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Los dos lobbys que buscan que la administración Trump apoye a Consuelo Porras

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Los dos lobbys que buscan que la administración Trump apoye a Consuelo Porras

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En el intento por continuar en el poder del Ministerio Público hay dos caminos abiertos para buscar el favor de la Casa Blanca. Son dos tipos de lobby, uno basado en un contrato y otro con actores relevantes en el movimiento MAGA. Ambos buscan con fuerza que el presidente Donald Trump y el Secretario de Estado, Marco Rubio, marquen el rumbo de las elecciones del nuevo Fiscal General.

La Fiscal General Consuelo Porras, su círculo en el MP y sus aliados políticos y empresariales están desesperados. 

Luego de perder la posibilidad de ser electa como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), se presentó como aspirante para un tercer período al frente del Ministerio Público (MP), un cargo que el presidente Bernardo Arévalo debe designar y que al ser consultado sobre las intenciones de Porras dijo que es «una burla al pueblo de Guatemala».

Mientras Porras imprime más copias de su expediente, también se beneficia de dos grupos que se están acercando a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cabildear y facilitarle los contactos que abogarían por recuperar su visa y que se le retire la sanción que le impuso el gobierno de Joe Biden, que la incluyó en la Lista Engel de actores antidemocráticos y corruptos.

Fuentes consultadas por Plaza Pública, fotografías, columnas de opinión y documentos oficiales apuntan a que dos grupos de empresarios, uno liderado por Rodrigo Arenas y otro por el estadounidense radicado en Guatemala Steve Hecht, confluirían en buscar la continuidad de la gestión del MP al estilo de la fiscal Porras.

El grupo de Arenas, que firmó un contrato con la firma Corcoran & Associates Inc, además de impulsar partidos y causas conservadoras en Guatemala, también buscaría un MP que no les presente una amenaza como ocurrió con la antigua Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIG), que entre 2017 y 2018 golpeó al sector empresarial. 

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El segundo grupo es liderado por Hecht, tiene intereses más relacionados al círculo conservador republicano de EE. UU., con una tendencia vinculada a militares y grupos de derecha en Guatemala, como la Liga ProPatria, organización que niega el genocidio en el país, que defiende a Porras y es adversaria de Arévalo.

Esto ocurre en un momento histórico para Guatemala: en el primer semestre de 2026 se está eligiendo a los nuevos integrantes de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Rector de la Universidad de San Carlos (Usac), el titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Fiscal General para el período 2026-2030.

Nuevos nombres en los lobbys: Roger Stone, Steve Hecht y los esposos Bovo

En los últimos dos años Consuelo Porras y sus funcionarios más leales en el MP empezaron a hablar en inglés.

En 2023, mientras Donald Trump hacía campaña para las elecciones presidenciales, la Fiscalía arrancó con los intentos para acercarse a influencers y cabilderos políticos en Estados Unidos y posicionarse ante el movimiento MAGA (Make America Great Again). 

Las redes sociales del MP y su personal mostraron este intento. Por un lado el jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción e Impunidad, Rafael Curruchiche, protagonizó diferentes videos usando la gorra oficial de la campaña de Trump. Por el otro, al no contar con visa, Porras mandó a dos de sus secretarios a participar en la toma de posesión de Trump, en la que solo lograron fotos a la distancia y afuera de oficinas de funcionarios que no los atendieron. En paralelo, el MP le daba acceso al youtuber estadounidense Ryan Matta a expedientes y entrevistas exclusivas que terminaron siendo parte de un documental donde la llamaban «la Trump de Guatemala»

Ángel Pineda, secretario general del MP, daba entrevistas a periodistas republicanos donde ofrecía estrategias para atacar la migración y señalaba al presidente Arévalo de supuesto fraude electoral. 

La conversación pasó de inglés traducido a nativo con Steve Hecht, un empresario estadounidense radicado en Guatemala desde 1972. A partir de 2021 empezó a escribir columnas en las que exalta a Porras y la posiciona como la funcionaria guatemalteca que debe ser invitada a la Casa Blanca. 

«Ella es la mejor oportunidad de Trump para combatir más eficazmente el crimen transnacional proveniente de América Latina», escribió Hecht el 3 de marzo de 2025. En paralelo, ese mismo mes un informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL) la señaló a ella, junto al expresidente Jimmy Morales, por debilitar la lucha contra la corrupción.

Hecht tiene contactos de alta relevancia dentro del círculo MAGA que ha utilizado para intentar posicionar a Porras. Dos de ellos son Roger Stone, estratega político republicano y aliado del presidente Trump; y Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y exabogado del presidente de EE. UU.

En diciembre de 2024 Hecht participó en el programa de entrevistas de Giuliani, donde dijo que Porras investigó el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2023 en las que ganó Bernardo Arévalo. Esta acusación quedó sin fundamento luego de la revisión de actas electorales. 

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En el podcast Hecht también dijo que la Fiscal General estaba investigando un caso de supuesto tráfico de niños migrantes durante la administración de Biden, el mismo tema que impulsó Ryan Matta en su documental donde alaba a la jefa del MP.

Más recientemente, Hecht se reunió con Roger Stone. El encuentro quedó registrado en una fotografía donde se les observa cenando en un restaurante en Estados Unidos.

La reunión ocurrió cerca del momento en que Stone publicó una de sus pocas columnas de opinión sobre Guatemala, donde se suma a la narrativa de Porras y Hecht al señalar la existencia de un supuesto fraude electoral en 2023. 

«El Maduro de Guatemala», llamó Stone a Arévalo en una publicación hecha el 23 de enero de 2026, donde lo señala de «adoptar medidas blandas contra el narcotráfico» y que «al igual que Maduro, ha manipulado el proceso electoral para alcanzar y mantener el poder». 

Aunque no es posible medir en este momento el impacto de esta narrativa, uno de los efectos de estos cabildeos es que está provocando ruido en la administración y el Departamento de Estado. 

Pese a esto, el presidente Arévalo ha sido reconocido como un aliado para el gobierno de Estados Unidos, incluso con el cambio de autoridades de la Embajada de ese país en Guatemala, donde recientemente asumió como encargado de negocios John Barret. El diplomático, en su primer mensaje público, el 25 de enero de 2026, dijo «apoyamos al Gobierno del presidente Arévalo y vamos a continuar trabajando de manera directa y práctica».

Abogó por Juan Orlando Hernández

Stone es un actor con un alto nivel de influencia en la Casa Blanca de Trump, tanto que fue parte del lobby para lograr que el presidente de EE. UU. le otorgara un indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico. En 2025 Stone publicó tres columnas en las que abogó por el perdón y la libertad de Hernández, y lo señaló de ser víctima de la izquierda política de ese país. 

En una entrevista al medio estadounidense Axios, Stone respondió que él llamó la atención de Trump sobre la carta de cuatro páginas que Hernández le enviaría para suplicar clemencia. Cuatro horas después, el presidente de EE. UU. publicó en sus redes sociales que en medio de las elecciones presidenciales de Honduras, él respaldaba al candidato Nasry Asfura. Veinte minutos después anunció el indulto para Hernández. Stone dijo a The New York Times que no recibió ninguna compensación por su defensa de la liberación del expresidente de Honduras.

Estos resultados, según las fuentes consultadas por Plaza Pública, motivaron a los aliados de Porras a buscar que Trump o su administración se posicionan a su favor en este 2026. En el caso de Hecht no existen documentos públicos que demuestren que sus declaraciones sean parte de un contrato entre lobistas.

Las acciones para proteger a la actual Fiscal General no se detienen allí.

Los Bovo aparecen en escena

En el lobby impulsado por Republica Media Group (de República GT y Rodrigo Arenas) también hay un nuevo actor relevante. En un documento publicado el pasado 5 de febrero en el Registro de Agentes Extranjeros (FARA por sus siglas inglés), se detalla que al contrato con Corcoran & Associates, Inc, fue asignado como lobista Esteban «Steve» Bovo, exalcalde de la ciudad de Hialeah, al sur de Florida, y amigo cercano del Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio.

Su rol, describe el documento, es hacer lobby y establecer relaciones con integrantes del gobierno de EE. UU. para impulsar y facilitar discusiones con candidatos en apoyo de partidos políticos y causas conservadoras en Guatemala. Las fuentes consultadas por Plaza Pública apuntan a que uno de esos «candidatos» es la Fiscal Porras. Este cabildeo tiene un valor de Q3.1 millones de quetzales según documentos oficiales.

El papel de Bovo es clave pues su esposa, Viviana Bovo, es la principal asesora para Asuntos del Hemisferio Occidental de Rubio. Esa posición le da acceso al Departamento de Estado, encargado de las sanciones de la Lista Engel, donde la jefa del MP ha sido incluida en dos ocasiones.

La relación de los esposos Bovo con el Secretario de Estado es muy cercana. Cuando Steve se retiró de la alcaldía, Rubio publicó un mensaje donde lo felicitó por sus años de servicio público: «Es un amigo fenomenal. Estamos emocionados por tu futuro, por lo que viene, y desearía estar allí en persona». 

La posición de Bovo en el círculo de poder en EE. UU. es evidente: en diciembre de 2025, a pocos meses de que se firmó el contrato para cabildear por «partidos y causas conservadoras en Guatemala», se reunió con el presidente Trump en la Oficina Oval. En una publicación en Instagram Bovo celebró el encuentro, y dijo estar agradecido con el tiempo de Trump y con Rubio, quien le enseñó el ala oeste de la Casa Blanca.

Este lobby ya ha levantado reacciones que el mismo Arenas celebra: el 26 de febrero la congresista republicana María Elvira Salazar se pronunció en X sobre la elección en el Congreso de Guatemala de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. «La justicia no se negocia», escribió. Arenas enfatizó «esperemos que le quede claro a Arévalo». En el último año, Salazar, electa por Florida, se ha enfrentado a críticas de su electorado por no posicionarse en contra de las políticas antimigratorias de Trump, lo que ha afectado su popularidad y posible reelección en noviembre de 2026. 

Fuentes consultadas por Plaza Pública y que conocen los cabildeos señalan que si logran que la administración de Trump le devuelva la visa a Porras, esto mejoraría su imagen en un momento donde se disputa el poder del Ministerio Público.

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Otras posturas más agresivas señalan que el objetivo es que Porras sea incluida en el listado de seis aspirantes a Fiscal General que será enviado al presidente Arévalo en abril y que un tuit de Trump oriente su decisión a su favor. 

En su informe global de 2026, Human Rights Watch (HRW), una organización internacional que investiga abusos contra los derechos humanos en todo el mundo, advirtió que bajo la dirección de Porras el MP ha deteriorado el Estado de Derecho y ha impulsado procesos penales espurios contra sus adversarios. 

Al ser consultado sobre los intentos de mejorar la imagen internacional de Porras, Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de HRW, dijo que se ha evidenciado que existe un conflicto entre dos sectores: uno que prefiere el status quo que ofrece la fiscal y otro, igualmente diverso, que quiere un país donde se proteja la constitución y haya elecciones libres y justas.

«Puede haber lobbys con plata, con acceso a contactos y que promueva teorías conspirativas baratas, pero la evidencia es muy clara, lo mejor que le puede pasar a ambos países para luchar contra el crimen organizado es recuperar el MP», enfatizó. 

Pappier señaló que en las elecciones de segundo grado en guatemala se ha evidenciado que «no todo está perdido».

«Está claro que un gran número de guatemaltecos quiere un cambio en la justicia y espero que la comunidad internacional los acompañe en esta lucha. La OEA (Organización de Estados Americanos) y la Unión Europea están comprometidos y creo que Estados Unidos ha dado un mensaje claro en cuanto a luchar contra el crimen organizado», finalizó.

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