Sin embargo, la evidencia científica y los datos a nivel global nos indican que el embarazo en adolescentes es resultado de la pobreza, de la desigualdad entre los sexos, de la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y especialmente a una educación integral en sexualidad que permita a las personas adolescentes y jóvenes tomar decisiones asertivas en su vida.
Hoy sabemos que el embarazo en adolescentes es consecuencia de una serie de presiones sociales que conspiran contra las jovencitas en distintos niveles, que comprenden los ámbitos individual, familiar, escolar, comunitario y nacional.
En Guatemala tenemos leyes que garantizan el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y a educación integral en sexualidad. Sin embargo, muestran enormes desafíos en su implementación, en la ejecución efectiva de los presupuestos y en la rendición de cuentas. Asimismo, persisten normas de género discriminatorias que no valoran a las niñas adolescentes por su condición de ser mujeres y por tanto limitan su autonomía, las exponen a ser víctimas de violencia sexual en el hogar, les imponen obstáculos para asistir a sus estudios y culminarlos con éxito, facilitan que se unan o casen a temprana edad o que se embaracen como único fin en la vida y establecen las estructuras sociales de control sobre sus cuerpos y sus vidas.
Cabe entonces preguntarse: ¿metieron ellas la pata? ¿Y si metimos la pata todas y todos como sociedad?
Es muy fácil culpabilizar a las adolescentes si se embarazan —y olvidarnos del rol de los hombres en la mayoría de los casos—, aunque somos incapaces de reconocer que como sociedad, como Estado-nación, no hemos garantizado derechos básicos y habilidades para la vida que les permitan ejercer su sexualidad de manera segura y plena. Por tanto, la responsabilidad es compartida.
Y es que, a pesar de que la sexualidad nos ha acompañado siempre como humanidad, aún nos cuesta mucho aceptarla como una dimensión constitutiva de la esencia humana que determina nuestra posibilidad de vivir el placer, el bienestar, la trascendencia y la realización en la vida. Somos una sociedad que no enseña a las personas jóvenes a tomar decisiones, pero que penaliza sus acciones y sus determinaciones en el campo de la sexualidad y la reproducción.
Si queremos que los jóvenes tomen decisiones asertivas sobre su sexualidad, debemos exigir el cumplimiento de leyes y programas de educación integral en sexualidad (EIS), entendidos desde un enfoque basado en los derechos humanos y en género,tanto dentro como fuera de la escuela, y basados en currículos educativos que empoderen a niñas, niños y personas jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan desarrollar una visión positiva y holística sobre su sexualidad en el contexto de su desarrollo emocional y social.
Esta responsabilidad debe llamarnos a exigir a viva voz que los gobiernos cumplan con su mandato de implementar la educación integral en sexualidad como un derecho humano en cada establecimiento educativo, en todos los niveles educativos y en todos los subsistemas escolares. Asimismo, debemos urgir a que se hable de sexualidad en las familias sin temores, autoritarismos o fundamentalismos, es decir, en libertad, aunque invadan las dudas. Ese puede ser un buen principio para transformar la vida y la calidad en la educación.
El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron en la agenda de desarrollo 2030 y adoptaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todo el mundo con el fin de erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático. Dentro de ellos podemos identificar tres objetivos que aportan directamente a poner fin a la desigualdad y la injusticia: ODS 3, sobre salud y bienestar; ODS 4, sobre calidad en la educación; y ODS 5, sobre igualdad de género.
Y es que no puede haber desarrollo sostenible sin calidad educativa, y no puede haber calidad en la educación si esta no incluye los enfoques de género, de derechos humanos y de interculturalidad. El ODS 4 no se logrará si la educación se aleja de la vida de las personas, si pierde el humanismo, si es autoritaria y coercitiva en el ejercicio de la ética y de las libertades.
Que la agenda 2030 de desarrollo sostenible movilice al Ministerio de Educación al cumplimiento de su función de garantizar el derecho a la educación integral en sexualidad y al Ministerio de Salud a proveer información y servicios amigables para adolescentes y jóvenes mediante alianzas intersectoriales en el marco del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes, liderado por el Gabinete Específico de la Juventud.
José Roberto Luna es un joven profesional y activista en derechos sexuales y reproductivos. Es psicólogo con maestría en Estudios Estratégicos en Ciencias Políticas y Estudios en Investigación en Juventud. Ha aportado en campos como educación integral en sexualidad, género y masculinidades y juventud desde la sociedad civil, el Gobierno y la cooperación internacional.
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