La manifestación de este año, que mantiene sitiado por construcciones improvisadas de nylon y madera el Palacio Nacional, suma 21 días. Los maestros se mantienen sin dar clases pese a que la Procuraduría General de la Nación (PGN) obtuvo dos amparos para que no se interrumpa el ciclo escolar en el sector público.
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Este 16 de junio, la presencia de los maestros aumentó en el centro de la ciudad. Las calles aledañas al Palacio Nacional, la Plaza de la Constitución y la Casa Presidencial amanecieron bloqueadas y ocupadas por integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg).
El director de la PNC, David Boteo, acudió a dialogar con los integrantes del Steg ante las denuncias del bloqueo de las calles cercanas al Palacio. Sin embargo, al final del día los ocupantes se mantuvieron en el parque central.
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Las peticiones de Joviel Acevedo y los demás integrantes del magisterio no son claras. Las inconformidades del sindicato empezaron después de que el gobierno de Bernardo Arévalo anunció un aumento del 5% al salario de los maestros antes de terminar con la negociación del pacto colectivo con el magisterio, lo cual señaló como una «imposición».
Acevedo aseguró que esa decisión unilateral es una de las razones de la suspensión del ciclo escolar en la mayoría de centros públicos. Agregó que los amparos que ha logrado la PGN no son «órdenes de desalojo» y que continuarán con la protesta.
Pero la razón de fondo de la protesta se basa en desinformación y conjeturas de Acevedo: Según el secretario del Steg, el gobierno de Arévalo busca atacar varios artículos del pacto colectivo de Educación para dejar sin efecto la Ley General de Educación y así «impregnar» el Currículo Nacional Base con «ideología de género».
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Sin embargo, el tema de lo que algunos grupos sociales erróneamente llaman «ideología de género» ha sido usado desde 2024 por el magisterio y opositores del actual Ejecutivo para desinformar. Por ejemplo, el Mineduc ha desmentido que haya incluido en los textos escolares alguna clase de «material que amenace valores o principios de las familias».
En medio de este enfrentamiento político, el Steg se niega a transparentar la negociación del nuevo pacto colectivo que negocia con el Ministerio de Educación. La CC ha protegido la reserva de este pacto, pese a que la Constitución señala que todos los actos de la administración son públicos.
