El Tribunal Supremo Electoral que decidirá el futuro de Guatemala

Por: Alexander Valdéz, Sofía Fuentes, German Carranza, Denis Aguilar, Jimena Porres y Marco Hernández. 
Editor: José Luis Sanz
Ilustraciones: Jere
Gráficos: Diego Orellana

Aquel 7 de octubre Alfaro, una abogada de pasado polémico y personalidad histriónica, se convertía de forma inesperada en uno de los rostros de la resistencia al golpe, junto a decenas de miles de ciudadanos que en las semanas previas se había lanzado a las calles para defender los resultados de la votación de agosto de 2023. 

Paradójico, porque dieciocho meses antes, en marzo de 2022, esa misma magistrada había reconocido ante funcionarios de la embajada de Estados Unidos que tanto ella como el resto de magistrados del TSE habían recibido sobornos del presidente Alejandro Giammattei para favorecer a su partido en la elección general.

Tal vez los giros de conciencia, la presión social y las llamadas desde las embajadas hicieron que el Tribunal Supremo Electoral se colocara en el lado correcto de la historia durante los meses siguientes a la convulsa elección de 2023, pero la institución salió profundamente manchada de la crisis política. Nadie olvida que antes de la primera vuelta electoral los magistrados habían anulado con argumentos cuestionables tres candidaturas de oposición y que, cuando el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras comenzó los intentos por impugnar la victoria del socialdemócrata Bernardo Arévalo, los primeros mensajes de la autoridad electoral fueron ambiguos. En 2024, de acuerdo con Latinobarómetro, el 74.7% de los guatemaltecos confiaban poco o nada en el TSE.

Fuentes en el pleno saliente confirman además que la institución se siente, aun hoy, acorralada por las presiones políticas. «La FECI nos tiene atados», dice un magistrado del tribunal, que pide anonimato por seguridad.

foto_1_blanca_alfaro.jpeg

Este magistrado admite que teme por el desenlace de los casos que ha abierto contra ellos y otros funcionarios del TSE la fiscal Porras, que dos años después sigue acusando a Arévalo de fraude sin que se conozcan las pruebas. Cuatro de los cinco magistrados titulares están suspendidos por una polémica orden judicial y no pueden sesionar pese a seguir en el cargo. El exjefe de informática del tribunal está acusado de ayudar a la supuesta inscripción ilegal del partido del presidente, Semilla, y pasó diez meses en prisión antes de que se le concediera arresto domiciliario el pasado septiembre.

«Estamos viendo una pérdida acumulada de capacidad, autonomía y credibilidad del TSE», advierte Eduardo Núñez, director para Guatemala del Instituto Nacional Demócrata (NDI). «Y si la ciudadanía deja de creer en el tribunal, deja de creer en las elecciones».

En medio de ese desgaste, el TSE encara una etapa decisiva: en los primeros meses de 2026 se elegirá a sus cinco nuevos magistrados titulares y cinco suplentes. Diez personas que tendrán cerca de diez meses para convocar las elecciones generales de 2027, y que excepcionalmente tendrán a cargo organizar unas segundas elecciones, las de 2031. Mientras cargan sobre sus hombros la tarea de recuperar la legitimidad perdida.

El abogado Edgar Ortiz, una de las voces más activas en el debate actual por la depuración de las instituciones en el país, da una dimensión histórica a la crisis del tribunal: «En 40 años de democracia la última reserva de credibilidad que quedaba es el TSE, porque la gran obsesión de la transición fueron unas elecciones limpias”, dice. “El acuerdo de élites del 85 era ese, no el pluralismo, que en aquel momento no lo había».

Según él, ese acuerdo político esencial se vulneró en 2023, con el cuestionamiento que el MP hizo al resultado de las elecciones, avalado tanto por la izquierda y parte de la derecha nacionales como por la comunidad internacional. «Y esa amenaza contra el acuerdo mínimo que supone respetar las votaciones no ha desaparecido», asegura.

El futuro en juego 

Tras el autogolpe fallido de Jorge Serrano Elías en 1993, Guatemala parecía haber encontrado cierta estabilidad electoral. Acumuló tres décadas de elecciones periódicas, transiciones de gobierno no violentas y un Tribunal Supremo Electoral que, con limitaciones, logró cumplir su mandato. Esa regularidad empezó a resquebrajarse en los comicios de 2019, donde ya hubo anulación de candidaturas, y con mayor fuerza en los de 2023.

Además de su imparcialidad, se comenzó a cuestionar la capacidad técnica del TSE para organizar elecciones. En 2023 actores políticos y fiscales del MP sembraron dudas sobre el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y forzaron un recuento que, aunque ratificó los resultados, dejó herida la credibilidad de la institución. Luego vendrían el secuestro del padrón electoral y las cajas con las actas, la persecución penal contra el personal técnico y múltiples acciones judiciales que no solo redujeron la capacidad operativa del organismo, sino que limitaron su independencia justo en el momento más crítico: el cierre y validación del proceso electoral.

El nuevo TSE, en tiempo record, tendrá que depurar el padrón, regular la inscripción de partidos y decidir sobre candidaturas clave en medio de una proliferación desmedida de vehículos políticos. Todo ello bajo una paradoja que desnuda la fragilidad institucional: aunque el TSE se llame «supremo», sus decisiones han demostrado no ser definitivas, pues terminan bajo la lupa de la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, como se vio en 2023, incluso de jueces de primera instancia.

Aún a mediados de este octubre uno de ellos, el juez Fredy Orellana, aliado de la fiscal Porras e incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado señalado como un actor antidemocrático, declaró nula la creación del partido Semilla y ordenó que se declare vacante todo puesto de elección popular obtenido en 2023 por candidatos de este partido, incluidos no sólo diputados y alcaldes sino el presidente Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera. La sentencia llevó al mismo presidente de la República a denunciar un nuevo intento de golpe, y la CC tuvo que resolver con urgencia un amparo y anular la orden de Orellana diciendo que sus acciones amenazaban «los derechos a elegir y ser electos, a la democracia, a la soberanía popular y al sistema dmocrático y republicano». Por unos días, Guatemala revivió la tensión política que acompañó a la última elección y que promete rodear la próxima.

02-infografia-.ver5_.png

En ese clima de tormenta perpetua, la selección de nuevos magistrados dependerá de un Congreso fragmentado y, antes, de una comisión postuladora de cinco personas, cuya independencia dependerá del enconado pulso entre intereses políticos y económicos —legítimos y la mayoría de veces corruptos— que desde hace una década tiene secuestrado el sistema de Justicia del país. La composición de la comisión, que ya ha generado intensos debates públicos, se conocerá el 19 de enero de 2026; la decisión del Congreso ha de conocerse antes del 19 de marzo. 

Será, en el calendario, la primera de tres batallas que redibujarán el tronco institucional del país en los primeros meses de 2026: una vez nombrados los nuevos magistrados electorales, en mayo tomarán juramento la nueva Corte de Constitucionalidad y la persona que suceda al frente del MP a la fiscal general Consuelo Porras. No se trata solo de renovar autoridades, sino de sentar las bases de los próximos veinte años de la política nacional.

Además, pocos meses después se renovarán otros cargos también decisivos en el tablero político como el rector de la Universidad de San Carlos, entre abril y junio, y el Contralor General de Cuentas, en octubre.

«La del nuevo TSE es la madre de las batallas», dice Edgar Ortiz, que cree que en el clima de polarización extrema que atraviesa el país muchos actores políticos, especialmente aquellos que ocupan posiciones intermedias de poder, incluídos muchos diputados, se alinearán con la corriente política que parezca tener más posibilidades de ganar. «El resultado del TSE marcará el ritmo del resto de 2026. Un triunfo de la democracia puede determinar lo que venga después, aunque las elecciones de la CC y el MP tengan sus propias claves», asegura.

La llave de la Postuladora

El proceso no es, en su faceta formal, muy complejo: la comisión de postulación estará integrada por cinco personas: el rector de la USAC, Walter Mazariegos; el decano de Derecho, Henry Arriaga; un representante elegido por los rectores de las universidades privadas con carrera de Derecho; otro nombrado por los decanos de Derecho de esas universidades; y un delegado del Colegio de Abogados y Notarios, elegido en votación por todos los colegiados. Los integrantes de la comisión tendrán hasta mediados de febrero para seleccionar y proponer al Congreso una lista de cuarenta aspirantes a las magistraturas del TSE, de los que los diputados deberán elegir antes del 19 de marzo, uno por uno, a diez magistrados —cinco titulares y cinco suplentes— mediante votaciones sucesivas que requieren mayoría de dos tercios, 107 votos.

En los círculos anticorrupción se da por hecho que Mazariegos, electo rector en 2021 en medio de señalamientos de fraude, responde a intereses ocultos y apoyará candidaturas ligadas a intereses partidarios. Las sospechas también alcanzan a Arriaga, cuya trayectoria está vinculada a Estuardo Gálvez, exrector de la USAC con amplia influencia en el sistema de justicia. Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de Movimiento Pro-Justicia (MPJ), estima que Mazariegos y Arriaga podrían votar juntos y buscarán aliados en el resto de comisionados para asegurarse una mayoría en la postuladora.

ilustracion_interior_1_tse.jpeg

Hay menos claridad sobre el rumbo que puedan tomar en su voto las universidades privadas. Algunas, según representantes de sociedad civil, responden a intereses políticos. Es el caso de la Universidad Rural, ligada al diputado Fidel Reyes Lee, o la Regional, cercana a Gálvez. Otras mostraron cierto perfil reformista durante el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia en 2024, en cuya comisión postuladora lograron incluir a dos representantes independientes. Pero recientes cambios de decanos en la conservadora Universidad del Istmo (UNIS) y en la más progresista Universidad Rafael Landívar generan dudas sobre el balance de fuerzas en este grupo.

«Años atrás hubo correlaciones positivas donde los decanos de las universidades Landívar, Mesoamericana, Marroquín y del Istmo, más algún otro, jugaban en un bloque relativamente positivo y por tanto había un pulso interesante. Ahora habría que ver por dónde se mueve esa correlación», comenta Renzo Rosal, analista político y director adjunto del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP).

Rosal es de quienes piensan que el espacio del Colegio de Abogados en la Comisión de Postulación del TSE será vital. «Es la que podría partir el queso», dice. El CANG tiene previsto elegir a su representante el 9 de enero, y los resultados de sus dos elecciones internas más recientes, para elegir el año pasado representantes en la postulados a la CSJ, y para nombrar su nueva Junta Directiva este 2025, hacen pensar que puede inclinarse por abogados jóvenes comprometidos con la agenda anticorrupción que llevó al presidente Arévalo al poder. Es significativo que los decanos y rectores de las privadas hayan decidido celebrar su votación interna después de la del CANG, para leer el rumbo que marca.

La comisión será un espejo de las presiones y pugnas internas que también atraviesan al TSE. «Nunca el tribunal había estado tan atacado», dice el magistrado suplente Álvaro Cordón, que habla de una institución dividida por la «polarización política».

Alfaro, que desde aquella fotografía aferrada a las actas electorales ha regresado al terreno de la ambigüedad y ahora esconde sus cartas tras declaraciones públicas de escaso contenido político, se ha pronunciado a favor de un mayor involucramiento ciudadano y de profesionales del derecho en la elección del nuevo TSE. «Si los profesionales no participan, la crítica no construye», dijo en un evento público a mediados de año.

foto_2_diputados_comision_-_simone.jpeg

El magistrado del TSE que habla bajo anonimato asegura estar al tanto de las reuniones que diputados del Congreso ya sostienen con aspirantes a magistraturas electorales, incluidos los cinco magistrados suplentes actuales. En esos encuentros, dice, «se negocian acuerdos para asegurar control político sobre la institución». Según él, también grupos gremiales impulsan ya, en reuniones en privado, perfiles cercanos a sus intereses. «Lo que se busca es cooptar el TSE», advierte.

Oportunidad para Arévalo 

Carlos González, de la consultora de estrategia política Diestra, llama al ciclo político de 2026 «la gran oportunidad de Arévalo». Piensa que es el momento en que el presidente, cuestionado desde sus propias filas por falta de firmeza política en los tiempos de crisis democrática que atraviesa Guatemala, dé un golpe de puño —simbólico— y torne a su favor piezas clave del tablero, adverso para su gobierno desde antes del primer día. Solo así podrá intentar ejecutar su agenda programática con cierta efectividad en la recta final de su mandato.

Pese al optimismo de González, pocos analistas creen que ese giro de rumbo sucederá. Solo el 30%, según una encuesta de Diestra.

Daniel Haering, coordinador del Proyecto Anticorrupción de Diálogos, recuerda que en 2024, durante el proceso de elección de Cortes, «Arévalo no consideró factible ni moralmente apropiado incidir, por respeto a la separación de poderes». Cree que fue una actuación timorata. Según Haering, el poder político de la presidencia le ofrecía «caminos viables para la incidencia, como desmontar redes clientelares, promover agresivamente la transparencia, conversar con universidades o buscar apoyos en embajadas».

González también recuerda aquella decisión de Arévalo de mantenerse casi totalmente al margen de las elecciones de cortes en 2024, y teme que eso suceda de nuevo: «Creo que va a faltar un poco de ese colmillo político, de esa sagacidad que se necesita para que algunos actores respondan al Ejecutivo», dice. Defiende una  actuación del presidente «no pensando en concentración de poder, pero sí en presidencialismos saludables que necesitan instituciones afines para funcionar».

En el ejecutivo hay quien dice que Arévalo aprendió lecciones de aquel proceso, que acrecentó sus diferencias con el que era jefe de fracción de su partido, Samuel Pérez, quien terminó por separarse de Semilla este año para formar su propio partido, Raíces, y llevarse consigo a otros diputados.

«El presidente está más claro en que tiene que dar una dirección esta vez», dice una persona de su gabinete. “2026 es el parteaguas para que el hecho de que el presidente haya llegado al poder sirva o no para algo”, asegura. “En realidad, si hay transformación, va a pasar el otro año”.

La fuente vincula el supuesto cambio de actitud con lo sucedido en 2024, cuando los acuerdos a los que Pérez había llegado con otros partidos no gustaron a Arévalo, que le forzó en el último minuto a renegociarlos. «Ahora el presidente tiene más claro quiénes son los actores», dice, aunque asegura que Raíces y Semilla han acordado actuar de manera coordinada en los procesos de elección de 2026.

Es optimista también respecto a la influencia que la mayoría del sector privado pueda ejercer en esos procesos. «El narco es el que está queriendo mover todo en estas elecciones», dice, y muchos empresarios ven ahí el mayor desafío a su poder.

Se preguntó a varias fuentes en el Congreso o en el entorno afín al Ejecutivo si conocían perfiles que estuvieran siendo considerados o promovidos desde el oficialismo para las magistraturas o el puesto de Fiscal General. Ninguna supo o quiso darlos. Juan Francisco Solórzano Foppa, que forma parte de Unidad x la Justicia, agrupación gremial del derecho con lazos al oficialismo, pero que en los últimos meses ha sido muy agresivo en sus ataques públicos a miembros del gabinete y al propio Arévalo, enfatiza: «si se están moviendo, no es con nosotros».

foto_3_magistrados_tse_-_simone.jpeg

Un dirigente del CACIF, que habla bajo condición de anonimato, comparte la preocupación sobre la falta de incidencia en la arena política que el presidente ha proyectado en sus dos primeros años de gobierno: «Bernardo me recuerda a Óscar Berger, que desde que llegó a la presidencia empezó a pensar en cómo iba a ser visto al salir del cargo», dice.

La comparación del empresario alberga una crítica que personas mucho más afines que él hacen a Arévalo, pero extiende sus dudas a las bancadas progubernamentales. «Samuel no negocia. Es my way or no way (es a mi manera o no es)», dice de Samuel Pérez.

En lo que sí parecen coincidir tanto el dirigente del CACIF como la fuente gubernamental es en que la embajada de Estados Unidos desempeñará un papel relevante en las elecciones de 2026. Darán «unos golpecitos en el proceso», asegura la fuente en el Ejecutivo. «Si se ponen las pilas los gringos y sacan alguna de las cosas que tienen que sacar (sobre personas en el Congreso)…». 

Confirma además que Estados Unidos sigue desempeñando un papel de articulación y promoción de consensos entre la administración Arévalo y el sector privado. «Los privados  tienen más claridad de lo que se juegan con el narcotráfico enfrente», dice, y sugiere que empresarios moderados están haciendo esfuerzos por aislar en este momento crítico a los sectores más extremistas del empresariado.

Consultado por las elecciones del año entrante, el dirigente del CACIF admite que la gremial sigue de cerca el proceso de nombramiento del nuevo tribunal: «Estamos yendo decano a decano, a visitarlos», dice. Asegura que esos encuentros pretenden impulsar un TSE independiente.

«Lo hacemos para que el decano sepa que va a haber ojos en el proceso», dice, «porque estamos asustados de lo que pueda pasar, de la gente que pueda llegar en 2027». Su miedo apunta al actor menos nombrado del pulso político guatemalteco: el narcotráfico. «Hacer una campaña política es mucho más barato que en otras épocas», alerta el empresario, en un reconocimiento tácito de que el financiamiento de campañas electorales ya no garantiza a la élite tradicional el control político que ejercían antes.

En busca de un consenso mínimo

«Ahora temen más al narco que al chairo», bromea un abogado que se define como «un embajador de buena fe entre el mundo judicial y el Ejecutivo». Cree que durante el proceso de elección del Tribunal Supremo Electoral tendrá peso «la capacidad de este presidente de generar acuerdos con actores extranjeros», pero lamenta que no percibe hasta el momento «una cobertura mediática coherente que dé visibilidad a las fuerzas progresistas».

Su análisis es, aún así, relativamente optimista. Advierte que Consuelo Porras, que sabe que no tiene posibilidades de reelegirse para un tercer periodo, y ha descartado postularse para la CC, podría estar aspirando a una magistratura del TSE para conservar cierto poder político y, sobre todo, inmunidad. «Ahí sí puede quedar», dice el abogado, «porque son diez elecciones distintas en el Congreso, y aunque poner a Porras de suplente y a cinco buenos como magistrados no sería aceptable para Arévalo, sí lo sería para el país».

El abogado, que ha actuado como negociador en nombre de Semilla en procesos anteriores, asegura que en los últimos meses ha tenido conversaciones con más de ocho partidos representados en el Congreso, y que «hay diputados que aceptan ese escenario», en referencia a la posibilidad de ofrecer a Porras una magistratura suplente como puente para su salida. «La mayoría de diputados tampoco están contentos con el yugo de las llamadas que reciben desde el MP», dice, y considera que en su nuevo cargo Porras perdería casi toda incidencia en la política nacional. «Los antecedentes te dicen que la Corte de Constitucionalidad tiene autoridad sobre las decisiones del tribunal electoral, así que cualquier daño que haga desde el TSE es mitigable en la CC».

«El objetivo alcanzable en 2026 es tener instituciones negociables, en las que el poder no está centralizado», opina. «Si no puedes tener independencia en el TSE, ten al menos flexibilidad. Hemos de aceptar que Guatemala no avanza hacia una democracia del interés común, sino a una de pulso constante entre intereses», dice.

01-linea-del-tiempo-cap_ver4.png

Ortiz cree que la posible regeneración del TSE trasciende a lo coyuntural: «Sería recuperar el consenso del 85, aunque haya deudas de Justicia o de Derechos Humanos», dice. «El diálogo entre las élites, incluyendo la sociedad civil, se rompió entre 2015 y 2018 y creo que de algún modo se reconstruyó en 2023, por la crisis extrema».

Integrantes de la conocida como Planilla 8, el grupo de abogados de los que Ortiz forma parte y que han liderado esfuerzos por arrebatar el control del CANG de las manos de redes mafiosas, adelantan que su candidato a integrar la comisión de postulación para el TSE será Goyo Saavedra, que el año pasado ya fue parte de la comisión de postulación para la Corte Suprema. Ortiz le acompañaría como suplente.

Pulsos en un Congreso fragmentado

En las elecciones de 2023, Semilla logró 23 escaños en el Congreso de la República, pero su cancelación definitiva como partido en noviembre de 2024, mediante una polémica orden judicial instigada por el MP, detonó una fractura que el 25 de mayo se confirmó como definitiva. 14 diputados encabezados por Samuel Pérez anunciaron su escisión para crear un nuevo proyecto político, Raíces, con el que participar en las elecciones de 2027. Los otros nueve, con el diputado José Carlos Sanabria al frente, permanecen leales a Arévalo.

Pérez afirma que lo que separa a ambos grupos es su visión del futuro político del partido, pero asegura que conservan un acuerdo básico sobre la agenda legislativa del Presidente. «Nos mantendremos como un bloque unificado, con una coordinación fuerte, para incidir en la elección del TSE», dice.

Aun así, sus diferencias son la expresión más clara de un Congreso en el que las agendas personales pesan a menudo más que las agendas partidarias, y en el que al menos cuatro de los 18 partidos que actualmente tienen representación legislativa (UNE, VAMOS, VOS y Semilla) están fraccionados. Es ya un rasgo distintivo de la política guatemalteca: en la legislatura anterior, las 19 organizaciones políticas que lograron representación en las elecciones de 2019 tardaron solo un año en dividirse en 36 facciones distintas.

«Vamos está roto en cuatro fracciones; la UNE en tres y VOS en dos», dice Boris España, diputado de Vamos. Desde Cabal, el diputado Julio Portillo reconoce que también en su bancada existen divisiones: «Aunque se habla de consensos, al final cada grupo actúa por sus propios intereses», afirma.

Pérez reconoce que en este escenario la elección del TSE «requerirá amplios consensos», y lamenta que no haya «una sola persona sentándose con todos los bloques», en aparente crítica a Arévalo. Sanabria coincide en señalar la atomización del Congreso, aunque dice haber percibido «disposición al diálogo y a la formación de alianzas responsables para garantizar una elección con criterios democráticos».

La reciente negociación de la Junta Directiva del Congreso parece darle la razón. Aunque su composición ha sido criticada y fue fruto de negociaciones inestables y pactos que se reacomodaron a última hora, da señales de que el rumbo de la legislatura es imprevisible pero no totalmente adverso para Semilla y Arévalo.

ilustracion_interior_2_tse.jpeg

José Chic, diputado de VOS, admite que la existencia de al menos 45 diputados independientes y de bancadas fragmentadas «dificulta alcanzar los votos necesarios» para elegir a los magistrados del TSE. Nery Rodas, de Cabal, afirma que «la falta de liderazgo mantiene paralizada la agenda legislativa», y critica que el Ejecutivo «prioriza el presupuesto sobre acuerdos políticos». España cree que los partidos pequeños serán decisivos, el peso de las negociaciones dependerá de los jefes de bloque que se elijan a finales de año.

El diputado de la UNE Inés Castillo insiste en que las alianzas en el Congreso son cambiantes y en que, pese a que hay, dice, «mayor libertad de opinión», no existen garantías de consenso. «El reto será incluir a las minorías en la agenda legislativa», afirma.

Samuel Pérez conserva el optimismo: agradece que la fragmentación «obligará a consensos más amplios y evitará imposiciones unilaterales». «Los perfiles que logren respaldo reflejarán un equilibrio entre diversas fuerzas políticas, lo que podría dar mayor legitimidad a la nueva magistratura», asegura.

La diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq, advierte que los partidos tradicionales «ya mueven sus piezas para colocar candidatos afines y mantener control sobre el Tribunal Supremo Electoral», que califica de «debilitado y cooptado». «La mayoría de partidos quieren seguir teniendo un tribunal subordinado, acoplado a sus intereses», denuncia.

Frente a estas dinámicas, Pérez defiende que existe una oportunidad inédita para elegir magistrados sin la sombra de la «aplanadora» que Ejecutivos anteriores lograban configurar mediante la compra de votos, y adelanta que las alianzas de las dos fracciones nacidas de Semilla se orientarán hacia bancadas como Winaq, el grupo de la UNE encabezado por Adim Maldonado, algunos diputados de Viva, Creo y Cabal, entre otros.

«Creo que hay algunos que tienen interés en fortalecer la democracia en el país», dice. «Algunos, como Cabal, ya vivieron las consecuencias de un TSE como el actual y también sufrieron intentos de exclusión electoral, como el de Edmond Mulet en 2023».

¿Quién se atreve? 

Tanto José Carlos Sanabria como José Chic advierten en todo caso que la sombra del Ministerio Público de Porras aún amenaza el proceso de elección de magistrados del TSE. Recuerdan que en el pasado se han usado denuncias penales para intimidar a aspirantes y miembros de las comisiones de postulación, y alertan que el reto será doble si se desea reconstruir un tribunal debilitado y desprestigiado.

«El esfuerzo por salvar el TSE debería incluir a abogados tradicionales que tienen que decidir si se la juegan o no por el país, y eso pasa por postularse», dice Edgar Ortiz. “Eso es algo que no sucedió en la elección de la Corte Suprema”.

Ortiz considera que, pese a la intimidación que sufren los mismos magistrados del TSE y que puede disuadir a aspirantes a integrar el nuevo tribunal, «hay una deuda histórica de actores tradicionales de prestigio, que son los llamados a este TSE». «Ya pasó en 1982 y 83 con gente como Arturo Herbruger Asturias, por ejemplo. El gremio ha de entender que estamos en un momento de transición como aquel», afirma.

Se une a quienes piensan que hay mayor oportunidad para consensos que en elecciones previas, y dice ver «más disposición de diversos sectores a bajar sus defensas». Pero pide valentía: «Si aprendemos algo de la elección de cortes en 2024 es que una golondrina no hace verano y que la planilla 8 no basta para un cambio», afirma. «Si no se suben otros jugadores al barco el cambio no va a suceder. Lo que está en juego es si en 2027 tendremos o no unas elecciones limpias, pero en realidad el dilema va más allá: ¿Dejamos que el narco y el golpismo se tomen el TSE? Yo creo que o nos la jugamos en febrero o contaremos la historia de los próximos años desde el exilio».

foto_4_escrutinio_-simone.jpeg

La fuente en el Ejecutivo dice que los sondeos que ha realizado le hacen pensar que hay «más gente dispuesta a entrar al TSE y la CC que al Ministerio Público», e insiste en lo obvio: «sin gente buena que presente candidaturas, el cambio va a ser difícil». 

Han aflorado en los últimos meses algunas iniciativas de sociedad civil como Dilemas de Fondo, que pretenden aunar esfuerzos de incidencia y vigilancia de los procesos electorales del año entrante, bajo la premisa «sin 2026 no hay 2027». Enfrentan el desafío de proyectar fuerza suficiente para hacer que posibles candidatos a los puestos públicos venzan el miedo a ser criminalizados.

Es una preocupación que alcanza, por experiencia, a la propia ciudadanía. Sulmy De La Cruz, vecina de Chinautla y presidenta de mesa de votación en varias elecciones, relata cómo en 2023 tuvo que huir con el acta de su Junta Receptora de Votos (JRV) en la mano mientras un grupo de agitadores quemaba papeletas y lanzaba amenazas con bombas molotov en la mano. «Aun así, valió la pena», dice, «porque en aquella elección los jóvenes participaron como nunca».

Ana Soria, presidenta de la Junta Electoral Municipal de Mixco, recuerda que en la primera vuelta, tras la explosión de una bomba incendiaria, su equipo decidió proteger las actas «como si fueran a dar la vida por ellas». José Pablo Villatoro, fiscal electoral de Semilla, describe el miedo que él y su familia sintieron desde los meses previos a la votación.

Cuenta que a medida que se acercaba la fecha de la votación comenzó a tomar más precauciones. «cambiaba de vehículo cada semana», dice. Tras los primeros señalamientos de fraude lanzados por diversos partidos y convertidos por Consuelo Porras en un intento por tumbar los resultados, conversó con personal de una embajada «para tener un plan de salida, en caso de que fuera necesario». Aún hoy, él y otra persona de su confianza guardan memorias USB de un tera con fotos de las actas de votación, «por si acaso».

El 26 de junio de 2023, día siguiente de la primera vuelta, se enteró de los cuestionamientos por un amigo que le envió un video de Tik Tok y un mensaje: «Mirá, dicen que hiciste fraude».  Al principio reaccionó con risas: dice que, con 71 fiscales para 780 mesas electorales, que Semilla orquestara un fraude era materialmente imposible. Carmen, que fue coordinadora de un centro de votación en Ciudad de Guatemala y pide que no se publique su apellido, escuchaba Emisoras Unidas cuando lo supo. Se apresuró a llamar a todos los voluntarios en su centro, para corroborar su participación en la segunda vuelta electoral, y dice que encontró un sentimiento generalizado no de miedo, sino de indignación. «Fueron valientes», dice. «Nadie se echó para atrás».

foto_5_jrv_tse.jpeg

Soria y el resto de la Junta Electoral de Mixco se enteraron viendo la televisión, aún atrincherados después de más de 24 horas seguidas de trabajo en la sede permanente de la Junta Municipal, haciendo inventarios y embalando cajas.

El miedo escaló cuando el 22 de agosto de 2023, el MP solicitó al TSE un listado de los nombres, cargos y listados donde podían ser citados los miles de miembros de las Juntas Receptoras de Votos. «La gente estaba asustada», dice Soria. «Decían, ‘Ay, no, si hubiera sabido esto no me meto a participar.’ Nosotros empezamos a pensar, ‘Dios mío, ¿cómo hacemos?’». Aunque el caso contra los miembros de las JRV no avanzó, queda la memoria.

«A ver cómo nos va dentro de dos años, ¿verdad?», se pregunta Eddy Chinchilla, también de la Junta Electoral de Mixco. «Porque mucha gente realmente se asustó. Por servir a su país, a su nación, a su pueblo, resulta que son investigados como si fueran criminales», dice.

Sergio Texaj y María del Carmen Peláez, integrantes de Diálogos, dicen temer que los precedentes de 2023, especialmente el comportamiento del Ministerio Público, inhiba la participación ciudadana en las Juntas Receptoras de Votos de 2027. «Dependerá en buena medida”, dicen, “de que el siguiente Fiscal General no continúe la tónica de criminalización».

«En la gente común, gente de a pie como nosotros, estaba el resguardo y la certeza legal y jurídica de los votos», defiende Soria. Por eso, pese a los riesgos, ella asegura que volverá a participar en 2027. Lo mismo dicen el resto de entrevistados. «Si soy llamada, lo volveré a hacer», promete Carmen.