Rosmery Yax Canastuj: «esperamos un gobierno guatemalteco más activo, más interesado en las personas migrantes»

Rosmery Yax Canastuj es abogada guatemalteca y especialista en brindar acompañamiento a familias de personas migrantes desaparecidas, masacradas y fallecidas. Para ella recordar a todas esas personas es importante. “El hecho de no olvidar, de nombrar permite que no muera esa esperanza de encontrar justicia”.

Es miembro de la Comisión Nacional de Refugiados y Coordinadora en Guatemala de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. El Festival Internacional de Poesía en Quetzaltenango reconoce su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, así como su trabajo en el campo de la justicia y la memoria histórica.

En esta conversación con Plaza Pública, hace un recuento de los desafíos que el Estado de Guatemala enfrenta para saldar la deuda que tiene con la población migrante y sus familias: la de procurar justicia.

–Este año, el tema migratorio tuvo especial atención a nivel local y mundial. ¿Qué cambios fueron trascendentales en 2025 que podrían considerarse un parteaguas en temas migratorios?

–Creo que no requiere tanto análisis el indicar que la llegada de Trump ha sido muy difícil, terrible. Un escenario crítico para las personas migrantes, sus familias y los derechos humanos. De manera general, para las personas que sostienen la economía de Latinoamérica y de todo el mundo. Estados Unidos está repleto de migrantes de varias nacionalidades. Con su fuerza de trabajo llegan y dan empuje, sostienen también la economía de Estados Unidos con ese esfuerzo. Y sí, la llegada de Trump definitivamente marcó este parteaguas en cuanto al tema de reconocimiento de derechos.

Lo poco que se había logrado con el gobierno de Joe Biden o en gobiernos anteriores, que tampoco fueron los ideales, se termina de romper con Trump. Cabe indicar que la política de Trump ha sido una política pública, algo que no sucedía con el gobierno de Biden y con Barack Obama. Es ilógico que a Obama le hayan dado el propio Nobel de la Paz cuando el suyo fue uno de los gobiernos con más deportaciones, deja mucho que pensar.

Trump lo hace público. No digo que sea bueno, pero él lo hace y lo da a conocer, a diferencia de los gobiernos de Biden o de Obama que hacían las cosas y escondían.

La llegada de Trump marca un camino álgido para las personas migrantes, pero también para todo el tema de defensa de los derechos. Hemos visto que se ha enfrentado a jueces, alcaldes de Estados Unidos, a la propia comunidad, a los propios nativos. Sí, preocupa porque si enfrenta a la gente que vive en Estados Unidos, a las autoridades de su país, cuánto más va a hacerlo con las familias latinas y de otras nacionalidades, y con los defensores o defensoras de derechos humanos.

Todo este tema de la cooperación internacional ha tenido también un impacto muy fuerte en los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos. Pero también para las organizaciones de sociedad civil que los procuran.

No solo afecta a Estados Unidos sino que trasciende a México, Guatemala, Honduras, El Salvador. ¿Cómo? Bueno, vemos cómo la frontera se va corriendo, o sea es una frontera invisible, al final de cuentas, porque, si bien es una política que en teoría tendría jurisdicción en Estados Unidos, estas decisiones han sido condicionadas y han sido impuestas a los gobiernos.

En México, Claudia Sheinbaum habla de ser un gobierno para migrantes, de un país para migrantes. Esto no es ni ha sido así. La política migratoria en México endureció, también en Guatemala y demás fronteras. Dicen que Guatemala es un país que recibe migrantes, pero no. Eso lo hemos visto desde gobiernos anteriores, se militarizaron las fronteras. Esto corresponde a la política migratoria no solo de Trump sino a políticas anteriores.

El panorama general es de mucha preocupación, cada vez hay menos garantías de los derechos de las personas migrantes. Pero también la propia comunidad se organiza para ayudar. Me impresionan los videos o publicaciones donde la misma gente de Estados Unidos, los mismos empleadores, salen a defender a sus trabajadores de las redadas. Los esconden o les avisan a tiempo, tienen su nivel de seguridad. Eso da mucha esperanza. Aunque pareciera que la población está de acuerdo con Trump, no es cierto.

Es una política dura por la que votaron los estadounidenses, pero hay gente consciente de que esta política no es la mejor. Reflejo de esto es la gran crisis en este momento en Estados Unidos.

–Al trabajar de cerca con personas migrantes y sus familias, acompañar procesos de justicia por abusos cometidos en su contra e incluso la muerte, ¿cómo ha sido tener contacto directo con estas historias y acompañarlos en su camino?

–Ha sido un camino de mucho aprendizaje en mi vida profesional, pero sobre todo personal, que he construido en conjunto con las familias. Me dedico a acompañar a familias de personas migrantes desaparecidas, fallecidas o masacradas en el trayecto migratorio; aprendo de ellas. En esta escuela, las madres buscadoras de las personas migrantes son mis maestras.

Soy egresada de la Universidad Rafael Landívar donde aprendí la formación técnica que me preparó para este camino. Pero, la mayor experiencia personal como profesional la he forjado a través del trabajo que las madres, familias, mujeres, hijas y viudas hacen en buscar justicia.

En ciertas ocasiones, uno tambalea al ver un sistema que no responde, un sistema insensible, pero más allá, una sociedad insensible. Es lo que más me preocupa, que la sociedad no tenga empatía hacia estas familias. Hay momentos en los que el sistema me decepciona y he peleado contra él. Si no funciona es porque la sociedad, las personas que atienden, no tienen la suficiente empatía.

Pero sí puedo decir que reconozco que las mujeres buscadoras han forjado mi camino. Por supuesto, también los papás, los hombres buscadores. El contexto en el que trabajamos es patriarcal, machista, por lo regular, a la mujer se le asigna en las comunidades esta tarea de búsqueda, pero, muchas veces, no tienen escolaridad ni las herramientas y tocan puertas. Son mujeres, madres, hijas, viudas y papás presentes.

Ha sido una vida construida por las familias y por este entorno que nos acompaña en los procesos de búsqueda.

Al dejar de nombrar, olvidamos y enterramos, no solo el recuerdo, sino la dignidad de la persona desaparecida, masacrada

–¿Cómo se evidencia la indiferencia de las personas y la sociedad al tema migratorio?

–Hablar de desafparición en Guatemala es complejo, sobre todo por los antecedentes políticos e históricos en torno al Conflicto Armado Interno. Si ya es un tabú hablar de personas desaparecidas en ese contexto, hablar de personas migrantes desaparecidas es aún más complejo porque son invisibles.

El reflejo de esto es que no existe una estadística oficial. Si vamos a los portales de Cancillería o del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), no tienen una cifra oficial. Esto los hace invisibles. Más allá de ser cifras, las personas migrantes tienen que estar contabilizadas. Y esto es parte de la indiferencia.

El funcionario que atiende muchas veces normaliza, victimiza o culpa. Le dicen: “por qué dejó que su hijo se fuera, él era menor de edad, usted tiene la culpa, usted quería dinero”. O, lo común es decirles “por qué se van, con ese dinero mejor hubieran puesto un negocio".

Si ponen un negocio con ese dinero, los van a extorsionar. Además, no hay medios ni condiciones para que un negocio prospere por la situación económica en las comunidades. Es muy fácil decir que busquen oportunidades en el país cuando sabemos bien que estas son escasas. Cada vez hay menos oportunidades para todo tipo de perfiles.

O, vemos el paso de caravanas de migrantes y la gente las criminaliza. Dicen que vienen a robar, que son ladrones. Me llena de esperanza ver que se han organizado varios sectores. Por ejemplo, hay casas de migrantes donde los alojan, hay familias que se organizan en lugares fronterizos donde siempre están presentes las personas migrantes. También hay grupos independientes que no reciben colaboración, pero muestran solidaridad. Es un sector pequeño.

Así como existe preocupación, hay esperanza.

–¿Qué complejidades y desafíos implica acompañar a niños y adolescentes en estos procesos?

–Preocupa mucho que un niño tenga que emigrar. Si bien sabemos que es un derecho, muchos emigran por reunificación familiar. Los Estados deberían garantizar medidas idóneas, abogados para estos procesos de retorno de menores de edad, por ejemplo, para que puedan recibir un trato justo.

Dentro de los casos que documentamos, tenemos de adolescentes migrantes desaparecidos o masacrados. Uno que me marcó mucho porque me indigna, pero también me da esperanza, es el de José Yovanny Bocel.

Él era un adolescente guatemalteco que emigró a sus 16 años con destino a Estados Unidos en 2011. Lamentablemente fue localizado dentro de las fosas de San Fernando, Tamaulipas. Se sigue el proceso, se hace la repatriación de Yovanny en 2012, se entrega a su familia y resulta que, años después, el Equipo Argentino de Antropología Forense, a través de una comisión instalada en México, evidenció y verificó que el cuerpo de Yovanny nunca había salido de la morgue de México.

A la familia le entregaron un cuerpo equivocado. Lo enterraron de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones. Darse cuenta de ese grave error ha sido difícil. Vemos cómo el Estado de Guatemala es cómplice de estas irregularidades porque sabían del error. Oficialmente, se le hizo saber a las autoridades guatemaltecas en 2015 y nunca hicieron nada para poder rectificar.

Vemos un tema grave no solo de indiferencia sino de impunidad.

Logramos localizar a la familia y les notificamos lo ocurrido. Fue muy difícil ver a la madre de Yovanny recibir la noticia. “Entonces, ¿a quién enterré, a quién le estoy llevando flores? Mataron a mi hijo dos veces”, decía ella.

Luego, se hizo un proceso de identificación conforme a los estándares internacionales y, después de una batalla legal, Yovanny regresó en 2024. Está por cumplir un año de haber retornado su cuerpo a Guatemala. Aquí hubo una intervención muy digna de la comunidad que respaldó a la familia originaria de Chichicastenango (Quiché).

Lo cuento porque me impactan los errores graves y la impunidad de la que es cómplice el Estado de Guatemala. No sabemos cuántos casos más hay así. Si no hubiera alguien que acompañara a esta familia, habría quedado impune.

Yovanny volvió a la comunidad. Al féretro le colocaron una frazada. Sentí mucho amor de parte de la familia en cómo arroparon a su hijo después de tantos años. Ver a su madre tranquila es algo que a mí me dejó mucha tranquilidad.

Luchamos también contra el Ministerio Público, hay que decirlo. No permitieron que peritos independientes participaran en el proceso de exhumación del cuerpo equivocado para poder traer a Yovanny. Fue una batalla legal. Pero también vemos jueces justos, gente que trabaja en el sistema de justicia que hace un buen trabajo. La jueza que llevó el caso fue muy garantista y resolvió que debería volver el cuerpo de Yovanny. Se dieron garantías y lo reconocemos.

El cuerpo equivocado aún está en Guatemala. No sabemos de quién es. Está a la espera de retornar a México para el proceso de identificación.

Este caso tuvo mucho impacto en México, en Guatemala no tanto. Vemos la indiferencia de los propios medios. También hemos podido ver un cambio en la forma de articularnos con la cancillería. Fiscalizamos y hemos sido críticos, pero cuando algo se hace bien hay que decirlo. Reconocemos el giro de trabajar desde la parte humana.

Creo que las autoridades necesitan trabajar con una proyección más humana que escucha, que acepta propuestas.

–¿Está Guatemala acogiendo a sus retornados?, o ¿cómo debería hacerlo?

–Siempre hemos visto con mucha preocupación el tema de los retornos. Lo que implica para una persona volver a Guatemala es volver con las manos vacías a la comunidad, al lugar donde estaba siendo amenazada o amenazado. A veces, no hay condiciones de seguridad ni de reinserción y eso implica muchos retos. Si bien vemos los grandes esfuerzos del Instituto Guatemalteco de Migración, reconocemos un giro en todo esto y que hay cuestiones que mejorar, pero aún falta mucho.

Creo que el Estado nunca estará preparado para acoger a las personas retornadas. Si bien, se les recibe, se documenta, van a la entrevista, se les da una llamada, se garantiza que vuelvan, hay temas de fondo que el Estado debe resolver sí o sí. El tema cultura, por ejemplo. En el caso de las mujeres, el ser devueltas a su comunidad implica muchas cosas.

Todo el machismo y el tema patriarcal, hace que las etiqueten al volver a su comunidad. No existen oportunidades laborales para ellas ni para los hombres. No hay una garantía ni una política de reinserción, de poder instalar de nuevo a la persona en su comunidad. Y no se trata solamente de reinserción, sino de qué pasa cuando las personas no pueden volver a su comunidad. Por ejemplo, la niñez que sale amenazada por temas de violencia, de su orientación de género. Hay muchas cuestiones de fondo, no sólo las razones económicas.

Es un reto muy grande para el Estado, que debería coordinarse con todas las organizaciones de sociedad civil, con las comunidades, para ver la manera en que se pueda reinstalar o reintegrar una familia a la comunidad. Garantizar el goce del trabajo, condiciones básicas, acceso a salud.

Pero esto es un sueño. Sabemos cómo está el sistema de salud colapsado, por ejemplo. También está el tema de la educación. Cuando los niños vuelven ya no quieren estudiar, se van a trabajar al campo o emigran de forma interna. Es un tema de fondo que el Estado debe atender e involucrar a la misma comunidad y organizaciones para buscar propuestas y soluciones.

No es lo mismo la reintegración de un adulto que de niños y adolescentes. Debe ofrecerse asistencia diferenciada, algo que no sucede. Es un reto muy grande.

–¿Ha mermado o disuadido a los migrantes las noticias que llegan de EEUU?

–No. Si bien se refleja un menor flujo, al menos es lo que dicen los medios estadounidenses y estadísticas oficiales, lo que los migrantes hacen es buscar rutas más peligrosas, más riesgosas. Por ejemplo las marítimas. Es impresionante la cantidad de personas que migran por esa vía, por todo lo que implica. Tenemos casos documentados de personas ahogadas en el mar o que el último contacto fue al abordar la lancha.

O las rutas se hacen más complejas, pasan por lugares más peligrosos, donde está en riesgo su vida. La migración no ha mermado, simplemente tratan de evadir y buscar la clandestinidad y esto es más peligroso para las personas migrantes.

–Muchas familias y personas no han logrado alcanzar justicia por abusos cometidos en su contra o por la muerte de sus familiares. ¿Qué deudas tienen los Estados con estas personas que aún esperan justicia y reparación?

–Es una deuda grande porque, aunque hay acompañamiento consular en algunos casos, realmente no hay interés legítimo del Estado por solicitar o por garantizar que haya justicia para las familias de las personas masacradas. Los países de origen, o donde sucedieron los hechos, obviamente tienen una gran deuda con las familias y la seguirán teniendo porque no se garantizó la seguridad de la persona mientras transitaba en su territorio, independiente de su situación migratoria. Las personas siguen teniendo derechos.

En México, por ejemplo, sale a luz la primera masacre de migrantes en Tamaulipas en 2010. Meses después, en 2011, sucedió lo mismo en San Fernando, Tamaulipas. En 2012, salió a luz la masacre de Cadereyta, Nuevo León. En 2014, otra masacre en Güémez, Tamaulipas. Esta no fue muy sonada, pero hay alrededor de 10 guatemaltecos víctimas. Luego la masacre de Camargo, Tamaulipas, en 2021. También incidentes como lo sucedido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el accidente en Chiapas… tantas cosas donde el Estado mexicano pudo garantizar la seguridad de las personas migrantes y no lo hizo. Es responsable de no adoptar una política de seguridad en favor de las personas migrantes.

Por parte del Estado de origen, el de Guatemala, la deuda es grande al no acompañar estos procesos de reparación civil.

En el caso del incendio en Ciudad Juárez, hay un proceso de reparación en marcha. Se dio una disculpa pública, pero existe una deuda. Qué pasa con la masacre de Camargo, de Güémez, de San Fernando y con casos que se dieron de manera aislada y en silencio. Hay una enorme deuda. Nos gustaría mucho ver a un Estado de Guatemala que exija, como lo hizo Ecuador. Le pidieron a México una reparación para los connacionales asesinados en la masacre de 72 personas (ocurrida en San Fernando, Tamaulipas).

Esperamos un gobierno guatemalteco más activo, más interesado en las personas migrantes. Sería justo poder caminar de la mano, poder coordinar y acompañar a las familias, porque existe una deuda enorme con ellas. No solo se trata de dinero, hay acciones simbólicas pendientes para que las familias puedan recuperar un poco de paz, de todo lo que han perdido.

El que no haya justicia es un mensaje muy claro que se manda. Es decir que no nos interesan los migrantes. En el caso de México, es como decir que puede pasar lo que sea porque no hay justicia, pero también en el caso de Guatemala. Al no acompañar en procesos de justicia es porque no hay interés. Ahora tiene una oportunidad para reafirmar ese compromiso. Decir no al olvido. Es una esperanza, una vela encendida para que las familias en algún momento puedan llegar a tener justicia.

Bernardo Arévalo debe ser un gobierno para garantizar justicia a las y los migrantes, Yo creo que el estado tiene las herramientas necesarias para acompañar a las familias, lo pueden hacer.

–¿Cómo podemos relacionar la justicia y la migración con la memoria histórica?

–El hecho de no olvidar, de nombrar, permite que no muera esa esperanza de encontrar justicia. Al dejar de nombrar, olvidamos y enterramos, no solo el recuerdo, sino la dignidad de la persona desaparecida, masacrada. Es fundamental nombrar las cosas como son, traerlas a la luz. Aunque no nos escuchen, a donde quiera que vayamos debemos de nombrar y decir lo que sucede o lo que sucedió. Esto permite que, de alguna manera, el mensaje se divulgue, que recordemos a la gente que le falta al país, a la persona que le falta a la sociedad. Traerlas a la memoria, nombrarlas, no solo darles un número, nos permite también reafirmar la dignidad que tuvieron y los sueños que ellas tenían.

–¿Qué escenario podemos esperar para el próximo año respecto al tema migratorio y cómo nos podemos preparar para ello?

–Es un camino incierto y difícil. Mientras Trump siga y continúe instalada esta política migratoria, pero no solo mientras Trump, porque las ideas han evolucionado y se instalan nuevas dictaduras en Latinoamérica, en nuestros países. Todo esto provoca que los derechos se limiten, se restrinjan y la migración está incluida dentro de los derechos que se limitan. Es un panorama complejo.

Lo importante es denunciar, nombrar. Y sobre todo, la organización entre redes, de sociedad civil, familias, comunidades migrantes, es fundamental. Estas redes que se tejen son fundamentales para garantizar los derechos que los Estados limitan a las personas.

El papel que la sociedad tiene de involucrarse de una manera consciente va permitir que, aunque limiten los derechos, se puede acompañar a las familias en estos procesos y a las personas migrantes.