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Francisco Garduña ofreció una disculpa pública a las familias de las 40 víctimas de la tragedia migrante en Ciudad Juárez de 2023, una orden judicial este 26 de septiembre de 2025./ Redes sociales

#EnCorto Una disculpa pública a las sobrevivientes y familiares de migrantes fallecidos en Ciudad Juárez, para evadir un proceso penal

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#EnCorto Una disculpa pública a las sobrevivientes y familiares de migrantes fallecidos en Ciudad Juárez, para evadir un proceso penal

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La disculpa pública no cierra el caso ni es a título del Estado mexicano. Es el cumplimiento de una resolución judicial por parte del excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño, para permitirle liberarse del proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

Este viernes 25 de septiembre, Francisco Garduño, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, ofreció una disculpa pública a los 42 sobrevivientes y las familias de los fallecidos en un incendio ocurrido en Ciudad Juárez. La medida fue impuesta por un juzgado para evitarle a dicho funcionario un proceso penal.

“Hoy me encuentro frente a ustedes en un acto de recuperación de la memoria reconociendo la dignidad como medida de satisfacción y reivindicación para las víctimas con el fin de garantizar el derecho a una reparación integral del daño. Y evitar que esto suceda de nuevo a las personas migrantes quienes en su paso por México deben ser respetadas en sus derechos humanos”, leyó Garduño, en un acto realizado en el Museo de la Ciudad de México.

“No podemos aceptar estas disculpas mientras no exista una investigación exhaustiva, independiente y transparente que identifique los responsables materiales e intelectuales que hasta el momento no conocemos”, respondió en el acto Claudia Varela, originaria de El Salvador y hermana de uno de los fallecidos.

Wilson Juárez, guatemalteco sobreviviente, se pronunció con dificultad frente al excomisionado. Tras lo ocurrido, el joven tiene dificultades para moverse y hablar, como secuela de la tragedia; y desde hace dos años recibe terapia física y de lenguaje.

“Sé que hay una justicia más allá de esta vida, aunque haya un juez que lo quiera liberar de las culpas sin tomar en cuenta lo que las víctimas sentimos. Solo nosotros sabemos lo que estamos pasando, sufrimiento, dolor”, relató.

Esta acción molestó a los afectados debido a que Garduño se librará del proceso penal en su contra por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

La noche del 27 de marzo de 2023, en una estancia migratoria para hombres ubicada en Ciudad Juárez, 40 hombres fallecieron en un incendio. Otros 27 resultaron con heridas y secuelas graves; 15 mujeres sobrevivieron.

De acuerdo con las investigaciones, el fuego fue provocado por la quema de colchonetas dentro del lugar, presuntamente por dos migrantes venezolanos. Minutos antes, las personas detenidas habían discutido con los guardias de seguridad y oficiales de migración por las condiciones en las que se encontraban: sin agua y sin comida.

Varios de ellos llevaban semanas en el lugar, mientras otros fueron detenidos algunas horas antes, en un operativo realizado por las autoridades municipales de Ciudad Juárez, agentes del INM y la Guardia Nacional.

Los hechos

Los migrantes se encontraban en una celda cerrada bajo llave, hacinada, sin extintores ni rociadores contra incendios, ni ventilación. A esas condiciones riesgosas se sumaron para provocar la tragedia, las decisiones tomadas por las autoridades que custodiaban el lugar. Todo esto derivó en la muerte de 40 migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.

En videos captados por las cámaras de seguridad, se observa que los guardias del lugar y funcionarios de Migración dejaron encerrados a los migrantes retenidos en el área de hombres en medio de las llamaradas. No abrieron las puertas, a pesar de que el protocolo del INM establece que debieron evacuarlos a todos.

Según las autoridades mexicanas, 18 fallecidos eran de nacionalidad guatemalteca. Aunque la cancillería de este país reportó un total de 28 personas (entre fallecidos y heridos) afectados en el siniestro. Tenían entre 18 y 51 años y procedían de los departamentos de Huehuetenango, Sololá, Quiché, Guatemala, Izabal, Totonicapán, San Marcos, Suchitepéquez, Chiquimula, Chimaltenango, Quetzaltenango y Cobán.

Las 82 víctimas se encontraban bajo custodia del Estado, específicamente, el INM. Por tanto, la disculpa se entiende como un primer paso, de carácter simbólico en el proceso de reparación integral del daño ocasionado a las víctimas y sus familiares. , No es un cierre del caso.

En un tercer intento, la defensa del ex comisionado solicitó la suspensión condicional del proceso, la cual fue concedida por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón. Esta suspensión lo desvinculará del proceso penal, una vez cumpla con una serie de condiciones, entre ellas, la disculpa pública, realizada en el Museo de la Ciudad de México.

“Es importante subrayar que esta disculpa pública no cierra el caso ni será realizada por el Estado mexicano. Se trata de una acción personal de Francisco Garduño, en cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, como requisito para concederle la suspensión condicional y permitirle liberarse del proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”, expresaron representantes de la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa e Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). Estas organizaciones representan a algunos de los sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales.

Según estas organizaciones, para hablar de una reparación integral, se deben ejecutar varias medidas. Entre estas:

  • Que las personas afectadas reciban una compensación económica. Aunque la mayoría de las víctimas masculinas sobrevivientes o familiares de los fallecidos la han recibido, a las mujeres afectadas no las reconocen como víctimas, lo que les impide acceder a una compensación.
  • Que todas las personas vinculadas a proceso penal enfrenten un juicio, sin beneficios procesales injustificados.
  • Que se investiguen las responsabilidades del gobierno de Ciudad Juárez y se ordene al Estado mexicano implementar las modificaciones legislativas adecuadas que eliminen la detención migratoria.
  • Que se garantice la no repetición de hechos como este, mediante cambios estructurales en la política migratoria y en el trato hacia las personas en contextos de movilidad, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
  • Que el Estado mexicano asuma un compromiso claro para ofrecer medidas de reparación adecuadas y dignas para las víctimas y sus familias.
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