Sin datos certeros, Guatemala espera a cientos de niños y adolescentes retornados desde EE. UU.
Sin datos certeros, Guatemala espera a cientos de niños y adolescentes retornados desde EE. UU.
El retorno de cientos menores guatemaltecos que permanecen bajo el resguardo de Estados Unidos es inminente. Sin embargo, las condiciones, tiempos y cifras exactas no están claras para las autoridades guatemaltecas. Con esa poca información, recursos limitados e incertidumbre, las autoridades insisten en que están preparados para esta recepción.
Desde Estados Unidos, medios internacionales afirman que unos 600 niños y adolescentes guatemaltecos pretenden ser retornados. Las autoridades en Guatemala no pueden confirmar ni desmentir ese dato, pues no tienen información.
Un primer intento de deportación de menores fue bloqueado por la jueza federal Sparkle L. Sooknanan, el domingo 31 de agosto. La resolución detuvo las acciones del gobierno estadounidense de retornar aceleradamente a un grupo de más de 70 niños y adolescentes ese día. La medida fue apenas un freno temporal, la intención de enviarlos a Guatemala persiste y, ante ello, las autoridades guatemaltecas se preparan para su retorno.
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El problema es que hasta ahora la información es escasa. Las instituciones involucradas en los protocolos de recepción desconocen cuándo, cuántos ni en qué condiciones serán enviados estos niños y adolescentes. Tampoco saben con cuánto tiempo de anticipación serán notificados para estar preparados. En medio de esa incertidumbre, los funcionarios dicen estar preparados para el peor escenario.
El protocolo establecido para el retorno de menores de edad a Guatemala involucra a la Cancillería, Procuraduría General de la Nación (PGN), Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
En ese proceso, el rol de la PGN es brindar representación legal y atención para identificar a los familiares o tutores y realizar evaluaciones psicosociales para determinar si procede la reunificación familiar o si requieren medidas de protección especial. En tanto, la SBS se encarga de brindar resguardo mientras se localizan a las familias, pero también debe brindar acompañamiento durante la reintegración a sus comunidades.
Un proceso masivo es más complicado
En condiciones normales, el proceso es complejo debido a que las autoridades deben garantizar una reintegración segura; eso implica investigar si el entorno familiar es adecuado para evitar que se sigan vulnerando sus derechos. En lo posible, las instituciones buscan que vuelvan a sus casas y no sean institucionalizados.
De enero a agosto, 126 niños y adolescentes no acompañados retornaron a Guatemala, según el IGM. Otros 740 lo hicieron acompañados de algún familiar.
El desafío de las autoridades es replicar ese proceso, pero en cantidades mayores y sin tener claros los tiempos, ni condiciones específicas de retorno. «La diferencia es lo rápido, lo inmediato del tema, o sea, esto exige una respuesta un poco más rápida. Es la única diferencia. Todos los protocolos que tienen las instituciones se van a cumplir y hay que respetarlos, aquí no estamos cambiando ni un solo protocolo. Lo que vamos a hacer es tomar ciertas medidas adicionales», asegura Julio Saavedra, titular de la PGN.
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Dentro de estas medidas, menciona la búsqueda de equipos e instrumentos de evaluación para concretar las reunificaciones familiares. «Tenemos que hacer un abordaje, tenemos que hacer una entrevista y ese trabajo requiere de profesionales en trabajo social y en psicología», explica Saavedra.
El proceso no debe durar más de 72 horas, según el protocolo establecido.
La aspiración del gobierno, según dijo el presidente Bernardo Arévalo en una conferencia de prensa, es que ninguno de ellos sea institucionalizado y que puedan volver a sus hogares en Guatemala. Muchos de ellos están por cumplir la mayoría de edad y el objetivo es que no sean trasladados a centros de detención para adultos. También dijo que lo ideal sería que los grupos no pasen de 150 niños o adolescentes.
Pero esa cifra no depende de Guatemala.
«El presidente anunció esos 150 (menores) porque es la cantidad que el modelo actual soporta sin someterse a estrés, pero nosotros estamos en la obligación de prever un escenario más crítico», anticipa el procurador. Por eso, añade, el domingo 31 de agosto 120 personas de la PGN, incluyendo a Saavedra, se desplazaron al Centro de Recepción de Retornados para recibir al vuelo que estaba por venir a Guatemala.
«No teníamos notificación ni certeza de absolutamente nada, entonces hicimos todos los arreglos internos e interinstitucionales para poder estar preparados. ¿Qué es lo diferente? Es la cantidad que podría venir y que necesita de una respuesta inmediata y más eficiente por parte de las instituciones públicas… Hay que prepararse para la situación más retadora, pero esperando que no ocurra. Hay que prepararse para lo más crítico», agrega.
«Un retorno sin el debido proceso pondría en riesgo sus vidas»
La posibilidad de retorno masivo de menores de edad despertó alertas en grupos de sociedad civil, tanto en Guatemala como Estados Unidos.
En un comunicado del Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria, conformado por 14 organizaciones, advirtieron que «la historia de cada niña, niño y adolescente en movilidad tiene motivos relacionados con las condiciones concretas de vida en el país y de sus comunidades: fenómenos como la criminalidad organizada, la violencia contra las mujeres y de género, la vulnerabilidad climática y el desplazamiento forzado».
Ante estas condiciones, «un retorno sin el debido proceso y sin la debida protección y atención del Estado pondría en riesgo sus vidas, su integridad y sus oportunidades de desarrollo».
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Efrén Olivares, del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center), fue uno de los abogados que accionó legalmente para detener los vuelos de deportaciones. «Son menores de edad, no acompañados, que no tienen padres aquí en Estados Unidos. Están bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) en distintas partes del país… Muchos de ellos hubieran sufrido persecución en su país, abuso, tortura, sus vidas corrían riesgo, algunos han sufrido abuso por parte de familiares», declaró en una entrevista.
Otros, comenta Olivares, provienen de comunidades indígenas, no hablan español y han sufrido discriminación y racismo.
Aunque los asesores del presidente Donald Trump argumentan que las repatriaciones se aceleraron para regresar a los niños y adolescentes a Guatemala a solicitud de los padres, dice Olivares, «nosotros tenemos evidencia donde hay padres de familia que dicen que no solicitaron eso, que sus hijos corren peligro en Guatemala».
La preocupación de los abogados es que existen procesos y leyes que regulan cómo un menor de edad puede ser repatriado a su país de origen, un juez de migración lo debe ordenar, o puede ser un retorno voluntario. Sin embargo, «esto fue sin precedentes, en medio de la noche, hay procesos y todos estos se vieron violados».
Hasta ahora, la PGN no tiene claros los perfiles de los niños y adolescentes que están por venir, por tanto, no puede anticipar cuántos se encuentran en situaciones de riesgo o huyeron de algún tipo de violencia o peligro. Según Lucrecia Prera, jefa de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia, de lo que tienen noción es que la mayoría de ellos son adolescentes (es decir, están entre los 13 y 18 años).
Según Saavedra, el trabajo de investigar si el entorno es seguro para un niño o adolescente es «un trabajo que se hace todo el tiempo».
«La investigación va a determinar qué personas están dentro del círculo o red familiar del niño, niña adolescente. Esto nos va a proporcionar datos o insumos sobre quiénes podrían constituirse como recurso para que nuestras duplas de trabajo social y de psicología puedan evaluarlas», detalla.
Ahora deben repetir ese proceso, en números mayores.
«En estadística, esto sería un dato anormal, entonces necesitamos actuar de forma distinta y nuestra meta es tener al niño, niña o adolescente, dentro de ese parámetro que no debiera exceder de esas 72 horas. Y en ese periodo poder hacer la reunificación y lógicamente no vamos a permitir que vayan a un lugar de peligro», promete.
Otro de los desafíos de la PGN será dar seguimiento a cada uno de esos casos para garantizar una adecuada reinserción.
«Parte de las intervenciones de PGN, explica Prera, es que a través de las evaluaciones psicosociales se puedan hacer derivaciones para inclusión a programas sociales. Y esa es otra etapa que se va a desarrollar para ir a visitar la vivienda, revisar, supervisar, verificar cómo se encuentran los niños dentro de ese entorno y de ahí tener elementos suficientes para derivar a estos programas y otras instituciones se involucran completamente en el seguimiento».
Para esto, la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia cuenta con alrededor de 350 técnicos y profesionales, además de las delegaciones regionales de la PGN. Por el momento, no se contempla la necesidad de contratar más personal, indican.
¿Estamos preparados?
Según Marvin Rabanales, titular de la SBS, ante este escenario se ha integrado una mesa técnica conformada por la Cancillería, PGN, IGM y SBS. «Cancillería hace su trabajo, se mantiene en contacto permanente con las agencias (ICE y Homeland Security) para saber qué va pasar, sé que hacen visitas en los albergues para entrevistar y que esas visitas permiten tener información», detalla.
Además, dice, se ha requerido formalmente al gobierno de Estados Unidos que el retorno respete el debido proceso, eso significa que un juez ordene el retorno del adolescente o niño. Segundo, que se priorice a los que están por cumplir 17 años; y tercero, que haya información previa y con tiempo suficiente para poder ubicar un recurso familiar en Guatemala y que una vez aterricen los aviones sean reunificados.
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«¿Qué nos corresponde? Prepararnos con los albergues, con personal, alimentación, hospedaje, atención psicosocial para dar seguimiento a través de los equipos multidisciplinarios, que es ahí donde vamos a garantizar que el adolescente que retornó sea reunificado con su familia, sino que sea reunificado comunitariamente y que no haya una nueva migración irregular o incluso eventos de desprotección o vulneración de derechos», asegura.
Con la experiencia previa, las autoridades esperan que la mayoría regrese de inmediato a su hogar. Sin embargo, para aquellos que por condiciones especiales no puedan hacerlo, hay albergues disponibles. Para ello, en Quetzaltenango la SBS cuenta con capacidad para albergar hasta 100 niños o adolescentes; y en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala se habilitó una residencia, donde se contempla la instalación de 43. Si la cantidad fuera mayor, también cuentan con instalaciones en el Parque Erick Barrondo y albergues del IGM.
«Estamos preparados», insiste.
«Definitivamente, el éxito de la reunificación depende de la calidad de la información y del tiempo en que se reciban; y eso no depende del Estado de Guatemala», asegura Rabanales. Ante esto, agrega, la única opción de Guatemala es «maniobrar la nave con la información que se tiene y fortalecer los equipos para la búsqueda de los recursos familiares».
Hasta ahora, las instituciones esperan información precisa. La suspensión de los retornos, emitida por la jueza Sooknanan, fue por un plazo de 14 días. Después de eso, el escenario será incierto. Ante la falta de datos certeros, Rabanales asegura: «Estamos preparados para que el retorno sea mañana, pero esperamos que no sea así».
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