El sistema que favorecía las adopciones irregulares antes del 2007
El sistema que favorecía las adopciones irregulares antes del 2007
Una de las consecuencias de la guerra interna en Guatemala recayó sobre los niños. Como parte de una estrategia contrainsurgente, muchos menores fueron extraídos de sus hogares de forma permanente. Esto es lo que detalla el informe Las adopciones y los derechos humanos de la niñez guatemalteca 1977-1989, realizado por la Secretaría de la Paz (SEPAZ), a partir del análisis de 333 expedientes de adopciones ocurridas entre 1977 y 1989, los cuales quizá, en su época, no fueron ilegales porque no existían leyes que castigaran esas acciones, pero sí sumamente irregulares y cuestionables.
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Una carta enviada por Relatora de la Organización de Naciones Unidas dirigida al gobierno de Guatemala, y que alude a la hoy fiscal general Consuelo Porras cuando fungió como directora del Hogar Teresa Martínez, revive uno de los episodios más oscuros de la historia del país: los miles de niños dados en adopción de manera anómala, negocio que resultó altamente lucrativo para quienes participaban.
Para dar contexto a esta carta, ConCriterio y Plaza Pública revisaron archivos e informes que dejaron en evidencia las irregularidades en los procesos de adopciones que realizados durante los años más cruentos del Conflicto Armado Interno; ello derivó en un sistema que convirtió a los niños y niñas en mercancía, y a los funcionarios y notarios, en facilitadores para la exportación de niñez guatemalteca, principalmente a Estados Unidos y Europa. Puedes descargar aquí la carta que involucra a Porras.
Lo que figura en los expedientes parecen relatos ficticios que hablan de enormes cantidades de niños abandonados por sus padres en atrios y puertas de iglesias. Mientras tanto, los grandes ausentes en estos procesos eran los padres biológicos, quienes desaparecían eventualmente de los registros, hasta que el niño o niña quedaba bajo la tutela total del Estado.
En este proceso participaron actores públicos y privados. Su rol comenzaba desde la recolección de niños hasta su llegada al extranjero.
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La institución a cargo de la custodia de los niños era la Secretaría de Bienestar Social, encargada del Programa de Adopciones durante esos años. La Casa Hogar Elisa Martínez era el centro sobre el cual recaía la responsabilidad de gestionar los casos de adopción, nacional e internacional, de niños y niñas. La directora o director de ese centro, por ley, se convertía en el tutor legal de los infantes quienes, en muchos casos, fueron declarados en abandono.
De enero a agosto de 1982, Consuelo Porras, quien actualmente busca ser reelecta como jefa del Ministerio Público (MP), ocupó el cargo de administradora de ese centro asistencial. Según anunció la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en febrero de 2026, al menos 80 niños indígenas fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales luego de ser institucionalizados en el Hogar Elisa Martínez. El nombre de Porras figura entre los señalamientos de la organización internacional.
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