Contratos 2004-2008
Monto de quetzales destinados, por año, a la contratación de servicios relacionados a la seguridad.
Los dueños de la seguridad privada en Guatemala
Por Suchit Chávez / 10 de marzo de 2019
En los últimos 14 años, el Estado guatemalteco ha gastado 3,300 millones de quetzales en contratos otorgados a empresas de seguridad privada. Los nombres de los contratistas más beneficiados son constantes y se repiten año tras año. Los datos apuntan a lo que varios analistas aseguran: el mercado está dominado por militares retirados.
El Estado de Guatemala ha gastado cerca de 3,500 millones de quetzales durante los últimos 14 años en contratar
empresas privadas de seguridad para resguardar las instituciones públicas. Esa cifra equivale al 13,2 % del
presupuesto asignado a la Policía Nacional Civil durante el mismo período, y, en términos globales, indica que
20 de cada 100 quetzales destinados al presupuesto de seguridad ciudadana han sido utilizados para ese fin. De
2004 a 2018, 25 empresas fueron beneficiadas con los contratos más onerosos: 22 de seguridad privada, y tres
dedicadas a ofrecer servicios de circuitos de videovigilancia y satelital.
Los años de mayor bonanza para los contratistas de seguridad del Estado durante ese período fueron 2013 y 2014.
Los fondos públicos destinados al pago de servicios y bienes relacionados a la seguridad se triplicaron con
respecto a 2012: de 164 millones de quetzales se pasó a 499 millones, y de ahí a 677 millones de quetzales. Esa
última cifra equivale al 21 % de lo erogado en 2014 para sufragar los gastos de toda la Policía Nacional Civil,
según según los datos de asignación presupuestaria de ese año. También es más del
presupuesto anual asignado para 2019
para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue fijado en 521 millones de quetzales.
Esos montos le parecen «muy poco» a representantes de empresas privadas de seguridad, que aseguran que la
subsistencia de su negocio no está en los contratos con el Estado, si no en los servicios que prestan en el
ámbito privado. Argumentan que las instituciones gubernamentales «son mala paga». Sin embargo, se niegan a
revelar las cifras de sus ganancias.
Aunque alegan retrasos en la paga y demasiadas exigencias de parte del gobierno para operar, los contratos para
las empresas privadas de seguridad se mantienen al alza. Según el análisis de datos realizado por Laberinto del
Poder, las contrataciones de 2016 y 2017 registran un despunte similar al que alcanzaron entre 2012-2014.
Adolfo Paredes, presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad en 2018, da una idea de la relación entre su
gremio y el Estado. Cuando se le explica que se está buscando sacar el volumen de fondos manejados por las
empresas con contratos públicos, dice que «qué bueno» que se intente hacer ese ejercicio, «para que se den
cuenta del gran poder y ayuda que dan las empresas de seguridad privada a las personas que necesitan trabajo y
que nadie les va a proveer».
Las investigaciones del Centro de Estudios de Guatemala han determinado, con base a datos de la misma Cámara de
Seguridad, que los ingresos anuales de las empresas de seguridad privada sumarían un promedio de 1,200 millones
de quetzales. Ello implicaría que, al menos durante los últimos años, los contratos con el Estado rondarían el
40 % de los fondos obtenidos por estas. La Cámara de Seguridad tiene 27 empresas afiliadas, según
su página web
oficial; pero según sus directivos, la cifra real supera los 80.
¿Por qué hablar de las empresas?
Rodolfo Muñoz Piloña, capitán retirado del Ejército y presidente de la Cámara de Seguridad en 2018, se queja del trato desproporcional que las empresas de seguridad privada reciben del Estado, a pesar de que «nosotros ayudamos al Estado a cumplir una de sus funciones principales, que es de la proveer seguridad a los ciudadanos». El Estado, dice «le da subsidio a la gasolina, a los colegios, a los hospitales, a todos los que no son la función principal del Estado. Y a nosotros, que somos la función principal del Estado, lejos de darnos subsidio, nos pone más impuestos”.
Fuente: Guatecompras, Ministerio de Finanzas
La línea del tiempo de contrataciones muestra que, si bien los contratos empezaron a incrementarse durante la
época de mayor incidencia de homicidios en Guatemala (2009-2010), esa tendencia se mantuvo a pesar de la baja
paulatina de las muertes violentas.
El Instituto para la Economía y la Paz (Institute for Economics and Peace) publica anualmente un reporte en el
que busca dimensionar los costos de la violencia en cada país, tomando en cuenta sus impactos directos e
indirectos, así como un equivalente de su porcentaje versus el Producto Interno Bruto. En el reporte
de 2018
(realizado con datos de 2017), sitúa a Guatemala en el puesto 25 de 163, de los países que más padecen los
costos de la violencia. Guatemala está aún un puesto arriba que Venezuela, aunque bastante más abajo que su
vecino inmediato, El Salvador, país que está por debajo de Siria, Afganistán e Iraq, y con un impacto de la
violencia per cápita de 4,204 dólares. El Salvador ocupa el puesto cuatro de esa lista, y Honduras el 11. Buena
parte de los primeros puestos los ocupan países sumidos en conflictos bélicos internos.
Según el reporte, en 2017 en Guatemala la violencia tuvo un impacto global de 26,873 millones de dólares (un
gasto per cápita de 1,250 dólares), equivalentes al 16 % del Producto Interno Bruto del país.
«Se dice que las empresas privadas de seguridad son el primer negocio de posguerra de los militares
reconvertidos. Incluso algunos hablan de que es la reconversión militar», valora Sandino Asturias, coordinador
general de la organización Centro de Estudios de Guatemala, especialista en temas de seguridad y la violencia.
Tras la finalización del conflicto armado interno, en 1996, agrega Asturias, se “acumuló” la violencia y se
dispararon los índices de homicidios, sin que el Estado tuviera capacidad de detenerlos. De la mano de ese
fenómeno creció la necesidad de seguridad privada.
El experto les denomina «negocios de violencia», impulsados por especialistas de las fuerzas de seguridad que se
dan a partir de la firma de la paz y de la reducción del Ejército. A partir de entonces, señala, los militares
generan «una nueva manera de relacionarse con el poder económico» a través de las empresas privadas de
seguridad.
De las 22 empresas analizadas en esta investigación, 15 tienen o han tenido a militares como sus auxiliares,
gerentes o directivos; en nueve de ellas los nombramientos de estos como sus directivos han sido posteriores a
los Acuerdos de Paz.
De acuerdo con varios análisis de violencia homicida efectuados por la organización Diálogos, basados en datos
de la Policía Nacional Civil, de 4,410 homicidios ocurridos durante 2017 en toda Guatemala, 3,430 (un 77 %)
fueron con arma de fuego. En otras palabras: nueve personas fueron asesinadas con balas cada día; una cada tres
horas.
El porcentaje de entre 70 % y 80 % de homicidios cometidos con arma de fuego ha sido una constante desde años atrás en Guatemala y el resto de los países del Triángulo Norte (El Salvador y Honduras).
Fuente: CEG (2015)
¿Cuánto invierte Guatemala en hacer frente a los índices de violencia? Aunque el presupuesto dedicado a la
policía ha ido en aumento durante los últimos años, la fuerza real es equiparable, en datos oficiales, con los
agentes. En abril de 2018, se reportaban 40 mil agentes.
El reporte de octubre de 2018 de la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada (DIGESSP), entidad adscrita el Ministerio de Gobernación, creada con la ley que en 2010 empezó a regular a las empresas, aseguró que, a ese mes, había registrados un total de 23,638 agentes de seguridad privada que prestaban sus servicios en 182 empresas, más 5,982 agentes bajo estatus de «no renovados y casos especiales». El número varía mes a mes.
Sin embargo, la cifra no es ni cercana a la realidad, y los titulares de las gremiales explican por qué.
Todo se trata de una de las quejas que mantienen los empresarios: la certificación de los agentes. El número
publicado por la DIGESSP corresponde a los agentes que están legalmente «certificados», es decir, que pagaron
—ellos o la empresa que los contrata— para que recibieran un curso de entrenamiento, que usualmente dura una
semana o 40 horas.
Muñoz Piloña y Paredes admiten que buena parte de los agentes no está certificada y que el número de empleados
de las empresas, autorizadas y no autorizadas, podría rondar entre los 150 mil y 200 mil agentes. «El día que
paremos la mano se va a hacer una revolución porque esos 100 mil o 200 mil, van a tener que salir a la calle a
robar. Y con conocimiento, porque saben usar armas», advierte Paredes.
Fuente: Guatecompras, Ministerio de Finanzas
Las leyes: una coladera
La regulación vigente de las empresas privadas de seguridad, así como la Ley de Armas y Municiones, se aprobó en
2010. José Alfredo Calderón estuvo en la Comisión de Desarme desde 2005, ese trabajo, con el correr de los años,
lo hizo involucrarse en las dos iniciativas de ley.
Calderón, Asturias y Carmen Rosa De León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible
(IEPADES), coinciden en que la aprobación de ambas leyes demandó una negociación y pláticas con pinzas con los
empresarios de seguridad y los armeros (vendedores e importadores de armas). El enfrentamiento queda claro con
los amparos por ambos sectores en los que la Corte de Constitucionalidad resolvió a favor. Uno dejó sin límites
la cantidad de licencias de tenencia de armas que una persona pueda tener. Y el otro habilitó un trato
diferenciado para los empleados de empresas de seguridad privada a los que les permitió portar armas desde los
18 años. Para el resto de ciudadanos, la ley establece 25 años como punto de partida.
Muñoz Piloña y Paredes señalan que la legislación de 2010 los deja en desventaja y les pide más requisitos de
los que debiera para «sacar dinero». Ambos son propietarios de empresas de seguridad privada pero ninguna de
ellas está certificada por el ente responsable. Vigilancia e Investigaciones Privadas (VIP), en el caso de
Paredes; y Unidad de Seguridad y Servicios Integrales (USI), en el de Muñoz Piloña.
La Ley que regula los Servicios de Seguridad Privada establece que las empresas deben
ser sociedades anónimas y
que la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada debe autorizar sus operaciones.
Ello implica que las empresas que fueron creadas como empresas personales deben ser refundadas como sociedades
anónimas.
«Nos pidieron cosas absurdas totalmente que ni gana nada el cliente o el trabajador con todo lo que nos
exigieron. Hasta nos pedían planos de la casa, auditados por arquitecto, como que si fuera un plano de
construcción», dice Muñoz Piloña.
El exmilitar se refiere a la obligatoriedad de presentar los planos de las instalaciones de la empresa, con el
fin de tener información sobre donde se resguardan las armas y las municiones.
Aunque la ley y su reglamento establecen que las empresas autorizadas por medio de acuerdos «gubernativo» o
«ministerial», como es el caso de las de Muñoz Piloña y Paredes, solo pueden estar vigentes por un máximo de
seis meses antes de ser canceladas, a no ser que soliciten su licencia de operación; no dice nada acerca de ese
limbo en el que ellos aseguran estar: pedir la licencia y que no se las autoricen.
Los agremiados aseguran que trataron de adecuarse en tiempo, pero que luego les exigieron otros requisitos:
mientras la ley solo habla de una certificación, el reglamento habla de una «licencia de operación», se quejan.
Cuando ellos han pedido la certificación, la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada les pide la
licencia. Cuando piden la licencia, les piden la certificación, aseguran.
En agosto de 2018, Paredes admitió que había operado «durante un año» sin tener vigentes las licencias de
portación y tenencia de armas para sus empleados. Datos de esa Dirección de marzo de ese año daban cuenta de 124
empresas constituidas de acuerdo con la ley, y 60 aún bajo acuerdos gubernativos y ministeriales.
Un informe publicado en marzo de 2019 por el Centro de Investigación y Estudios Nacionales, basado en datos oficiales, contabilizó un total de 189 empresas privadas de seguridad, de las que 87 operan con licencias adecuadas, 50 con licencias de operación nuevas, 41 con «acuerdo ministerial» y 11 con «acuerdo gubernativo».
Laberinto del Poder solicitó una entrevista en enero y febrero de 2019 con la Dirección General de Empresas de
Seguridad Privada, pero hasta febrero de 2019 no había respuesta a la petición.
Según Carmen Rosa De León el lobby político de los empresarios y los armeros es «tan fuerte» que ha derivado en
el despido de titulares de la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada cuando han amenazado con la
cancelación de empresas que no se han adecuado a la ley, después de casi ocho años en el limbo.
Aunque el reglamento no lo establece, la entidad publica una tabla de costos actualizada para los empresarios de
seguridad privada. Una licencia de operación ronda, actualmente, los 50,000 quetzales. Los agremiados opinan que
los precios se incrementan y manipulan de forma antojadiza.
El hecho de no estar adecuadas a la ley y, por ende, bajo riesgo de cancelación, no ha impedido que el Estado
las siga contratando.
Laberinto del Poder analizó los contratos obtenidos por las 60 empresas bajo acuerdos gubernativo y ministerial
y, si bien se detectó una baja después de 2013, año en que se les dio un ultimátum, estos no cesaron.
Año 2004
Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2017
Totales por empresa
Fuente: Guatecompras, Ministerio de Finanzas, Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP)
Entre 2013 y 2017, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comunicaciones, entre otras instituciones estatales, contrataron empresas que no estaban adecuadas a la ley.
Fuente: Guatecompras, Ministerio de Finanzas, Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP)
Según la experiencia que Calderón relata, no obstante, el mayor cuello de botella no fue con los empresarios de seguridad privada, si no con los armeros (ver nota aparte).
Negocio de exmilitares
En 2008, la Organización de Estados Americanos planteaba en el estudio Seguridad Privada: ¿Respuestas a las
necesidades de seguridad en conglomerados urbanos?, que en Guatemala «75 % de las empresas de seguridad privada
están dirigidas o gestionadas por exmilitares, mientras que el 25 % restante lo está por expolicías». El dato
había sido obtenido de otro reporte publicado seis años antes por la Misión de Verificación de las Naciones
Unidas en Guatemala, después de firmados los Acuerdos de Paz.
«La propiedad de todo el circuito de lo que yo llamo “de seguridad”, que son armas y municiones, polígonos,
armerías, ventas de armas y empresas privadas de seguridad, está en manos de militares. Ese fue uno de los
principales hallazgos de todos los estudios y análisis», sostiene Calderón cuando habla de su experiencia en la
Comisión de Desarme y su posterior involucramiento en las dos iniciativas de ley.
Asturias y De León coinciden en ello. Sin embargo, reconocen que es «muy difícil» comprobar tal extremo.
Laberinto del Poder analizó los nombramientos de auxiliares, representantes legales, gerentes, entre otros
cargos disponibles en el Registro Mercantil,de las 22 empresas de seguridad privada identificadas como las
mayores contratistas de los últimos 14 años, versus el listado de oficiales del Ejército egresados de la Escuela
Politécnica entre los años 1967 y 2003. Se encontró coincidencias de nombres en 15 de las 22 empresas. Sin
embargo, no fue posible constatar que la propiedad de esas empresas esté en manos de exmilitares.
El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala proveyó el listado de nombres de graduados hasta la promoción
de 1981 de la Escuela Politécnica. Se negó a entregar las listas de las siguientes promociones por considerar
que se trata de información reservada, ya que revelaría «el estado de fuerza que tiene el Ejército de Guatemala»
por razones de seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones internacionales con publicaciones abiertas como
Global Fire Power, sí dan
detalles de la fuerza estratégica del Ejército guatemalteco con especificaciones como
personal activo (16,775 en 2018), personal de reserva (90 mil al año 2018), 28 aviones militares disponibles, 13
helicópteros y 20 tanques, entre otros datos.
Fuente: Guatecompras, Ministerio de Finanzas, Ministerio de la Defensa Nacional, fuentes propias.
Adolfo Paredes, presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad, es ambiguo al responder sobre si la seguridad
privada está en manos de exmilitares. «Pongamos que sea cierto. ¿Quién tiene la culpa de eso? El Gobierno.
Porque el Gobierno es el que da el derecho. Se quejan de que hay más policías privados que Ejército y Policía
Nacional, ¿quién tiene la culpa? El gobierno. ¿Por qué se quejan de un mal que ellos mismos provocaron? Yo no
los considero un mal; ellos sí, porque ellos pelean con nosotros, porque somos muchos”, señala.
Muñoz Piloña, en cambio, lo niega, enfático. «No es cierto que la seguridad privada se haya convertido en un
negocio de militares retirados e israelíes», asegura. Aunque él es militar retirado.
«No es problema que sean militares (los dueños de las empresas de seguridad privada). El problema es que
utilizan la figura del poder del Ejército para evadir controles o para que no se les controle», valora Carmen
Rosa De León.
Sandino Asturias agrega que «muchos militares se convirtieron en empresarios de seguridad y luego empezaron a
financiar campañas y a cuidar presidentes».
Asturias cita dos ejemplos: «se empezó a generar una deformación, de que la seguridad presidencial estaba en manos de empresas privadas de seguridad». Relata que durante el gobierno de Óscar Berger (2004- 2008) el secretario de la seguridad presidencial, Daniel Salomon Azar Mesri, era dueño de la empresa SIS y lo había cuidado durante campaña. Igual ocurrió durante los primeros meses del gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), «que tuvo a Carlos Herlindo Quintanilla, dueño de la mayor empresa de seguridad de Guatemala, Servicios de Protección Particular», dice Asturias.
Azar Mesri es el actual presidente del Consejo de Administración de la empresa de seguridad Grupo SIS. La
empresa, según la información registral, fue inscrita definitivamente en febrero de 2004, cuando fungía como
titular de la Secretaría.
Grupo SIS ganó su mayor volumen de contratos con el Estado en el año inmediato posterior a que Azar Mesri
trabajara para Berger, según datos de
Guatecompras, con un total de 1,281,829.60 quetzales. Aunque los contratos
disminuyeron, Azar Mesri no cerró su relación con el gobierno, ya que fue contratado varias veces entre 2014 y
2015 como «técnico en investigación» de la Secretaría, devengando un salario de 16,607 quetzales.
Otro caso de un militar retirado y propietario de empresa de seguridad privada al interior de la Secretaría de
Asuntos Administrativos y Seguridad es el de Miguel Martínez Solís, quien fungió como subsecretario entre el 23
de enero de 2012 y el 3 de septiembre de 2015, después de haber brindado seguridad al expresidente Otto Pérez
Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti cuando eran candidatos. Martínez Solís, según datos del Registro
Mercantil, tuvo cargo de administrador único de la empresa Grupo Escorpión vigente hasta 2011. Sin embargo,
datos del caso Cooptación –en el que está procesado– apuntan a que siguió manejando su empresa, ya que
él mismo
declaró seguir dando seguridad. Otros testigos señalaron que también recibió contratos a cambio de haber
financiado parte de la campaña de Pérez Molina y Baldetti.
Paredes y Muñoz Piloña justifican que pasar de ser seguridad de un candidato presidencial a titular de la
Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia o la Dirección General de Control de Armas, está
relacionado a un tema de «confianza» y no de pago de favores políticos. Esos cargos se les dan «no a los
militares por ser militares, si no por el nivel de confianza que usted le tiene a la persona que nombra»,
asegura Paredes.
Además, considera como una ventaja que militares participen en las empresas privadas de seguridad porque
«conocen el área», pero no menciona que la seguridad militar y la civil son diferentes.
Laberinto del Poder contactó con las 15 empresas de seguridad investigadas que tienen, o han tenido, militares
entre sus filas. Hasta finales febrero pasado solo una, Protección Metropolitana, S.A., manifestó vía correo
electrónico que «el hecho de que militares participen en empresas de seguridad, debe ser visto como “zapatero a
tus zapatos”, cada quien en su campo y con su especialidad, pues para eso se estudia y prepara durante muchos
años. Es como si a un médico especialista se le cuestione por instalar y administrar una clínica o un
sanatorio».
Otras notas en este especial
