Ministerio le cancela licencia ambiental a Casa Icatú

El 3 de marzo de este año, mediante una resolución de la Dirección de Cumplimiento Legal del Ministerio de Ambiente, las autoridades determinaron que el proyecto urbanístico Casa Icatú incumplió en varios compromisos ambientales que no pudieron subsanar y, por tanto, se resolvió cancelar la licencia ambiental. 

El documento detalla que, luego de un análisis técnico y jurídico, la empresa no logró aclarar dos incumplimientos identificados en un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), luego de una supervisión en campo. 

Los dos compromisos no subsanados son: 

1. El proyecto debe estar sujeto a requerimientos ambientales establecidos por el MARN y debe contar con permisos, autorizaciones, licencias y cualquier otro que corresponda con la legislación vigente. 
2. Desarrollar y cumplir con medidas de mitigación establecidas en el Instrumento Ambiental. 

Según el informe realizado por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, en marzo de 2025, el proyecto no contaba con resolución emitida por el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala (CNPAG) para la construcción de una garita, polideportivo y casa club. 

Además, se estableció que el proyecto tampoco cumplía con las medidas establecidas en el instrumento ambiental y con los compromisos establecidos.  

Con estos argumentos, la resolución ordenó a la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales proceder a la cancelación de la licencia y «derivado que se agotaron todas las etapas del proceso administrativo previstas en la normativa, archivar las presentes diligencias». De esa forma, el 6 de marzo, la Dirección emitió la resolución en la cual se resolvió la cancelación definitiva de la licencia ambiental del proyecto. 

Sin embargo, durante estos meses, el proyecto ha continuado su ejecución física. De acuerdo con vecinos, los trabajos de construcción se han mantenido hasta altas horas de la noche e incluso fines de semana. 

dji_0629.webp

Sin una licencia vigente, la Municipalidad de Antigua debe suspender la obra. Desde el 12 de marzo, se consultó a la comuna respecto a la cancelación de la licencia de construcción, pero al cierre de esta nota no habían brindado información. 

MARN: Muni de Antigua debió suspender licencia de construcción 

En una entrevista a Plaza Pública, el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, detalló las inconsistencias identificadas en el proyecto. 

De acuerdo con el funcionario, tras la petición de vecinos y comunidades preocupadas por el proyecto, se llevaron a cabo inspecciones en las que detectaron algunos incumplimientos de los compromisos relacionados al manejo de residuos y desechos, obtención de autorizaciones, diseño del proyecto, cumplimiento de medidas de mitigación, cuestiones de educación ambiental, planes de emergencia, atención a inconformidades de usuarios, etc.

Tras la suspensión de la licencia, en 2025, Casa Icatú gestionó un nuevo instrumento ambiental con las modificaciones correspondientes para el proyecto. El Ministerio realizó dos visitas más al lugar, el 4 de noviembre y 5 de diciembre del año pasado. En ese nuevo proceso administrativo, la empresa nuevamente incurrió en contradicciones e irregularidades. 

Durante esa inspección, relata Rodas, se observaron varias anomalías. «Había lotes que se encontraban aún en algunas pendientes bastante pronunciadas, se observó movimientos de tierra que no estaban contemplados en el instrumento ambiental, también una remoción de capa vegetal. Además, se observaron riesgos de posibles deslizamientos, inconsistencias en lo que decía el instrumento ambiental y lo que se vio en el campo. Por ejemplo, decía que se tenía prevista la construcción de cuatro canchas, pero al final solo había tres porque encontraban que el área donde las planeaban construir no era apta. Incluso había unos helipuertos que los estaban construyendo en un área donde, después, se dieron cuenta que no era apta». 

Esas inconsistencias, señaló el funcionario, permiten cuestionar la calidad de los instrumentos ambientales que los desarrolladores  presentaron  ante el Ministerio. 

«Ellos mismos (los desarrolladores) se contradicen en varios puntos. Se constató que los dos helipuertos no se encontraban construidos. Al consultar al personal del proyecto, indicaron que, debido a condiciones geotécnicas desfavorables asociadas a la inestabilidad del suelo en el área prevista, no se construyeron en dicho lugar. Pero todo eso no lo dice el estudio. Entonces, ahí es donde vemos que los estudios que hacen los mismos desarrolladores no son acordes a la realidad. Derivado de toda estas situaciones, se canceló», agrega Rodas. 

[frasepzp1]

En términos prácticos, explica el viceministro, las anomalías identificadas en campo pudieron provocar la saturación de agua en los suelos en época de lluvias, deslizamientos, daños a la propiedad e incluso pérdidas humanas, como anticiparon las comunidades vecinas. Con la remoción de los bosques, añade, puede haber una pérdida de ecosistemas forestales y un impacto visual importante en un área turística. 

«Existe la idea de que el Ministerio está impidiendo el desarrollo. Yo me atrevería a decir que, realmente, viendo estudios deficientes, los que están impidiendo el desarrollo son ellos mismos (los desarrolladores), presentando estudios que no garantizan ese equilibrio ecológico y la misma vida de las personas», señala Rodas. 

Además de la cancelación, el Ministerio ordenó a la empresa cumplir con tres medidas precautorias para evitar riesgos con la ejecución del proyecto y restituir el daño causado. 

Estas son: 

1. Implementar las obras provisionales de estabilización en el área afectada para contención y protección, que incluyan refuerzos, nivelaciones y taludes que brinden el soporte adecuado al área activada que reduzcan las condiciones de probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa, deslizamientos, reptación, caídas, flujos, volcamientos, etc. 
2. En el lugar, implementar un sistema para la captación en conducción adecuada de aguas pluviales, previo a su apropiada disposición final para el adecuado manejo de correntino que evita la erosión y acumulación de agua en el terreno.
3. Realizar el monitoreo pertinente para toda la infraestructura y obras implementadas para prevenir y controlar los posibles movimientos súbitos y lentos de tierra que puedan darse en el área impactada, lo cual debe contar con los registros respectivos que deban resguardarse en el proyecto. 

[relacionadapzp1]

En lo que al Ministerio de Ambiente respecta, actualmente la empresa tiene autorización para trabajar siempre y cuando sea para cumplir las medidas precautorias para mitigar los daños. Sin embargo, la entidad ambiental asegura que, al ser suspendida la licencia ambiental, en julio del año pasado, la Municipalidad de Antigua también debió suspender las licencias de construcción del proyecto para evitar que continuará su ejecución. 

«La municipalidad tuvo que haberlo suspendido desde que nosotros suspendimos la licencia y no lo hizo. Prácticamente sería una ilegalidad la que ellos cometieron, pero como Ministerio no nos corresponde ordenarles que lo ejecuten», señaló Lilian Caal, asesora legal del viceministerio. 

Ahora, la empresa tiene la opción de presentar un nuevo instrumento ambiental que será evaluado para verificar que cumpla con los aspectos necesarios para gozar de viabilidad ambiental. Sin embargo, esto no ha ocurrido. En cambio, la empresa presentó un recurso de revocatoria ante el Ministerio. Este debe ser analizado por la asesoría jurídica de la entidad. La acción deja en suspenso la cancelación; aunque la suspensión sigue vigente. 

«Aquí el mensaje es que haya conciencia. Que tengamos conciencia al momento de desarrollar nuestros proyectos, no solo de construcción sino de proyectos mineros, eléctricos, de construcción, agrícolas, pecuarios, que tomemos en cuenta el componente ambiental, porque la vida misma depende del ambiente. Realmente nosotros no estamos en contra del desarrollo, siempre y cuando sea con equilibrio ambiental», concluye Rodas.  

[embedpzp1]

Por vía correo electrónico y llamada telefónica, Plaza Pública intentó obtener la postura de la empresa. Desde el 26 de marzo se enviaron varias consultas relacionadas con la cancelación de la licencia y previo a realizar esta publicación se consultó nuevamente por teléfono; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Un intento por enmendar los incumplimientos 

Tras la suspensión de la licencia ambiental al proyecto Casa Icatú, en julio de 2025, los representantes presentaron una serie de documentos e información para subsanar los hallazgos señalados por el MARN. Con esto, los desarrolladores esperaban recuperar la licencia. 

Dentro de sus argumentos señalaron que «por la naturaleza y el objetivo de los trabajos que se realizan en Casa Icatú, específicamente con relación a los trabajos en la montaña, no podían ser suspendidos sin representar un riesgo mayor a la comunidad vecina». Además, aseguraron que la «interrupción inmediata de estos trabajos podría exponer la montaña a procesos de erosión acelerada y deslizamientos, especialmente en temporada de lluvias». 

Por medio de una solicitud de información pública, Plaza Pública tuvo acceso a la evacuación de la audiencia por parte de Casa Icatú, tras el plazo establecido por el Juzgado de Asuntos Municipales de Antigua Guatemala. Esta audiencia se concedió luego de que el MARN notificara de la suspensión de la licencia ambiental al proyecto urbanístico. Como parte de la evacuación, la empresa presentó un informe sobre el estado de los trabajos de construcción y documentación relacionada con el cumplimiento de la normativa ambiental. 

El informe de la empresa señaló que el porcentaje de avance de ejecución del proyecto en ese momento era de 79.73 % y de urbanización 65.45 %. Por su parte, los trabajos preliminares y de movimiento de tierras se habían ejecutado en un 97.67 y 98.67 %, respectivamente. 

«Los incumplimientos han sido subsanados»

«Se hace de conocimiento de este honorable juzgado que la resolución número 04433-2025/MARN/DIGARN/MENG/jfvn, de fecha 8 de julio de 2025, emitida por el Ministerio de Ambiente, por medio de la cual se ordenó la suspensión de la licencia ambiental del proyecto Casa Icatú, se basó en incumplimientos ambientales que han sido debidamente subsanados por mi representada, lo cual se evidencia por medio del memorial de fecha 21 de julio de 2025, dirigido a la Dirección de Cumplimiento Legal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales», se lee en la documentación presentada por los abogados de la empresa. 

Adicionalmente indicaron: «En el referido memorial se detalla y se evidencia la forma en que mi representada ha dado cumplimiento a todos los compromisos ambientales adquiridos». 

[frasepzp2]

El memorial mencionado fue enviado por los desarrolladores al MARN con la intención de recuperar la licencia ambiental. Sin embargo, la institución no cambió de parecer y pasó el estatus de la licencia de suspendida a cancelada. 

En la primera etapa, la de suspensión, la empresa pagó una multa de 312 mil 246.87 quetzales por incumplimiento a los compromisos ambientales. «La multa fue pagada el 8 de julio de 2025, un día después de haber sido notificados de la resolución», detallan. 

Rafael Obiols, representante legal y arquitecto a cargo de la ejecución, dijo en una entrevista a Con Criterio que «según nuestros asesores legales, el hecho de haber pagado ya la multa de 350 mil quetzales es que ya se subsanaron» los incumplimientos. 

Sin embargo, las autoridades difieren. 
 
«La multa es la sanción por haber incumplido la norma ambiental, pero eso no exime de que deban cumplir con los compromisos ambientales. Por ejemplo, si te atraviesas un semáforo en rojo y después te atraviesas todos en verde, eso no te exime de que pagues una multa. Y como ya pagué la multa, ¿entonces me puedo pasar los semáforos en rojo? Eso no es así, lo mismo es acá. Aquí una cosa es la multa, porque esa fue la sanción que establece la ley, y eso no exime del cumplimiento de los compromisos», aclaró Rodas. 

dji_0609.webp

Los argumentos de Casa Icatú 

Un informe realizado en marzo de 2025 por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, y que sirvió de base para la suspensión y luego para la cancelación, evidenció varios incumplimientos y anomalías en la urbanización. 

Por ejemplo, señala que no hay un dictamen emitido por el CNPAG ni licencia para la administración de hidrocarburos para un tanque de más de 1 mil galones, que no declararon en el proyecto original. Asimismo, evidenció que hubo modificaciones importantes no mencionadas en el proyecto presentado para tramitar la licencia, como que ya no construirían 240 pozos de absorción que deberían mitigar el agua acumulada.

Sobre las licencias requeridas, los representantes de la empresa respondieron que existe un convenio arqueológico en marcha gestionado junto con el CNPAG. «El convenio arqueológico anteriormente adjunto evidencia que Casa Icatú, previo a iniciar cualquier movimiento de tierra, se aseguró de contar con todas las autorizaciones y anuencias administrativas requeridas para velar por el buen cumplimiento de sus obligaciones ambientales, incluyendo la autorización de esta entidad gubernamental que se dedica específicamente a conservar el valor ecológico y arqueológico de Antigua Guatemala», indicaron. 

Aunque no hay dictamen favorable del CNPAG al proyecto, la empresa ha insistido en que cumplió con las normativas requeridas y que la urbanización tuvo el aval del Consejo en su fase de anteproyecto. En sus pruebas de descargo, la empresa mencionó que existe un convenio arqueológico que evidencia que solicitaron las autorizaciones correspondientes. 

«Las licencias requeridas para el desarrollo de Casa Icatú fueron solicitadas y tramitadas ante las instituciones gubernamentales previo al movimiento de tierras y el cambio de uso de suelo, lo cual se puede verificar con las autorizaciones antes citadas y las que obran en el expediente», añadieron. 

Otra de las preocupaciones del MARN era la falta de licencia emitida por el Ministerio de Energía y Minas para un tanque de alrededor de 1 mil galones que no fue incluido en el proyecto original. 

«Cabe mencionar que, en Casa Icatú, no hay tanque de combustible para almacenamiento, razón por la cual, no es requerido tener una licencia de hidrocarburo de almacenamiento. No obstante lo anterior, para el uso de la maquinaria pesada, se ha contratado a un transportista para que este transporte combustible a las máquinas en la obra», respondieron. 

Entre sus argumentos, señalan que para Casa Icatú no existe necesidad de tener un tanque de combustible; sin embargo, reconocieron que en algún momento «estuvo dentro del proyecto», pero que no fue utilizado con ese fin. 

Uno de los señalamientos del MARN fue que el proyecto había sufrido una serie de modificaciones. En respuesta a ello, los desarrolladores argumentan que las modificaciones han sido «decisiones estratégicas orientadas a mejorar la planificación, distribución del espacio y valor ambiental y comunitario del desarrollo». Entre ellas: reducción del número de lotes e incremento de áreas verdes, cesión de área para el polideportivo, reubicación de la casa club. Modificaciones que, según los representantes, fueron incluidas en la aplicación del estudio de impacto ambiental presentado en julio de 2025, posterior a la evaluación in situ realizada por el MARN, en febrero de 2025.  

Sin embargo, no mencionaron los 240 pozos de absorción y que, de acuerdo con el MARN, ya no serían construidos, pese a que fueron parte del instrumento ambiental inicial. 

Denuncias contra vecinos de Antigua 

En los últimos meses, mientras el proyecto ha avanzado, más de 10 personas han sido denunciadas por Gloria Maribel González García, representante legal de Inversiones y Estrategias de Mercado S.A. 

Todos los denunciados son parte de las comunidades vecinas al proyecto, que han fiscalizado y señalado irregularidades en la ejecución del mismo. 

En junio de 2025, Casa Icatú interpuso una denuncia en contra de Suzanne Brichaux, vecina de Antigua Guatemala. Fue señalada de calumnia, injuria, difamación, desprestigio comercial, allanamiento, usurpación de calidad y coacción.  

En agosto de 2025, la empresa amplió su denuncia y señaló a Brichaux de ingresar «a las instalaciones del proyecto sin autorización», el 6 de junio de 2025. Tras una audiencia realizada el 25 de febrero, Brichaux fue enviada a juicio por el delito de allanamiento con agravación específica.  El juicio se llevará a cabo en el Juzgado de Paz Penal de Sacatepéquez. 

El 27 de febrero de este año, varios vecinos fueron notificados de una denuncia interpuesta por Gloria Morales Aguilar en su calidad de representante de Casa Icatú, por los delitos de coacción y amenazas. 

Los denunciados fueron: Agusto Xicay, Jonás López, Jaime Ramírez Xicay, Ángel Méndez, Carlos García, Luis Chavarría, Carlos Sicán, Elmer Monzón, Verónica Ortega y Carmelina Barrera. Todos vecinos de las aldeas San Cristóbal El Alto y El Bajo.  

Estas acciones se suman a la querella que la empresa también interpuso contra la diputada Sonia Gutiérrez, quien fiscalizó el proyecto, realizó citaciones y presentó una denuncia contra el alcalde y autoridades municipales debido a las irregularidades que identificó en la aprobación de la urbanización. 

Los delitos señalados contra Gutiérrez fueron: calumnia, injuria, difamación, desprestigio comercial, abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la constitución.