Ser agente de seguridad privada: Trabajar 12 horas, bajo riesgo y sin ganar el mínimo


Por Suchit Chávez / 10 de marzo de 2019

Hasta octubre de 2018 había más de 23 mil agentes de seguridad privada reconocidos oficialmente. Sin embargo, los cálculos de la Cámara de Seguridad y Gremial de Empresas de Seguridad Privada rondan cinco veces esa cifra. La vida del agente de seguridad es precaria: largas horas laborales, mala paga y ninguna garantía legal por la realización de su trabajo. De eso hablan las 21,314 denuncias contra empresas privadas de seguridad ante el Ministerio de Trabajo entre 2010 y julio de 2018. Las gremiales de seguridad opinan que parte de esa responsabilidad no les compete.

Abrir la puerta. Cerrarla. Volverla a abrir. Volverla a cerrar. Abrirla y cerrarla 20 veces cuando es lunes y llega poca gente. Abrirla y cerrarla 50 veces cuando es jueves y el edificio se llena. Así, cada día. Mes a mes. Durante ocho meses. Sin variaciones. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Doce horas seguidas. De lunes a sábado. Esa es la vida de Juan, empleado de una empresa de seguridad privada, quien accedió a hablar desde el anonimato.

Juan trabaja en una zona «tranquila», como él la califica, en un edificio privado de la zona 13 de la capital, con un revólver calibre 38 al cinto. Su labor principal es abrir y cerrar la puerta. Tiene 22 años. Su sueldo es de 1,200 quetzales quincenales. No llega al salario mínimo vigente.

En su horario de trabajo, de ocho de la mañana a ocho de la noche, no está estipulada la hora de almuerzo, «pero aquí me dan permiso», dice. El almuerzo, que compra todos los días, le cuesta 15 quetzales. Un promedio de 360 quetzales en almuerzos al mes. Este es su primer trabajo desde que terminó el servicio militar.

A pesar de que Juan trabaja en una empresa de las que están adecuadas a la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, él no está certificado como agente. Es decir, no forma parte de los 23,638 agentes reconocidos legalmente por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, hasta octubre de 2018.

La ley establece que los vigilantes de las empresas de seguridad privada deben tener una certificación que los acredite para prestar el servicio, y haber pasado por un entrenamiento para serlo. Esa certificación es pagada. Según la tabla vigente para 2018, el costo de la acreditación es de 405.72 quetzales, calculado con base al 15 % del salario mínimo.

Adolfo Paredes, presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad Privada, opina que la acreditación de los agentes o vigilantes no les corresponde tramitarla a las empresas.

La ley solo obliga a las empresas a extender a sus empleados una credencial firmada y sellada por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada y el propietario o representante legal de la empresa. Este es uno de los vacíos legales que atacan las gremiales de empresarios, ya que se habla de una credencial y no de una certificación.

«Esa certificación es individual, no tienen por qué exigirme a mí que los obligue que saquen la licencia. Entonces, cuando me dicen “pero es que entonces no pueden trabajar”, entonces denme una orden para que los despida, porque si los despido así nomás y yo no tengo ningún documento, el Ministerio de Trabajo me va a obligar a reinstalarlo», dice Rodolfo Muñoz Piloña, presidente de la Cámara de Seguridad y propietario de una empresa de seguridad privada.

Paredes, quien también es propietario de una empresa de seguridad privada, señala que las compañías tenían el derecho y la obligación de capacitar a su personal, «pero ahora ya no lo tenemos, porque se crearon escuelas de capacitación, que también tienen que ser certificadas, para que nosotros mandemos a nuestro personal a prepararse ahí y luego enviarlo a certificarse».

Los agentes, según Paredes, tienen que pagar 500 ó 600 quetzales para capacitarse durante 40 horas y desembolsar una cantidad similar por el carné que la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada les extienda.

Los empresarios dicen que es uno de los mecanismos «para sacar dinero».

Paredes asegura que la responsabilidad corre más del lado de las escuelas capacitadoras cuando surge un problema con algún guardia o vigilante. «Ahí hay otro abuso de derechos, porque usted lo prepara y él trabaja conmigo, pero él comete un error, la prensa ¿a quién señala, a usted que lo preparó o mí que lo tengo? Usted es la que le dio educación, usted tiene que tener esa responsabilidad. Yo la única responsabilidad que tengo es darle trabajo, pagarle su salario».

—¿Pero si es un error como que llegó ebrio, o tiene muchas horas sin dormir y agrede a alguien?

—Bueno, ¿llegó ebrio? ¿yo le di licor a él? Es que es absurdo que la gente piense que cada error que comete alguien es porque es mi empleado y yo soy responsable —responde Paredes.

Los dos representantes de las gremiales también niegan que ganen «mucho» por cada uno de los agentes de sus empresas que prestan servicios de seguridad, pese a que por cada contrato el precio por el servicio de un agente en algunos casos es hasta el doble del salario.

Muñoz Piloña asegura que una utilidad «razonable» rondaría un 10 % ó 15 %, «pero no estamos llegando ni al 4 %», asegura. Sin embargo, no da cifras. En el costo de cada contrato, explica, va incluido el gasto por el uniforme, arma y otros costos logísticos.

Juan no sabe cuánto cobra su empresa por el trabajo de seguridad que ofrece al edificio en el que trabaja abriendo y cerrando la puerta. Pero sabe que cobran más.

Lo que sí sabe Juan, es que su empleador no le ofrece seguridad social.

Laberinto del Poder solicitó dos veces al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, vía acceso a la información pública, la cantidad de empleados que reportaban las empresas de seguridad privada, pero no fue entregada.

La vida del guardia de seguridad

Emilio también trabaja en seguridad privada. Presta servicios de «seguridad ejecutiva», es decir, como guardaespaldas. Lo ha hecho durante más de 20 años. También habló con Plaza Pública bajo condición de anonimato.

Se conoce al dedillo la evolución y entresijos del sector de la seguridad privada en Guatemala. Ha sobrevivido por lo menos dos atentados y ha cuidado a dos empresarios de la élite más tradicional guatemalteca y un expresidente de la República, según cuenta.

Según Emilio, los empleados de las empresas de seguridad son altamente vulnerables: trabajan por unos pocos quetzales, arriesgando la vida y sin tener la preparación suficiente.

«Los hacen trabajar más de ocho horas. En seguridad se inventaron que son 12, pero ¿de dónde? La ley no dice eso», se queja.

Datos de miles de contrataciones (licitaciones y contrataciones directas) le dan la razón a Emilio: los servicios de seguridad casi siempre son solicitados en turnos de 12 x 12, o sea, de 12 horas. Algunos de los contratos analizados por Laberinto del Poder dan cuenta cómo las empresas establecen el costo entre los 4,200 y 5 mil quetzales por agente.

Tanto Emilio, como la directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, Carmen Rosa De León, aseguran que el pago efectivo a cada guardia de seguridad ronda la mitad de lo cobrado, o menos.

De 2010 a julio de 2018, el Ministerio de Trabajo ha recibido 21,314 denuncias en contra de las empresas de seguridad de parte de trabajadores

Laberinto del Poder analizó 33 sentencias judiciales al azar, disponibles en la web, que corresponden a demandas laborales presentadas por agentes de seguridad privada en contra de sus empleadores. En la mayor parte de los casos, los servicios de seguridad fueron contratados por empresas privadas, por lo que no fue posible hacer un cotejo entre el monto contratado y el monto finalmente pagado a los agentes. En dos casos, se trató de entidades públicas. En el primero, el agente reclamaba prestaciones no pagadas y declaró tener un salario de 2,040 quetzales, en 2009. El contrato correspondiente, al que Laberinto del Poder tuvo acceso, detalla que lo cobrado por la empresa Protección Metropolitana, Sociedad Anónima, fue de 4,580 quetzales por los servicios. En el segundo caso, el agente declaró que en 2012 ganaba 2,888 quetzales, mientras que la empresa Alarmas de Guatemala, Sociedad Anónima, cobró 4,495 quetzales.

La empresa Protección Metropolitana, S.A. no contestó directamente qué porcentaje pagaban a cada agente por cada contrato. Vía correo electrónico dijo que «en el tema de la seguridad privada, se ha especulado mucho sobre los porcentajes de pago al personal. Esto ha venido cambiando con la creación de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, velando porque cumplan con las obligaciones de ley. Pero no existe una que se encargue de regular a las empresas que no están autorizadas, que cada vez son menos, que son las que no cumplen con los requisitos mínimos de pago al personal, así como de cubrir el pago de prestaciones y seguridad social».

La compañía agregó que «como empresa legalmente constituida, pagamos al personal de agentes el salario mínimo como lo establece la regulación guatemalteca, así como sus respectivas prestaciones de ley y de seguridad social».

De las 33 demandas analizadas, 28 tienen su origen en despido injustificado, sin pago de indemnización alguna o prestación como aguinaldo o bono. Solo una de las demandas fue fallada en contra del empleado.

El ministerio de Trabajo se negó a proporcionar los nombres de las empresas denunciadas, arguyendo que se trata de información de particulares.

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Parte de información entregada por el MIINTRAB como respuesta a solicitud de información, en agosto de 2018.

El despido sin justificación es el motivo principal de demanda por parte de los agentes; un 49 % del total. Sin embargo, la mayor parte de motivos más alegados están relacionados precisamente con la precariedad de condiciones laborales: «no otorgan vacaciones» (6 %), «incumplimiento de pago de bonificación anual para el sector público y privado» (5 %), «incumplimiento de pago de aguinaldo» (4.2 %), y «establecer descuentos sobre salario» (2.7 %), entre otros.

Algunos motivos son tan arbitrarios como «retención de salario», «negativa de devolver documentos personales», «simulación de contrato» y «despido en estado de embarazo».

Las estadísticas reportadas por el Ministerio de Trabajo únicamente corresponden a los casos iniciados por vía administrativa.

A Emilio, la ley actual le afecta. Antes él mismo gestionaba sus contratos y cobraba de acuerdo con su experiencia. «Ahora la ley nos obliga a estar en una empresa de seguridad, y la empresa no le va a pagar más de cinco mil o seis mil quetzales», dice. Aunque está adscrito a una empresa, explica, tiene un trato por cobrar su salario por su lado.

Laberinto del Poder solicitó todos los casos judiciales relacionados a las 22 empresas de seguridad identificadas como mayores contratistas del Estado entre 2004 y 2018, así como 10 más relacionadas al ámbito de la venta e importación de armas y municiones.

Las más denunciadas

Esta es la cantidad de procesos registrados por el Organismo Judicial para las 22 empresas de seguridad privada investigadas por Laberinto del Poder, identificadas como mayores contratistas del Estado.

Fuente: Guatecompras, Ministerio de Finanzas, Organismo Judicial.

Según los datos del Organismo Judicial, de las 22 empresas contratistas investigadas, Grupo Escorpión, S.A. es, por mucho, la más denunciada. Esta empresa tiene 773 casos judiciales. De estos, en 693 está directamente involucrada. En el resto, el involucrado es uno de sus representantes legales o gerente.

De la totalidad de casos, Grupo Escorpión tiene el estatus de «demandado», «denunciado» o «sindicado» en 510.

Según el último informe (octubre 2018) de agentes oficialmente acreditados por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, Grupo Escorpión tenía 287 empleados oficialmente reconocidos y 69 más calificados como «no renovados y casos especiales»,es decir menos de los que los han demandado. Ello puede interpretarse en dos vías: o los denunciantes no estaban acreditados, o muchos exempleados han denunciado a la empresa.

Laberinto del Poder solicitó una entrevista con esa empresa, hasta febrero de 2019 no había obtenido respuesta.

Grupo Escorpión, S.A. fue inscrita oficialmente en 1997, según datos del Registro Mercantil. Su administrador único fue durante varios años el militar retirado Miguel Ángel Martínez Solís, quien fue subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, entre 2012 y 2015, y actualmente está procesado por el caso Cooptación del Estado.

La segunda empresa con más casos judiciales de las 22 investigadas es Protección Total, S.A., con 442 casos, de los que 380 fueron directamente contra la sociedad anónima. De estos últimos, solo uno de los casos es del ramo penal y el resto de trabajo. Protección Total, S.A. ha tenido uno de los contratos de seguridad y vigilancia más grandes de los últimos 14 años con el Estado, en el que ganó la licitación por proporcionar dos mil vigilantes para el proyecto Transurbano.

Ambas empresas han tenido entre sus directivos a militares retirados.

La utópica garantía de seguridad: poco entrenamiento, más riesgo

Los presidentes de las dos principales gremiales de seguridad de Guatemala, Rodolfo Muñoz Piloña y Adolfo Paredes, admiten que las 40 horas de entrenamiento exigidas por ley a todo aquel que quiera trabajar como agente de seguridad son insuficientes.

Emilio lo explica con una anécdota: «Un día me dice un agente que conozco: “qué bueno que viniste porque se me montó el revólver”, y yo le dije que un revólver no se monta. Pero él insistió y me dijo “sí, el mío sí”, y me reí. Le había hecho el martillo para atrás y no sabía cómo bajarlo. Y si lo bajaba se le iba a disparar el revólver. Le enseñé cómo se agarra el martillo y como bajarlo. Le saqué las balas y le dije: “estas balas no sirven; no tiene pólvora”. Y me dijo, “es que yo les saqué la pólvora, la tienen bonita todavía”».

El amigo de Emilio sacaba la pólvora de las balas y se la agregaba a un jugo de naranja, para, según él, tener «mayor potencia».

Juan, quien aprendió a disparar fusil durante su servicio en el Ejército, desde que se inició como agente de seguridad privada no ha tenido que hacerlo. Ni fusil ni el revólver que usa en su trabajo. Y espera no tener que usar su arma.

«Si algo pasa ya fuera de la puerta, puedo ver que le están haciendo algo a alguien y no me puedo meter», dice Juan. «Fuera» son apenas 20 centímetros de diferencia con su puesto de trabajo. ¿Por qué? «Porque ahí la empresa ya no responde por mí», dice. Es decir, ya no interviene si hace falta ponerle un abogado por si existe un intercambio de disparos, por ejemplo.

«Es que ellos son pobres, necesitados, pero no babosos. Resulta que no pueden hacer mayor cosa por lo mismo que les pagan. Ganan su sueldo, hacen presencia, pero no se arriesgan. La mayoría son así, hay algunos que han tenido atentados y lo que hacen es agacharse», explica Emilio.

Juan dice que desde que pasó sus cinco días de capacitación no ha vuelto a ir a ninguna práctica de tiro. Los únicos que sí entrenan, dice, son los agentes que cubren los contratos de la empresa con los bancos. Además, explica que los agentes que utilizan escopeta son los «que andan fuera, en ruta. Si uno está en un solo lugar, solo le dan revólver».

Cuando no hay que abrir y cerrar la puerta, Juan pasa horas muertas.
—¿Qué hace cuando no tiene nada que hacer?
—Como hay wifi, veo películas en el teléfono.

Emilio cuenta que cuando «algún elemento tiene un problema, lo que hace (la empresa) es moverlo de lugar». «Algunos de los riesgos es que llegan tomados (ebrios) la mayoría lo que hacen es cambiarlos de puesto en otro sitio donde no lo conocen. A la empresa de seguridad no le interesa el elemento, le interesa que le paguen».

Muñoz Piloña y Paredes niegan tal situación. Aseguran que tienen comunicación interna entre todos sus agremiados para informar los nombres de los agentes o guardias involucrados en algún incidente, para que no sean contratados por otra empresa.

José Alfredo Calderón, quien trabajó en la Comisión de Desarme y formó parte de la iniciativa para concretar la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, dice que «las empresas privadas de seguridad reciclan el personal”. Cuando una empresa los despide, con rapidez otra los contrata porque “siempre hay demanda de personal».

De momento, Juan está contento con lo que hace. El puesto de trabajo no le exige esfuerzos y aún le faltan tres para llegar a los 25 años, edad en que la ley le permite subir un escalón dentro de su trabajo: convertirse en escolta privado, en guardaespaldas. Como Emilio. Como 783 personas más, que estaban acreditados como escoltas hasta marzo de 2018.

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