Seis finalistas a Fiscal General: quiénes son, de dónde vienen y qué proponen
Seis finalistas a Fiscal General: quiénes son, de dónde vienen y qué proponen
Tras dos meses de trabajo, la Comisión de Postulación para Fiscal General envió al presidente Bernardo Arévalo la nómina de seis candidatos al cargo. La o el nuevo jefe del Ministerio Público tendrá a su cargo retomar la institución luego de ocho años con Consuelo Porras. Estos son los perfiles de los finalistas, sus vínculos políticos, conexiones empresariales y su paso por el sector público y privado.
Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos de Brito: los beneficios a IGSS-Pisa, Azú, Alejos y promotora de capacitaciones en Israel
Nació en Tiquisate, Escuintla, en julio de 1977. Su licenciatura, una de sus dos maestrías y un doctorado son de la Universidad de San Carlos (Usac). Entre el 2005 y 2014 trabajó como asesora jurídica en diferentes instituciones públicas, entre ellas el Congreso, la Contraloría General de Cuentas, y el Fondo de Desarrollo Social.
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En el 2014 fue nombrada magistrada vocal de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, cargo al que renunció en febrero de 2023, para convertirse en presidenta de la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (OJ), puesto que todavía sostiene y desde el que conoce las denuncias contra los jueces y establece sanciones.
Sus nueve años como magistrada en la Sala Tercera de Apelaciones estuvieron marcados por resoluciones controversiales, como la anulación de la condena por el caso IGSS-Pisa. Esta investigación apuntó a la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y a dos gerentes de Droguerías Pisa, Sociedad Anónima, por un contrato irregular para atender a más de 500 pacientes de insuficiencia renal crónica. Este fallo del 2019 benefició a todos los sindicados, algo que se vio confirmado luego de que el Ministerio Público no continuó con el proceso de apelación.
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En marzo de 2004 contrajo matrimonio con Alfredo Brito, el exSecretario de Comunicación Social de la Presidencia del presidente Jimmy Morales. Este vínculo fue evidente en 2017 cuando la sala de apelaciones, que integraba Estrada, le otorgó arresto domiciliario a Samuel y a José Manuel Morales, hermano e hijo del entonces gobernante.
En 2017 también firmó la resolución de esa sala de apelaciones que ordenó dejar en libertad bajo fianza a Blanca Stalling, señalada de usar su cargo como magistrada para intentar presionar al entonces juez Carlos Ruano de beneficiar a su hijo dentro del caso IGSS-Pisa. Derivado de las denuncias de Stalling, Ruano abandonó Guatemala y se exilió.
Desde esa sala de apelaciones, en 2018, también protegió al exalcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, contra quien el entonces Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, pidió que el retiro del antejuicio para investigarlo por el caso Caja de Pandora, que investigaba una adquisición de bienes y servicios a una cooperativa de Byron Lima, reo que años después murió asesinado dentro de la cárcel Pavón.
En 2018, Estrada también confirmó el arresto domiciliario otorgado a Gustavo Alejos, empresario y operador alrededor de la elección de magistrados, que fue investigado por la antigua Feci.
La acumulación de resoluciones favorables a actores señalados en grandes casos de corrupción derivó en una denuncia que presentó en 2017 la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, entonces dirigida por Silvia Lucrecia Villalta. El caso no avanzó debido a que los integrantes de la Sala Tercera de Apelaciones, Estrada, Jaime Amílcar González y Zonia de la Paz Santizo, gozaban de antejuicio.
Es docente de la Usac en cursos de maestría y doctorado.
Estrada es integrante activa de la iglesia cristiana evangélica Ministerio Internacional Dios es Bueno, donde lleva 14 años congregada, según una carta que su pastor extendió y que adjuntó en su expediente para aspirar a ser Fiscal general.
Sus creencias religiosas también se materializan en la Asociación Civil de Justicia Guatemala-Israel-TESEDEQ- (2019), donde es miembro fundadora. En el expediente que presentó a la Comisión de Postulación aparece un certificado extendido por la Embajada de Israel y la Asociación Shalom de exbecarios de Israel en Guatemala, por sus contribuciones a través de TESEDEQ.
En la hoja de vida que presentó para participar en las elecciones a magistrados de apelaciones de 2019, Estrada indicó que en ese momento era vicepresidenta de la Asociación de Justicia Guatemala-Israel, entidad que busca «incorporar a los profesionales del Organismo Judicial para que reciban capacitaciones y acompañamiento por parte del Estado de Israel», algo que ya ocurrió. Según quedó registrado en las redes sociales del OJ, la Asociación de Jueces y Magistrados de esa institución ha recibido talleres en conjunto con TESEDEQ.
En el plan de trabajo ante la Comisión de Postulación propuso «recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía», así como ampliar la cobertura de fiscalías especializadas en todo el país, específicamente de unidades investigación de casos de alto impacto como lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, femicidio, extorsiones y delitos contra el medio ambiente.
Estrada también propuso crear un código de ética interno para prohibir cualquier tipo de reunión privada entre fiscales y sujetos procesales.
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Julio Rivera Clavería: tres veces candidato a Fiscal General y una vez a la presidencia con un partido cercano a la Fundación contra el Terrorismo
Nació en abril de 1950. En agosto de 1983 se casó con María del Pilar Castellanos Paz. Se graduó de abogado en la Universidad de San Carlos (Usac) en 1979 y tiene una maestría en seguridad pública en la Universidad Galileo. Tiene una carrera en el ámbito militar, donde alcanzó el grado de Teniente Coronel del Ejército, institución de la que se retiró en 1997.
Lleva más de una década aspirando a ser el jefe del Ministerio Público. Se ha postulado tres veces: en 2010, en 2014 y en 2026.
Inició su carrera laboral como pasante en el Juzgado Tercero del Ramo Penal, en 1973, cuando tenía 23 años. A los 26 fue subjefe de la Sección Judicial del MP. Según su hoja de vida, en 1978 fundó su bufete profesional y lo mantuvo hasta el 2018. Al mismo tiempo pasó por casi una decena de instituciones públicas y fue consultor y analista en temas políticos y de seguridad.
En los años 80 y 90 fue director del Sistema Penitenciario, viceministro de Gobernación, Director de la Guardia de Hacienda y Secretario General de la Presidencia del Organismo Judicial.
En los últimos veinte años fue Secretario de Análisis Estratégico en la presidencia de Óscar Berger. De 2012 al 2013 fue viceministro de Gobernación y asesor de esa cartera cuando la dirigía Mauricio López Bonilla —quien cumple una condena de 13 años de cárcel por fraude—.
En 2014 fue Miembro del Consejo del MP y en 2015 fue Secretario del Sistema Nacional de Seguridad. Actualmente se dedica a ser analista político en temas de seguridad en medios de comunicación, según su CV.
También tiene actividades comerciales, ya que en Guatecompras consta que entre 2012 y 2020 ganó 1 millón 668 mil quetzales en contratos con diferentes entidades del Estado por servicios y arrendamiento de bienes inmuebles y locales comerciales en el departamento de El Progreso.
Su paso por casi todas las instituciones de justicia le dejó señalamientos que no llegaron a los juzgados, entre ellos de supuestamente haber participado en la Red Moreno, de defraudación aduanera, algo que negó en una entrevista de 2023.
Su ideología política es de derecha y se vio reflejado cuando en 2023 se lanzó como candidato a la presidencia de Guatemala con el partido Mi Familia, donde su vicepresidenciable fue José Enrique Urrutia, abogado cercano a la Fundación contra el Terrorismo. En su campaña presidencial se definió como un hombre «muy conservador, provida» y que no cree en la «ideología de género», un término que ha sido utilizado para rechazar la diversidad sexual.
En su plan de trabajo para optar al cargo de Fiscal General definió seis módulos de trabajo, estos van desde categorizar los delitos, evaluar los casos, acoplar los procesos, operar por objetivos, coordinar con otras instituciones y adoptar medidas de retroalimentación interna y externa. Clavería enfatizó en su propuesta que el MP debe pasar por un «proceso de reingeniería» con énfasis en rescatar la ética de trabajo, implementar procesos electrónicos de trabajo y capacitar al personal.
Zoila Tatiana Morales Valdizón: 27 años en el Ministerio Público y una vida alejada de la esfera pública
Nació en 1972. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de San Carlos (Usac), tiene una maestría en Propiedad Intelectual y una especialización en Derechos Humanos por la misma casa de estudios.
Conoce al Ministerio Público desde adentro, pues inició su carrera en esa institución en 1995 como agente fiscal en la Fiscalía Distrital Metropolitana. Cinco años después fue trasladada a la Fiscalía contra el Crimen Organizado y en 2001 a la Fiscalía contra la Corrupción, y en 2003 fue nombrada jefa de esa unidad.
Aunque se fue un año de la institución, volvió al MP en 2004 como Secretaria Específica y luego fue trasladada como jefa de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente. En 2008 fue jefa de la Fiscalía de Delitos Administrativos y un año después fue trasladada a la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual.
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En 2013 regresó a la Fiscalía contra la Corrupción y entre 2019 y 2021 fue nombrada encargada de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional, además designada para desempeñar funciones en la Fiscalía contra el Femicidio. En el año 2022 presentó su renuncia.
Uno de los casos más mediáticos que conoció fue el llamado «Conexión Panamá», que investigó un supuesto desvío de fondos estatales durante el gobierno de Alfonso Portillo. Este caso fue cerrado en aquel país en 2003 por supuesta falta de pruebas.
También se le atribuye haber participado en la investigación del caso conocido como «Espionaje Postal», que descubrió en 1993 una oficina del Ejército que hacía seguimientos a políticos y personajes públicos de esa época.
En el plan de trabajo que presentó ante la Comisión de Postulación describió una serie de debilidades que detectó en el Ministerio Público, estas van desde pérdida de confianza y credibilidad de la ciudadanía hasta la falta de mecanismos de evaluación interna para medir el trabajo de las fiscalías con base a calidad y no solo cantidad.
Morales propone seis ejes de trabajo para evitar la corrupción interna, mejorar la atención a víctimas vulnerables y fortalecer la labor fiscal e institucional. También ofrece revisar si en las desestimaciones y archivos de casos que ha hecho la institución se cumplió con lo establecido en la ley y se le dio respuesta efectiva a la víctima.
César Augusto Ávila Aparicio, tres posgrados en cinco meses
Se ha desempeñado como abogado desde hace 30 años. Tiene 58 años y es originario de Zacapa. En 1995 se graduó de abogado y notario en la Universidad de San Carlos. Estudió varios posgrados en la misma institución y en 2025 obtuvo el título como doctor en Derecho Penal y Procesal Penal en el Centro Universitario de Oriente de la misma casa de estudios.
Según los registros del sitio Family Search validados por Plaza Pública en Renap, en 2008 Ávila fue el notario que casó al narcotraficante «Haroldito» Lorenzana Terraza, el más buscado por la DEA y por quien ofrecen una millonaria recompensa, con Ana Rosa del Valle Madrid, hermana de la actual alcaldesa de Zacapa en 2008. Lorenzana continúa prófugo.
Desde el 2024, Ávila Aparicio es magistrado suplente de la Corte de Apelaciones. Su trayectoria en el Organismo Judicial comenzó en 2014 como magistrado de Apelaciones en Chiquimula. Antes de eso, trabajó durante 19 años en un bufete profesional. También ha trabajado como docente en la Universidad de San Carlos, Mariano Gálvez, Da Vinci y Universidad Regional, de acuerdo con su hoja de vida.
En 2024, participó en el proceso para magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De acuerdo con publicaciones periodísticas y públicas, existen varios señalamientos en su contra.
En 2024, Plaza Pública reportó que Ávila figura como uno de los candidatos a la CSJ que logró varios títulos académicos en muy poco tiempo. Según los documentos que presentó a la Comisión de Postulación, cursó tres posgrados entre febrero y julio de 2024.
También fue mencionado en una lista de magistrados que entre 2015 y 2018 registraron un alto número de procesos en el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT). Ávila Aparicio tuvo cinco denuncias, de acuerdo con el informe Cortes en Juego: El desempeño de las salas de apelaciones en Guatemala, publicado por Impunity Watch en 2019. Los motivos de denuncia más recurrentes, señaló el documento, fueron los retrasos e irregularidades en los procesos.
De acuerdo con una publicación de Prensa Comunitaria y del Movimiento Pro Justicia, está casado con Heidy Mariela Hichos, sobrina del exdiputado Baudilio Hichos (ya fallecido), quien fue señalado de favorecer a familiares con puestos públicos.
Además, su nombre figura en un informe circunstanciado de la Feci, por orden de la Corte de Constitucionalidad, se señala una denuncia en su contra por tráfico de influencias.
Durante la presentación de su plan de trabajo, señaló que el sistema de justicia, incluído el Ministerio Público, se encuentra polarizado. También cuestionó las cifras de eficiencia que el ente investigador ha publicado.
Gabriel Estuardo García Luna: en la nómina de Fiscal General por segunda vez
Tiene 49 años y es originario del departamento de Guatemala. En 23 años de trayectoria como abogado, García Luna se ha desempeñado principalmente en el sector público, sobre todo en el Organismo Judicial, según la información que figura en su hoja de vida.
Se graduó de abogado y notario en 2003, en la Universidad Rafael Landívar, en donde obtuvo una beca completa de estudios. Estudió una maestría en Derecho Penal en la Universidad de San Carlos en 2010 y en 2025 concluyó el Doctorado en Derecho en esa misma universidad.
Desde 2024 a la fecha es asesor penal del Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Su llegada a la institución coincide con el nombramiento de Julio Saavedra como titular de la Procuraduría.
También es integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial del Órgano Administrativo del Consejo de la Carrera Judicial. Hasta 2023 ocupó el cargo de presidente de dicho órgano. Como parte de su carrera por el Organismo Judicial, se ha desempeñado como Juez de Paz Penal, Juez de Primera Instancia, Magistrado de Apelaciones en Cobán, entre otros.
A nivel privado, García ha sido docente y representante de la Universidad Rafael Landívar. De 2018 a 2022 formó parte de la Asamblea General de la Asociación Pro Bienestar de la Familia Guatemalteca (Aprofam).
En su ejercicio destacan algunas decisiones recopiladas por Guatemala Visible. Fue bajo su mando cuando la Junta de Disciplina Judicial, en marzo de 2018, suspendió por 20 días sin goce de sueldo a la jueza Rocío Murillo. La razón fue que Murillo no practicó una exhibición personal en favor de las niñas internas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un día antes de que ocurriera el incendio en el que murieron 41 niñas. Esto se consideró una falta administrativa.
También bajo su mandato, en 2017, la Junta de Disciplina Judicial declaró sin lugar una denuncia planteada en contra de Miguel Ángel Gálvez, quien entonces era juez de Mayor Riesgo B. La denuncia fue planteada por René Danilo Mejía, señalado de pertenecer a una estructura criminal que se dedicaba al despojo de tierras a campesinos mediante engaños, violencia y amenazas, en el departamento de Petén.
A lo largo de su carrera ha optado a distintos cargos públicos. En 2022 fue candidato al cargo de Fiscal General y logró ser incluido en la lista de finalistas que fue presentada al expresidente Alejandro Giammattei, a pesar de haber obtenido una nota baja. También fue aspirante para Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ), años atrás.
En el informe Cortes en Juego: El desempeño de las salas de apelaciones en Guatemala su nombre figura como uno de los nueve magistrados que entre 2015 y 2018 fueron denunciados ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). «De las 10 denuncias ante la PDH, 4 denuncias se encuentran en trámite, tres han sido archivadas, dos han sido cerradas y una se registra como finalizada. A pesar de conocer el estado de los procesos anteriormente citados, no fue posible determinar si la PDH estableció violación de derechos en algún expediente», señala el documento.
Durante la presentación de su plan de trabajo, el candidato propuso una «persecución penal selectiva e inteligente», en la que se prioricen casos de alto impacto social sin dejar de dar seguimiento al resto de delitos que afectan a la población.
«El fiscal no defiende intereses particulares, busca la verdad material, debe actuar a favor o en contra del imputado, según la prueba y con cero injerencia externa», aseguró. Asimismo, aseguró que dentro del MP se ha incurrido en la desestimación de casos, en aras de obtener resultados cuantitativos, más no cualitativos.
Néctor Gildebaldo de León Ramírez, el sobreseimiento para la UNE
Tiene 76 años y es originario del departamento de San Marcos. En 1991 se graduó como abogado y notario de la Universidad de San Carlos. En 2010, cursó un Magister Artium en Derecho Penal y Procesal Penal y obtuvo una distinción Cum Laude en la Universidad Mariano Gálvez.
Su carrera en el sector público empezó en 1994, como agente fiscal en Totonicapán. Posteriormente, llegó a ocupar el cargo de Fiscal General en funciones por ausencia temporal del Fiscal General del 2002 al 2003. También fue miembro del Consejo del MP, entre 2002 y 2004.
Luego, de 2004 al 2012 fue coordinador de la Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público. Su trayectoria dentro de la institución ha sido larga y le ha permitido conocer la institución. Es algo que el candidato mencionó frente a la comisión postuladora.
Después de su paso por el MP, llegó al Organismo Judicial. Del 2012 al 2014 fue magistrado de Apelaciones de Delitos de Femicidio. Fue magistrado presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones hasta 2023 y magistrado de la CSJ de 2016 a 2023. También fue docente de la Universidad de San Carlos. En 2019, fue aspirante a la Corte de Apelaciones y en dos ocasiones se ha postulado al cargo de Fiscal General (2022 y 2026).
A nivel privado, de 1991 a 1994 ejercicio a nivel profesional. Del 2007 al 2009 ocupó un cargo dentro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.
De acuerdo con publicaciones periodísticas, la sala cuarta de la cual el candidato fue presidente emitió algunas resoluciones cuestionables. Por ejemplo, en 2019 benefició al diputado Orlando Blanco, del partido UNE, al declarar sobreseimiento en su caso por financiamiento electoral ilícito. Dos años atrás, avalaron el cierre de la persecución penal a los hermanos Valdés Paiz, implicados en la muerte de Rodrigo Rosenberg.
Según registros del Movimiento Pro Justicia, el aspirante fue denunciado por el abogado Alfonso Carrillo por prevaricato, luego de haber excarcelado a Blanca Stalling, quien fue magistrada de la CSJ y fue señalada por tráfico de influencias.
De León también fue el juez pesquisidor del antejuicio interpuesto contra Gilmar Othmar Sánchez, quien fue diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) electo con el extinto partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) y fue implicado en el caso de fraude en el Registro de la Propiedad.
De acuerdo con Guatemala Visible, como magistrado de la CSJ, en 2021 De León fue uno de los magistrados que votó a favor de reelegir a Roberto Molina Barreto para un nuevo período en la CC. En ese mismo año, también votó para rechazar un antejuicio interpuesto contra la fiscal Consuelo Porras.
Durante la entrevista para presentar su plan de trabajo aseguró que la Fiscalía Especial Contra la Corrupción ha ido cambiando la función para la cual fue inicialmente creada. Además, propuso revisar los casos que fueron desestimados durante años anteriores para verificar que todas las desestimaciones se realizaron según el debido proceso.
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