Incendio en Ciudad Juárez: Las secuelas llegaron pronto para Wilson y Enrique, pero la justicia no

Wilson Juárez cumplió 24 años este 19 de marzo, pero no lo celebró. Desde hace 3 años, la ocasión adoptó un nuevo sentido. «Me da miedo que sea marzo, no quisiera saber nada de esa fecha», confesó durante los últimos días de febrero. En marzo de 2023, emprendió un viaje solitario y arriesgado para llegar a Estados Unidos. En aquel mes de marzo, su corazón se detuvo por 5 minutos y fue declarado muerto por autoridades migratorias de Ciudad Juárez.  Él es uno de los 27 sobrevivientes del incendio ocurrido en una estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, aquel  mes de  marzo. 

«Mi cumpleaños 21 lo pasé acostado en la calle, triste», recuerda el joven guatemalteco, mientras toma aire para continuar con su relato. El 1 de marzo de aquel año, salió de su casa sin previo aviso y con menos de lo básico. No llevaba consigo ni siquiera un celular para avisar de su trayecto, pero tenía claro el objetivo: cruzar por México y llegar a Estados Unidos solo, sin ayuda de un coyote, ni tampoco de su familia. 

Así lo hizo. Cuando fue su cumpleaños, Wilson deambulaba y dormía en las calles de la Ciudad de México, con hambre, sed y frío. Le tomó 20 días arribar a Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza, en el estado de Chihuahua, que sirve de seña a los migrantes de la cercanía a  Estados Unidos. En ese momento pensó: «¡Dios mío, hasta dónde he llegado!» 

«Yo estaba feliz, feliz, no sabes cuánto. Hasta brincaba de felicidad de que lo había logrado solito, sin ninguna ayuda. Sentí mucho alivio». En medio de su relato, Wilson bromea, sonríe, pero pierde un poco la mirada cuando evoca ciertos momentos. 

Estudió hasta primero básico y, a sus 21 años, ya había aprendido una serie de oficios. Le gustaba trabajar, ahora también le gustaría hacerlo, pero no puede. «Estuve en la capital y trabajé como electricista, soldador, cocinero, de todo un poco y gracias a Dios aprendí mucho», comenta. Sin embargo, un día se le cruzó la idea de irse para Estados Unidos, trabajar, ganar mucho dinero y «ser alguien en la vida». 

La misma idea se le cruza a miles de guatemaltecos cada año. Según datos de 2023 del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), 79 mil 697 personas fueron retornadas desde México y Estados Unidos. La mayoría partieron de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Guatemala, Petén y Quetzaltenango. 

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El sueño en común 

Wilson nació en la Ciudad de Guatemala, pero, cuando tenía un año, su familia se asentó en Coatepeque, Quetzaltenango, un municipio de clima cálido, situado en la costa sur del país. Allí, 4 de cada 10 personas viven en condición de pobreza. El municipio ocupa el puesto 257 de 332 en calidad de vida. «Aquí en Guatemala, la economía es difícil, el trabajo es muy escaso y por eso uno decide viajar para superarse, para tenerlo todo, para tener una casa, algo en la vida. A veces uno ve que la gente tiene todo y uno nada. Te da sentimiento y piensas: 'Si ellos pueden, yo también puedo'». Esa fue la razón por la cual vendió su moto y con ese dinero se despidió de Guatemala.

En marzo de 2023, Enrique Coy también salió de la aldea Sacpur, ubicada en el departamento de Alta Verapaz. Habla poqomchi, q'eqchi y español. 

Para entonces, tenía 24 años y la bendición de su familia para emprender el mismo viaje. A diferencia de Wilson, él adquirió una deuda para cruzar con ayuda de un coyote y viajó con un grupo de jóvenes con ilusiones similares a la suya: llegar a Estados Unidos y reunir suficiente dinero para construir una casa y enviar dinero a su familia. 

Enrique es el segundo de seis hermanos y padre de dos niños. Oscar, su hermano mayor, vive en Nueva York y, prácticamente, sostiene a la familia.«Te motiva mucho cuando alguien de tus familiares o conocidos está allá y te dice: venite», fue lo que lo incentivó a dejar a su pareja, hijos, padres y hermanos para emprender el viaje. El plan era reunirse con Oscar, en su primer intento. 

Alta Verapaz está ubicado en la región norte del país y, aunque posee enormes riquezas por su extensión territorial y recursos naturales, más del 78 % de su población vive en condiciones de pobreza. 

Antes de pensar en emigrar a Estados Unidos, Enrique intentó de todo. Estudió hasta sexto primaria y empezó a trabajar desde los 12 años. Su primer empleo fue en una finca, cortando café. A los 13 años, fue a Honduras a buscar trabajo. De Honduras se fue a Zacapa, y de Zacapa, a la Ciudad de Guatemala. Tenía 15 años. 

En la ciudad laboró, primero, cuidando una tienda. Un compañero lo convenció de buscar un puesto como agente de seguridad, un  trabajo conocido por sus condiciones precarias (largas horas, mala paga y ninguna garantía legal). 

«Aguantó» 5 años como supervisor de seguridad. Pasaba todo el día en una moto, de 7 de la mañana hasta la misma hora del día siguiente, sin importar las condiciones. Corriendo, bajo la lluvia, cansado. «Después, encontré otro trabajo, también como guardia de seguridad, pero de un centro comercial, aunque también me cansé y me dije: ‘qué voy a hacer si quiero salir adelante porque tengo dos hijos, qué futuro les voy a dar’», recuerda. Ganaba un sueldo de Q 1,500 por quincena. De eso, usaba Q 1, 100 para pagar el cuarto en el que vivía, más el agua. 

Cuando sintió que agotó sus intentos, pensó en tomar el mismo camino que su hermano. «Se me complicó mucho y tomé la decisión de viajar y, lamentablemente, pasó lo que pasó», relata. 

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Wilson y Enrique coincidieron en Ciudad Juárez, pero no cruzaron palabra. Ambos fueron detenidos por autoridades mexicanas, despojados de sus pertenencias y  encerrados bajo llave dentro de la estancia migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), junto a otras 65 personas de distintas nacionalidades. Entonces sucedió el incendio. Tenían un plan de vida. En cambio, volvieron de su travesía con secuelas permanentes, físicas y cognitivas, tan severas que hasta la fecha les impide retomar el proyecto que tenían hace 3 años. 

La tragedia empezó mucho antes del incendio 

Una de las convicciones de organizaciones defensoras de derechos humanos en Ciudad Juárez es que la tragedia del 27 de marzo de 2023 no empezó con el incendio, sino mucho antes. 

Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia (en México), es representante y asesor jurídico de 9 víctimas sobrevivientes, entre ellas Wilson y Enrique, y 9 fallecidos. Las víctimas son muchas más y, por más que quieran, no tienen los recursos suficientes para representarlos a todos: 40 fallecidos, 27 sobrevivientes y 15 mujeres que también se encontraban en la estación, pero que fueron desalojadas cuando se propagó el incendio. 

Sin embargo, aclara el abogado, «todas las acciones que realizamos son para beneficiar a todos. Invariablemente, impacta en las demás víctimas, aunque formalmente no las representemos por capacidades humanas, económicas y de recursos, que no tenemos como sí las tienen las instituciones públicas de México». 

Los demás, son representados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un órgano federal en México que ofrece servicios de asesoría jurídica de manera gratuita a víctimas que buscan justicia. No obstante, de acuerdo con Zavala, la CEAV no ha ejercido este trabajo de manera adecuada. «Hemos promovido siete juicios de amparo donde acreditamos que la asesoría pública ni siquiera las reconoce», señala. 

Desde hace décadas, colectivos y organizaciones que observan el trato de las autoridades del INM hacia personas migrantes han documentado y denunciado el abuso de fuerza y agresiones por parte de elementos de la Guardia Nacional y del INM. Cabe destacar que, durante años, México ha recibido presiones por parte de Estados Unidos para contener el paso de migrantes desde el territorio mexicano y, de forma gradual, ha radicalizado y militarizado su política migratoria. 

«Desde los días previos hubo operativos y detenciones de manera discrecional de diferentes autoridades policiales de  México, incluido el INM. Llevaban a las personas sin protocolos del uso de la fuerza, sin informarles de manera adecuada los motivos de la detención», detalla Zavala. 

El resultado, por supuesto, es la molestia y la inconformidad de los detenidos, que, además, son tratados como prisioneros. «Claro que hay inconformidad al ser detenidos y ser ingresados a una estancia provisional, que no es estancia, es una prisión. Están encerrados bajo llave, incomunicados, y les quitan sus pertenencias, dinero, todo, cuando la ley mexicana no faculta a las autoridades para hacer eso. La ley dice que son estancias y una estancia no debe tener condiciones carcelarias», explica. 

«Una persona privada de libertad o una persona en situación de migración», añade el abogado, «no pierde sus derechos, a menos que cometa un delito».

En el caso de la estancia en Ciudad Juárez, el día del incendio quedó en evidencia que las autoridades no tenían siquiera un registro de las personas detenidas. «Para esta Comisión Nacional resulta preocupante que el INM no contara con un registro correcto sobre el número e identidad de las personas alojadas en el recinto migratorio», señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

En los registros de la estancia, no había un detalle de las personas, de cuántas horas llevaban dentro, cuántos días, cuál era su estatus migratorio, su nacionalidad, entre otros datos. La cúspide de este descontrol fue que, para las autoridades, las 67 víctimas fueron declaradas muertas. «Los estaban apilando como cadáveres afuera de la estancia y, cuando empezaron a ‘revivir’, los trasladaron a los diferentes hospitales de Ciudad Juárez, pero hubo una incapacidad total», relata el defensor. 

Esa negligencia condenó el futuro de Wilson y Enrique. 

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«Que se mueran todos»

Wilson fue detenido el 27 de marzo, pero llevaba varios días en Ciudad Juárez.  

El 20 de marzo llegó a la ciudad fronteriza con hambre y mucho sueño. Un taxista que, asegura, debió haber sido un ángel que Dios le mandó, le ofreció comida y lo dejó dormir en su casa. Cuando llegó al centro de la ciudad, vio migrantes por todas partes, de todos países. 

«Me dije: Voy a buscar trabajo. No tenía nada. Nadie me daba nada, hasta que llegué a una taquería con un rótulo que decía: 'Se busca muchacho'”. Me enseñaron cómo se hacían los tacos, las hamburguesas y, como tengo una mente buenísima, se me quedó rápido», relata. 

Con el primer pago que le dieron ese mismo día, 500 pesos, alquiló un cuarto de hotel. Tomó una ducha larga y le pareció que jamás se había bañado. Compró una mudada de ropa y se sintió feliz. Hasta entonces, le avisó a su familia que ya estaba en México, a un paso de la frontera para llegar a El Paso, Texas. 

Antes de hacer el viaje, Wilson pidió ayuda a su familia en Estados Unidos. Sin embargo, no apoyaron su intención de emprender ese viaje. Pero cuando ya se encontraba tan cerca de la frontera, le dijeron: «Venite para acá, te voy a mandar a traer». También le enviaron 1 mil dólares. 

«Lo dudé», admite Wilson. Sonríe, pero se lamenta. «Qué mala suerte, ¿por qué a mí?», se pregunta. «Ya tenía trabajo, estaba bien, tenía comida. Lo que no tenía era una casa, pero yo había ido ahí por un sueño.» 

El 27 de marzo, a primera hora, dejó el hotel. Salió con todo el dinero que le enviaron y el que había ganado en esos días. Esperó en el punto acordado, en donde alguien lo recogería, pero nadie acudió. Llegó el mediodía, se cansó de esperar y estaba a punto de regresar, cuando dos patrullas lo acorralaron. «Corrí y corrí, pero me cansé. Me agarraron como coche, me tiraron. Me quitaron los zapatos, el cincho, mi dinero, mi celular… Imagínate qué mala suerte, me agarraron ese día, el 27 me agarraron», lamenta. 

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Ese mismo día, unos 20 después de haber salido de Alta Verapaz, Enrique llegó a Ciudad Juárez, en un autobús lleno de otros guatemaltecos migrantes. En cuanto bajaron del vehículo, recuerda, los estaban esperando para ser detenidos. Antes de que le quitaran sus pertenencias, Enrique alcanzó a hablar con su pareja para contarle lo que pasó. «Solo le dije a mi esposa que nos detuvieron. Le dije: 'Ya no voy a llegar porque ya nos detuvieron, nos agarraron', ellos se quedaron tristes cuando les dije eso». 

La sensación de Enrique y sus compañeros era de enojo. «Imagínate que te detengan sin ninguna razón, que solo estás intentando buscar un futuro para tu familia y que, en una de esas, los policías de migración te detienen sin haber cometido ningún delito. Ahora, si uno está robando o peleando, agarrando cosas, tal vez tienen todo el derecho, pero uno va para que su familia salga adelante», explica. 

Otros, además del enojo, comentaban su preocupación por la deuda adquirida. Estaban preocupados, tristes, frustrados. 

Lo que siguió en las siguientes horas, es algo que Enrique no recuerda. El tiempo que pasó en la estancia, la hora a la que llegó, las condiciones en las que se encontraban las 67 personas retenidas, el origen del incendio, el humo, los gritos de los detenidos para que les abrieran las puertas, la respuesta de los guardias. No recuerda nada, hasta que abrió los ojos, 26 días después de lo ocurrido, en un hospital. 

Aunque quisiera olvidar, Wilson lo recuerda todo. 

La CNDH recabó algunos testimonios de lo que ocurrió. Uno de los detenidos contó que: «… fue asegurado por personal del INM alrededor de las 12:00 de la tarde y trasladado a la estancia migratoria […],  había mucha gente cuando él llegó, había más de 100 personas. Migración no les daba agua, ni papel higiénico, de esas 100 personas, en la tarde, egresaron la mitad…». 

Muchos de ellos llevaban varias horas en el lugar, no habían podido tomar agua, no tenían papel de baño y estaban muy molestos. 

«Parecía una cárcel ahí, no había nada, no había agua, ni comida, no había nada», resume Wilson. El hartazgo, la molestia y la incomodidad comenzaron a hacer efecto. 

El informe de la CNDH lo detalla de esta forma: «Aproximadamente a las 21:00 horas del 27 de marzo de 2023, en la Estancia Provisional, un grupo de personas de distintas nacionales comenzaron a inconformarse por la deficiencia en los servicios de alojamiento proporcionados por el personal del INM, manifestando dichas inquietudes al personal que se encontraba presente en la estancia de hombres, por lo que, al no recibir una respuesta, iniciaron una protesta prendiendo fuego a las colchonetas que se ubicaban dentro de dicha estancia». 

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Wilson estaba sentado sobre el suelo. La estancia de los hombres únicamente estaba acondicionada con colchonetas tiradas en el suelo, que las personas doblaban de una orilla para utilizarla como almohada. Lo adecuado, según la CNDH, debió ser brindarles  «una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno». Era un espacio similar a una prisión, con barrotes y cuatro ventanas pequeñas que permanecían cerradas y los baños se encontraban en mal estado. 

De pronto, relata, algunos de los detenidos empezaron a patear la reja. «Estaban alegando al policía y yo estaba sentado, viendo todo. Entonces no sé cómo se les ocurrió sacar el encendedor (…) y tiró las colchonetas, todas. Yo estaba sentado viendo… viendo todo, todo asustado, nunca había visto eso. Ni caso hacía el policía, no le daba importancia», describe. 

Las colchonetas de esponja se quemaron con mucha facilidad y comenzaron a invadir de humo toda la estancia. La intensidad del humo se comparaba con la que genera la combustión de una llanta al ser quemada. Rápidamente, se volvió imposible respirar. 

«Los muchachos, adentro, estaban tratando de apagar el fuego, ¿pero cómo?. Entonces algunos se quemaban por intentar apagar. Antes de todo eso, yo fui a gritarle al policía, a patear la reja y me dijo: 'Ojalá que se mueran todos'. Él tenía la llave. Se salió. Lo que hizo fue que sacó a las mujeres y se fue, se salió a la calle». 

Otros relatos confirman la versión de Wilson. Uno de ellos contó que «con ayuda de su tío intentaron tomar agua del baño para apagar el incendio, pero no había agua». Alguien más declaró que al ver el fuego «pidieron ayuda a los de seguridad y uno les dijo 'suerte', y se fue». 

Por más que gritaban, nadie abrió la puerta. Alguien más recuerda que «todos empezaron a pedir ayuda para que abrieran la reja, pero no les hicieron caso, por lo que corrieron a los baños y empezaron a mojarse, pero el área se llenó de humo y empezaron a toser. Observó varios cuerpos tirados en el piso». 

Una investigación periodística transfronteriza de La Verdad, Lighthouse Reports y El Paso Matters detalló cómo el lugar no contaba con extintores para este tipo de casos, cómo los guardias se negaron a abrirles la puerta, pese a que contaban con la llave, y cómo se retiraron del lugar, sin evacuar a los 67 hombres que pedían ayuda. Todas las irregularidades y abusos fueron observados y analizados a través de las cámaras de seguridad en el lugar. 

En algún punto, Wilson ya no podía respirar. «Me fui a una esquina, me senté y dije:  'Hasta aquí llegué. Perdón por todo, si no fui un buen hijo, perdón'. Me puse la camisa en la boca porque no quería respirar ese humo negro. Cuando sentí, me dormí. Entonces ahí sí quedé inconsciente», es lo último que recuerda. El protocolo del INM establece que debieron evacuar a todas las personas del lugar. Sin embargo, no lo hicieron. 

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Según las necropsias practicadas a los cuerpos, la causa principal de muerte fue «asfixia por inhalación». Los que sobrevivieron sufrieron secuelas que van desde lesiones en los ojos, daño neuronal, lesiones en los riñones, quemaduras graves y hasta amputaciones.  

Enrique no tuvo quemaduras. Durante 26 días permaneció en coma. Al despertar no recordaba nada, ni siquiera pudo reconocer a su papá cuando lo vio, sentado a su lado en el hospital. Poco a poco, recuperó la movilidad y fuerza de sus piernas. Pero, hasta ahora, sufre dificultades para recordar a corto y mediano plazo. Se le dificulta concentrarse y prestar atención. «Me cuesta reaccionar, me cuesta pensar, me cuesta, porque a veces se me olvidan muchas cosas, lo que voy a hacer, lo que hago, lo que tengo que hacer, pero mientras esté vivo, lo único que me queda es seguir adelante y dar lo mejor a mis hijos para que estén bien», explica. 

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Aparentemente, Enrique está bien. Sin embargo, debido a su condición, aún no se siente seguro para andar por la calle sin compañía y tampoco para buscar un trabajo como los que había desempeñado antes. 

De los 27 sobrevivientes, Wilson fue el más afectado. 

«En el caso de Wilson, hubo una negligencia médica probada. No solamente hubo victimización en la detención, en la retención, en el incendio, sino también en la atención médica», señala su abogado. 

Él tiene un daño psicomotriz irreversible, daño en su hígado, en sus riñones, en sus pulmones, daño neuronal, los tendones en las manos no le funcionan, no puede caminar con normalidad y tampoco hablar, como lo hacía antes. Los médicos que lo atendieron le dijeron que, prácticamente, murió durante 5 minutos, pues su corazón se detuvo. 

Fue el Estado 

El 25 de septiembre de 2025, en el Museo de la Ciudad de México, inexpresivo y aferrado a su libreto, Francisco Garduño, ex titular del INM, ofreció una disculpa pública a los familiares de los 40 fallecidos y a los 27 sobrevivientes. La mayoría de ellos (28) eran guatemaltecos, los demás provenían de Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia. Garduño, la máxima autoridad de la institución, a cargo de salvaguardar la vida de las personas migrantes retenidas en las instalaciones de la estancia, leyó con ritmo apresurado: «Reitero mis disculpas por las consecuencias permanentes que han quedado en sus vidas».  

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Para las víctimas no fue un perdón sentido, ni sincero, pero sí un espacio en el que pudieron encontrarse frente a él para manifestarse públicamente, pedir justicia y reparación. 

«Sé que hay una justicia más allá de esta vida, aunque haya un juez que lo quiera liberar de las culpas, sin tomar en cuenta lo que las víctimas sentimos. Solo nosotros sabemos lo que estamos pasando, sufrimiento, dolor», le respondió Wilson al tomar la palabra en esa ocasión. 

Enrique escuchaba desde atrás, intentando no llamar la atención. «Yo hubiera podido decirle muchas cosas que no le hubieran gustado», agregó. 

Para los abogados que acompañan a las víctimas, las disculpas fueron un requisito que Garduño debía cumplir, como parte de una resolución judicial para evitar su enjuiciamiento y el riesgo de ir a prisión. Esta es apenas una de las muchas inconsistencias que han observado en el proceso por alcanzar justicia para las víctimas. 

Tras el incendio, a todos los sobrevivientes los trasladaron a distintos hospitales, bajo custodia, no como víctimas, sino como investigados. Varias organizaciones civiles (Derechos Humanos Integrales en Acción -DHIA-, Fundación para la Justicia, Clínica para las Mujeres en la Migración) intentaron acercarse a ellos desde el inicio, pero hubo resistencia por parte de las autoridades. «Siempre ha habido una oposición a que organizaciones defensoras de derechos humanos apoyen a las víctimas y esto lo hemos impugnado a través de diferentes recursos», según Zavala. 

«El Estado mexicano», destaca el abogado, «se vio en una presión grande a nivel internacional para investigar de manera adecuada lo que ocurrió. No podían decir que no fue el Estado», añade. «Claro que fue el Estado porque esa prisión migratoria estaba a cargo de un instituto mexicano. Es decir, se murieron en sus manos, no podían negar que había una responsabilidad del Estado mexicano. En casos como el de Camargo» recuerda, «las autoridades han dicho: 'No fuimos nosotros, fue el crimen organizado', pero en este caso no hay forma de decir que no fue el Estado. Esa presión fue la que permitió que las autoridades abrieran una carpeta inicial de investigación».

La justicia que no llega 

Por diversas vías, las organizaciones y asesores legales que acompañan el caso han señalado los ilícitos que provocaron la muerte de estas personas y las lesiones de por vida a los sobrevivientes. 

Hasta la fecha, los avances en las investigaciones y procesos judiciales han sido lentos y obstaculizados. La primera acción vinculante para las autoridades de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y el INM fue una recomendación emitida por la CNDH el 30 de junio de 2023, por graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes afectados.

La recomendación, que se encuentra en fase de cumplimiento, ordena que los sobrevivientes reciban la atención médica y psicológica que requieran, por personal profesional especializado, de forma gratuita, en sus países de origen o donde radiquen, hasta que alcancen su sanación física, psíquica y emocional. Por ahora, los afectados recibieron una indemnización económica para costear sus gastos médicos. Sin embargo, Zavala considera que el monto no se calculó de forma justa. 

Una de las acciones pendientes es que no sigan existiendo prisiones migratorias para que no sucedan más hechos parecidos..

Otra demanda interpuesta, por responsabilidad patrimonial del Estado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, busca que el Estado garantice una reparación al daño provocado, que pudo evitarse si no se hubieran cometido las irregularidades señaladas por los abogados. Esta acción está a la espera de una resolución. 

La investigación que está a cargo de la Fiscalía General de México, al igual que otras carpetas que fueron abiertas para deducir responsabilidades contra el personal que se encontraba en ese lugar y que se negó a abrir la puerta, las dos personas que iniciaron el fuego, y Francisco Garduño (ex titular del INM) y  Antonio Molina (segundo al mando del INM), evidenciaron que, dentro de los expedientes, los grandes ausentes son los sobrevivientes que ya no fueron ubicados, contactados e interrogados para alimentar las carpetas de investigación y explorar lo que sucedió ese día. «Lejos de velar por los derechos de las víctimas, lo que hicieron las autoridades es velar por su verdad de ellas, de las autoridades, no de las víctimas, y lo hicimos ver cuando nos involucramos en el proceso», asegura Zavala. 

En total, existen 7 procesos penales en marcha, que incluyen a 11 acusados y 4 detenidos. 

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Los abogados defensores interpusieron un juicio de amparo por medio del cual señalaron que la Fiscalía, la CEAV y los jueces de control han estado cometiendo irregularidades en la investigación y los procesos. En cada uno de los procesos abiertos, promovieron amparos porque no se tomó en cuenta la participación de las víctimas y no vincularon a las personas acusadas por los delitos que corresponden. En el caso de Garduño y Molina, el criterio de los abogados es que deben ser juzgados por homicidio y no solamente por ejercicio ilícito del servicio público. Señalan que se trata de una «justicia selectiva». 

«Nosotros consideramos que hay una responsabilidad (de Garduño) por incumplimiento de sus obligaciones como titular de migración. Se le podía vincular por homicidio y lesiones. Y actualmente, por eso los procesos no han avanzado, porque seguimos esperando que estos jueces federales de distrito o el Poder Judicial Federal determinen si se respetaron, o no, los derechos de las víctimas», aclara Zavala. 

Además, debido a la reforma judicial que se aprobó en México desde 2024, algunos procesos de justicia se han visto demorados. La reforma implica cambios en todos los jueces a nivel federal, incluyendo los que lideran las causas por el incendio en Ciudad Juárez. 

En enero de 2026, Garduño fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (SEP). En los últimos tres años, se ha resistido a responder por los daños ocasionados a los migrantes dentro de la estancia. Su nombramiento fue entendido como un premio a ojos de los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes. 

Por eso, el día de las disculpas públicas, Wilson no las aceptó. «Fue algo obligado porque nunca nació de su corazón. Pienso que no es justo. Él nunca ha pasado una situación así, no lo ha vivido, le vale todo. Sus palabras no nacieron de su corazón, fue en vano, fue a la fuerza. Pero está bien, no pasa nada. Hay un dicho que dice que lo que uno siembra, lo cosecha», piensa Wilson. 

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La vida después de Ciudad Juárez 

Mientras los procesos están detenidos en México, en Guatemala la vida de Wilson y Enrique tiene que seguir. 

Para ambos, abrir los ojos tras el incendio fue como despertar de una pesadilla. Enrique olvidó lo que pasó, Wilson lo recuerda con detalle. Fueron declarados muertos por las autoridades, pero luego los trasladaron a hospitales en México en donde permanecieron en situación crítica durante varias semanas. A través del apoyo de organizaciones civiles e internacionales, varios de los sobrevivientes viajaron a Estados Unidos para continuar su rehabilitación y recuperación. Allí recibieron atención médica y tuvieron la opción de quedarse y cumplir el sueño que inicialmente tenían: llegar a Estados Unidos. 

La rehabilitación fue un proceso doloroso y lento para ambos.  Enrique, que recién cumplió los 27 años, recuperó la habilidad para caminar luego de un mes. Sin embargo, hasta ahora evita salir solo a la calle porque olvida lo que estaba a punto de hacer y a veces le cuesta sostener conversaciones, según relata. Tampoco se siente confiado para manejar nuevamente una motocicleta. 

Wilson, en cambio, utiliza un andador. Ha recuperado cierta movilidad en la mano derecha y, poco a poco, ejercita su habilidad de articular palabras para comunicarse. Su caso requiere terapia física y del habla, así como acompañamiento médico por la condición en la que se encuentran sus riñones y otros órganos afectados por el humo. «Cuando estuve con Wilson en México, el especialista me habló claro. Me dijo que como él era joven había un 60 por ciento de posibilidad de que pudiera recuperarse», recuerda Héctor Juárez, su padre. 

A pesar de tener la opción de quedarse allá, sin las condiciones físicas y mentales óptimas, y sin poder trabajar y vivir con sus propios medios,  los dos decidieron volver a Guatemala en 2025. Al regresar a su país, no recibieron apoyo alguno por parte de las instituciones guatemaltecas o algún ofrecimiento para continuar su proceso de rehabilitación en el sistema de salud pública. 

Desde aquí, ambos deben solventar, con sus propios medios, los gastos de su rehabilitación, en medio de grandes limitaciones económicas. Ambos tienen un daño neurológico que requiere de acompañamiento, seguimiento constante y terapia. Esa también es una deuda pendiente por parte del Estado mexicano. 

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Según cifras oficiales, el acceso a servicios de salud en Alta Verapaz, donde vive Enrique, es crítico. Más del 40 % de la población no tiene acceso a servicios adecuados y hay un promedio de 1 médico por cada 10 mil habitantes en el área rural. Para movilizarse hacia el área urbana más cercana, Enrique tarda más de 45 minutos en vehículo o motocicleta. Por esa razón, no acude ante un especialista con frecuencia. 

Después de lo ocurrido, Enrique volvió a Guatemala, pero su pareja decidió quedarse en Estados Unidos para empezar una nueva vida. Ahora él es quien, en soledad, se hace cargo de su hija, de 4 años, y su hijo, de 7. Al mismo tiempo, continúa pagando la deuda que adquirió en su intento de llegar al norte. «Me faltan como Q40 mil», calcula. 

Su padre es agricultor, su mamá y su hermana se encargan de los trabajos de la casa. Sus hermanos son menores y aún estudian. Oscar es quien les envía dinero para vivir. Enrique también lo hacía antes, pero ahora no puede hacerlo. No sabe cómo. 

El dinero recibido como parte de la indemnización lograda, la utiliza para los gastos de sus hijos y los suyos, para no molestar a su familia. Sin embargo, sabe que un día ese dinero se va a terminar. 

Pensar en volver a trabajar, dice, es difícil en su condición. «Por el momento no estoy dispuesto a retomar una vida como antes, por mi situación de salud. No va a ser como antes mi vida. Si voy a la capital, no puedo trabajar. Si busco un trabajo de seguridad sería muy complicado porque yo solo sé manejar moto. Solo me pueden contratar como supervisor o repartidor, pero no es porque yo no sepa hacer otras cosas; por la condición en que estoy va a ser muy complicado tomar otro trabajo», considera. 

Sus planes a futuro parecen suspendidos. «Cuando me sienta más seguro de tener otra meta, ahí ya veremos qué hacer pero, mientras tanto, voy a estar aquí, con mi familia para que me ayuden, que estén al pendiente de mi. Si yo me voy de aquí, ellos no van a poder estar pendientes de mi. Y si me pasa algo, ¿a quién le hablo? Ahora no puedo, no estoy al cien». 

Desde la aldea San Vicente Pacaya, Coatepeque, Wilson se levanta muy temprano. Hace un año, debía pedir ayuda para bañarse y ponerse ropa. Ahora, dice orgulloso, puede hacerlo solo. Todos los días repite ejercicios para recuperar la fuerza de sus piernas. Se sienta en el suelo y se levanta por sí mismo, una y otra vez. También mantiene una pelota antiestrés para ejercitar la fuerza de su mano derecha, la que más utiliza. La izquierda aún sigue bastante rígida. «Mi cuerpo se quedó tieso», subraya. 

La playa de Ocós y el puerto Tilapa quedan a una hora de su casa, en moto. Ante el asombro de su familia, Wilson puede manejar una cuatrimoto con la que se moviliza en los alrededores de la aldea. A veces, cuenta, toma la cuatrimoto y se va al río más cercano para sumergirse y hacer ejercicios acuáticos. Es una terapia para él. 

Por aparte, cada semana viaja al centro de Coatepeque, que está a unos 30 minutos de su casa, para recibir terapia física y del habla. Su mayor temor es qué pasará cuando ya no tenga dinero para continuar con su rehabilitación. 

«Ahorita no puedo pensar en el futuro. Aunque quisiera, no puedo», responde Wilson, sobre los planes que tiene en mente. «Quisiera tener una familia con alguien, pero de qué voy  a vivir, no tengo como mantener una familia», se cuestiona. 

Wilson se jacta de su rapidez para pensar, de su buena memoria y de lo rápido que aprende, que son habilidades que no perdió, a pesar de los daños que le causó el humo. Con esas capacidades, más los oficios que aprendió en Guatemala, pensó que al llegar a Estados Unidos sería fácil conseguir trabajo, obtener una casa, conocer a su futura esposa y formar una familia. 

«Uno no pierde la esperanza y yo tengo mucha fe de que voy a ser el mismo de antes, quizá de otra forma, pero tengo mucha fe en que lo voy a lograr», anhela. 

Desde el 23 de marzo de 2023, la vida no es la misma para Wilson y Enrique. Desde aquel mes de marzo, pensar en el futuro se volvió difícil.