El CSU de Mazariegos es un gobierno ilegítimo
El CSU de Mazariegos es un gobierno ilegítimo
El 68% del Consejo Superior Universitario de la Usac tiene anomalías en su conformación, entre puestos caducos y vacantes. En estas condiciones, el gobierno de la universidad pública elige a un magistrado titular y otro suplente de la CC y —de no haber cambios— también autorizará a los electores que nombrarán al próximo rector.
Walter Mazariegos controla las dos terceras partes del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Pero su poder descansa en consejeros cuyos cargos mantienen un prolongado vencimiento. De los 27 votos duros con los que cuenta Mazariegos, 17 son de representantes que no deberían ocupar ninguna silla en ese órgano.
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Desde marzo de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al CSU renovar los cargos, pero el Consejo controlado por Mazariegos se niega sistemáticamente.
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Una investigación de Plaza Pública, basada en información de fuentes internas de la universidad y las actas del Consejo Superior, identificó 28 anomalías en el CSU, entre cargos vencidos, sillas forzadas a mantenerse vacantes, bloqueo a consejeros electos, elecciones pausadas y omisión de convocar a los procesos para ocupar los puestos caducos, bajo el pretexto de procedimientos burocráticos «en trámite».
El resultado de mantener los cargos vencidos es un poder ilegítimo porque la mayoría de puestos no han sido electos conforme la normativa interna de la universidad. El Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT) señaló sobre la situación del CSU que «cualquier decisión adoptada por un órgano integrado de forma anómala —incluida la designación de magistrados— es ilegítima, atenta contra la institucionalidad democrática y corre el riesgo de ser declarada nula».
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Los documentos del Consejo reflejan que el cuórum de las sesiones oscila entre 29 y 31, esto supone que Mazariegos necesita, como mínimo, de 17 votos para mantener el control porque las decisiones en el Consejo se adoptan por mayoría absoluta.
Del total de cargos con periodos vencidos, en 14 de estos el CSU no ha convocado a elecciones. Esta anomalía tiene mayor peso entre los decanos, pues ocho de los diez son interinos. Solo las facultades de Derecho y Humanidades, alineadas con Mazariegos, eligieron decano en 2025.
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Las elecciones de representantes del CSU que están en pausa son las de los decanos de Ingeniería y Odontología, además del representante estudiantil de Ciencias Económicas, puesto ocupado por Julio Armando Saavedra González, parte del grupo alineado con Mazariegos, desde su elección fraudulenta en 2022.
Además, hay seis cargos que están vencidos y que sus elecciones se desarrollarán próximamente o están en marcha, como la del representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y la del Colegio de Veterinarios, donde el año pasado fue electa Jazzel Silvia Angers Zea Muñoz, pero su elección la anuló la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales porque Zea tiene impedimento por se catedrática en la Usac.
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La profesional aseguró que no tiene impedimento para integrar el CSU en representación del Colegio de Veterinarios. No obstante, figura en la nómina de empleados de la universidad. El colegio repitió la elección el pasado 11 de febrero.
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Todo para los aliados, la ley para los opositores
Mazariegos premia la fidelidad de su grupo con comisiones de trabajo y representación en unidades educativas de reciente creación, o en las directivas de escuelas no facultativas y centros intervenidos por su administración.
Al mismo tiempo, los aliados del rector bloquean la toma de posesión de consejeros que abiertamente se han manifestado como oposición al régimen de Mazariegos. Los representantes estudiantiles electos Dennilsson Esquit Salazar y Roberto Andrés Luna Reyes, en Farmacia e Ingeniería, respectivamente, no ingresan a las sesiones pese a que fueron electos desde el año pasado.
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Luna aseguró que la única explicación recibida por el CSU, tras plantear un amparo, fue que su elección debe esperar la ratificación de la Junta Electoral Universitaria, lo cual se mantiene estancado.
El estudiante también denunció a Plaza Pública un bloqueo que sufrió en la facultad en su intento por ser auxiliar de cátedra, únicamente por ser opositor a Mazariegos.
Tampoco han podido tomar posesión, aunque también ya fueron electos, los representantes catedráticos de Veterinaria, Marco Vinicio De la Rosa Montepeque y de Medicina, Rony Enrique Ríos. De la Rosa señaló que, desde 2023, no lo dejan participar de las reuniones del CSU.
«He mandado más de 15 notas al CSU y no me han contestado. La Procuraduría de los Derechos Humanos me dio la razón, en cuanto a que me deberían contestar el porqué no me convocan. Los consejeros han preguntado por qué no se ha conocido la elección que lleva 11 meses de haberse realizado, fue en marzo de 2025, y la respuesta ha sido que está en trámite», explicó el catedrático de Veterinaria.
22 años en el CSU
Un caso emblemático de lo intrincado del CSU es el de Urías Amitaí Guzmán García, quien suma 22 años como representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y Administradores de Empresas (CCEE). El periodo de cada consejero es de dos años, excepto el de los decanos que es de cuatro, pero Guzmán sigue en el puesto por un litigio inconcluso entre el CEE y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), por la disputa de ese escaño.
Guzmán es empleado en la Dirección General Financiera de la Usac y vota alineado con el grupo de Mazariegos. En 2019 se vio implicado en una denuncia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que señalaba una supuesta sobrevaloración en la compra de un terreno para la universidad, en la que Guzmán integró la junta que adjudicó la adquisición.
Luis Alberto Barillas Vásquez —quien a veces vota alineado con Mazariegos— es otro integrante del CSU sindicado de presunta corrupción. Fue capturado, en 2016, por el desvío 12.8 millones de quetzales de la Municipalidad de San Miguel Petapa, durante su periodo como alcalde. La comuna contrató una empresa privada para recaudar el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), el monto desviado corresponde al 20% de lo que la compañía captó.
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La protección de Consuelo Porras
La fiscal general Consuelo Porras mantiene una alianza silenciosa con las autoridades de la Usac. Porras no solo busca ser designada por el CSU como magistrada de la CC, sino que mantiene una plaza como catedrática titular, desde 2001.
Además, no ha informado sobre los avances de las investigaciones de 12 supuestos actos de corrupción que, en 2019, denunció la Cicig en contrataciones de la Usac, que también involucran al exrector Estuardo Gálvez y a operadores de Mazariegos.
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El Ministerio Público (MP) de Porras también se alineó a favor de los intereses del rector de la Usac en el amparo que promovieron consejeros de oposición en el que exigían que se convocara a la elección de cargos vencidos.
«No existe agravio personal y directo hacia los accionantes, porque están facultados legalmente para seguir ejerciendo funciones hasta ser reemplazados formalmente. Resalta además lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política sobre autonomía universitaria y organización interna conforme a su ley orgánica», justificó el MP, dentro del expediente 6303-2024, en apoyo al CSU que se resiste a renovar los cargos ilegítimos.
«El artículo 31 del Estatuto Universitario permite a las autoridades elegidas continuar ejerciendo hasta que tomen posesión quienes sean designados para sustituirlas», añadió la institución que dirige Porras, en la acción legal.
Contra la integración ilegítima del Consejo Superior se han presentado amparos que buscan evitar que este cuerpo elija a magistrados constitucionales de esa forma. Uno de los amparos lo planteó la Convergencia por los Derechos Humanos, que aglutina a ocho organizaciones, que pide que no se realicen «designaciones arbitrarias».
El CSU no solo nombra magistrados de la CC e integra la postuladora del TSE. Su importancia radica en el poder político que le permite nombrar más de 50 representaciones con voz y voto en entidades como el seguro social o la Junta Monetaria. Por mandato constitucional, el gobierno de la Usac también dirige, organiza y desarrolla la educación superior del Estado, además de la difusión de la cultura.
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