Efrén Olivares: EE. UU. mintió para expulsar a cientos de niños y adolescentes guatemaltecos

«Reunificar es una cosa muy distinta a repatriar, a deportar, a expulsar». Las palabras de Efrén Olivares, vicepresidente del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, del inglés), resumen su preocupación ante el intento de expulsar de Estados Unidos a cientos de niños y adolescentes guatemaltecos migrantes.

Las autoridades migratorias quisieron disfrazar estas deportaciones irregulares como «reunificación familiar». Sin embargo, sus intenciones reales quedaron en evidencia ante un juez.

El 18 de septiembre, el juez federal Timothy J. Kelly suspendió de forma indefinida la intención del gobierno estadounidense de retornar, de forma masiva y acelerada, a cientos de menores de edad, guatemaltecos no acompañados. Estaban bajo el resguardo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés). «No hay pruebas, ante el Tribunal, de que los padres de estos niños solicitaron su regreso», argumentó el juez.

Esta fue una victoria para los niños y adolescentes, así como para sus abogados, sobre el intento de la administración Trump de regresarlos a Guatemala, sin cumplir el proceso establecido ni garantizar un retorno seguro. Sin embargo, esta acción deja claras las intenciones de las autoridades migratorias: «deportar a todas las personas que puedan, independientemente de si son adultos o menores de edad».

En esta entrevista, concedida a Plaza Pública por Efrén Olivares, vicepresidente del NLC, abogado de derechos humanos y escritor que emigró de México a Estados Unidos a los 13 años, se detallan las ilegalidades alrededor de esta disposición y las implicaciones de esta medida. «¡Es alarmantemente racista!», advierte.

–Ustedes accionaron legalmente para impedir el retorno de cientos de niños y adolescentes desde Estados Unidos a Guatemala. ¿Cuál es el estatus de esta disposición?

–El juez emitió una orden preliminar diciendo que el gobierno estadounidense no puede retornar a niños y niñas guatemaltecos, en virtud de la justificación de reunificarlos con sus padres, porque no hay evidencia de que sea cierto. Hay toda una serie de procedimientos a seguir cuando se trata de menores de edad no acompañados en Estados Unidos y deben seguir los lineamientos. El caso no ha terminado, sigue su curso, pero esta orden preliminar significa que, mientras el caso esté pendiente, no se debe retornar a ningún menor de edad a Guatemala, salvo aquellos que hayan seguido el proceso normal. Esto se solicita a un juez de migración.

–¿Esta orden preliminar aún puede cambiar?

–Sí, puede cambiar. Significa que, cuando la Corte tenga ante sí evidencia adicional, alegatos adicionales, emitirá un fallo de fondo. Esto es preliminar porque ocurrió de prisa y en las últimas dos semanas, todo muy rápido. Es un mecanismo que existe en Estados Unidos cuando el demandante, en este caso los más de 600 niños y niñas guatemaltecos, están en riesgo de sufrir daño irreparable, se detiene todo. La idea es que mantengamos el status quo mientras el caso se litiga.

–El trabajo que realizan ¿es de oficio o porque familias guatemaltecas los buscaron?

–Somos una ONG de sociedad civil, sin fines de lucro, como existe en Guatemala. A nosotros nos buscaron los abogados y abogadas que representan a los menores de edad en sus casos de migración, ante un juez. Nos alertaron de que había rumores de un intento de repatriar a cientos de niños guatemaltecos ese fin de semana y que era altamente irregular. Eso no sucede así normalmente.

Cada niño y niña tiene su caso, se presenta ante un juez. Si un menor quiere regresar a Guatemala, la trabajadora o trabajador social hace una evaluación del interés superior del niño, le presenta una recomendación al juez de migración y entonces determina si es el interés superior del menor regresar a Guatemala. Si es así, que en algunas situaciones pasa, se comunican con las autoridades guatemaltecas para comprobar si hay familiares o quién puede recibirlo.

Pero aquí lo estaban haciendo en masa. Eran cientos de niños en un fin de semana, de madrugada, a escondidas y a la carrera. Algo altamente irregular. Cuando nos alertaron nos movilizamos rápido y, por suerte, pudimos detener este intento ilegal.

4f9edff38fc403ba5622336fa96467d97b395c25_copia.webp

–¿Cuáles fueron los argumentos del juez y qué factores fueron determinantes para evidenciar que esta medida estaba fuera de lo legal?

–Fueron varias cosas. Desde 2008 existe la Ley de Protección a Víctimas de Trata que el Congreso de Estados Unidos promulgó con amplio apoyo de ambos partidos. No es algo político sino para proteger a los menores de edad, porque son susceptibles a trata de personas, explotación, engaños. Para evitarlo, establecieron estos procesos donde se le asigna una trabajadora o trabajador social al menor para que lo acompañe, analice su situación de manera integral, haga conexión con el país de origen, si hay familiares allá o en Estados Unidos, y establecer todo el entorno.

Cuando se trata de un menor de edad, no es tan fácil preguntarle cuáles son los riesgos que corre. Se necesitan expertos en dialogar con ellos y, normalmente, se realizan varias entrevistas e intentos para que se abra y pueda explicar.

Ese es el proceso que se ha seguido desde 2008, con gobiernos demócratas y republicanos. Ahora, el gobierno de Donald Trump acudió a otra ley completamente distinta que le da al Departamento de Salud (HHS) la potestad para reunificar a un menor de edad con un padre o madre. Pero reunificar es una cosa muy distinta a repatriar, a deportar, a expulsar.

Se agarraron de un inciso, de un párrafo de una ley completamente diferente, para tratar de justificar que tenían esta autorización legal para deportar a cientos de niños y niñas, sin seguir todos los procesos en la Ley de Prevención de Trata de Menores. La segunda justificación que emplearon en la audiencia –y esto es bastante importante– fue que dijeron a una jueza federal, formalmente, que todos los niños habían sido solicitados por sus padres.

La jueza dudó y le preguntó, ¿me aseguras que todos los niños que estaban en ese avión, sus padres y sus madres, solicitaron su regreso a Guatemala? (El abogado del Departamento de Justicia) dijo que sí. Es una vil mentira porque nosotros pudimos confirmar que algunos niños no tenían papás, son huérfanos. En otros, pudimos contactar con padres y madres que dijeron “yo no quiero que mi hija regrese porque está amenazada de muerte en Guatemala”. Ese tipo de casos.

En la siguiente audiencia, la abogada del gobierno de Trump (del Departamento de Justicia, DOJ en inglés) tuvo que dar marcha atrás a ese argumento y decir que ahora ya no estaba segura de que todos los padres hayan solicitado eso. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, en un procedimiento judicial, cambia su postura y la versión de los hechos, llama la atención. Eso no es común.

Fueron abogados diferentes y le tocó a la abogada admitir que no estaba segura de que fuera cierto lo que su colega había dicho la primera vez.

[relacionadapzp1]

–¿El gobierno de EE. UU. tiene argumentos válidos para lograr las repatriaciones de niños y adolescentes?

–Nosotros todavía estamos esperando si el gobierno apelará (ante una Corte de Apelación) la orden preliminar, porque lo puede intentar. Lo único que pedimos en este caso es que se siga la ley. Si hay niños guatemaltecos, no acompañados en Estados Unidos, cuyos padres solicitan su regreso y es el interés superior de esos niños regresar, entonces, que se siga el proceso. Que una trabajadora o trabajador social haga su dictamen de interés superior del menor, se presente a un juez de migración que emita una orden para que el niño pueda regresar. Así sea uno, cinco, diez o 20 niños, es el proceso que la ley establece.

Creemos que el gobierno va a insistir, va tratar de apelar ese fallo y de que la corte les dé la razón. Creemos que tenemos argumentos contundentes basados en la ley, en los hechos, de que muchos de estos niños y adolescentes enfrentan peligros en Guatemala y es de interés superior para ellos permanecer en Estados Unidos.

El gobierno insistirá porque es parte de su agenda, altamente antiinmigrante y parte del esfuerzo de deportar a todas las personas que puedan, sin importar si son adultos o menores de edad.

–¿Cuál es el perfil de estos cientos de niños y adolescentes –y de sus familias– que pretendían retornar?

–El más pequeño es de siete años y el mayor llega a 17. La mayoría son adolescentes entre 14 y 17 años. Muchos de ellos son indígenas. Guatemala tiene un alto porcentaje de población indígena que vive en pobreza. Algunos no hablan español sino qʼanjobʼal, mam, chuj, k'iche'. Algunos son huérfanos. Otros tienen padre o madre en Guatemala, o ambos, pero, por algunas razones particulares, huyeron.

Algunos tienen familiares en Estados Unidos y otros no tienen a nadie, entonces están con familias temporales de acogida. Otros, están en albergues grupales con otros menores de edad. Han sufrido amenazas o tienen hermanos o hermanas asesinados, por eso huyeron del país.

Hay mucha variedad, como lo hay en todo el mundo de la migración. No todos somos iguales, los migrantes tenemos diferentes experiencias e historias y es el caso de estos niños también.

–¿A qué peligros están expuestos de volver a Guatemala estos niños y adolescentes?

–Tenemos una declaración jurada de los padres de una adolescente que dicen que ella está amenazada de muerte, que si el gobierno de Estados Unidos la regresa a Guatemala ellos harán lo posible para que vuelva a escapar porque ahí no puede estar a salvo.

Hemos tenido contacto directo e indirecto con 30 o 40 niños y niñas, pero son alrededor de 600. Hay muchos casos cuyas particularidades no conocemos.

013025_deportados_vuelo_militar-4_copia.webp

–¿Qué leyes nacionales o internacionales protegen a estos niños y adolescentes ante cualquier tipo de decisiones que vayan en contra de sus garantías y derechos fundamentales?

–En Estados Unidos, el marco legal es la Ley de Prevención de Trata de Menores y el marco institucional es precisamente esta agencia, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés). En un mundo de cabeza, esa misma agencia fue la que trató de expulsarlos del país. Es decir, la agencia cuya misión es el bienestar de los menores de edad no acompañados, trataba de expulsarlos de madrugada a Guatemala. Eso es una locura.

En el ámbito internacional, el instrumento más importante es la Convención sobre los Derechos del Niño. Lamentablemente, Estados Unidos no la ha ratificado. El Congreso la debe ratificar y no lo ha hecho. Es el único país del mundo que no ha ratificado este convenio. Guatemala sí lo ratificó.

No se le puede hacer responsable formalmente a Estados Unidos por violaciones a los estándares interamericanos de derechos humanos. Nos tenemos que enfocar en el ámbito interno, las leyes nacionales, que son bastante robustas, pero este gobierno las está echando por la borda también.

–¿Cuál fue el rol del gobierno de Guatemala y autoridades del sistema consular en Estados Unidos ante esta crisis? ¿Los niños y adolescentes recibieron algún apoyo o asesoría de parte de las autoridades guatemaltecas?

–Hay un informe de la Procuraduría General de la Nación (PGN) sobre esta situación y es un documento que se volvió tan importante es nuestra demanda porque relata exactamente lo que sucedió, desde el punto de vista de las instituciones en Guatemala. A ellos les notificaron que les iban a enviar 609 menores de edad guatemaltecos y que contactaran a las familias.

Pero solo tenían los números de teléfono de 115 de sus familias. Contactaron a unos 50. En los demás casos, el teléfono ya no estaba disponible, o contestaba otra persona. Hubo quienes no querían responder, tenían desconfianza. Otros se alarmaron mucho y dijeron que sus hijos no podían regresar. Otros dijeron que estaban dispuestos a recibir a sus hijos. Hubo diferentes versiones, pero lo que quedó clarísimo y fue realmente importante, es que ninguno de los padres de familia dijo haber solicitado que su hijo o hija volviera.

Contradice lo que el gobierno de Trump dijo ante la corte. Eso fue muy importante. Hicimos una traducción oficial del informe para presentarlo ante la corte y el juez en su orden preliminar menciona el informe de las autoridades guatemaltecas porque pone en entredicho todo lo que el gobierno de Trump aseguró.

A nivel consular, desconozco cuáles fueron las instituciones específicas que se involucraron. El gobierno de Estados Unidos alega que hubo notas diplomáticas que el gobierno de Guatemala envió, pero no aportaron una copia. Entonces, me hace dudar si esto es cierto o no. No hemos visto ningún documento oficial, pero según el gobierno de Trump sí hubo comunicación formal.

–De acuerdo a su experiencia, ¿qué sucede en estos casos de niños y adolescentes que llegaron solos a Estados Unidos? ¿Cuál es la postura de los jueces, permiten quedarse en EE. UU., o son devueltos a Guatemala?

–En temas del interés superior de los niños y adolescentes, el principio fundamental es respetar los deseos del niño. Se le pregunta al niño o niña qué quiere, regresar o quedarse. Con los más pequeños tiene menos peso lo que ellos digan. Hay que evaluar qué es lo mejor para ellos. Cuando alguien determina que sí es el interés superior del niño regresar a Guatemala, o a cualquiera que sea el país, se comunican con las agencias de atención al menor en esos países y, en casi todos los casos, se hace contacto con la familia, con alguien cercano al niño, que lo pueda recibir.

Es decir, no hay casos donde un niño o niña no acompañado en Estados Unidos regrese y no tenga familia en su país de origen. Siempre hay alguien que lo va a recibir y se hace una evaluación para que ese entorno familiar sea adecuado y no ponga al niño en peligro.

[frasepzp1]

Si no hay familiares en su país de origen, casi siempre se quedan en Estados Unidos, ya sea con un familiar o una familia temporal. Pero la ley dispone cuál es el proceso a seguir. En los pocos casos en los que el niño expresa el deseo de regresar, se hace toda una evaluación y consideración para estar seguros de que no van a correr ningún riesgo.

Este proceso a veces se hace en días, cuando todo mundo está de acuerdo en que vuelva y no hay ninguna sospecha de peligro, rápidamente se puede procesar. Son pocos los casos así de rápidos, la mayoría son más complicados y toman más tiempo, un par de semanas o incluso un mes. Pero la mayoría de los niños que llegan acá, se quieren quedar. Son pocos los casos en los que solicitan regresar.

–El intento de retornar a estos adolescentes y niños fue detenida indefinidamente por un juez, pero no deja de ser preocupante. ¿Cómo interpretar esta disposición tomada por la administración de Donald Trump, esta vez dirigida contra niños y adolescentes?

–¡Es alarmantemente racista! Están yéndose en contra de niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad, aún a los que tienen representación legal no les avisaron a sus abogados. Son niñas y niños que han sufrido tanto, es escandaloso pero no sorprende viniendo de un gobierno tan racista como el del presidente Trump.

–¿Qué pasará ahora con estos niños y adolescentes? ¿Se encuentran a salvo?

–La gran mayoría están de regreso en los albergues donde estaban. Los que estaban con familias de acogida, ya empezaron a regresar con esas familias. No todos están de regreso con estas familias aún, pero el proceso está en curso. Y ahí esperarán una determinación del caso.

–Para ustedes como juristas, ¿cómo ha sido defender a las personas migrantes en este escenario tan complejo y adverso?

–Se está viviendo en Estados Unidos una época muy difícil para las personas migrantes. Lo cual es difícil de entender porque los migrantes somos el motor de este país. Si los inmigrantes desapareciéramos, como quieren, este país se congelaría, se detendría. No habría industria, consumidores, tantos trabajos que realizamos, no solo agrícolas, en hoteles, restaurantes, sino que también somos profesionistas. Algunos somos abogados, otros son médicos, enfermeras, maestros.

Si logran deportar a todos los migrantes que quieren, este país se va a la ruina. Es difícil de entender cómo hacen esto que les va a afectar directamente de manera económica en el país. Se está viviendo una época muy difícil, no sé cómo vamos a salir del otro lado. Hasta ahora, las cortes están funcionando y deteniendo muchas ilegalidades, pero otras instituciones democráticas ya no. Por ejemplo, ya no hay libertad de prensa en Estados Unidos, como antes. Ahora, si alguien critica al presidente le cancelan su programa de televisión. Instituciones que eran independientes ya les quitaron la autonomía y están ahí instalando a personas que son leales ciegamente al presidente.

Ya no es una democracia saludable la de Estados Unidos. Lo que queda por verse es si vamos a pasar más allá del punto de no retorno. Si ya se acabó el experimento estadounidense o se va a poder reconstruir cuando cambie el gobierno.