EL CONSIGLIERE TIENE UN PROYECTO

Enrique Naveda

eCícero

EL MEJOR PERIODISMO

www.ecicero.es

Copyright © del texto: Enrique Naveda, 2012

Fotografía de portada y de autor: Sandra Sebastián

Copyright © de esta edición: eCícero®, 2012

Diseño de portada: Alberto Naya, Veintiocho Estudio Creativo

ebook: Pablo Barrio

ISBN (ePub): 978-84-940271-8-5

El consigliere tiene un proyecto se publicó inicialmente en el periódico digital guatemalteco Plaza Pública.

Este ebook se distribuye de forma gratuita.

Colección: El mejor periodismo

eCícero® – España

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ÍNDICE

Introducción fornográfica

El consigliere tiene un proyecto

Sobre el autor

Sobre Plaza Pública

Sobre la editorial

Otros títulos

Introducción fornográfica

La primera vez que reparé en Antonio Arenales Forno fue en enero de este año y no tuvo que ver con ninguna agudeza mía. Hacia finales de diciembre el presidente electo de Guatemala, el militar retirado Otto Pérez Molina, había empezado a desvelar los nombres de quienes lo acompañarían en el gabinete y un mes después ya todos ellos habían tomado posesión con el cambio de gobierno. En los medios de comunicación, especialmente en los impresos, el examen al elenco de ministros y secretarios se había centrado en lo normal en un país que aún vive el cisma que profundizaron 36 años de guerra civil, entre 1960 y 1996.

Como cabía esperar, lo que llamaba la atención no era sólo el ver ahí a los guardianes de los intereses empresariales que habían financiado la campaña, a un pastor apóstata en el cargo de canciller o a ciertos políticos de honorabilidad dudosa e incompetencia probada. Lo que más polémica suscitaba era comprobar cómo el primer ex militar que alcanzaba la presidencia en las urnas llenaba de viejos compañeros del ejército cargos que controlan las políticas de seguridad interna y la inteligencia estratégica del Estado. En esa vorágine, el nombramiento de Arenales Forno había pasado casi desapercibido, como algo marginal que no merece ni siquiera el segundo plano.

Pero ni era marginal ni merecía el segundo plano.

Uno de esos días, Martín Rodríguez, mi jefe en el pequeño medio digital en el que trabajo, me dijo que saliéramos de la oficina charlar un rato: quería hablarme de Arenales Forno.

Nos sentamos bajo los árboles y comenzó a parlamentar. Me contó que lo había tratado muy someramente hacía casi una década, y me dio sus impresiones sobre aquel tiempo y aquel hombre. Creía no exagerar cuando decía que se trataba del conservador más inteligente en un gabinete tan repleto de conservadores que el progresismo casi parecía un anatema.

Martín estaba al tanto de algunos de los cargos que Arenales había ocupado como diplomático en los últimos años y le entendí que había llegado a considerarlo uno de los operadores más hábiles de la derecha —así lo dijo: la derecha, resumió, como si el término fuera unívoco y no recogiera arteramente una asombrosa colección de los especímenes más variopintos, más contradictorios, más enconadamente enfrentados—, y quizá era su gran intelectual orgánico activo.

—Más vale saber en qué anda.

Sugirió un perfil.

El tema, pensé, se prestaba muy bien para describir a una clase de hombre, a una entera clase social.

El tema, pensé yo, subrayó Martín, era un tema que encajaba en uno de los objetivos con los que un año antes habíamos fundado Plaza Pública: pretendíamos esforzarnos por meter al periodismo allí donde desde hacía años casi solo entraba la academia —y casi no: a investigar e interpretar de una manera más crítica que panegirista el pensamiento, las estrategias y los procedimientos del establishment económico y sus incestuosas relaciones con la política. Y sus ideologías: esas que la oligarquía y los liberales neo tienden a decir que ellos no tienen: que todo es puro sentido común. Empezar también a hablar de economía política.

Martín preguntó ¿entonces lo hacés?

Y yo, sí, lo hago.

—Pero en serio lo hacés…

Y yo que sí.

—Lo hago. Me interesa…

Y repitió (con severidad, conminatorio) pero lo hacés (y sugirió, soñadoramente) ¿Para febrero?

Y yo: “…, ¡… … …!”, con cara de ahoranomevaadartiempo.

Lo hice (pero sería más preciso decir que lo retomé, porque no fue para febrero ni para marzo ni abril ni mayo, sino para junio: otros compromisos, otras crónicas, ediciones, planes habían devorado esos meses) y le dediqué casi el mes entero: tres semanas.

Desde enero hasta entonces había pasado algo, varias cosas. Arenales Forno dio un par de titulares suculentos y extraños.

Era raro que el secretario de la Paz, que debía articular las políticas destinadas a consolidar la Paz, la Memoria Histórica y a honrar y resarcir a las víctimas, negara, tajante, el genocidio de mayas en la guerra civil, y parecía un error de cálculo que cerrara el Archivo de la Paz, una ignota dependencia en la que se custodiaban e investigaban copias de papeles que documentaban la guerra y las estrategias del Estado. Simultáneamente ocurrían dos acontecimientos disonantes. Por un lado, se desarrollaba una espesa campaña para desactivar los primeros juicios en contra de militares acusados de haber cometido genocidio en los años ochenta, unos juicios que habían escalado tan alto en la jerarquía como para importunar a un viejo dictador. Por el otro, el gobierno se había empeñado en una reforma constitucional que se anunciaba como un intento por reconocer los derechos de los pueblos indígenas y darle carta de legalidad a los Acuerdos de Paz de 1996. El secretario parecía íntimamente implicado en los dos.

Recordé la derecha, conservador, pensé qué derecha, qué conservador, pensé secretario, pensé qué proyecto para la secretaría. Y todo me pareció tan intrigante, tan desafiante.

Me intrigó primero y me obsesionó después, Arenales Forno.

Organicé la documentación y las entrevistas —y serían cerca de treinta— de tal manera que me tomaran las dos primeras semanas; la tercera me senté a escribir o más bien me levanté a pensar: la escena inicial había surgido con naturalidad pero era obvio que no había logrado encontrarle aún la coherencia a toda la información paradójica en apariencia, discordante, contradictoria, que había acumulado sobre Arenales Forno. (Muchas de sus lealtades —muchos de sus valores, muchos de sus amigos, varias de sus ideas y picardías— eran diferentes a las lealtades de los de su clase, de las prototípicas, de las caricaturescas, de las de manual: de esas ante las que unas dice Oh, sí, claro, naturalmente, no hay ninguna duda; y en cierto modo era un hombre antiguo más moderno que los que hacen alardes de modernidad.) Era obvio que no había dado todavía con la lógica del personaje: ese elemento en torno al que los individuos más inteligentes o más astutos articulan y racionalizan su narrativa personal aunque a ojos extraños se manifieste viciada y fragmentaria y colisione consigo misma.

Creo recordar que Villoro hablaba de un hombre que tenía 99 monedas y se sentía incompleto y era infeliz.

Un físico con la teoría de la relatividad en una mano y la cuántica en la otra, lejos, peleadas.

La sensación de que algo no es razonable no porque no lo sea sino porque no está bien contado, de que carece de redondez, de totalidad, una gestalt imperfecta.

Algo así, yo: sin la última moneda, sin teoría unificada.

Resultaba que todo lo que había pensado —derecha, conservador, secretario, proyecto: no era mucho— se había quedado muy corto y que Arenales Forno rebasaba mis expectativas —de cerca nadie es normal, ninguna victoria examinada en detalle es distinguible de una derrota, etcétera.

Mi investigación había sido un poco primitiva. Es decir, primitivas las herramientas. Lanzas neolíticas para abatir a la bestia. Pese a ser un hombre con una larguísima trayectoria de cargos fundamentales con distintos gobiernos en un Estado casi puritanamente clientelista, era como si su nombre hubiera sido barrido prácticamente de internet y de los libros, y prácticamente de los periódicos. Citas recónditas en documentos ignotos, menciones escasas, menores, en los libros más minuciosos que trataban temas que él había protagonizado, apariciones irrelevantes, burocráticas, pocas, en los diarios, especialistas en el conflicto y en la reconciliación que no lo conocían más que de oídas, WikiLeaks. La búsqueda partió casi desde cero, como supongo que ocurría en esa Antigüedad mítica de antes de internet, y el personaje se fue reconstruyendo a partir de las versiones versátiles de quienes lo conocían, lo querían, lo detestaban, lo valoraban, o les resultaba más o menos indiferente (de estos últimos, en este momento, no recuerdo ninguno).

Acceder a Arenales Forno fue, por el contrario, más sencillo de lo que había supuesto en un principio, y lo hice sobrevolándolo en espiral: primero hablé con varias personas que nos conocían a ambos y les pedí que me allanaran el camino, después bastó un simple correo electrónico para concertar una cita y convencerlo de que tuviera lugar en su casa.

Lo de su casa era importante, creía yo, para el texto pero sobre todo para las fotos. Estaba convencido por algunas conversaciones de que la decoración de su apartamento, el tipo de mobiliario, la combinación de las imágenes religiosas con las paganas, el arte moderno y el antiguo, los libros, todo, iban a resultar una composición perfecta para ilustrar el carácter aristócrata del diplomático.

La idea sobre lo que quería conseguir en el perfil la tenía bastante clara desde el principio de la investigación. Lo que me interesaba era comprender al político —su trayectoria, el correr paralelo del país y de los de su clase, y sobre todo, sus designios— y me alejé voluntariamente del relato de su vida familiar o personal. No quería morbo. No me interesaba demasiado su infancia. No me interesaba si le gustaban las flores o si maltrataba a su perro.

A menos que eso tuviera que ver con sus actos o su pensamiento político.

Varios adversarios intentaron convencerme de que todo su comportamiento estaba controlado por el hecho de que maltrataba a su perro, de que compraba flores.

Sobra decir que “maltrataba a su perro, compraba flores” es un decir. Una expresión desplazada. Pero cosas por el estilo.

Sobra decir que el parentesco, la familia como unidad política y económica —más que la vida familiar— es uno de los elementos que vertebran el poder oligárquico en Guatemala, y que Arenales Forno tenía, tiene, ahí está registrado, pedigree, apellidos sonoros, largas genealogías.

Pero en el camino, había descubierto algo que me inquietaba: que tenía complicaciones para interpretar a Arenales Forno a partir de lo que había aprendido sobre Arenales Forno, pero que Arenales Forno me era muy útil para revisar varias de las tensiones políticas esenciales del periodo democrático.

El secretario de la Paz era un hombre difícil de descifrar siguiendo los estándares maniqueos, radicalmente duales y simplones, de la política guatemalteca y quizá internacional, y a menudo los entrevistados tuvieron que aludir a notorios personajes históricos para compendiar su significado, o ilustrar ciertos rasgos de su carácter y de su conducta. Su proyecto, que yo había imaginado algo coyuntural, si es que lo tenía, algo funcionarial —un plan para una secretaría de Estado—, era sin embargo un proyecto profesional longevo, el empeño muy controvertido de una vida casi entera.

Pero en ese esfuerzo o empeño había participado en la mayoría de los grandes momentos políticos como un actor secundario relevante —como los personajes que acompañan a Spínola y Nassau en la rendición de Breda— y ahora, justo ahora, 25, 15 años después, emergía de nuevo intentando reformar aquellas instituciones, encarnando en cierto modo a un mismo tiempo la figura del fracaso y la reforma.

O materializando también algunas de las contradicciones más lacerantes de Guatemala: la ley que choca con el derecho que chocan con la justicia, la amnistía para la paz y la paz sin ganas, la paz turbada, la paz con víctimas, la paz sin resarcimiento completo, la reconciliación sin reconciliación, los fraudulentos pactos de elites sin respaldo, la rutilante oligarquía y los famélicos desharrapados y el ejército agresor, lo colectivo, frente a lo individual, el Estado, el interés común, la autocracia.

Julio Villanueva Chang, el director de la revista Etiqueta Negra, suele decir (hablo de mala memoria) que quien escribe sobre una persona tiene que ser capaz de reflejar el símbolo que cada perfilado lleva en sí. Me costaría decir de una manera distinta a la que ya empleé en el perfil qué es lo que representa o qué encarna Arenales Forno, o de qué es símbolo, aunque estoy convencido de que lo es de algo.

Villanueva suele recordar también que de cerca nadie es normal.

Cuando por fin, moribundo, unas horas antes de la fecha de entrega terminé aquel texto que pensé que no concluiría nunca, no recordé nada de eso sino que sentí un abatimiento plomizo. La constatación de que al fin y al cabo ninguna victoria examinada en detalle es distinguible de una derrota.

Ciudad de Guatemala, diciembre de 2012

EL CONSIGLIERE TIENE UN PROYECTO

Parte 1. Un Sean Connery poco risueño.

Son decenas las fotos en blanco y negro y en color que cuelgan de la pared revestida de madera, y el ex presidente en su oficina las muestra con ufanía. Necesita ya acercar mucho la vista a esas imágenes que en distintas épocas se fue tomando con otros mandatarios o que ellos le regalaron, pero las repasa todas, un poco al vuelo. En algunos casos hace una pequeña descripción de su contenido y a veces ríe para sí mismo.

La variedad es grande.

Naturalmente hay mucho latinoamericano. El peruano Alejandro Toledo, un ex presidente boliviano —“ya me voy a acordar del nombre. Si es mi amigo”—, o juntos por ejemplo Fidel Castro, él mismo, y el nicaragüense Daniel Ortega cuando todavía vestía casaca militar y su cara redonda, su pelo enmarañado y su bigote macizo le daban un aire semejante al del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. El ex presidente se detiene en esta imagen y hace un comentario. Al lado, quizá como contrapunto, hay retratos de Bush padre y de Bill Clinton. “Pero no de Bush hijo”, sonríe Vinicio Cerezo, severo y travieso al mismo tiempo, empequeñeciendo un poco su mirada oceánica. “Lo que hizo ese hombre…”.

En ese mosaico de fotografías hay algunas composiciones de grupo. Inexpresivos la mayoría, son hombres como frutas, fotografías como bodegones, naturalezas muertas. En una de ellas, situada en las filas más cercanas al suelo (pero hay todavía una mesita debajo), destaca un joven Óscar Arias de aspecto risueño y extrañamente vivaracho en lo que calculo que será una imagen de finales de los ochenta. Se lo deslizo con malicia al ex presidente. Óscar Arias gobernó Costa Rica dos veces, la última hasta 2010. Su anterior periodo, de 1986 a 1990, coincidió casi a la perfección con el de Cerezo, que duró hasta el 91. Fueron los años en que los mandatarios centroamericanos decidieron lanzarse a pacificar una región podrida de luchas intestinas desde hacía décadas.

El ex presidente hace caso omiso de mi comentario y desvía la atención. Por supuesto no mencionará el hecho ahora pero le molesta que la historia oficial le reconozca al costarricense el mérito de haber promovido esa decisión, y que galardonaran por ello con el Premio Nobel de la Paz de 1987. El pacto se denominó Acuerdo de Esquipulas II por la ciudad guatemalteca en que se firmó, las conversaciones se llevaron a cabo en Guatemala, y Cerezo fue, según él mismo y Ortega han defendido siempre, el principal promotor.

En aquellos años se ataron o comenzaron a atarse en Centroamérica algunas cuestiones cruciales, pero también en Guatemala: la Constitución de 1985, por ejemplo, una constitución garantista marcada en buena medida por el terror al Estado en todos los ámbitos pero amable con lo militar; o las negociaciones de paz, que diez años después desembocaron en los Acuerdos de Paz, con pactos sociales, una amnistía general y en el fin de la confrontación armada entre la guerrilla y el ejército.

A Cerezo le tocó hacerse cargo de gobernar el país en aquellos tiempos de democracia tutelada.

Muchas de las costuras que en su momento se tomaron por obras de arte están reventando hoy poco a poco y con gran estruendo, están saltando moderada o inmoderadamente en pedazos. La reforma constitucional es un asunto pendiente desde hace años, en parte para retomar elementos de los Acuerdos de Paz, y el gobierno de Otto Pérez Molina parece dispuesto a llevarla a cabo. El giro simbólico que le dio el gobierno de Álvaro Colom a la dignificación de las víctimas y a la memoria histórica pero sobre todo los juicios en contra de añejos militares de alto rango, como el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt, han avivado el mortecino debate sobre la reconciliación, la amnistía y la impunidad.

Ahora, al borde de los 70 años y al frente de la Fundación Esquipulas, Cerezo ve lo que está pasando con cierto escepticismo, con desconfianza, un tanto incómodo. “Creo que estamos entrando en una etapa… no de crisis, porque como una vez me dijo Mario Monteforte la crisis es nuestro estado habitual”, se detiene y sonríe sin cinismo. “Sino en una etapa en la que podríamos tener la oportunidad de abrir la discusión en serio”.

"Discutir en serio" significa, para el primer presidente que gobernó con la Carta Magna actual, abordar y consensuar tres temas.

Los dos primeros son las reformas de la Constitución y del Estado, de manera que se ajusten a la complejidad y a la diversidad del país. “En el proceso de paz hubo avances y se tomaron en cuenta muchas de las causas del conflicto pero en buena medida todo está aún pendiente”. Los Acuerdos de Paz, por ejemplo, que pretendían llenar algunas de aquellas lagunas con sus propuestas sobre la diversidad, la economía, lo fiscal, se quedaron en el limbo cuando en el referéndum de 1999 para reformar la Carta Magna ganó el “no”.

El tercer tema pendiente según el ex presidente es la Reconciliación, una “reconciliación que, sin borrar la Historia, sin olvidarla, permita que las instituciones no sufran el descrédito del enfrentamiento ideológico”.

Unos minutos antes de pronunciar esa frase, Cerezo se había preguntado, un tanto retóricamente, qué pensamos hacer con el país. “¿Vamos a continuar con la pelea ideológica en los tribunales de justicia o vamos a empezar un proceso de reconciliación?”. Inquirí si eso significaba que las víctimas debían renunciar a procesar al ejército o a la guerrilla por sus crímenes y el ex presidente respondió que después de una guerra intestina cualquier ejército tiene que revisarse y transformarse, y que ninguna víctima puede perder nunca el derecho de buscar justicia. Pero, matizó, “no convirtamos la búsqueda de justicia en un juicio contra una institución; debe ser contra personas”.

Cerezo anda caviloso en estos días por el avance de la reforma constitucional aunque tiene su postura bastante clara.

Le parece que se pretende hacer “borrón y cuenta nueva con los Acuerdos de Paz”, aunque Fernando Carrera, uno de los miembros progresistas del gobierno, lo haya negado. La reforma “la plantea un grupo de personas que quieren meter la mano en el Estado para favorecerse del sistema económico”. Gente que pretende debilitar al Estado bajo la impresión de que lo están fortaleciendo, que aspira a privatizar el subsuelo, el espacio aéreo, las frecuencias. “Tengo la impresión de que se trata de llevar a la Constitución la visión empresarial sobre la explotación minera, la del agua, ese pensamiento retrógrado que no toma en cuenta a las comunidades y que implica una pérdida de control por parte del Estado”.

Y según Cerezo, hay un hombre “ideal” para todo esto en el Ejecutivo, un tipo al que considera su amigo desde que participó en su gobierno como asesor del canciller Alfonso Cabrera, un hombre “brillante, y absolutamente claro”, transparente en sus convicciones, un funcionario dialogante, pero con un proyecto en las antípodas del suyo. Es Antonio Arenales Forno. El secretario de la Paz.

“Charles Maurice de Talleyrand Périgord ocupó, durante cincuenta años enteros, la escena de la vida pública, desde el día en que…”

Talleyrand revolucionario, de Louis Madelin.

Antonio Arenales Forno, hijo de Jorge Arenales Catalán y Dora Forno Siguere, ocupó durante 30 años, sólo una vez interrumpidos, un espacio principal pero casi imperceptible de la vida política y diplomática de Guatemala. Desde el día de 1983 en que, todavía un joven que rozaba los 32 años de edad, co-fundara la Unión del Centro Nacional, hasta las horas recientes de 2012 en que, ya entrando en la edad tardía, anunciara ante una Guatemala dividida que había disuelto la Dirección de Archivos de la Paz y semanas más tarde se plantara en Costa Rica frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedirle como representante del Estado algo de lo que como abogado estaba convencido: que debía declararse incompetente para valorar las masacres de 444 indígenas en Río Negro y que no está entre sus funciones tipificar crímenes o los delitos, decidir si hubo genocidio.

Su biografía no es una biografía heroica, es casi subrepticia. Ahora, como Secretario de la Paz, como uno de los asesores más influyentes del presidente Otto Pérez, ha emergido de ese segundo término en el que se deslizó durante años con maestría y astucia, y en este último mes ha disfrutado de una notoriedad, de un protagonismo político, de una fama tan expansiva, como nunca había tenido hasta la fecha.

Me recibió en su apartamento un miércoles reciente hacia el final de la tarde. A sus 61 años vive solo y su pelo algo despeinado, su bigote grisáceo, las cejas picudas o escépticas o permanentemente asombradas y sus facciones duras y erosionadas le imprimían, como me dijo una conocida suya, un lejano aire de Sean Connery poco risueño.

La casa era un conjunto abigarrado de muebles de maderas nobles, cuadros con escenas náuticas o abstractas, imágenes religiosas coloniales, esculturas de estilo clásico, fuentes y vasijas y utensilios de probable plata y algunos adornos que recordaban al cristal de Bohemia. La impresión general era la de estar entrando en una estancia pequeña de un museo privado con un propietario que si obtenía algún placer de las obras, no era el de explicarlas ni el de alardear de ellas.

Pese a su rutina de trabajo, que incluye dirigir la Sepaz y asesorar a Otto Pérez en materia de reforma constitucional, política antidroga y política exterior, el secretario parecía vivaz, no tenía aspecto de estar cansado, y antes de instalarnos en un par de sillas forradas en cuero mencionó sonriendo algo sobre mi origen y unos datos personales no muy conocidos, como si dijera: “no vayas muy lejos, sé quién eres y a qué vienes, te tengo medido”, como si marcara el terreno o negociara un tratado de paz.

No me extrañó del todo. Para esos días yo había hablado o escrito ya a más de una veintena de personas que conocían al secretario de la Paz y me parecía probable que el mismo Arenales supiera en detalle, incluso antes de que yo se lo hubiera dicho al pedirle la entrevista, de qué se trataba el reportaje y que hubiera hecho sus propias averiguaciones. Quería conocer quién era, cómo pensaba, y cuál era su proyecto. Encontrarse por lo menos en igualdad de condiciones es un principio básico de la diplomacia y la política, de la negociación, a lo que se ha dedicado siempre.

Ya había además otra gente que estaba al tanto. Una noche antes, un célebre periodista multimedia me había telefoneado para preguntarme qué tal me iba con el abogado, me había asegurado con admiración que le parecía “probablemente el hombre más inteligente de este país” y, mitad burlón mitad en serio, quería quitarme la idea de que Arenales era el demonio encarnado, lo que según él yo sostenía. Al fin y al cabo lo que sucedía, sugirió, es que muchas de sus decisiones recientes estaban siendo malinterpretadas o manipuladas.

Antonio Arenales Forno había sido clave en la adhesión final de Guatemala al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional, había participado en los arreglos diplomáticos para el debate sobre la descriminalización de las drogas (intentó entibiar la iniciativa) y había ayudado a escoger a los disímiles miembros del equipo de reforma constitucional. Pero si por algo estaba en boca de todos era porque hacía poco había anunciado el cierre de la dirección de Archivos de la Paz y eso había sacado a flote una entrevista de febrero en que se mostraba indignado por que se afirmara que en Guatemala hubo genocidio.

Álvaro Colom, el presidente del Gobierno anterior, había sostenido lo contrario y pidió perdón a las víctimas. A partir de esa idea, Orlando Blanco, un activista de derechos humanos cercano a la guerrilla al que Colom nombró su secretario de la Paz, llevó a cabo alrededor de 300 actos de dignificación y entregó por primera vez los 300 millones de quetzales con los que se dota el Programa Nacional de Resarcimiento, creó los Archivos de la Paz y comenzó (y vio cómo se truncaba) el proceso para desclasificar los archivos militares. Logró construir también un tenue discurso que intentaba superar la culpa o la brecha incluyendo símbolos como las banderas de los cuatro pueblos de Guatemala y la centroamericana al lado de la nacional, o el son Rey Quiché en lugar de la marcial Granadera para las apariciones públicas del Presidente. Y, según me explicó Blanco, lo habían mezclado con la reivindicación de unas creencias, unos ideales, y unas víctimas en la estela de una época, la de la Revolución de Octubre de 1944 —tumba de una provecta dictadura— que habían sido proscritas del imaginario público por la derecha.

Desde la toma de posesión del general retirado Otto Pérez se supo que todos esos guiños simbólicos iban a desaparecer (“Este gobierno ni siquiera confronta la simbología del gobierno anterior”, me dijo Blanco con cierta molestia”; simplemente la suprime”). Y quizá por eso, cuando se anunció la clausura de aquella dirección, se interpretó como una afrenta a la memoria histórica y como una forma de hacer desaparecer documentos fundamentales para entender la guerra y destilar responsabilidades.

Lo cual, según me había confirmado días antes el destituido responsable del Archivo, Marco Tulio Álvarez, ex combatiente del Ejército Guerrillero de los Pobres, de alrededor de 50 años, melena lacia, bigote recio, camisa de manga corta a cuadros abierta hasta el segundo botón, bolígrafo Bic, y un sencillo Samsung color turquesa, no era cierto.

Su unidad, explicó Álvarez, se había dedicado a sacar copias de los documentos de otras instituciones estatales como Gobernación, Bienestar Social, la Policía, el Ministerio de Salud o Fontierras, y había comenzado a organizarlas y a investigarlas, como hicieron con el Diario Militar, para comprender mejor lo que sucedió entre el derrocamiento de Árbenz en 1954 y la firma de la Paz en 1996.

Eso, según Álvarez, era lo que lo volvía grave: que los archivos existieran no servía de nada si no había alguien ordenándolos, estudiándolos y haciéndolos accesibles. Si se despedía al personal que había recibido entrenamiento para hacerlo y tenía experiencia, nadie más llevaría a cabo esa labor. Ni en la Sepaz, vaticinó Álvarez, ni en ningún lado. En ese sentido, insistió, era una afrenta a la memoria histórica.

Para Arenales lo grave no era eso. Al fin y al cabo, había otras cosas inaceptables: el desorden de Sepaz, los presuntos indicios de tráfico de influencias y malversación, pero, sobre todo, lo que el abogado ha llamado las “investigaciones judiciales” del Archivo de la Paz. “La parte que se refiera a investigar archivos militares para determinar responsables de violaciones de los derechos humanos, ni me compete ni la puedo hacer”, me dijo Arenales. “Ahora bien, si hubiera ya una certeza sobre la vigencia y los alcances de la amnistía, se puede hacer investigación histórica donde se analicen riesgos, responsabilidades y culpas. Porque no tendrá efectos judiciales”.

Le pregunté a Miguel Ángel Sandoval, un ex comandante guerrillero, si estaba de acuerdo con que había una contraofensiva en el campo de batalla de la Memoria o, como me lo describió la activista de derechos humanos Helen Mack, “lo que nos estamos jugando es quién escribe la historia y cómo se escribe, y cómo se mantiene el establishment”. Sandoval, un hombre impetuoso y tajante, me respondió que no es la Memoria lo que está en debate. “Todos los datos confiables hablan de las matanzas que realizó el ejército. Los cementerios clandestinos que ya son públicos arrojan datos de su brutalidad”, dijo de inmediato. “La discusión está en opiniones personales: que si hubo genocidio o si sólo fueron masacres. Pero eso es folclórico. Eso que lo diriman los tribunales”.

Le cuestioné lo mismo a Edgar Gutiérrez, ex coordinador del Proyecto Arquidiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, amigo de Arenales, canciller cuando éste era embajador en Washington durante el gobierno de Alfonso Portillo y miembro del equipo de reforma constitucional, y fue aún más categórico: “No”, me contestó. “El cuco son los procesos judiciales por violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional”.

Al fin y al cabo, lo inaceptable no tenía tanto que ver con la memoria histórica, es decir, con saber y no olvidar lo que ocurrió. Por eso, como me explicó un compañero suyo de gabinete, Arenales, sofisticado, nada torpe, reconoció los hechos ante los tribunales y ha ofrecido investigar sobre las víctimas. Lo inaceptable, le han oído decir ante algunos ministros y frente a Otto Pérez, es que haya casos abiertos y Ríos Montt esté procesado.

Lo que es inaceptable, me dijo a mí, es que no se respete la amnistía que puso fin a la guerra:

—Yo sostengo que en Guatemala no hubo genocidio. Y yo defiendo la amnistía que negocié en la mesa, sin ninguna duda. Pero los juzgados resolverán en última instancia ambos asuntos.

“Tenía dos rostros… por lo menos.”

Talleyrand revolucionario, de Louis Madelin.

El pensamiento de Antonio Arenales Forno en materia de propiedad o en materia de multiculturalidad toma la forma de un discurso ora infrecuente ora izquierdopolíticamentecorrecto.

En cierto modo, la calidad de hombre “ideal” para operar a favor de las industrias extractivas o de los grandes negocios que le atribuye Vinicio Cerezo encuentra correspondencias en sus inclinaciones y superficialmente no es del todo caprichoso porque el abogado ve en ello un paraíso de posibilidades económicas para el país.

Pero en el sentido más general y neoliberal, en la voluntad de debilitar el Estado, parece un misil que estalla en el objetivo incorrecto, un adjetivo fracasado.

No habla Arenales —no está en sus palabras— ni de incentivar la inversión relajando los impuestos ni del salvífico derrame de la riqueza.

De la lectura de un cuaderno de análisis, una conferencia y de algunas conversaciones con miembros del gabinete de gobierno, con el ex vicepresidente Eduardo Stein, con un ex presidente del Congreso y algún que otro asistente a un grupo de debate en el que el Arenales participa, se extrae que en los últimos años el secretario de la Paz ha estado reivindicando ciertas ideas poco predecibles. Por ejemplo:

1. Que el Estado debe ser socio de las empresas extractivas.

2. Que se precisa empujar una reforma agraria y un impuesto caro a las tierras ociosas.

3. Que los grupos de derechos humanos le deben al país una reparación monetaria porque, aunque no lo reconoce en público, opina que “están haciendo su agosto” y han roto el equilibrio de los Acuerdos de Paz.

4. Que hay que reconocer los derechos indígenas en las leyes nacionales.

Dejando de lado los detalles, para explicar su doctrina sobre la multiculturalidad y el plurilingüismo se podría decir que según el abogado, América Latina se divide en dos: la mestiza y la indígena. Junto a Bolivia, Perú, Ecuador…, Guatemala pertenece a la segunda. Ahí se origina el Gran Problema Nacional. O mejor dicho, no ahí, sino en un “ordenamiento político-jurídico que no reconoce esa realidad”.

“Yo creo que el problema básico es ése”, me dijo, “y nos tenemos que empeñar en reformar nuestro ordenamiento político-jurídico para que se adapte a la realidad nacional pluriétnica y multilingüe, que nos permita ese Estado de derecho absolutamente inclusivo. Allí es donde espero jugar un papel en la modernización del Estado”.

Si el problema básico era que el ordenamiento del país no se ajustaba a su naturaleza indígena, le hice notar que en el grupo de discusión del gobierno no hay un solo indígena.

—Es sólo un grupo pequeño preparando una propuesta —justificó. —Todavía hay que socializarlo con los pueblos indígenas, el sector sindical, el empresarial, el académico…

—Pero ante un diagnóstico tan claro es extraño que…

Justo aquel día se había reunido con la Academia de las Lenguas Mayas.

—He recibido propuestas. Guatemala necesita superar estas dosis de exclusión y racismo que hay en la sociedad. A mí me cae muy mal que se haya politizado el término “cohesión social” que es tan fundamental en términos de no discriminación, inclusión y eliminación de la pobreza extrema.

A mediados de los años 90, cuando Antonio Arenales Forno pertenecía a la comisión negociadora de la paz, se implicó sobre todo en dos de los acuerdos sustantivos: el de derechos humanos y el indígena.

En el primero, fue uno de los promotores de no reconocerle al MATADERO60/96 el nombre de conflicto armado no internacional, una voz cargada de connotaciones jurídicas, y sustituirlo por la idea más innocua pero, como él dice, semánticamente irreprochable, de “enfrentamiento armado”. De hecho, ya años antes, cuando aún se fraguaba la estrategia del Estado para la gestión internacional de la guerra él había tenido un papel estelar. Lo habían llamado a consulta y, en buena medida, de su respuesta dependía si lo de Guatemala —con los cerca de 200 mil muertos que después se calculó que hubo, y los desaparecidos, y los secuestrados, y los no nacidos— podía considerarse un conflicto armado de acuerdo con la ley internacional y por lo tanto merecería la llegada de la Cruz Roja y el Derecho Humanitario Internacional, o si por el contrario sería calificado como simples disturbios internos.

Él se plantó y fue un simple intérprete, como me dijo, de la definición (de la más restrictiva; hay otras) de conflicto armado: el enfrentamiento entre las fuerzas armadas de un Estado y grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio un control que les permite realizar operaciones militares sostenidas. Fueron sus palabras, según él mismo:

¿Tiene la guerrilla el control total de un territorio al que el Estado no puede entrar?

Un militar le respondió que no. Preguntó de nuevo:

—¿Existen frentes de lucha permanentes?

Oyó la misma contestación.

—Señores, siendo así, lo que aquí tenemos no son más que disturbios internos.

“Habló de las penurias del Estado; como todos los que atacan el derecho de propiedad, lo declaró sagrado (es el abecé del oficio)”.

Talleyrand revolucionario, de Louis Madelin.

En el segundo acuerdo, en el indígena, avanzaba una convicción: había que reconocer que hay pueblos indígenas y eso implicaba que tenían derecho a decidir sobre sí mismos… “a través de los niveles adecuados de centralización y autonomía”.

“La forma natural de que los pueblos ejerzan el derecho a la libre determinación”, me explicó, “es dentro de un Estado. Cuando los pueblos tienen adscripción territorial es posible determinar autonomías. Cuando no, lo que debe haber es un esquema de participación. Ese es el derecho a la libre determinación”.

Quise saber si ese discurso no chocaba con la posibilidad de decidir sobre su territorio. Arenales me contestó que lo que sucedía es que no existen territorios indígenas: “la riqueza natural es de todos”. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula las consultas comunitarias, obliga a que los pueblos invisibilizados sean tomados en cuenta, pero nada más, continuó. No implica tener la capacidad de decidir sobre un territorio, porque el ser un pueblo no supone necesariamente tener una adscripción territorial propia.

Eso era desde el punto de vista del derecho colectivo. Pero en términos generales, su pensamiento sobre la propiedad individual de la tierra es aún más concreto.

Se resume en que el aire, el subsuelo y la superficie terrestre le pertenecen al Estado y el Estado tiene la potestad de regularlos. La propiedad privada es sólo la forma en la que la tercera se gestiona.

“En Guatemala hay una norma constitucional que permite la expropiación por necesidad o utilidad, y la expropiación por tierra ociosa. ¿Qué fundamento puede tener esa norma constitucional si no es ese concepto?”, me dijo con franqueza en su apartamento de la zona 10 capitalina. “Los sistemas de propiedad o de uso y tenencia de la tierra lo que hacen es regular en el Estado el aprovechamiento del suelo y del subsuelo”.

Le parecía una obviedad decirlo. “Lo que pasa es que yo no le tengo miedo a la legislación. Existe en todos lados. Desde las ciudades más capitalistas a las más socialistas lo hacen. En el mundo capitalista, hay sistemas impositivos o regulaciones o incentivos que orientan el uso y la tenencia de la tierra. La propiedad privada es un sistema para el uso del territorio del Estado. Pero es un sistema. No es un derecho de propiedad frente al Estado. El Estado no sale y compra o vende territorio. El territorio está al servicio de la población del Estado”.

Le comenté que había visto a compañeros suyos sorprendidos por que él sostuviera que se necesita una reforma agraria en Guatemala, y eso me había llevado a imaginarme algo así como las que había habido en Taiwán, o en Guatemala, o en otros lugares.

Sin inmutarse, replicó que lo que él entiende por reforma agraria no pasa por otro lado que por la regulación pero que tampoco descartaba algo mayor. Aunque creía que cualquier modificación era un tema tan delicado que no es algo que pudiera imponerse.

Minutos antes se había referido a la Reforma Constitucional, de cuyo grupo orientador él es un miembro prominente: ninguna de estas ideas sería incluida, ningún elemento demasiado controvertido trataría de negociarse en esta ocasión. Lo urgente era otra cosa: definir y consensuar los elementos precisos de los cuatro ejes que ya habían hecho públicos: seguridad y justicia, partidos políticos, controles y transparencia en el Estado, y el sistema fiscal. Nada que tuviera que ver con garantías sociales, incluyendo la propiedad de la tierra, sería materia de reforma.

Supuse que si de evitar polémica se trataba, en materia fiscal sólo abordarían la deuda y el gasto público.

—No, no —interpuso—. —Hay que tocar eso otro. En la Constitución hay una enorme cantidad de exenciones; hay impuestos y arbitrios que han podido o bien eliminarse unos o bien regularlos de mejor manera en una ley ordinaria. Pero todas esas cuestiones hay que irlas aterrizando y socializando.

***

En un artículo sobre la creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la investigadora Amy Ross escribía:

“Incluso después de signar la Paz Firme y Duradera, en general se entendía que el proceso de negociación había fracasado al abordar las raíces del conflicto. Expertos de todo el espectro político reconocían los ‘problemas con la paz’”.

Antonio Arenales Forno, un ex diputado de la UCN y miembro autoproclamado de la oposición, declaró: ‘Lo que negociamos fue un alto el fuego más que la paz’. En opinión de Arenales, ‘el sector privado ganó la guerra’. Tras la Paz, el poder quedaba ahora en manos del sector privado, ‘que se beneficiará de todo este dinero extranjero además de que ya no tienen que pagarle al ejército. Atravesaron el proceso de paz sin que les subieran los impuestos’”.

“No soy yo quien ha cambiado, sino el tiempo y las circunstancias.”

Talleyrand revolucionario, de Louis Madelin.

Arenales Forno sonrió divertido. Parecía admitir que era cierto que su padre tenía el retrato de Mussolini colgado en la pared, detrás de su escritorio, y una fotografía de Hitler escondida en la gaveta, pero dijo en cambio que podría enseñarme una foto con Franco, aunque no lo iba a hacer. “¿Una foto de su padre con Franco?”, le pregunté. Me explicó que era una foto de su padre y de él y de otros miembros de su familia con el dictador que se había sublevado contra la II República española. Databa de la primera mitad de los años setenta, poco antes de la muerte del general. Tras un intento de secuestro por parte de la guerrilla, Arenales Forno, formado con los jesuitas del Liceo Javier y de la Universidad Rafael Landívar, se había exiliado a España a estudiar en la Universidad de Navarra, del Opus Dei, que dio tantos tecnócratas franquistas. Y su padre, que hasta hacía poco había sido ministro de Gobernación y responsable de la policía judicial del presidente de ultraderecha Carlos Arana (y antes ministro de Economía y Trabajo de Carlos Castillo Armas), ahora estaba de visita en España como canciller. Franco había llenado de banderas de Guatemala todo el camino desde el aeropuerto hasta el lugar en que los recibió.

Aunque exceptuando a un par, mis entrevistados habían definido a Arenales como un conservador casi radical, con tintes liberales en lo social, a principios de los ochenta él había sido fundador de la Unión del Centro Nacional. No quería alinearse, me había dicho, ni con la extrema derecha ni con la izquierda de la época. Le pregunté si no había tenido roces con su padre por motivos ideológicos y me respondió que apenas: no se podían medir aquellos tiempos de guerra fría con los estándares de éstos, y concluyó que la vieja derecha guatemalteca era fascista, mientras la de hoy es libertaria. Lo dijo sin mostrar predilección o admiración por ninguna de las dos.

—Y usted, ¿a cuál de las dos pertenece?

—Yo soy de centro. Mi forma de pensar no ha cambiado mucho desde la UCN y podría estar en cualquier gobierno que no se sitúe en los extremos.

Antonio Arenales Forno proviene de una cuna ilustre de esas cuyo nombre se enreda en los troncos antiguos de la política y la economía del país, de la aristocracia o la oligarquía. Hace tiempo que su apellido no es sinónimo de fortunas rutilantes o inmensas posesiones pero su linaje es el mismo que el de renombrados hombres de Estado, abogados influyentes, diplomáticos y algún que otro empresario. O está emparentado con varias de sus estirpes: los Urruela, los Skinner-Klee, o de manera más reciente y frágil, Castillo Sinibaldi.

Un tío suyo, Emilio Arenales, fue canciller y, sobre todo, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. Otro, Alejandro Arenales, fue diputado del Congreso en los sesenta y Registrador de la Propiedad y Registrador Mercantil y también delegado de Relaciones Exteriores ante la ONU. En los años treinta, un Skinner Klee, Alfredo, intercambió con Reino Unido las notas que le permitieron al gobierno insular inscribir a Belice en la Liga de las Naciones. Hoy, primos, sobrinos y demás familiares ocupan puestos primordiales en embajadas primordiales sobre las que los clanes han cobrado, desde hace décadas, un derecho extraoficial, extraordinario y plenipotenciario de sucesión.

Su familia es mencionada, no como una de las principales, por Marta Casaús en su estudio sobre linaje y racismo en la élite de Guatemala.

Parte 2. El conservador laberíntico

“Tenía su programa: era conservador.”

Talleyrand revolucionario, de Louis Madelin.

El abogado, cuando aún no era abogado y no había salido todavía del país, fue formado en la extrema derecha y después perteneció a la generación que imaginó un paralelismo entre la transición democrática guatemalteca y la española y que creyó tener su propio Adolfo Suárez.

Como me escribió un intelectual de izquierda al que generalmente se considera su amigo, su ascendencia lo influyó de una manera determinante, pero su experiencia vital lo hizo evolucionar y “romper ideológicamente con la derecha cavernícola y despreciar a los libertarios, que lo consideran comunistoide”. “Él tiene su propia idea de Estado y de reformas y causas y las acomoda —especificó el intelectual—: Sabe que quien se opone a su modelo de Estado es la oligarquía ‘moderna’ que emergió tras la crisis de la década de los ochenta, y para enfrentarla se hace amigo de Washington, del ejército y, cuando pueda, de los indígenas”.

“Es un rebelde que no ha seguido los patrones del conservadurismo católico industrial”, me confirmó un hombre cercano a la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, una facción de la vieja guerrilla. “Como persona”, declaró Edgar Gutiérrez, “tiene empatía con los discriminados y aquellos que no tienen poder. Desprecia la falta de inteligencia en sus interlocutores”.

Le pregunté a Arenales si era cierto que había gozado cuando una sobrina suya que se comprometió en Canadá con su novio de la India, se lo había presentado a su familia, y estos al verlo tan “negrito”, casi se desmayan. Soltó una carcajada, hizo una precisión, y dijo: “Es que soy un hombre sin prejuicios”.

A Arenales Forno le gusta verse como un hombre libre de prejuicios en materia de sexo, etnia, política y religión. Tiene una gama tan variada de relaciones que a veces sorprenden en un entorno dogmático en el que las afinidades dependen de las adscripciones ideológicas. Quizá porque es un hombre que no rehúye nunca un debate ni teme dejarse convencer por un argumento mejor que el suyo, como me dijo Cerezo, o tal vez porque, según el aforismo que acuñó el ex vicepresidente y miembro del equipo de reforma constitucional Eduardo Stein, “achicar el espectro de las relaciones personales, la endogamia intelectual, es el ostracismo”, el abogado se siente cómodo en cualquier lugar en el que adquiera ascendiente. Eso es algo que suele suceder entre quienes coinciden en dos cosas: reconstituir la autoridad de Estado y limitar el poder de la oligarquía “moderna” y sus “intelectuales”.

“No es un conservador criollo terrateniente”, afirma Sandino Asturias, ex insurgente, y pariente lejano de Arenales según descubrió hace no mucho. Es un conservador “estudiado y con una visión estratégica del Estado”, y de ahí que promoviera, desde 2004, cuando era diputado del FRG, ratificar el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, que tanto preocupaba a los que creían que podría servir para encarcelar a los viejos oficiales del ejército. “Arenales entendía que la ratificación era favorable para Guatemala, y que en ningún modo iba a servir para juzgar a militares”, porque no tenía efecto retroactivo.

“Casi siempre está sumergido en los acontecimientos, dentro de los partidos, entre la envoltura impersonal de su cargo, tan invisible y activo como el mecanismo de un reloj. Y rara vez se consigue captar, en el tumulto de los sucesos, su perfil fugaz en las curvas más pronunciadas de su ruta.”

Fouché, el genio tenebroso, de Stefan Zweig.

Desde que contaba aproximadamente 32 años se desliza la figura de Antonio Arenales Forno siempre entre los hitos de la Historia. De los tres temas para el debate que Vinicio Cerezo juzga cruciales, el abogado fue siempre un responsable inadvertido.

Incluso en la época en que abandonó las entrañas del Estado no le quitó la vista de encima: entre 1996 y 2000, ejerció como abogado del bufete privado familiar Arenales & Skinner Kleé, es cierto; pero también escribió en elPeriódico, fue consultor de las Naciones Unidas para la reorganización del Estado Mayor Presidencial y además consultor de la Comisión Presidencial para la Modernización y la Descentralización del Estado; imprimió un alegato favorable a reformar la Constitución en función de los Acuerdos de Paz; y nutrió con sus consejos al entonces canciller Eduardo Stein, según Eduardo Stein, ahora su colega en el grupo orientador de la reforma constitucional.

En los grandes momentos que desde la élite moldearon el sistema político actual, el secretario estuvo siempre sumergido en los acontecimientos.

Fue diputado en la Asamblea Constituyente de 1985, que le abría paso a esta democracia, y pesó en el debate y pesó en la redacción.

Asesoró a Alfonso Cabrera cuando éste era ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno subsiguiente, y al ejército, y viajaba a Ginebra, conociendo todos sus entresijos, a defender al Estado de las acusaciones de haber violado los derechos humanos, a presentar la cara amable de la contrainsurgencia.

Formó parte de la delegación de Guatemala en el proceso de paz centroamericano, primero con la mediación del Grupo Contadora y después en Esquipulas.

Promovió ante el entonces canciller Arzú y sobre todo frente al presidente Jorge Serrano Elías, el reconocimiento de la independencia de Belice (“el reconocimiento de que tenían un gobierno, y que tenían un territorio, pero no la extensión de ese territorio”, acotó Arenales).

Estuvo cerca de Serrano en el “Serranazo”, el autogolpe de Estado (él cuenta que abogó por la reforma constitucional y las elecciones y dos políticos en aquel tiempo cercanos a él aseguran que se movió para impulsar la candidatura del vicepresidente Gustavo Espina).

Con Ramiro de León fue subsecretario de la Presidencia y escudero en la Comisión de Paz, y aunque durante el gobierno de Arzú se quitó de en medio (renunció porque "no sentía confianza de parte del Presidente"), ya había dejado firmados, con aportes fundamentales suyos, algunos de los Acuerdos de Paz sustantivos.

(Miguel Ángel Sandoval describió así cómo era en aquella época: “un personaje con luces en unas comisiones bastante grises. Alguien que no ve los derechos humanos como una molestia, sino como algo consustancial a la democracia”. Mauricio López Bonilla, un ex militar hoy ministro de Gobernación, recuerda que en las discusiones con URNG “Rosada pretendía demostrar su calidad intelectual. Tono, su increíble astucia. Juega con escenarios de complot, tiene una mente diseñada para develar complots y le encantaba”).

Portillo lo mandó como embajador a Ginebra (donde rindió culto a los EE.UU. y a Israel), y luego fue enviado como embajador a Washington (donde peleó por la recertificación como aliado en la lucha contra las drogas, que Guatemala acababa de perder; y la obtuvo).

En tiempo de Berger fue diputado eferregista y luego embajador ante la Unión Europea: en lo primero presidió la Comisión de Relaciones Exteriores y consiguió el dictamen favorable para el Estatuto de Roma, que nunca se aprobó; fue miembro de las salas de Defensa y Derechos Humanos; lideró con argumentos jurídicos y nacionalistas la oposición del FRG a la Ciciacs (que se aprobaría como Cicig, o Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala) y a que se instalara en el país una representación del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Participó en las negociaciones y en la redacción del texto; y apoyó a la diputada Zury Ríos en sus luchas por la equidad de género, por las pensiones, por la niñez, por los derechos sexuales y reproductivos.

Colom, después, lo mantuvo en el otro cargo; y entonces encabezó las negociaciones del Acuerdo de Libre Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

Otto Pérez Molina lo hizo, en enero, su secretario de la Paz.

Pero es mucho más que eso.

“Es”, como me dijo Edgar Gutiérrez, “un consejero indispensable en temas de política exterior, derechos humanos y reforma constitucional”. El Presidente confía mucho en su consejo jurídicopolítico. Domina gracias a su trayectoria y a sus redes familiares (primos y sobrinos en algunas de las embajadas primordiales) el corazón de la intrigante Cancillería, que palpita al ritmo que él impone. Su palabra es respetada en el equipo de reforma constitucional. Y está orientando la estrategia del Estado en la cada vez más polémica materia de los derechos humanos.

“Es el operador más agresivo del gobierno, y el más efectivo. Es —como me contó un miembro del gabinete casi tres semanas antes de su desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos— el abogado que puede levantar a la contrainsurgencia y puede pararse frente a la CIDH”.

“Es un hombre profundamente autoritario pero sabe ceder sin molestarse”

Un alto funcionario del Estado, abogado.

Kate Doyle, directora del National Security Archive, que conserva y estudia los documentos desclasificados del gobierno estadounidense, no estaba en Guayaquil, Ecuador, esa jornada, pero el día anterior, después de que el caso del Diario Militar se tratara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intentó convencer a Marco Tulio Álvarez, el ex director de los Archivos de la Paz, y a otra perito, Velia Muralles, para que fueran a un bar con ella a celebrar que ya había terminado el caso. Muralles y Álvarez se habían pasado la jornada comentando los testimonios que tendrían que dar un día después, estaban nerviosos, y no aceptaron la invitación porque querían volver al hotel a prepararse más para no cometer ningún error cuando les tocara hablar. Meses antes, la Copredeh había decidido que Álvarez fuera a representar al Estado como miembro de la Comisión de Desclasificación de los Archivos Militares y a testificar por el caso de la desaparición en 1984 del líder estudiantil Edgar Fernando García, que el MP investigó y llevó a tribunales en Guatemala. Pero sucedió algo que ninguno había previsto. “Estando allí”, me explicó Álvarez, “vienen los edecanes de la Corte y me dijeron: ‘señor, el Estado ha retirado su participación’. Arenales Forno, como secretario, no me dijo nada pero retiró mi comparecencia por estar ‘muy cerca de las víctimas’. El testimonio, de todas maneras, se leyó. Lo envié por fax tiempo antes”.

Álvarez repite algo que me ya me había dicho un funcionario de gobierno: Arenales Forno es extremo en sus posiciones.

Según Álvarez, Arenales Forno sostiene que la Sepaz nada tiene que ver con la memoria histórica y que pretende negociaciones internas que le pongan punto final al pasado y evitar la Corte Internacional de Derechos Humanos.

“En la primera reunión dijo que había que acudir a la reconciliación, a las leyes de punto final, como en Argentina. Yo le respondí”, me explicó Álvarez con un gesto travieso, rizándose el bigote, “que la historia siempre termina llegando, que en Argentina esas leyes se cayeron. No se soportan con el tiempo”.

El secretario de la Paz me confirmó el tono general de la anécdota de Guayaquil, y añadió: “Ante cualquier tribunal uno tiene la potestad de retirar a los testigos propios. Álvarez había sido elegido por el gobierno anterior y a mí, ya allí, me generó desconfianza. Y cuando se supo que lo retiraba, los hechos me dieron la razón: una abogada de la comisión objetó el retiro de mi testigo, afirmando lo que él iba a decir. Me quedó clara también la parcialidad de algunas personas de la comisión”.

“Ninguno de esos perfiles de Fouché, cogidos al vuelo, coinciden entre sí a primera vista.”

Fouché, el genio tenebroso, de Stefan Zweig.

Antonio Arenales Forno es un estatista, un nacionalista, un tipo pragmático al que no le gusta la palabra “pragmático”, un apasionado hombre de ideas sin la pasividad o la calma del analista pero con inacabable saber técnico, un difuso liberal con algo neorrealista en política exterior, un diplomático políticamente incorrecto que siente que sus ideales son los de Occidente, “el canciller en la sombra”, el sucesor de Fernando Andrade Díaz-Durán (el monje negro), alguien que busca el poder, alguien que lo encuentra, alguien que lo rumia, alguien que vierte palabras en el oído, que vierte argumentos, soflamas, indignaciones, uno que se impone, un desconfiado, un consejero áulico, un amigo del ejército, un ideólogo, un hombre cuya voz metálica y asmática suena igual que las sirenas de los buques lejanos, un tipo que es un laberinto.

¿Un demócrata?

“Es un consigliere del presidente. Alguien con mucha expertise”.

Francisco Beltranena, politólogo próximo al ejércto y a Otto Pérez.

Cuando llegué a la casa de Zury Ríos, la excandidata presidencial del Frente Republicano Guatemalteco, notoria por su largo trabajo como diputada y por ser hija del general retirado Efraín Ríos Montt, tantas personas me habían hablado del carácter autoritario de Antonio Arenales Forno que se me empezaba a configurar como un miembro del viejo club de los caudillos decimonónicos.

Zury Ríos vive junto a la residencia de su padre y al aproximarse al domicilio lo primero que se nota es una patrulla de la Difep, la División de fuerzas especiales de la Policía, haciendo guardia frente a la puerta. El General, de 86 años, encabezó la dictadura entre 1982 y 1983, uno de los periodos más crueles de la guerra, y hoy guarda arresto domiciliario desde que el 26 de enero, doce días después de haber perdido la inmunidad que le confería ser diputado, un tribunal guatemalteco lo ligara a proceso por el delito de genocidio. Después de varias audiencias, sus abogados no habían tenido éxito en sus apelaciones y pese a la amnistía decretada por la dictadura militar en 1986, Ríos seguía enclaustrado, pues el genocidio, recordó la juez, no es indultable.

Desde el recibidor, la casa de Zury Ríos se sentía amplia, luminosa y perfumada, y la sala en la que hablamos de su padre, de Antonio Arenales y del proceso de reconciliación estaba llena de muebles de tonos cremosos y madera oscura a medio camino entre lo neoclásico y lo rococó.

Aunque una prima de Zury Ríos quedó recientemente viuda de un hermano del secretario de la Paz y ya se conocían de antes, la relación de ambos se fraguó mientras Arenales servía de embajador en Washington, y se consolidó cuando, segundo en el listado nacional del FRG sólo por detrás de ella, el abogado obtuvo un escaño en el Congreso y la apoyó en sus proyectos antes de irse “como un caballero, sin fugarse a otro partido” de embajador de Óscar Berger a Bruselas. En las elecciones previas, en 1999, Arenales Forno había tenido un acercamiento con el partido que lideraba el General y pretendía ser diputado, pero Zury Ríos lo había rechazado. No tenía ninguna opinión sobre él pero llegaba apadrinado por el vicepresidenciable Juan Francisco Reyes López, al que ella consideraba un hombre con gran amargura en su corazón y su patrocinio le causaba suspicacia.

En los años que siguieron se fue formando una idea más específica del embajador, del congresista, del hombre, y se parecía en cierto modo a una hagiografía: un diputado que sabía disentir pero también plegarse a la disciplina del partido, alguien que enriquecía los proyectos y colaboraba con sus compañeros pero también con los más necesitados, un hombre “amplio”, conocedor destacado de la política exterior y la justicia, un científico del derecho, ilustrado como pocos, estudioso para cada ocasión, que pese a haber sido constituyente había releído la Ley Orgánica del Congreso cuando supo que iba a ser legislador, un entendedor del Estado laico, un buscador de consensos, un hombre que sabe de dónde viene (“su familia es de mucha educación, de gran altura, muy distinguida”) y que no pierde de vista de dónde vienen los demás, especialmente si se creen mucho, un caballero gentil de los que escasean en política, un asesor influyente por su sagacidad, su lucidez, su astucia, que más que buscar es buscado, un embajador que presentaba la imagen de una Guatemala fuerte y digna, un hombre de convicciones y causas, un hombre nada egoísta, un hombre que auxilia. Un hombre de una conducta —concluyó con la voz suave después de examinar mentalmente su catálogo verbal durante varios segundos— “incólume”.

Luego se quedó callada y satisfecha, la mano derecha en la pierna derecha, la pierna derecha en la izquierda, y el brazo izquierdo estirado sobre el lomo del sofá, con una gran sonrisa.

Pero en su letanía Zury Ríos no había mencionado si, como hombre educado por un padre varias veces ministro de regímenes militares, era un nostálgico de tiempos más autoritarios o si se encontraba cómodo en el sistema actual, y más tarde aproveché a preguntárselo.

Tampoco yo lo había entrevistado aún para saber que cuando le pidiera definirse, las primeras palabras que saldrían de su boca serían “profundamente demócrata” y que para él democracia significaba (resumo dos frases distintas): “Estado de derecho con plena o la mayor garantía de la vigencia de los derechos humanos con una ciudadanía representada en los diputados y con mecanismos de participación y de control ciudadano en las decisiones”.

Le expliqué entonces a Ríos que mientras algunos de mis consultados lo consideraban un hombre que había desempeñado un papel positivo para la democracia y la paz, otros veían en él a un reaccionario, a alguien que actualmente defendía la impunidad, y que en una conversación un alto funcionario de gobierno me lo había tildado de fascista.

“Entonces”, le pregunté, “¿es un demócrata?”

Zury Ríos tardó en responder y cuando por fin habló contestó con un juego de palabras:

“Es muy republicano”, replicó riendo por su ocurrencia.

Aunque en realidad la idea casaba muy bien con la cercanía que el entonces embajador Arenales Forno cobró con algunos grupos radicalmente conservadores de la política norteamericana, le expliqué —pero no hacía falta— que me refería a la dicotomía demócrata/autoritario y no a la demócrata/republicano. Entonces ella lo describió como un creyente del sistema de pesos y contrapesos y de la participación con reglas claras. “Pero yo no lo tildaría de conservador en muchos temas. A mí, Martín me dice que soy la más liberal de los conservadores”, añadió en alusión al director de Plaza Pública. “Tono es tan liberal en lo social que a algunos les molesta”.

No era eso lo único en lo que coincidían ambos. El abogado era un hombre que siempre había tenido cercanía con lo militar por los cargos de su padre y comprendía el papel de la institución armada (Ríos utilizaba a menudo este circunloquio) tanto en tiempos de paz como en los de combate. De hecho, recordaba que había pronunciado conferencias sobre ello ante el ejército (luego Arenales me diría que eso no significaba nada: también las había dado para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el Salvador). Además, defendía la causa de su nación con gobiernos de diferentes banderas. Y sostenía las mismas ideas que ella acerca de la Reconciliación.

¿Cuáles eran esas ideas? Alguna vez lo habían hablado entre ellos y, según Ríos, el punto de partida era que la población civil sufrió demasiado en la guerra, “dolores grandes”. (Días después pude notar que cuando Arenales Forno hablaba de víctimas siempre las dividía en dos: las del ejército y las de la guerrilla, sin mencionar a las civiles). Zury Ríos alguna vez le había dicho al negociador que los compromisos de paz se podrían haber escrito de una manera más completa, pero que no se habían esmerado.

“¿Para cuándo la música, la cultura?”, exclamó la hija del General. “No todo es resarcimiento económico, que es importante. Teníamos 18 o 20 gentes en los Archivos de la Paz que no estaban haciendo nada. ¿Por qué pagarlos con nuestros impuestos? Aquí acabamos de tener veintiún casos de niñas que dieron a luz antes de los diez años y aún así seguimos en el pasado, en el resarcimiento, que lo entendemos. Pero ¿para cuándo la reconciliación?”

Nos habíamos trasladado al comedor. Zury Ríos merendaba ahora un canapé y su discurso parecía sincronizado con el del Secretario de la Paz. Después de anunciar el cierre del Archivo, él en otro ámbito también había mencionado el desfase que suponía a su juicio que la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público tuviera un presupuesto tan grande en comparación con la de la Mujer, y reflexionaba si no era mejor preocuparse más por el ahora.

También había dicho que la labor de resarcimiento y dignificación tenía que centrarse en las víctimas y no en los verdugos. Le pregunté a Ríos si eso en todo caso no pasaba por enjuiciar los crímenes y hacer justicia. No lo negó, pero habló con precisión y sin molestia: “Lo que se debe hacer valer es el debido proceso. No creo que sea justicia que al General Ríos Montt se le someta a ocho audiencias en menos de tres meses. El General Ríos Montt no gobernó este país 50 años”.

Justo antes de despedirnos me dijo: “Si se politiza la justicia, ¿en quién van a creer el ciudadano más pobre y el más rico?”

Salí a la calle ya de noche y allí se vislumbraba aún la patrulla, oscura como una pantera dormida. Me fijé en un par de agentes que permanecían visibles bajo la luz de una esforzada farola. Parecían aburridos como si no tuvieran un lugar en la historia.

Parte 3. El abogado en la sombra

“No he dado jamás un consejo perverso a un gobierno o a un príncipe, pero no me desmoroné con ellos. Después de los naufragios hacen falta pilotos para recoger los náufragos.”

Talleyrand, vida y sentencias, de Guillermo del Bosco

Que él creyera que la élite económica y el ejército habían desempeñado un papel importante para el país o que tuviera coincidencias con ellos no lo convertía, me dijo, en el intelectual orgánico que muchos aseguraban. Tampoco que le hubiera dado charlas, conferencias o consejos al alto mando, o que hubiera sido, en la diplomacia y en el derecho, un bastión defensivo para los militares y el Estado durante tantos años. Era simplemente alguien que ponía sus conocimientos al servicio de las decisiones de sus jefes (incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas) si no conseguía cambiarlas. Asesoraba. Opinaba. Lo que pasaba, me dijo, es que muchos (guatemaltecos y extranjeros) tienden a olvidar que Guatemala no fue otra cosa que el campo de batalla de una guerra fría muy caliente entre dos superpotencias que se disputaban en el mundo su dominio. ¿Las causas estructurales? ¡Bah! Él no creía en ellas. Ponerlas como explicación era falsear las cosas. Aunque el Presidente lo hubiera reconocido en su discurso de investidura. O sea, claro, son detalles que dibujaban su contorno peculiar, así que si me pregunta de qué lado estaba yo —respondía él— pues por supuesto que estaba del lado del ejército. ¿Me agrada que el ejército haya ganado la guerra y no la guerrilla? ¡Claro que me agrada! Y creo que es una institución necesaria para una democracia. Y antes de la democracia lo que teníamos era una confrontación, yo lo que buscaba era la transición y la transición fue más posible ganando y creo en los valores occidentales que estaban detrás del contendiente que nos tocó defender en la Guerra Fría, lo que imposibilitaba la democracia en el país no era el ejército sino la Guerra Fría, la guerrilla y el ejército, eso impedía la democracia. ¿Usted dice que Rachel McCleary dice en un libro que quienes no se ponían de acuerdo para esa transición eran el ejército y el sector privado? Yo le digo que conozco ese libro y que es el libro de un extranjero al que le falta información, y si la guerra llegó a ser guerra sucia fue por culpa de todos, oiga, que la guerrilla secuestraba jueces si un guerrillero era consignado al juzgado, la guerrilla secuestraba gente para liberar a los guerrilleros apresados, eso hizo que se fuera formando una guerra sucia, de irrespeto, de normas mínimas, la guerra fue sucia por las circunstancias de una guerra en el contexto de la Guerra Fría y por actitudes de insurgentes y contrainsurgentes, por eso yo hablo de una amnistía para ambos, una amnistía no implica ni restar el conocimiento de los abusos ni regatear reparaciones, pero es necesaria la amnistía para la reconciliación, que si me pregunta si la dignificación de las víctimas no pasa por conocer exactamente qué sucedió le digo, muy bien, cuando haya amnistía, no con la amenaza de juicios, de lo que estoy convencido es de que mientras no haya la certeza sobre la amnistía esa verdad no está para ser conocida.

“Su Constitución es la Constitución de un mundo bipolar.”

Francisco Beltranena, politólogo próximo al ejército y a Otto Pérez, en alusión a la Carta Magna que Arenales contribuyó a escribir.

Otto Pérez Molina lo hizo su secretario de la Paz y allí su ritmo no parece frenético: según el portal de transparencia fiscal del Gobierno, a 24 de junio ha ejecutado el 18.31 por ciento de su presupuesto. Los datos disponibles sobre la institución que dirige —sobre su personal, sobre sus avances, sobre sus planes, sobre cualquier cosa— son nulos: hasta hace una semana la página web no mostraba ninguna de la información de oficio que ordena la ley. Recordé lo que me dijo Arenales hablando de otro tema: “Toda ley no hay más que cumplirla”, y también pensé que probablemente ni siquiera estuviera al tanto. No parece alguien muy tecnológico. Lo pude ver cuando me enseñó su celular al despedirnos en su casa.

Ayer la página ni siquiera funcionaba. Hasta ahora, todo lo que se ha sabido de su trabajo en derechos humanos por parte del gobierno es que la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) está descabezada, que el secretario de la Paz ha manifestado que quiere centrarse en las víctimas (en las actuales más que en las del pasado), que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe ser menos ambiciosa y que los Acuerdos de Paz no pueden ser administrados desde su secretaría y por eso, o se hacen cargo los ministerios, o se aglutina toda la institucionalidad de los derechos humanos (Copredeh, Sepaz, Programa Nacional de Resarcimiento) en una sola entidad: la secretaría o el ministerio de los derechos humanos.

La idea, según Arenales, ya es añeja. Anterior a Orlando Blanco, desde luego.

Hoy diputado, Blanco, el funcionario que dirigió la Sepaz durante la mayor parte del gobierno anterior y el hombre por quien el Presidente y la Vicepresidenta sienten una acerba antipatía, rara vez sale bien parado cuando alguien del gobierno habla de él o cuando lo hace alguien próximo al ejército. Pero salvo algunas acusaciones hasta ahora inocuas —es decir, sin querella— que Arenales hizo para describir el estado de la institución y justificar el despido del equipo de Archivos de la Paz (que eran muchos, que no cumplían sus funciones, que habían sido contratados en pago de favores políticos, que el dinero de la Sepaz se gastaba en gorras y camisetas para la campaña de Sandra Torres), el asunto no ha pasado del discurso. Y aunque hay indicios de que hay detalles ciertos sobre el personal, de momento nadie ha presentado ninguna prueba.

Le pregunté al ex secretario qué proyecto creía que tenía Arenales Forno para la institución y su reacción fue de descrédito: “No tiene ninguno o en todo caso el de reducir sus capacidades, como con la dirección de Archivos de la Paz. Su aspiración es permanecer cerca del Presidente. Él está incómodo en la Sepaz”. Sin embargo, Blanco comparte con Arenales la idea de fundir la institucionalidad de la paz y derechos humanos a tal extremo que ambos me describieron el asunto con palabras idénticas: el ámbito de la Copredeh es el más amplio y en el que más posibilidades hay para hacer cosas, pero administrativamente es la Sepaz la que goza de un andamiaje más sólido: si sólo se pudieran juntar ambas…

En todo lo demás, están en desacuerdo. Lo están en la forma de entender la historia del país, sobre todo. Pero también, como es deducible, en su voluntad de defender o de atacar el estado en el que se encontraban las entidades de derechos humanos el día del traspaso de mando.

Arenales Forno cree que la Sepaz y el Programa Nacional de Resarcimiento están podridos, que se han vuelto burocracias grandes y corruptas, con un sesgo ideológico marcado y reivindicaciones trasnochadas, con un mandato de reparar a las víctimas que no es cumplido porque el dinero nunca les llega a ellas. A Arenales Forno le torturaba también la idea de que el trabajo que hacía la dirección de Archivos de la Paz, montada por Blanco, pudiera tener repercusiones penales en contra de los militares en un momento en que el alcance de la amnistía —me dijo— está en duda. Y por eso lo desmanteló.

Estaba convencido de que allí se hacían investigaciones judiciales y me comentó, un tanto desafiante: “Si Orlando Blanco afirma que no se está haciendo investigación judicial, entonces ¿de qué me acusa? ¿Qué investigación estoy parando?”. El asunto, tal y como él lo interpretaba, no era algo de su competencia. Era tarea exclusivamente del Ministerio Público (MP).

Luego, me dio un ejemplo (“sobre el Diario Militar hay investigaciones en el Ministerio Público, y en los juzgados, y hay un proceso en la Corte Interamericana”) y dijo que la ley de reconciliación y la amnistía tenían un objetivo: el cese de las hostilidades. “Eso es lo que yo defiendo. Cuando negociamos en la mesa de negociaciones, ¿usted cree que se hubiera firmado la paz si yo digo en la mesa: “miren, vamos a emitir una amnistía para la insurgencia, y procesos contra el ejército? Entonces a mí que no me vengan a decir que la ley de reconciliación no era una amnistía”.

—Pero ¿es posible la amnistía para crímenes de lesa humanidad? —pregunté.

—Primero, el delito de lesa humanidad no existía en 1996. Cuando se emitió la amnistía en Guatemala no estaba tipificada la ejecución extrajudicial —respondió, aclarando—: (lo cual no quita que haya un asesinato), no estaba tipificada la desaparición forzada (lo cual no quita que haya un secuestro), no estaba tipificado el crimen de lesa humanidad (lo cual no significa que no hubo masacres). Y las leyes penales no son retroactivas. Esta es mi lectura: Hay una amnistía y tiene tres excepciones: genocidio, desaparición forzada y tortura. Sobre la tortura no tengo nada que decir. Sobre el genocidio: no hubo genocidio en Guatemala. Es la postura del gobierno.

Reaccionó así cuando le puse sobre la mesa dos argumentos que me dieron Blanco y Marco Tulio Álvarez, el ex director del archivo. El primero era que no se trataba de investigaciones penales, sino históricas, que habían servido por el convenio firmado por la Sepaz y el MP —que Arenales ya se había encargado de rescindir— como “peritajes contextuales” para entender las circunstancias de los casos.

El segundo es que la Ley de Reconciliación ordenaba que la Sepaz le diera seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU (esa de la que él había dicho hace 15 años: "Tendremos una comisión de la verdad con amnistía y ahora el ejército ha aprendido mejor cómo manejar la verdad”). Y que esa comisión recomendó investigar.

—Yo le contesto exactamente lo mismo. Lo que no hago es investigación judicial. Cualquier organización del Estado está obligada a colaborar con el Ministerio Público. Exista o no un convenio con el Ministerio Público. Todo funcionario público que detecta la posible comisión de un delito tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. Ahora, lo que yo no soy es investigador del MP. Si el MP quiere hacer investigaciones para determinar responsables de hechos, que lo haga.

“Todos los países y gobiernos tienen este tipo de personajes, influyentes gracias a su entendimiento de las mejores maneras de que un grupo mantenga su poder. Él es eso.”

Un ex vicecanciller todavía en servicio.

Recordé entonces un pasaje de un perfil de 1998 sobre Augusto Pinochet en el que el dictador chileno le había manifestado a Jon Lee Anderson, un reportero de la revista New Yorker, que esperaba un gesto de reconciliación de sus enemigos en el Senado. El periodista le pidió que le aclarara el significado exacto de aquellas palabras y el dictador dijo: “La reconciliación tiene que venir de ambos bandos”.

“Sí, pero ¿qué clase de gesto espera usted?”

“¡Un gesto!” —exclamó Pinochet con aspereza, y cuando le repitió la pregunta, explotó: ¡Que pongan fin a los casos! ¡Hay más de ochocientos! Contando los que ya se cerraron, y que ellos volvieron a abrir. Siempre vuelven a lo mismo, a lo mismo.”

El proyecto no era entonces la disputa entre la Memoria Histórica y la Recordación Florida. Eran los juicios.

“A él le basta con enterarse de la cosa, con tener influencia, con ser él quien manda verdaderamente sobre quien tiene la apariencia de mando, y, sin exponer su persona, hacer el juego emocionante, el juego tremendo de la política”.

Fouché, el genio tenebroso, de Stefan Zweig.

Arenales no recuerda si él fue verdaderamente el protagonista invisible de la anécdota, y tampoco Mauricio López Bonilla, el visible, pero así me lo aseguró Francisco Beltranena y todos están de acuerdo con que sirve para ilustrar el ingenio del abogado y su proceder en Ginebra. Los condecorados fueron López Bonilla y Francisco Ortega Menaldo, un general clave en la guerra sucia. El ejército los felicitaba por haber dado un golpe de efecto.

Eran los años ochenta, cuando viajaban a defender al Estado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y les parecía un hueso duro de roer. A menudo se presentaban allí denuncias por desapariciones de personas en Guatemala, y el listado resultaba tan largo que causaba sensación. Arenales, al parecer, dijo un día que había cosas que no le cuadraban. No sólo era muy difícil creerse que toda esa gente estaba desaparecida, sino que tenía la impresión de que muchos estaban vivos y en otro lado. O más bien, que habían sido muy vivos.

Comenzaron las búsquedas, y las pistas les llevaban, por ejemplo, a Estados Unidos. En Norteamérica el rastreo no tardó en dar resultados: algunos desaparecidos no estaban desaparecidos: estaban por allí: por amor, o por trabajo, o simplemente porque habían decidido irse de Guatemala.

Le pregunté a López Bonilla si les ayudó a desvirtuar el informe de desaparecidos. Poco.

“Como una gota a las 12 del día en el desierto del Kalahari.”

La insuficiencia de voz (así se excusa ante sus amigos y electores) le impide hablar públicamente.

Fouché, el genio tenebroso, de Stefan Zweig.

Un amigo, hoy reportero de una agencia internacional de noticias, le telefoneó quizá por primera vez y después de unos segundos le dijo:

—Don Antonio, mi teléfono no funciona bien. ¿Podría hablar más fuerte?

No sin algo de sorna Arenales le respondió:

—Si pudiera, encantado.

Hace aproximadamente un cuarto de siglo, cuando era el secretario adjunto de la UCN y, en el tráfago de la campaña para tomar el Congreso, urdía las estrategias y las alianzas, Antonio Arenales Forno recibió un disparo en el cuello. Varias semanas pasó entre la vida y la muerte y sus cuerdas vocales nunca se restablecieron del todo. Lo alejaron de la campaña terapias físicas y operaciones diversas, y también del partido, y el abogado, el líder apabullante que se prefiguraba, tardó casi dos décadas en aspirar de nuevo a un cargo de elección popular. Desde entonces, su voz es asmática y metálica como la respiración de Darth Vader y a partir de ahí escogió sumergirse, ser —como me dijo un diputado de la vieja UCN— “actor entre bambalinas y ya no de primer plano”.

En el salón de su casa, el abogado me negó tres veces saber de dónde vino el atentado y tres veces negó haber sostenido la versión que un conocido suyo, el otro implicado y un conocido del otro implicado me contaron. “Yo creo que fue algo político, por una alianza que estaba intentando y que parte de mi partido no quería”, indicó Arenales, “pero nunca se me hubiera ocurrido decir, a mí, un hombre de derecho, sin pruebas, que fue Mario Taracena”.

Mario Taracena es hoy diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza pero entonces tenía en la UCN el cargo de Secretario de organizaciones filiales. Ambos eran jóvenes. Taracena me habló de los problemas que había entre ambos en el partido y me dijo que un día, durante una gira por Quetzaltenango, en Sibilia, Jorge Carpio le advirtió: “Vos, andáte para la capital. Dispararon a Tono y dice que fuiste vos”.

Le habían disparado y lo habían tirado donde los bomberos en la zona 5 en la capital, prosiguió Taracena. “Allí o en el hospital, sin saber todavía si se iba a salvar, dijo: fue Taracena, si me muero fue Taracena”. “Menos mal que su papá, que conocía al mío porque somos familias de políticos, sabía de dónde venía, hizo sus averiguaciones y llamó al mío y le dijo que no se preocupara, que sabía que yo no tenía nada que ver”. Taracena cuenta que, años más tarde, se reencontraron. Él lo insultó, se puso muy nervioso y lo quería demoler a puñetazos. Arenales le decía: “Mano, fue una broma”. “¿Una broma?”, y seguían los insultos.

“Es un genio como político”, lo definió Taracena, “es de los buenos, como yo, muy astuto. Es centrista y pasional. Pero es muy vengativo”.

Le pregunté a Arenales aquel día en su casa si se considera vengativo porque muchos entrevistados, hombres y mujeres notorios, me hablaban con la condición del anonimato, por temor a su influencia y a su lengua o para no estropear la cordialidad de una relación profesional.

"Te puede destruir", me habían dicho.

“No lo sé”, respondió, sabiéndolo, “pero creo que si alguien me hace algo, lo va pagar. Nunca me canso de pagar y corresponder a quien me hace un favor, pero no me dejo de nadie tampoco. Mi límite”, añadió con voz de abogado, “la legalidad”.

Si la diplomacia tiene algo que ver con la hermosura de las formas y la persuasión del contenido, si tiene algo que ver con el derecho y la retórica y también con el secreto, entonces Arenales Forno es el diplomático perfecto incluso sin necesidad de estar en el servicio exterior. Su discurso es pulcro, sus argumentos buscan el amparo de las leyes y sus actos, si así lo quiere, pasan casi desapercibidos. Cuando le pidió una reunión, en medio del revuelo, a la Fiscal General del Ministerio Público no lo supo mucha gente en el gobierno ni muchos en la fiscalía. Allí llegó a deslizar con palabras mesuradas y argumentos lo que en otros lugares (que un poco torpemente siente protectores) ha dicho con varias personas presentes en alocuciones tempestuosas.

Exceptuando un detalle.

A Claudia Paz y Paz, la Fiscal General que después de un cuarto de siglo de apatía estatal ha logrado encaminar los juicios por genocidio, no le dijo que la quería fuera de su cargo, que la quería derrocar, quitarla de su camino.

Le comunicó en cambio que el espíritu de la negociación fue que hubiera una amnistía, pero que el problema había sido la Ley de Reconciliación posterior, habló de los modelos de acuerdos de paz de otros países y de que iba a ser muy difícil reconciliarse si las investigaciones seguían adelante. Dijo que todo se iba a polarizar más aún. Bajo la diplomacia subyacía el mensaje: “deténgalas”. No había pedido la reunión para otra cosa.

Cuando tuve oportunidad, le mencioné a Arenales esta reunión, su disgusto por lo que ella hacía y que le parecía inaceptable. Primero respondió que lo único que podía decir que era cierto era que él defendía la amnistía y que no hubo genocidio, pero que eso era algo que en última instancia resolverían los tribunales. Después repitió uno por uno los argumentos que había proferido en aquella cita: la amnistía, la reconciliación, el modelo sudafricano…

“Los intentos de evadir los efectos y los alcances de la amnistía”, me dijo, “en nada ayudan a la reconciliación nacional. En eso creo, lo creo firmemente y lo defiendo”. Y después concluyó, con calma y comprensión: “No ataco ni defiendo por ello a ninguna persona. Defiendo eso, porque creo firmemente lo que negocié en la mesa. Que me individualicen a quién ataco o a quién defiendo está absolutamente fuera de orden.”

“¡Qué carrera única, realizada casi sin descanso por este hombre que cojeaba de una pierna!”

Talleyrand revolucionario, de Louis Madelin.

Un día de esos, en un despacho oficial, le pregunté a un miembro del gabinete si alguna vez Arenales le había pedido durante un encuentro su apoyo para derrocar a Paz y Paz o al menos para detener los juicios en contra de los militares. El hombre zozobró levemente y me interrogó sobre el encuentro, la fecha, el lugar. Le dije que no sabía ni la fecha ni el lugar exacto, pero que tenía entendido que había sido reciente y le insinué que compañeros suyos del gobierno me habían contado historias similares. Al oírlo el funcionario me contestó que no, que nada, que nunca le había dicho algo así. Cuando le sonreí y le insistí sólo añadió: “No está conforme con el trabajo de Claudia, no le gusta, pero de lo otro no sé nada.”

“Éste es el último secreto de la fuerza de José Fouché, que, aunque anhela el Poder, la mayor cantidad posible de Poder, se conforma con la conciencia de su posición; no necesita sus emblemas ni su investidura.”

Fouché, el genio tenebroso, de Stefan Zweig.

Después de entrevistar a Arenales, hablé con Vinicio Cerezo. El ex presidente no parecía creer que fuera a conformarse con un cargo como el que tiene pues, según recordaba, meses antes el abogado le había confiado que aspiraba a un cargo más alto. Además tampoco le parecía creíble que hubiera abandonado la embajada ante la Unión Europea para ocupar simplemente la secretaría de la Paz. Hace un tiempo se filtró un cable de 2007 en el que el diplomático estadounidense le preguntaba a Otto Pérez Molina si le daría la Cancillería a Arenales Forno en caso de obtener la victoria que al final consiguió Colom. Pérez lo negó: para él reservaba algún puesto como consejero.

En un correo electrónico le expuse estos hechos al secretario de la Paz. Un día más tarde recibí su respuesta:

“¿Ser Canciller? Si algún día me lo propone un Presidente con quien me identifique afín, será un gusto. Nunca he pedido un puesto específico y siempre he estado dispuesto a asumir el que me han propuesto, al considerar un Presidente que puedo servir al Gobierno y al Estado en el mismo”.

El día de la entrevista le pregunté por qué había aceptado un cargo como el que tiene y me respondió que con este presidente se sentía a gusto para tomar decisiones propias. ¿Era con el que mayor afinidad había sentido de todos? Sí, lo era.

***

El larguísimo interrogatorio casi había terminado y el secretario de la Paz posaba para las últimas fotos de Sandra Sebastián, ya a deshoras. Hacíamos bromas sobre la duración exagerada de la charla, que él había atendido con amabilidad descomunal, cuando le dije que conforme avanzaba el reportaje más me comentaba la gente, en respuesta a una pregunta mía, que él, Arenales Forno, era un personaje a medio camino entre Joseph Fouché y el príncipe de Talleyrand. Tanto Fouché como Talleyrand habían sido dos hombres clave de la Revolución francesa, habían sabido moverse, hábiles y traicioneros, para ocupar puestos importantes en los regímenes sucesivos y contradictorios de aquellos años, ambos poco queridos pero ambos muy poderosos, Fouché casi siempre desde la sombra, la policía y el espionaje, Talleyrand a menudo en la diplomacia.

Un amigo suyo lo veía como el primero por su capacidad de estar entre bambalinas e influir permanentemente pero como el segundo por sus campos de acción y sobre todo por su ácido sentido del humor. Un antiguo aliado me había confirmado que le encantaría verse como ambos, y resumió: “Es implacable como el primero y oportunista como el segundo”.

Arenales Forno sonrió, cruzó la sala y dijo: “Me han llamado muchas veces Fouché y Talleyrand. Me gustaría parecerme a cualquiera de los dos y tener tanta influencia.”

SOBRE EL AUTOR

Enrique Naveda (Santander, 1981) es periodista e investigador social. En enero de 2011 co-fundó Plaza Pública, un diario digital guatemalteco de periodismo de profundidad, del que es editor general. Antes de eso, pasó un tiempo en otros medios y otras instituciones y varios países: Irlanda, Dinamarca, Italia, aprendiendo, estudiando, holgazaneando. Algunos de sus reportajes han sido traducidos a otras lenguas. Es coautor de Bestiario del poder, una colección de textos de Plaza Pública sobre el poder, la política y los personajes que se mueven en ese territorio.

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