Entre espadas de doble filo: así avanzan las discusiones para elegir Fiscal General
Entre espadas de doble filo: así avanzan las discusiones para elegir Fiscal General
Este lunes 23 de febrero la Comisión de Postulación para Fiscal General empezó la evaluación de los currículos presentados por los aspirantes a dirigir el Ministerio Público (MP). Esta fase del proceso pondrá a prueba los criterios y alianzas entre los comisionados, quienes al elaborar el perfil del candidato ideal evidenciaron hacia dónde se inclina su balanza.
En una semana 59 abogados y abogadas presentaron su expediente para ser evaluados como aspirantes a Fiscal General. El primer filtro será la revisión de si cumplieron o no con los requisitos y documentos obligatorios, entre ellos el finiquito entregado por la Contraloría General de Cuentas (CGN), en caso de haer ejercido un cargo público.
Los doce decanos de las Facultades de Derecho de todo el país, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y la presidenta del Tribunal de Honor de esta última entidad, son los designados para determinar qué postulantes tienen incompatibilidades, incapacidades e impedimentos para ser considerados al cargo. El proceso se divide en tres etapas.
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El primer filtro excluye temporalmente a quienes no alcanzaron los requisitos obligatorios y se les fija un plazo para que presenten pruebas de descargo.
En la segunda fase se abre un período para que la sociedad civil o cualquier persona presente tachas en contra de las y los aspirantes.
Finalmente llega la entrevista, la evaluación y calificación de los expedientes a través de una tabla de gradación ya establecida. Según el cronograma, esto ocurrirá entre la primera y segunda semana de abril.
Este proceso marca el inicio del final de la segunda gestión de la Fiscal General Consuelo Porras, que tras dos períodos en el cargo (2018-2026), en este 2026 busca otra reelección. En ese período se convirtió en la primera Fiscal General en ser sancionada internacionalmente y perder la visa tras señalamientos de utilizar la institución en contra de la democracia, para cerrar casos emblemáticos de corrupción y criminalizar a jueces, fiscales y periodistas que los investigaron.
El intento de perpetuarse en el MP por medio de la decisión del presidente —al que Porras intentó perseguir—, llegó luego de fracasar en su intento de ser nombrada magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). El cuerpo electoral controlado por Walter Mazariegos no le otorgó un solo voto a favor.
Quién es quién
Esta nueva fase del proceso inicia con una nueva integrante: el 16 de febrero Claudia Lucrecia Paredes Castañeda fue nombrada presidenta de la CSJ y el Organismo Judicial, puesto que automáticamente la delega como la cabeza de la Comisión de Postulación para Fiscal General. Con esto se anticipa una nueva correlación de fuerzas dentro de la mesa de evaluación de aspirantes.
El proceso de recepción de expedientes de abogadas y abogados que aspiran a ser Fiscal General tuvo un hito: la Comisión de Postulación recibió 59 currículos, entre los que destacan los de Marco Antonio Villeda, actual Ministro de Gobernación y exjuez de Extinción de Dominio, un puesto donde le quitó dinero, bienes inmuebles y otros lujos a grupo de crimen organizado y políticos señalados de corrupción. También se presentó Julio Saavedra, actual Procurador General de la Nación (PGN), nombrado por el presidente Arévalo. Alida Vicenta, Comisionada Presidencial de Asuntos Municipales, es la única mujer indígena que postuló para ser considerada al cargo.
Esta vez la vara para calificar a las y los aspirantes es distinta. A diferencia de procesos anteriores, los integrantes de la Comisión de Postulación aprobaron darle los mismos puntos al ejercicio de la profesión en el ámbito privado, como en la carrera judicial. En años anteriores se privilegiaba a los primeros y se dejaba fuera de la jugada a los abogados que llevan más tiempo trabajando como jueces.
En esa discusión fue clave Patricia Gámez, como presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), quien integró por primera vez la Comisión de Postulación para Fiscal General e impulsó cambios en la forma en que se califica a quienes vienen del Organismo Judicial. A esa propuesta se sumó Julio Cordón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar (URL).
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Las posturas de Gámez tienen antecedentes. En 2014 señaló a la Comisión de Postulación para magistrados de apelaciones de recibir injerencias de grupos de poder para seleccionar a los candidatos. En 2018 estuvo del otro lado del proceso cuando se postuló como candidata a Fiscal General y quedó en el listado de seis aspirantes al cargo que fue enviado al entonces presidente Alejandro Giammattei. En esa ocasión fue reelecta Porras.
Otro de las discusiones que abrió Gámez fue alrededor de la elaboración del perfil del aspirante, específicamente sobre el impedimento para abogados que son defensores habituales de personas implicadas en casos de lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado. La comisionada Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del CANG, rechazó esta propuesta argumentando que se estaba «criminalizando» la labor del abogado defensor. Finalmente, quedó establecido que entre las cualidades éticas de los aspirantes está que «carezca de conflicto de interés relacionado a la representación o asesoría en forma constante o habitual» de personas vinculadas a ese tipo de delitos.
La discusión tras este aspecto es evitar que el próximo Fiscal General tenga amenazada su objetividad al haber tenido como clientes a personas que podrían beneficiarse de ese puesto.
La tabla controversial
Un estudio de 2022 del tanque de pensamiento Diálogos de las tablas de gradación aplicadas en los procesos anteriores de elección de jefe del MP, evidenció lo que otros críticos y académicos han expresado: «el modelo de Comisiones de Postulación en Guatemala es obsoleto y adolece de problemáticas no pueden solucionarse de manera aislada».
Esto volvió a estar en evidencia en la Comisión de Postulación para Fiscal General de 2026, ya que el diseño del cuadro para calificar cada expediente señala que tendrá más puntos quién más años de carrera haya ejercido, algo que dependerá de la edad de los abogados que aspiran al cargo.
La tabla de gradación establece 50 puntos para el ejercicio profesional en el área penal, constitucional, criminal y forense. A partir del décimo primer año de carrera cada abogado sumará dos puntos por cada año adicional de ejercicio, lo que privilegia a abogados mayores de 60 años, como Consuelo Porras, versus aspirantes como Marco Antonio Villeda o Alida Vicente de menor edad.
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El lunes 23 de febrero, momentos antes de que la Postuladora iniciaría la revisión de expedientes, el comisionado Luis Felipe Lepe, decano de la Universidad Regional, propuso cambiar ese aspecto de la tabla para ampliar el rango de aspirantes que podrían alcanzar notas más altas; sin embargo, no contó con los votos necesarios. Una de las comisionadas que se negó fue la presidenta de la CSJ, Claudia Paredes.
Juan Francisco Sandoval, ex fiscal anticorrupción e integrante del Colectivo Voces en el Exilio, conformado por funcionarios guatemaltecos que se vieron forzados a salir de Guatemala debido a la persecución derivada de su trabajo en la justicia, dijo que el método de calificación deja fuera el análisis que los comisionados deberían hacer sobre la calidad de la experiencia profesional de los aspirantes.
«El cuestionamiento que hacemos es que conforme a los estándares internacionales, la experiencia no debe evaluarse sólo por la cantidad de años sino por el desempeño comprobable, la competencia profesional, integridad e independencia en el desempeño del cargo porque la edad o antigüedad no garantiza nada».
Para el exfiscal, una operación aritmética de asignación y suma de puntos profundiza sobre el impacto de los aspirantes en su carrera, especialmente si ejercieron cargos públicos en el sector judicial.
Al mismo tiempo, reconoció que esta Comisión de Postulación hizo ajustes para fortalecer la transparencia del proceso, afinó los mecanismos de presentación de objeciones y reconoció el ejercicio en una judicatura de la misma forma que en la práctica privada.
Además de la tabla de gradación, Sandoval dijo estar preocupado de que a medida de que avance el proceso de la Postuladora, incrementen los riesgos para los comisionados de ser criminalizados o presionados para beneficiar a perfiles cuestionados.
El finiquito como espada de doble filo
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, organización de la sociedad civil que por años ha fiscalizado el trabajo de las Comisiones de Postulación, dijo a Plaza Pública que «nunca ha habido una buena tabla, los comisionados se han negado sistemáticamente a trabajar un instrumento cauteloso, técnico, y así me preocupa cómo la van a aplicar».
Otra de las preocupaciones de Ibarra es sobre el finiquito, la constancia de carencia de cargos en la Contraloría, ya que en otros momentos se ha utilizado para bloquear candidaturas. A su criterio, este documento se debió pedir cuando el abogado electo asuma el cargo; sin embargo, cualquier escenario representa una espada de doble filo.
«También pueden quitarlo a favoritos del presidente (Arévalo)», dijo sobre las estrategias utilizadas para afectar a aspirantes que se acerquen a ser parte de la nómina final de seis que será enviada al mandatario.
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Durante la primera ronda de revisión de expedientes quedó fuera temporalmente Blanca Alfaro, magistrada y expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien no presentó una constancia de carencia de sanciones morales de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Si corrige el error vuelve a entrar en la lista de perfiles a evaluar. A ella se suman Marlon Orlando Ordóñez Cordón, Jaime Leonardo Tecú Guevara y Sully Claudet Merlos Moya, como aspirantes con incumplimiento de requisitos obligatorios.
El nuevo Fiscal General deberá tomar posesión el próximo 17 de mayo. Este cambio llegará en medio de la reconfiguración del sistema judicial y político en Guatemala, donde este año se selecciona a los nuevos integrantes del Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad, así como se disputa la rectoría de la USAC y la dirección de la Contraloría.
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