Los generosos financistas de la UNE

En las elecciones generales de 2011, el empresario Mario Leal Castillo, fue el principal financista de la campaña electoral de Otto Pérez Molina. En esa campaña electoral, Leal Castillo donó el 10% de lo que el Partido Patriota (PP) reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el informe de ingresos por donaciones, equivalente a Q1,163,000. Durante los tres primeros años del gobierno de Pérez Molina, Leal Castillo se desempeñó como Secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia. Ahora que corre como candidato vicepresidencial de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), los aportes de Leal Castillo a la campaña electoral son mayores, al igual que la cuota de poder político a la que aspira.

Mario Leal  ha participado en importantes conglomerados empresariales de Guatemala: el Grupo Cayalá, que maneja Ciudad Cayalá; Grupo Magdalena, propietaria del ingenio azucarero del mismo nombre; Grupo Econo Super, con los supermercados La Torre y EconoSuper, entre otros.

Cuando Sandra Torres anunció a Leal como su candidato a la Vicepresidencia para las elecciones de 2015, Leal Castillo además de asegurar que siempre ha sido un socialdemócrata de pura cepa, también ofreció renunciar a su participación en sus empresas para no tener conflicto de intereses. Sin embargo, según los archivos del Registro Mercantil, hasta la fecha, ninguno de sus mandatos ha sido cancelado entre 2014 y 2015.

En cinco aportes diferentes, Mario Leal Castillo ha donado a la campaña de la UNE en 2015, un total de Q2,795,000, es decir, Q1,600,000 más de lo que dio al PP en 2011. Eso, según los informes de gastos de campaña que el partido ha entregado al TSE, hasta agosto pasado, lo ubican como el segundo financista de la UNE. En junio, la UNE reportó al TSE un gasto en campaña de más de Q16 millones.

Según el informe, el financista más grande de la UNE es el Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe S. A., que aportó Q3,250,000 durante junio pasado. De acuerdo al Registro Mercantil, el representante legal de esa empresa es Julio César Ixcamey Velásquez, un abogado que ha representado a los bancos Banrural (tanto de la aseguradora como de la financiera), del Nororiente, Inmobiliario y el desintegrado Bancafé, y que en las elecciones generales del 6 de septiembre, fue elegido como diputado de la UNE por Sacatepéquez.

En mayo pasado, el congresista de ese departamento, Rolando Pérez Bethancourt, denunció que la dirigencia del partido le despojó del primer puesto de la lista de candidatos a diputados de Sacatepéquez para cederlo a un financista. Según Pérez Bethancourt, dos días después de la asamblea departamental donde se postularon los candidatos de la UNE por Sacatepéquez, Sandra Torres, secretaria general del partido y candidata a la Presidencia, le pidió que no presentara su postulación al TSE porque convocarían a una asamblea posterior.  Una semana más tarde, Mario Leal, en nombre de Torres, le pidió la renuncia, y le explicó que habían hecho una negociación con la dirigencia de Banrural.

“Ellos (Banrural) iban a proponer a la persona que iba a ir en ese cargo (diputación) y a cambio les darían un apoyo económico directo a la campaña”, dice Pérez Bethancourt quien asegura que no atendió las peticiones. En cambio, explica, hizo pública la denuncia y su renuncia a la UNE. Días después, asegura, fue amenazado; hace un mes, el fiscal a cargo de investigar esas amenazas, a quien no identificó, llegó a su oficina para pedirle que firmara una desestimación del caso, algo que él no había pedido y no quiso firmar. “Aquí los partidos son de dueño y patrón. El secretario general es el dueño y decide cuando cambian las cosas a su conveniencia personal y económica”, se queja Pérez Bethancourt.

Hugo Novales, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), califica de “dañina” para la democracia la forma en que los partidos eligen a sus candidatos a cargos de elección pública, porque el poder de decisión lo ejerce el Comité Ejecutivo Nacional y las organizaciones locales queden afuera. “Esto permite pasar por encima la democracia interna del partido y el criterio que se asume para elegir a un candidato es el financiero”.

En total, los 250 registros de ingresos reportados por la UNE suman Q21,975,485.81. 

Inversores maquileros 

Cuando a Mario Leal Castillo le preguntaron, en el foro de vicepresidenciables de la Asociación Guatemalteca de Gerentes, quiénes eran financistas de la campaña electoral de la UNE  el candidato vicepresidencial mencionó cuatro nombres. Uno de ellos fue Maynor Feizal Zimeri Corado: a título personal este empresario aportó Q1.5 millones, y la maquila Bienno, la cual preside y de la que es representante legal, aportó Q600 mil. La suma de ambos aportes Q2,100,000 ubican a Zimeri Corado y su empresa como el cuarto mayor financista del partido, y sus donaciones a título personal ocupan el sexto puesto.

Otros dos financistas de la UNE tienen vínculos con Zimeri Corado: Grupo Meal, que dio un aporte de Q1,250,000, e Inversiones Zeta Mar, que donó Q500 mil. Estas tres sociedades anónimas comparten un crédito de 6 millones de dólares, otorgado por el Banco G&T Continental para ampliar sus inversiones en textiles y restaurantes, según la firma de abogados Lexincorp.   Según Guatecompras, Zimeri Corado también es el representante legal de Inversiones Zeta Mar.

En total, los aportes de Zimeri Corado, Bienno, Grupo Meal e Inversiones Zeta Mar, suman Q3,850,000, el equivalente al 17.5% de los aportes declarados por la UNE ante el TSE. Zimeri Corado no respondió a la solicitud de entrevista que se le hizo

Otros de los financistas de UNE es la  sociedad anónima Maariv, dedicada a la comercialización de inmuebles. Esta empresa, representada por Luis Fernando Pérez Vargas y Jesse Frank Kachler, dio Q2,296,000 a la campaña de Sandra Torres; y la distribuidora Cayman, representada por Erick Rivera Díaz, donó Q2,400.000.

Entre los financistas también se encuentra el empresario del sector energético Roberto Carlos Antonio López Roesch, quien dio Q1,537,000. Según los archivos del Registro Mercantil, López Roesch es mandatario de al menos dos empresas energéticas: Energía Limpia e Inver-Hidro, además de tres hidroeléctricas: Copón, Las Brisas y San Pedro. El historial de López Roesch en el Registro Mercantil señala un mandato cancelado en 2011 sobre un proyecto que nunca arrancó: la Hidroeléctrica Santa Rita, ubicada a 43 kilómetros de Cobán, Alta Verapaz, centro de conflictividad que ocasionó el año pasado un desalojo en dos fincas cercanas a la comunidad Monte Olivo y un enfrentamiento entre pobladores y policías en la comunidad Samacoch en donde tres personas fueron asesinadas.

Roberto López Roesch fue el segundo nombre que Mario Leal refirió cuando lo cuestionaron sobre los financistas de la UNE en un foro de vicepresidenciables, aunque en el reporte que el partido presentó al TSE figuraba solo como Roberto López.

Otros de los nombres sin segundo apellido o nombre,  que incluidos en los reportes del partido y que son igual de ambiguos: Juan Pablo García, Jorge Gomez o Karina Paz. El Número de Identificación Tributario (NIT) reportado por Karina Paz coincide con el de la ex subsecretaria de Asuntos Específicos de Otto Pérez Molina, Karina Alexandra Paz Rosales, candidata a diputada en el puesto seis del listado nacional de la UNE y quien trabajó junto a Mario Leal cuando él fue titular de esa Secretaría.

Del informe de la UNE también se desprenden casos que ejemplifican el uso de sociedades anónimas para favorecer la opacidad en la declaración de los aportes a partidos políticos, tal y como lo denunció la Comisión Internacional contra la Impunidad en (CICIG), en un informe sobre el financiamiento de la política en el país, el cual fue presentado en julio pasado: el empresario Luis Eduardo Méndez Valladares, donó Q161,730, mientras que la empresa One Alliance, de la cual Méndez Valladares es su representante legal, otorgó Q400 mil, en operaciones separadas.

Vea también: “Los militares que financian a Jimmy Morales”