Las llamadas de Barrett por Molina Barreto y un teatro que se estiró hasta la madrugada

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La puerta, de madera oscura y casi dos metros de altura, marcaba una frontera. De un lado, diputados intentaban conseguir unos minutos con el presidente del Congreso, Luis Contreras. Del otro, periodistas aguardaban con cámaras y micrófonos listos. Un guardia vigilaba el paso y dejaba entrar solo a ciertos legisladores.

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El salón de la Presidencia está en un pasillo contiguo al hemiciclo. Quienes lograban cruzar la puerta lo hacían en silencio, con el rostro serio. Caminaban mirando el teléfono o el piso, como si repasaran lo que dirían adentro. Ninguno se paraba a explicar qué se negociaba al otro lado.

Antes de entrar, solo uno se detuvo. Inés Castillo, de la UNE, frenó el paso y, con tono molesto, soltó su lectura de la escena: «Son unos cobardes. No quieren aceptar que no tienen los votos y están dilatando la sesión».

Se refería a los 23 diputados del oficialismo: los nueve del extinto Movimiento Semilla y los 14 de la facción del comité político Raíces. En el hemiciclo, bajo las luces y ante una audiencia digital de más de 40,000 personas, se turnaban el micrófono y estiraban sus intervenciones.

Ese jueves 5 de marzo, el pleno tenía la orden clara de la Corte de Constitucionalidad (CC) de designar a dos de los diez magistrados que integrarían el tribunal a partir del 14 de abril de 2026. Para el mediodía, los oficialistas ya acumulaban tres horas de discursos para prolongar la sesión.

La disputa giraba en torno a uno de los 47 candidatos. La oposición —encabezada por Valor, Unionista y Vamos— apostaba por la reelección de Roberto Molina Barreto. Con tres períodos en la Corte, el magistrado es conocido, entre otras resoluciones, por anular la condena por genocidio contra Efraín Ríos Montt. En 2019 fue precandidato vicepresidencial del partido Valor, al lado de Zury Ríos.

Desde que permitió la cancelación del Movimiento Semilla en 2023, el oficialismo lo había descartado. En su lugar impulsaba a la magistrada Flor Gálvez o a la asesora del sector privado Ana Isabel Antillón, aunque sin lograr unificar una candidatura.

Pero el pulso no se limitaba a lo que ocurría en el pleno.

Días antes de la sesión, en los pasillos del Congreso circulaba otra versión de los hechos. Diputados comentaban que John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, llamaba a congresistas para pedirles el voto a favor de Molina Barreto.

Eso —confirmado por seis legisladores oficialistas que pidieron anonimato— era parte de lo que se discutía en el salón resguardado por el guardia.

A las doce y media, cuando Contreras salió de la oficina y caminó hacia el hemiciclo, Plaza Pública le preguntó por la reunión. Su respuesta dejó ver lo que estaba en juego, los nombramientos para la CC.

«Estamos viendo qué podemos hacer. Sanabria es parte de mi equipo», respondió en referencia al diputado José Carlos Sanabria, del bloque oficialista, quien había entrado al recinto antes.

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Lo que se negociaba no era menor.

Dependiendo de quiénes fueran designados, la Corte podía inclinar decisiones clave durante los siguientes cinco años. Sus resoluciones son inapelables y pueden revertir disposiciones de otros poderes estatales. En la práctica, tiene la última palabra sobre el rumbo político del país, incluso sobre quién puede competir en elecciones.

Mientras tanto, en el hemiciclo, la sesión seguía.

Duró unas 15 horas. Lo que se veía en cámara era solo una porción de la historia. La batalla real estaba fuera del foco.

Plaza Pública confirmó que, desde el fin de semana previo a la plenaria, Barrett había llamado a diputados para influir en la votación. La información fue corroborada por un trabajador de la Embajada, una fuente del Ejecutivo y al menos diez legisladores que recibieron o presenciaron esas llamadas.

El proceso para reelegir a Molina Barreto terminó pareciéndose a una obra dividida en cuatro actos: primero, el intento fallido del martes 3 de marzo; luego, la tarde de discursos que encubrió negociaciones; después, la noche en la que el oficialismo empezó a ceder; y, finalmente, el momento en que la oposición logró sumar a los indecisos.

Acto 1: la sesión frustrada

Una semana antes del desenlace, el guion de la obra parecía ya escrito, aunque con otros personajes. Según cuatro fuentes parlamentarias, una alianza entre diputados de Semilla, Raíces y otros bloques empujaba a Rony López como magistrado titular de la CC.

López era conocido en el tablero. Había sido secretario general del Ministerio Público (MP) durante los primeros años de la gestión de Consuelo Porras, pero con el tiempo tomó distancia de la Fiscalía. Desde la actual CC, como magistrado suplente, respaldó intentos para abrir la puerta a la remoción de la fiscal general y se desmarcó en fallos clave, como los relacionados con la vigencia del partido Semilla.

Hasta finales de febrero, su nombre sonaba como el más fuerte en el Congreso. Las señales incluso empezaban a aparecer en público. El diputado Luis Aguirre, de Cabal, lo insinuó en una publicación en la red social X.

«Hablando de CC y TSE, aquí en la Presidencia del Congreso con la mayoría de los votos», escribió el 12 de febrero, junto a una fotografía en la que aparecía con Jorge Villagrán y Nery Ramos, de Azul; Adim Maldonado, de la UNE; y Samuel Pérez, de Raíces. Eran cinco figuras que habían apoyado al oficialismo en pugnas legislativas previas, aunque su alianza ha sido más circunstancial que duradera.

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Ese escenario empezó a resquebrajarse de golpe.

El viernes previo a la elección, cuando el acuerdo parecía casi cerrado, comenzaron a circular versiones sobre llamadas desde Estados Unidos. Lo que hasta entonces era una candidatura encaminada entró en terreno incierto.

El diputado Samuel Pérez asegura que seis legisladores de cinco bancadas —bisagra y opositoras— le confirmaron que John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada estadounidense, los contactó ese fin de semana para pedirles el voto a favor de Roberto Molina Barreto.

«Eran llamadas bastante agresivas. La frase que Barrett les decía era algo como: “Esta es una nueva embajada y es un tren. Ustedes deciden si se suben o si se ponen enfrente”», relató.

Otros cuatro diputados oficialistas, que pidieron anonimato, aportaron más detalles: identificaron a 12 congresistas que reconocieron haber recibido comunicaciones del diplomático.

Las respuestas, sin embargo, no fueron uniformes. Los primeros siete negaron haber tenido contacto. Los siguientes tres no contestaron llamadas ni mensajes de este medio para corroborar la información. Y los últimos dos confirmaron conversaciones con Barrett sobre la importancia de la elección, aunque aseguraron que él no les pidió votar por ningún candidato.

Los nombres fueron: Luis Contreras (Creo), Inés Castillo y Adim Maldonado (UNE), Juan Carlos Rivera (Victoria), Nery Ramos (Azul), Sherol Arévalo y Fidel Reyes (Bien), César Augusto Amézquita (Viva), José Pablo Mendoza (Creo), Jairo Flores (UNE), Luis Aguirre (Cabal) y César Dávila (independiente).

A criterio de Samuel Pérez, el efecto de los rumores alrededor de Washington fue inmediato… El apoyo a Rony López se desplomó. De unos 90 votos pasó a rondar los 40. El reacomodo beneficiaba a Molina Barreto.

Aun así, no todos en el Congreso daban crédito a esas versiones. Para algunos diputados, las llamadas no pasaban de ser un chisme más en los pasillos. Con esa incertidumbre de fondo, el lunes 2 de marzo convocaron la plenaria para el día siguiente, como si la elección ya estuviera definida.

El martes por la mañana, los rumores dejaron de ser solo eso.

Una hora antes de que iniciara la sesión, el presidente Bernardo Arévalo declaró ante la prensa que se estaba «intentando aparentar» que la Embajada pedía el voto a favor de «candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto». Anunció, además, que solicitaría una aclaración a Washington.

La respuesta llegó minutos después, pero sin disipar la duda. En un mensaje publicado en X, la Embajada se limitó a afirmar que no toleraría «la contaminación de narcotraficantes y del crimen organizado» en la elección de la CC. El texto lo firmó Barrett, quien encabeza la misión diplomática en ausencia de un embajador confirmado.

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Los pronunciamientos cayeron como una piedra en el Congreso. De pronto, nadie tenía los votos asegurados. Una cosa era que los diputados repitieran los rumores; otra, que el propio presidente los pusiera sobre la mesa.

«Ningún grupo tenía los votos ese día porque nadie protestó ni hizo algo para garantizar cuórum. Varios diputados tenían duda de si en serio había presiones», recuerda Andrea Reyes, de Raíces.

José Chic, de VOS, agrega: «Varios se pusieron a pensar entonces por quién valía la pena votar y con quién podría pelear uno dependiendo del voto».

A las dos y media de la tarde, apenas 30 minutos después de la hora de inicio, la sesión se cerró. En el hemiciclo había 141 diputados, una asistencia inusual.

La explicación oficial fue la ausencia de cuatro de los cinco secretarios de la Junta Directiva. En la práctica, fue otra cosa… una jugada del oficialismo para ganar tiempo, renegociar apoyos y frenar la elección de Molina Barreto.

Laura Marroquín, de Raíces, lo admite. Ese martes, su bloque buscaba confirmar qué tan ciertos eran los relatos sobre las llamadas desde Estados Unidos, ya que ningún diputado de Semilla o de Raíces había sido contactado. Suspender la plenaria, puntualiza, les daba margen para averiguarlo.

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En la salida, el ambiente era tenso. Los diputados opositores abandonaron el hemiciclo molestos. Elmer Palencia, de Valor —el partido con el que Molina Barreto compitió como candidato vicepresidencial—, criticó la maniobra.

«Eso es violentar la democracia. Cuando no tienen los votos necesarios acuden a este tipo de prácticas poco democráticas», dijo frente a los periodistas.

Antes de irse, Plaza Pública le preguntó cómo interpretaba el mensaje de Barrett en la plataforma X. No quiso responder.

«¡No estoy para interpretar tuits!», soltó, mientras aceleraba el paso por el corredor.

Al día siguiente, la oposición movió su ficha. El diputado Carlos Enrique López, también de Valor, acudió a la CC para pedir que ordenara al Congreso realizar la elección esa misma semana. El tribunal accedió y obligó a los diputados a sesionar el jueves, a pesar de que aún disponían de una semana hábil para realizar la votación.

El pulso apenas comenzaba.

Acto 2: la tarde de los discursos largos

Forzados a seguir con la obra, los diputados regresaron al hemiciclo el jueves. El espectáculo arrancó con retraso, a las 10 y media de la mañana. Pero ya no era el mismo escenario. El oficialismo, sin los votos para sostener a Rony López, había cambiado de cartas y ahora impulsaba a Flor Gálvez o a Ana Isabel Antillón. Del otro lado, la oposición se mantenía firme con Roberto Molina Barreto. Ninguno de los bandos cedió el miércoles.

La primera en tomar la palabra en la plenaria fue Victoria Godoy Palala. Con ella empezó una seguidilla de intervenciones largas del oficialismo, una estrategia conocida como filibusterismo. Habló durante casi una hora. Abrió con una advertencia —que Guatemala no debía «volver a un pasado oscuro» en la elección— y cerró leyendo resoluciones de la actual CC. Mientras avanzaba, sus compañeras de bloque le alcanzaban vasos de agua, como si se prepararan para una maratón.

Al mediodía, el movimiento se trasladó a los pasillos. El presidente del Congreso, Luis Contreras, se levantó de su asiento en la Junta Directiva y salió del hemiciclo rumbo al salón presidencial. Allí se encontró con Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Unionista.

Afuera, el diputado David Illescas, de Raíces, adelantó a la prensa lo que estaba ocurriendo: ambos negociaban en privado cómo destrabar la sesión y elegir quiénes ocuparían las dos sillas de la CC. Para entonces, Samuel Pérez ya llevaba una hora hablando en el pleno.

«Mientras acá se debate, allá se están arreglando a puerta cerrada bajo a saber qué términos», comentó Illescas a los reporteros, agrupados en uno de los palcos del hemiciclo.

En el pasillo, frente a la puerta del despacho de Contreras, Plaza Pública documentó el ir y venir de diputados. Entre las 12 del mediodía y la una de la tarde, al menos siete legisladores de cuatro bloques ingresaron al salón.

Eran jefes de bancada o figuras clave en sus partidos: Luis Contreras, de Creo; Teresita de León, Sergio Enríquez e Inés Castillo, de la UNE; Elmer Palencia, de Valor; y José Carlos Sanabria y Victoria Palala, de Semilla.

Cuando Contreras salió al pasadizo y explicó a este medio qué se discutía a puerta cerrada, en el pleno el tiempo parecía haberse detenido. El diputado Pérez acababa de terminar su intervención y Raúl Barrera tomaba el relevo. Algunos legisladores comían hamburguesas y bebían gaseosas, con el rostro serio, casi ausente, haciendo evidente que lo importante no estaba en el micrófono.

A esa hora, la presión ya se sentía también afuera. En uno de los accesos al Palacio Legislativo, sobre la octava avenida de la zona 1, un grupo de personas protestaba con carteles, mantas y megáfonos contra Roberto Molina Barreto. A pocos metros, al final de la cuadra, otro grupo —con gorras, lentes oscuros y mascarillas— permanecía en silencio, apostado en una entrada distinta. Nadie respondía cuando se les preguntaba qué hacían allí.

A las tres de la tarde, la dinámica cambió en el hemiciclo.

Contreras regresó a su asiento en la Junta Directiva y le dio la palabra al diputado Héctor Aldana, de la bancada Vamos. Su propuesta fue limitar las intervenciones a cinco minutos.

El movimiento era estratégico. Al inicio de la jornada, el oficialismo había entregado a Contreras un listado con 25 diputados que querían hablar antes de seleccionar a los magistrados de la CC. Aldana no estaba en ese grupo. Su idea fue el primer intento claro de la oposición por frenar la estrategia de dilación de Raíces y Semilla.

El encargado de dar paso a la votación era el primer secretario de la Junta Directiva, Juan Carlos Rivera, del bloque Victoria. Habilitó la consulta apenas por unos segundos. El resultado favoreció al oficialismo: 56 votos a favor y 79 en contra.

Todavía estaban de acuerdo con que el teatro debía continuar.

En ese momento, los aliados del Ejecutivo parecían llevar la ventaja. Habían logrado mantener abierto el espacio para prolongar los discursos en público mientras las negociaciones seguían en privado.

Ese margen no duraría mucho.

Después de la batalla, las movidas de Estados Unidos volvieron a aparecer. Dos diputadas oficialistas dijeron a Plaza Pública que, tras la votación, vieron cómo John Barrett llamó a Juan Carlos Rivera para pedirle que acelerara la elección de los magistrados. Aseguran que sucedió mientras el legislador seguía en su asiento, en el estrado de la Junta Directiva. Rivera lo negó cuando este medio le preguntó su perspectiva.

La deliberación que acaba de ocurrir evidenció que aún no había acuerdos sobre la CC, y eso encendió el pleno. Ya llevaban cinco horas sin resultados. Desde su curul, Andrea Villagrán, de Raíces, se dirigió directamente a Contreras para reclamarle.

«Usted otorgó la palabra a alguien que no estaba en esa lista de oradores. Así que yo le llamo al orden a usted. [...] Yo sé que está recibiendo presiones, pero debe tener mucha cordura», le increpó, mientras alrededor se alzaban gritos.

Lo que siguió fue un quiebre.

Como si el guion se hubiera roto de pronto, una veintena de diputados de distintas bancadas se abalanzó hacia el escritorio de la Junta Directiva. Querían hablar con Contreras, todos al mismo tiempo. La oposición exigía cortar las intervenciones para pasar de una vez a la votación. El oficialismo, en cambio, defendía el turno de los 25 oradores.

El estrado se convirtió en un nudo de cuerpos y voces. En cada esquina había diputados que ya no hablaban, gritaban. Contreras permanecía sentado, mientras varios legisladores se inclinaban sobre él a la vez. Algunos transmitían en vivo desde sus celulares, buscando que el drama quedara registrado desde todos los ángulos.

El momento evocaba lo ocurrido el 14 de enero de 2024, cuando diputados oficialistas también subieron a la tarima para asegurar la elección de la Junta Directiva que daría posesión al presidente Arévalo.

Ahora, frente a Contreras, Elmer Palencia, de Valor, y David Illescas, de Raíces, estaban cara a cara. Se señalaban y levantaban la voz. Por momentos, la discusión parecía a punto de escalar a los golpes.

«¡No me toques!», repetía Palencia.

Otros diputados se interpusieron antes de que pasara a más.

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Cuando finalmente ambos bandos bajaron del estrado, sin haber logrado imponer su postura, la sesión retomó su curso.

Contreras ofreció disculpas por el «espectáculo» y prometió respetar el orden del listado que había recibido por la mañana. Luego cedió la palabra a la diputada Brenda Mejía, quien habló durante una hora. Le siguió Duvalier Castañón, con un discurso de duración similar.

Acto 3: la rajadura del oficialismo

Entre las cuatro de la tarde y las siete de la noche, el hemiciclo volvió a estancarse. Los diputados oficialistas seguían encadenando discursos largos, uno tras otro, mientras el resto apenas prestaba atención. Muchos deslizaban la pantalla de sus celulares, esperando que algo —lo que fuera— rompiera la inercia y obligara a callar a los oradores.

Lo importante ocurría en otro lado.

Los acuerdos se movían en los salones contiguos —como el de la Presidencia— o en llamadas telefónicas entre diputados. Nada de lo que pasaba frente al micrófono parecía pesar más que esas negociaciones. Ni siquiera el operativo que el Ministerio Público desplegó al final de la tarde en las afueras del Palacio Legislativo, tras una denuncia por supuestas manifestaciones ilícitas durante la mañana.

En la tarde, los contactos desde Estados Unidos continuaron.

Uno de los diputados que lo confirma es Julio Héctor Estrada, de Cabal. En el programa Directa, conducido por la periodista Alejandra Álvarez, contó que vio a compañeros de su bancada —y a legisladores de otros bloques— recibir llamadas y mensajes del diplomático John Barrett mientras la sesión seguía en curso.

«Fueron recomendaciones sutiles, pero explícitas», dijo, en alusión al respaldo que el funcionario mostraba hacia Roberto Molina Barreto.

Otros recibieron esos contactos incluso antes. El diputado Orlando Blanco reconoció a este medio que Barrett lo llamó el miércoles 4 de marzo, un día antes de la plenaria.

«Me comentó que estaban preocupados porque no se había realizado la elección y mostró su afinidad por Molina Barreto. Yo le respondí que gracias por la comunicación, pero que era un proceso de guatemaltecos», comentó.

A las ocho de la noche del jueves, el desgaste ya era evidente. Algunos diputados parecían dormidos; otros conversaban en pequeños grupos, de pie o sentados en las gradas, como si la sesión hubiera dejado de importarles.

El único que seguía aferrado al micrófono era Román Castellanos, de la facción Raíces. Llevaba casi dos horas hablando. Repetía, una y otra vez, por qué el Congreso debía elegir una CC proba. En un momento, cambió el español por el qʼeqchiʼ, su idioma materno.

Mientras hablaba, las luces del hemiciclo se apagaron dos veces.

Desde sus curules, Allan Rodríguez, de Vamos, y Felipe Alejos, de Todos, aplaudieron cada apagón, como si celebraran una interrupción. Castellanos no se inmutó. Siguió hablando como si nada hubiera pasado.

El que sí reaccionó fue Elmer Palencia.

Con gesto molesto, se levantó de su asiento, subió al segundo nivel y entró al cuarto de control del Palacio Legislativo. Desde ahí encaró al personal técnico por los cortes de energía.

«¿Quién apagó las luces? Denme el nombre de la persona responsable, porque nosotros no somos juguetes… ¡Nombre!», le exigió a un guardia que custodiaba la entrada.

Dentro del cuarto encontró a otros dos trabajadores y también los confrontó.

«Estamos tratando un tema muy importante para que ustedes estén apagando las luces. ¡Eso se llama boicot! Y si ustedes se están prestando para eso, ¡sobre ustedes voy!», les dijo antes de volver al hemiciclo.

En el camino de regreso, la prensa le preguntó si ya había acuerdos para nombrar a los magistrados de la CC. Habían pasado casi diez horas desde que empezó la reunión y aún no había señales de consenso.

«Cuando dejen de boicotear la sesión con esto y con sus discursos largos, tal vez sí», respondió.

Cuando la luz volvió a ser estable, el acuerdo por el teatro se rompió.

Tras otra intervención oficialista, el diputado Mynor de la Rosa, de un grupo independiente, volvió a proponer limitar las exposiciones a cinco minutos. Esta vez, la mayoría respaldó la moción: 104 votos a favor y 36 en contra. El 61% de esos votos en contra provenía de Semilla y Raíces. Ya no estaban tan acuerpados.

Una integrante del oficialismo contó a este medio que, durante la tarde, la diputada Victoria Godoy Palala —una de las figuras clave de Semilla— también recibió una llamada de Barrett. Según esa versión, el diplomático le pidió frenar los discursos extensos y avanzar hacia la votación.

Este medio intentó confirmar la información con la congresista, pero no respondió llamadas ni mensajes.

De cualquier forma, para entonces, la fisura ya era evidente. 

Tras casi once horas de pulso político, la oposición celebraba con gritos y aplausos. El oficialismo había perdido el control del ritmo de la sesión.

La obra, finalmente, entraba en su desenlace: la reelección de Molina Barreto.

Acto 4: la votación por la silla titular y los antecedentes de Washington

Antes de escoger a los magistrados de la CC, los parlamentarios tuvieron espacio para explicar por qué apoyaban o rechazaban limitar el tiempo de las intervenciones. Era una preparación para el acto final.

Cuando encendió su micrófono, David Illescas rompió con el libreto que había dominado en los discursos anteriores. En lugar de referirse a Molina Barreto, habló de la Embajada de Estados Unidos.

«¿Tan importante fue la llamada del señor Barrett, compañeros? ¿Tanto miedo tienen?», les preguntó a los demás diputados en el pleno. Las cartas ya estaban echadas, mencionar directamente al diplomático era el último recurso.

La fumata blanca salió del Congreso a la una y media de la madrugada. Después de casi dos horas de votar por cada uno de los candidatos a la magistratura titular de la Corte, el resultado se volvió oficial: Roberto Molina Barreto fue reelecto. 

Consiguió 100 votos a favor y 44 en contra. Rony López, el candidato inicial de Semilla y Raíces, apenas reunió 46 respaldos. Gálvez, 67, y Antillón, 84.

A juicio del oficialismo, la influencia de Estados Unidos inclinó la balanza y provocó que, al final de la jornada, el Congreso nombrara a Molina Barreto para un cuarto período en la CC.

El legislador José Carlos Sanabria recuerda que sus rivales políticos no estaban dispuestos a ceder ni a cambiar de candidato. 

«No mostraban más razones ni justificaban de otra manera su posición más que las llamadas [de Barrett]. Eso provocó que se cerraran y que ya no hubiera otra oportunidad para negociar», dijo.

Luis Aguirre, el diputado de Cabal que antes presumía su apoyo al pacto oficialista, estuvo ausente en la plenaria del jueves. Por mensajes de WhatsApp explicó a Plaza Pública que había programado un viaje laboral a Colombia desde semanas previas, aunque indicó que Molina Barreto terminó imponiéndose por «desinformación sobre presiones externas». Declinó ampliar su opinión en una entrevista.

Cuando el magistrado logró la reelección, diputados como Allan Rodríguez (Vamos) y Lucrecia de Palomo (Unionista) aplaudieron y levantaron las manos. Elmer Palencia, una semana después de la sesión, dijo a Plaza Pública que «no necesitaba llamadas de nadie» y que su apuesta siempre fue el abogado.

Este medio preguntó por correo electrónico a la Embajada de Estados Unidos por qué Barrett llamó a diputados para respaldar al actual magistrado de la CC, pero no obtuvo respuesta al cierre de este relato.

En la historia política guatemalteca, no es nuevo que Washington intervenga para proteger sus intereses en momentos clave, como la elección de funcionarios. Así lo ven Stephen McFarland y Todd Robinson, dos exembajadores de Estados Unidos en Guatemala que trabajaron para administraciones demócratas. McFarland estuvo en el país entre 2008 y 2011; Robinson, entre 2014 y 2017.

«Si estas llamadas ocurrieron, no me parecería algo inusual. Estados Unidos siempre va a dar su perspectiva a quienes toman decisiones políticas», subraya Robinson.

Habla desde la experiencia. Admite que, en 2016, durante su gestión, él mismo sostuvo reuniones y realizó llamadas a diputados para expresar el respaldo de la Casa Blanca a la candidatura de la abogada Gloria Porras a la Corte de Constitucionalidad. Ese año, el Congreso reeligió a la ahora exmagistrada para su segundo período.

«Los diputados escucharon directamente de mí mi opinión sobre ella. A veces fueron llamadas; otras, reuniones. Yo creía que cumplía con los requisitos para ser magistrada», recuerda Robinson.

Otro ejemplo de la influencia de Estados Unidos fue la transición entre el gobierno de Alejandro Giammattei y el de Bernardo Arévalo. A finales de 2023 e inicios de 2024, según un trabajador de la Embajada, el entonces encargado de Negocios, Patrick Ventrell, habló con varios jefes de bancada para pedirles que facilitaran la juramentación del nuevo presidente. Ventrell dejó Guatemala en enero de 2026; su puesto lo ocupa ahora Barrett.

Lo que cambia en este caso, según McFarland, es el perfil del magistrado en disputa.

A su juicio, la aparente afinidad de sectores estadounidenses con Roberto Molina Barreto contrasta con la política exterior del gobierno republicano de Donald Trump, que prioriza el combate al narcotráfico y las pandillas. El magistrado reelecto ha firmado resoluciones que han beneficiado a supuestos narcos.

«Esta vez podría ser que haya un intento de que, dentro del sector judicial, exista un contrapeso al gobierno de Arévalo justo cuando se acerca la elección del fiscal general. Todos apoyamos el balance de poderes, pero algunos de los que ahora lo piden guardaron silencio cuando Giammattei concentró casi todo el control del Estado», opina.

Las llamadas de Barrett se dan, además, en medio de un clima político agitado en Washington. Mientras Trump centra su atención en el conflicto con Irán, distintas redes de cabildeo buscan incidir en la política guatemalteca.

Una investigación de la revista El Observador, ampliada por Plaza Pública, documentó que un grupo de empresarios guatemaltecos pagará alrededor de 3 millones de quetzales para posicionar «partidos políticos y causas conservadoras en Guatemala» desde Estados Unidos. Otros grupos de lobistas también intentan influir en la próxima elección del Ministerio Público, en la que Consuelo Porras busca su tercer mandato consecutivo.

Epílogo: la votación por el asiento suplente y el final

Para algunos miembros de la oposición en el Legislativo, lo que provocó la victoria de Roberto Molina Barreto no fue la intervención de Estados Unidos, sino el mal cálculo político del Movimiento Semilla y de Raíces.

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El diputado Álvaro Arzú considera que la maniobra oficialista falló desde que no logró consolidar un solo candidato luego de la caída de Rony López. 

«No tenían candidatos definidos, no estaban claros y solo se dedicaron a bloquear la sesión», critica.

Otros apuntan a un momento específico. La fotografía que Luis Aguirre publicó en X, donde se insinuaba que ya tenían los votos, terminó siendo contraproducente.

César Dávila, diputado independiente, cree que la alianza oficialista quiso aparentar que la elección estaba resuelta y dejó de negociar con otros bloques. Mostrar esa supuesta mayoría, dice, terminó alejando apoyos.

«Sacaron a su gallo muy tarde. A mí me hablaron una semana antes para ver lo de Rony. Nos miran pequeños, piensan que no sumamos votos, pero sí lo hacemos, y eso es molesto», señala.

Cristian Álvarez, de Creo, coincide. A su juicio, presumir a un candidato «de forma tan anticipada» y sin «el consenso de todos» suele provocar que los votos se diluyan.

Dávila votó a favor de Molina Barreto. Considera «necesario» que la Corte tenga magistrados con una visión «cercana» al sector empresarial. Álvarez, en cambio, no estuvo presente en la sesión por un viaje laboral. Arzú también apoyó al magistrado reelecto.

La última hora del jueves fue agónica para el oficialismo.

Cuando llegó el turno de escoger al magistrado suplente de la CC, la derrota fue aún más clara. Luis Rosales, actual magistrado suplente y también cercano a los opositores, obtuvo 117 votos, incluso más que Molina Barreto.

Ninguno de los congresistas consultados para este reportaje indicó que Estados Unidos cabildeó a favor de Rosales. Para José Chic, de VOS, su ventaja se explica en parte por las relaciones que había tejido dentro del Congreso. 

Rosales tiene una larga trayectoria en la institución: fue diputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) entre 2000 y 2004, y más recientemente del bloque Valor, entre 2020 y 2021. Dejó su curul cuando pasó a integrar la Corte. También fue abogado de Ríos Montt durante el juicio por genocidio.

Andrea Reyes, de Raíces, añade otro factor que catapultó al abogado, la inercia del voto.

«Cuando vieron que estaba teniendo votos, varios se sumaron en el momento, sin pensarlo mucho», menciona.

Después de 15 horas de discursos, pausas y negociaciones, a las dos y media de la madrugada el hemiciclo empezó a vaciarse. La obra terminó como muchos anticipaban desde el inicio: Roberto Molina Barreto se quedó, otra vez, con una de las sillas más poderosas del país.

Tres semanas después, regresó al Congreso para jurar el cargo y quedar listo para asumir el 14 de abril. Esa tarde, al terminar el acto, Plaza Pública le preguntó por la influencia de Estados Unidos en su designación. Respondió que no tenía «ningún» comentario.

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También se le consultó sobre las críticas a sus fallos, algunos de ellos señalados por beneficiar a presuntos narcotraficantes. Las calificó como «estupideces».

Salió del Palacio Legislativo entre abucheos de personas reunidas en la entrada principal, sobre la novena avenida.