La postuladora del TSE regaló puntos a 16 candidatos de la lista final
La postuladora del TSE regaló puntos a 16 candidatos de la lista final
Plaza Pública revisó los 20 expedientes de aspirantes al TSE y los comparó con la tabla de gradación. Una de las conclusiones es que los postuladores asignaron 162 puntos sin que 16 candidatos cumplieran a cabalidad los méritos, a tal grado que seis de ellos estarían eliminados si las notas respondieran exactamente a la tabla de la comisión. A los otros cuatro candidatos les restaron entre dos y ocho puntos.
¿Cómo puede un candidato al TSE abultar su expediente con casi solo diplomas de la institución pública que dirige, reconocimientos de sus subordinados y uno firmado por sí mismo, que el comité encargado lo dé por bueno y le asigne una nota que le permita ser finalista?
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Al analizar el trabajo de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se observa que las calificaciones y votos se otorgaron entre conflictos de intereses y pugnas políticas. Pero al examinar los puntos asignados, estos sesgos se traducen a valores numéricos.
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Una intervención del rector de la Universidad Regional y comisionado suplente, Mynor Cordón, minutos antes de que se conformara la nómina, resumió una vez más los vicios de las comisiones de postulación en el país:
«No tuvimos más que trabajar con una tabla en la que, de alguna manera, la antigüedad pesó mucho, sobre todo si había trabajado en el Organismo Judicial o en entes como el TSE. También los títulos que, en un tiempo tan corto, a veces no hay la manera de entrar en detalles para ver la calidad del título, pero había que calificarlos; si tenía doctorado, tenía todos los puntos», sostuvo Cordón.
El trámite para seleccionar a los 20 nominados a organizar las dos próximas elecciones generales en Guatemala tardó 40 minutos.
Un día después, el 18 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó esta declaración del encargado de Negocios, John Barrett: «Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones».
Antes del 20 de marzo, el Congreso debe elegir a cinco magistrados electorales titulares e igual número de suplentes para el periodo 2026-2032.
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Así evaluó Plaza Pública
La Comisión Postuladora para magistrados del TSE fue opaca desde el inicio.
No publicó de inmediato los expedientes de los candidatos y los facilitó apenas una semana antes de la elección. Limitó su examen con suficiente tiempo a medios de comunicación, sociedad civil y a los mismos comisionados. Por otro lado, y aunque sí los hubieran difundido con tiempo, la lista final de candidatos ya se había negociado desde el primer día de trabajo y la votación por la nómina se inició dos horas tarde el 17 de febrero porque se ajustó a última hora, sostienen las fuentes que conocen del proceso y piden no ser identificadas en esta publicación.
La votación implicó que 178 expedientes se calificaran en una misma jornada, no se explicó el tiempo que dedicaron a cada carpeta. En contraste, el ejercicio de Plaza Pública se delimitó en la lista de los 20 finalistas y demoró entre una y dos horas por cada expediente.
Por último, la postuladora ocultó qué comisionado calificó a qué candidatos y cuántos puntos dieron por cada uno de los 11 rubros. Gregorio Saavedra, vocero de la comisión, aseguró que el equipo de apoyo —personal de la Usac y de confianza de Mazariegos— repartió de manera «aleatoria» los expedientes y que se desconoce cuál fue el mecanismo para distribuirlos. Agregó que los analizaron por parejas, cada titular junto a su suplente.
Frente a este escenario, estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar (URL) y siete periodistas de Plaza Pública revisaron uno a uno las carpetas de los 20 finalistas.
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Para contrastar los puntos asignados, este medio utilizó los mismos criterios de la tabla de gradación.
Si la descripción de los rubros daba pie a una interpretación ambigua, como el que hace referencia a «carreras relacionadas al Derecho Electoral» en títulos académicos, se otorgó la puntuación completa pues no hay una definición específica de un «título afín».
Hay rubros que sí son definidos con mayor claridad. La tabla establece que se otorgará cinco puntos a quien demuestre haber publicado un libro o artículos en revista académica indexada. Para tener esta categoría, la revista debe cumplir con altos estándares de rigor académico y con el aval de un comité evaluador que así lo certifique.
Ningún candidato presentó artículos publicados en una revista indexada, más bien, presentaron publicaciones utilizadas por la Facultad de Derecho de Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) como requisito para graduar cohortes de maestrías o doctorados, otras hechas en la revista Tribuna Jurídica del Organismo Judicial (OJ) o de organizaciones como la Revista Workplace de la AmCham.
Destaca el caso de una publicación de ocho párrafos en el blog personal de Wilber Estuardo Castellanos Venegas.
Hubo cinco aspirantes que no presentaron evidencias de ninguna publicación: Alfredo Skinner-Klée Arenales, Julio César Recinos Fabián, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, Karin Virginia Romero Figueroa y Rafael Morales Solares.
La ausencia del documento que contenga cuántos puntos otorgaron los comisionados en cada rubro impide precisar dónde está la diferencia entre la evaluación de Plaza Pública y los puntos asignados por los comisionados. Aún así, el análisis de los datos muestra que la tendencia de las diferencias no cae en los rangos normales, más bien deja entrever que esta variación se asemeja más al sesgo.
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Los que no hubieran pasado
El caso que se cita al inicio de esta nota es el de José Alberto Godínez Rodríguez, director del Centro Universitario de Sacatepéquez de la Usac (Cunsac), del círculo cercano al rector de esa casa de estudios, Walter Mazariegos. Es hermano del abogado Juan Carlos Godínez Rodríguez, de los principales asesores de Mazariegos y uno de los actores que influyeron en la cuestionada elección de 2022 en la Usac.
José Alberto Godínez es uno de los seis aspirantes que, según la evaluación de Plaza Pública, no supera la nota mínima de 70 puntos para entrar en la contienda por ser magistrado del TSE.
Godínez adjuntó como distinciones por excelencia académica documentos que no lo eran, como diplomas de docentes y estudiantes del Cunsac, así como las medallas por haber obtenido los títulos de maestría y doctorado, aunque ninguna en la categoría cum laude.
En la página 115 del expediente, además, se incluye un certificado con el membrete del Cunsac —firmado por Godínez Rodríguez, junto con la secretaria académica y la encargada de la unidad de investigación del centro— en el que se le reconoce la escritura de un artículo en la revista Academia Activa del Cunsac, que él dirige.
Aquí hay otro vicio que es habitual en este proceso: Godínez Rodríguez usó los diplomas otorgados por hacer su trabajo en el Cunsac para respaldar sus méritos éticos, de proyección social y académicos.
Los otros candidatos que tampoco hubieran llegado a la nota mínima son: Giovanni Francisco Soto Santos, Rafael Morales Solares, Karin Virginia Romero Figueroa, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta y Julio César Recinos Fabián.
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El de Soto Santos es un caso revelador en este estudio. Fue uno de los mejores calificados por la postuladora, con 96 puntos. Pero, ¿cómo lo logró sin reportar un doctorado, solo con un periodo como magistrado de apelaciones y con una sola distinción relevante sobre su trayectoria profesional, si estos eran los factores con mayor ponderación?
La evaluación de Plaza Pública le da 68 puntos, con los que hubiera quedado fuera de la contienda. En méritos académicos obtuvo 23 de 35 puntos; en profesionales, 42 de 55 y en proyección humana, tres de 10.
Pero su conflicto de intereses puede dar respuestas: uno de los fallos más cuestionados de cuando Soto Santos integró la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es uno que favoreció a Walter Mazariegos para ser electo en la Usac sin competencia y tras un proceso plagado de anomalías, en 2022.
Soto Santos fue asesor en el Congreso de la bancada del FRG, en 2001, comandada entonces por el militar Efraín Ríos Montt, también presidente del Congreso. Cipriano Soto Tobar, padre de Giovanni Soto Santos, fue uno de los magistrados constitucionales que, en 2003, permitieron la inscripción de Ríos Montt como candidato presidencial, pese a que la Constitución prohíbe la anotación de un presidente de facto.
El agujero negro en la postuladora
Tras la evaluación de Plaza Pública también se identificaron otros patrones y vicios de los procesos de postulación en Guatemala, como los encontrados por este medio 2024 durante la selección de magistrados de justicia: los candidatos presentan constancias de diplomados que cursaron de manera simultánea.
La mayoría proviene de la Facultad de Derecho de la Usac y del Colegio de Abogados y Notarios (CANG). Aquí de nuevo se juntan intereses, pues el decano de la Usac, Henry Arriaga, dio puntos por diplomas firmados por él mismo.
En el caso de Godínez Rodríguez, el candidato que se otorgó un diploma a sí mismo, su hoja de vida reporta haber cursado, en 2018, un «posdoctorado» en Género y Sistema Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas de la Ciudad de México (Cescijuc). También un doctorado en Ciencias Penales y una maestría en Derecho Penal, ambos obtenidos entre julio y agosto de 2014 en la Usac.
Otro patrón identificado es que los funcionarios judiciales utilizan su posición de autoridad para engrosar sus expedientes con reconocimientos por hacer su trabajo o por cumplir determinados años de ejercicio, cuando son electos para un periodo constitucional. También tienen poder de decisión sobre las publicaciones de revistas institucionales que, aunque no son indexadas y se desconocen los filtros para autorizar artículos, las utilizan para ganar puntos en las comisiones de postulación.
Una de estas personas es la magistrada de Apelaciones Esmeralda Judith Orozco Navarro. Ella integró el consejo editorial de la revista Tribuna Jurídica del OJ, entre 2019 y 2024, periodo en el que publicó cuatro artículos que incluyó en su expediente como candidata a magistrada del TSE.
Otro candidato que incluyó artículos en la revista del OJ, mientras formaba parte del consejo editorial, es Castellanos Venegas, uno de los objetados por la Embajada estadounidense.
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Una sola firma para méritos éticos, profesionales y humanos
El fiscal de Extinción de Dominio, Julio César Recinos Fabián, uno de los principales colaboradores de Consuelo Porras, es otro de los aspirantes que no habrían sobrevivido en el proceso si la tabla de gradación se hubiera aplicado a cabalidad contra los documentos que adjuntó en el expediente.
La postuladora le otorgó 72 puntos, aunque Recinos Fabián no cuenta con doctorado, en su expediente no consta experiencia docente universitaria, no adjuntó distinciones académicas o publicaciones de libros ni algún artículo académico, lo cual le habría restado puntos con una evaluación rigurosa del perfil.
Este es otro ejemplo de cómo los candidatos inflan sus expedientes en estos procesos: presentó tres constancias distintas firmadas por una misma persona para intentar respaldar los méritos éticos, profesionales y de proyección humana.
Las extendió el abogado Dennis Billy Herrera Arita, quien figura en dos representaciones: como director de la Asociación de Mujeres Orientadas y Respaldadas (Amor) entregó un reconocimiento al fiscal por su trayectoria y otro por pertenecer a esa organización, desde 2019.
Herrera Arita, como integrante de la Asociación Guatemalteca de Operadores de Justicia (Agoj), firma otra constancia en la que asegura que Recinos Fabián imparte el curso Derecho Penal y Procesal Penal desde 2019 en esa entidad.
Dennis Herrera es otro de los implicados en el caso Comisiones Paralelas, en el que la anterior administración de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) señaló a un extenso grupo de abogados de manipular la selección de magistrados, por lo que fue incluido en la Lista Engel de «actores corruptos y antidemocráticos», en 2022.
El candidato también integró a su expediente un reconocimiento «por su trayectoria en su ejercicio profesional en el Ministerio Público» que le entregó el Programa de Cursos Libres de la Usac, firmado por el abogado Wilson López González, uno de los dirigentes de la organización Coalición Gremial, que el año pasado se alió con los colaboradores de Consuelo Porras para buscar la presidencia del CANG.
Los expedientes también sacan a flote los vínculos entre organizaciones de la política gremial. Por ejemplo, el relator contra la Tortura, Lesther Castellanos Rodas, incluyó entre sus diplomas, uno de la agrupación Aspa, cuya principal figura es el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Nester Vásquez Pimentel.
Mientras que la magistrada de Apelaciones Esmeralda Judith Orozco Navarro adjuntó un diploma por haber sido panelista, el 6 de febrero de 2025, en un conversatorio organizado por los grupos Plataforma de Profesionales por la Justicia, del exrector de la Usac Estuardo Gálvez y Adelante Derecho, del decano de Ciencias Jurídicas y Sociales de la San Carlos, Henry Arriaga, quienes han consolidado un feudo de poder en la universidad pública.
Los vetados por la Embajada
De acuerdo con fuentes que conocen del trabajo de la comisión, el señalamiento de la misión norteamericana se relaciona con el veto que esta emitió contra los candidatos Lesther Castellanos Rodas, Wilber Estuardo Castellanos Venegas y Julio César Recinos Fabián. Todos fueron beneficiados con puntos, aunque no cumplían a cabalidad con los requisitos.
Los tres obtuvieron los votos de los rectores Walter Mazariegos y Mynor Herrera de la Usac y Panamericana, respectivamente; además de los decanos de Derecho de la Usac, Henry Arriaga y de la Universidad de Occidente, José Ángel Donald González Cuevas.
Castellanos Rodas es relator de la Oficina de Prevención de la Tortura. En 2023, Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos tras denunciar a la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien asegura que fue criminalizada. La sanción norteamericana la recibió Castellanos Rodas por «tomar represalias contra una fiscal anticorrupción por presentar quejas administrativas relativas a la gestión de Castellanos de un caso penal».
Mientras que Castellanos Venegas fue acusado, en 2020, por la Cicig y la anterior administración del Ministerio Público (MP) en el caso Comisiones Paralelas, por mantener comunicación con el operador Gustavo Alejos para, supuestamente, manipular la elección de magistrados. Es identificado como parte del grupo de influencia del magistrado de la CC Nester Vásquez, Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (Aspa).
Recinos Fabián es actual fiscal de Extinción de Dominio y uno de los hombres de confianza de la fiscal general MP, Consuelo Porras.
La nómina de candidatos al TSE se definió por decisión de cuatro comisionados, bajo la influencia de Walter Mazariegos, pero también de dirigentes de partidos políticos, diputados y empresarios tradicionales y operadores del gobierno de Bernardo Arévalo, sostienen las fuentes que conocen de las negociaciones.
El nuevo órgano electoral dependerá, una vez más, de la convergencia de intereses en el Congreso y de una transacción de alto valor porque para ser electos magistrados del TSE necesitan 107 votos, como mínimo.
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Con apoyo de los estudiantes Nicole Yela, Diego Rodríguez, Raquel Mirón, Dayana Salazar, Dana Samayoa, Alejandro Interiano y Esteban Borrayo.
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