven la paz^{[12] [13]}. La historia es implacable: en los años 80, miles de guatemaltecos escaparon del genocidio buscando refugio en México.  Cuatro décadas después, en julio de 2024, se dio a conocer que, en el marco de una grave crisis humanitaria, más de 600 personas de comunidades indígenas y campesinas chiapanecas habían huido de la violencia en su entidad y cruzado la frontera guatemalteca^[14]. 

El nuevo gobierno mexicano repite como mantra que la estrategia es abordar las causas de raíz de la migración, y postula un modelo mexicano de movilidad laboral, que hasta ahora solo existe en el papel. De hecho, el 2 de octubre, en el segundo día del mandato de la presidenta Sheinbaum, el uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de agentes del Estado mexicano ocasionó la muerte de seis personas migrantes y diez más resultaron heridas. La Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que esta tragedia no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de la militarización de la política migratoria mexicana^[15]. 

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Con todo, habrá que valorar lo fundamental: se trata de dos gobiernos de países vecinos, que, desde su inicio, parten de un entendimiento al más alto nivel. La importancia que el presidente Arévalo confiere a las relaciones con Estados Unidos y con México se ve reflejada en dos muy acertadas designaciones.  Su embajador en Estados Unidos, el doctor Hugo Beteta, encabezó la oficina regional de la CEPAL en México y conoce al gobierno estadounidense y la operación en la región de los bancos multilaterales con sede en Washington; mientras que su embajador en México, Édgar Gutiérrez Girón, es un excanciller que conoce su país anfitrión y mantiene una amplia red de contactos con la diplomacia mexicana y con la diáspora centroamericana en México. 

Sin embargo, de cara al año fiscal 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una severa restricción presupuestaria. La cancillería mexicana necesita desplegar en Washington y en Ciudad de Guatemala a cuadros experimentados y conocedores de la región para estar a la altura.  Sería una derrota autoinfligida que el entendimiento México-Guatemala fuese rehén de una astringencia financiera o una austeridad mal entendidas.

En el caso de la cooperación entre los gobiernos de Sheinbaum y Arévalo, sería imperativo que se abordara la enorme deuda social con los pueblos mayas: el terrible rezago educativo, la ausencia de servicios de salud pública, y por supuesto, la inseguridad pública.  Cualquier estrategia tendría que plantearse y construirse desde y junto con las comunidades en los estados fronterizos: Chiapas, Tabasco, Campeche, y Quintana Roo; y en los departamentos fronterizos: San Marcos, Huehuetenango, Quiché y El Petén.  

El río Usumacinta se forma cerca del punto donde confluyen los departamentos de Huehuetenango, Totonicapán y el Quiché, y sirve de frontera natural entre México y Guatemala a lo largo de 310 kilómetros. Es una región de selvas húmedas, muy codiciada por industrias extractivas.  Una paradoja más: los habitantes de esta región megadiversa ocupan el sótano en sociedades tan marcadamente segregadas como la mexicana y la guatemalteca. 

¿Pueden y quieren dos gobiernos que se dicen progresistas atender los reclamos históricos de sus propios pueblos?

¿Es necesario reiterar que el presidente Arévalo llegó al gobierno con el apoyo de los pueblos originarios, y sobre todo, de los 48 cantones de Totonicapán?  ¿Se puede dejar de lado que la presidenta Sheinbaum ganó con amplia mayoría en los estados del sureste mexicano, que son los de mayor población indígena?

¿Están los gobiernos de hoy en México y Guatemala dispuestos a invertir en su propia gente, o dejarán las cosas a la inercia y a la deriva, de modo que sus compatriotas se vean forzados a seguir el inexorable camino del éxodo migrante ante la violencia sistémica desbordada y la falta de oportunidades en casa?

Geografía es destino. Guatemala y México compartimos litoral tanto en la costa del Océano Pacífico como en el Mar Caribe. México y Centroamérica tenemos un horizonte compartido. Hagámonos cargo de ello. La migración es parte de nuestra historia y lo seguirá siendo. Es crucial resistir al embate trumpista, pero la tarea fundamental es hacernos cargo de nuestros problemas estructurales, y revertir el neocolonialismo interno, para convertir a nuestros países en lugares habitables. Nada más, pero nada menos.     

 *Una versión preliminar de este texto fue publicada originalmente en la revista mexicana Nexos el 19 de noviembre de 2024 y está disponible en: https://redaccion.nexos.com.mx/mexico-y-centroamerica-en-el-segundo-mandato-de-trump/  

[1] En inglés, Plan to Build Security and Prosperity in Partnership with the People of Central America. 

[2] Los registros para 2023 fueron: Honduras 35, México 26, Guatemala 20 y El Salvador 8 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes. Fuente: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/murder-rate-by-country 

[3] Véase El Faro, 11 de noviembre de 2024.

[4] Una versión preliminar de este segmento fue originalmente publicada en el diario El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/por-mexico-hoy/trump-mexico-y-los-paises-mexicanos/

[5] Recomiendo la extraordinaria película guatemalteca El silencio de Neto, dirigida por el realizador Luis Argueda, que transcurre en junio de 1954, durante el último mes del gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.  Neto y sus compañeros de colegio reciben clases de una maestra que les habla de las enseñanzas del Dr. Juan José Arévalo Bermejo, presidente de Guatemala desde el 15 de marzo de 1945 hasta el 15 de marzo de 1951.  

[6] Entrevista con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y con Emily Mendrala, exasesora del gobierno del presidente Joe Biden sobre temas migratorios, disponible en:   https://elfaro.net/es/202411/centroamerica/27629/para-trump-centroamerica-no-existe-y-se-reduce-al-tema-migratorio 

[7] Estos «encuentros» incluyen aprehensiones, personas inadmisibles y expulsiones. Una misma persona puede ser detenida y removida del territorio estadounidense en más de una ocasión en el mismo año fiscal.  Cfr. https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters 

[8] Medina Bermejo, Abelardo (2023).   https://icefi.org/blog/panorama-de-las-finanzas-publicas-en-centroamerica-2023, 8 de febrero.  La carga tributaria del gobierno central fue de 20.7 % en El Salvador, 19.5 % en Nicaragua, 17.6 % en Honduras, 14.2 % en Costa Rica, 12.1 % en Guatemala, y tan solo 8 % en Panamá. 

[9] Cfr. «Marco Rubio, el hijo de inmigrantes que ataca con ferocidad a México por el paso de inmigrantes. El primer latino en ser jefe de la diplomacia estadounidense personifica el viraje hacia una política de mano dura que despierta el temor al otro lado de la frontera sur», en https://elpais.com/mexico/2024-11-17/marco-rubio-el-hijo-de-inmigrantes-que-ataca-con-ferocidad-a-mexico-por-el-paso-de-inmigrantes.html 

[10] Disponible en: https://www.cepal.org/es/subtemas/plan-desarrollo-integral 

[11]  Ver Región Transfronteriza México-Guatemala: https://idegeo.centrogeo.org.mx/blog/region-transfronteriza-mexico-guatemala 

[12] Ver Hernández Navarro, Luis (2024). «Chiapas, narcotráfico y neocolonialismo», en https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/11/05/opinion/chiapas-narcotrafico-y-neocolonialismo-7736

[13] Ver Hernández Navarro, Luis (2024). «El padre Marcelo», en https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/10/22/opinion/el-padre-marcelo-4723 

[14] «Los balazos pasan cerca de nosotros, nunca pensamos que la violencia llegaría a donde vivimos», en: https://elpais.com/mexico/2024-07-26/refugiados-chiapanecos-en-guatemala-los-balazos-pasan-cerca-de-nosotros-nunca-pensamos-que-la-violencia-llegaria-a-donde-vivimos.html

[15] Comisión Episcopal de Pastoral Social, Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana (2024). «Sobre los hechos ocurridos en Chiapas», 3 de octubre.  Véase: https://caritasmexicana.org/publicacion2.php?id=566