El sistema de contrapesos es el andamiaje de control del poder político que sostiene la república democrática sobre la base del respeto a la Constitución y las leyes. La lógica de su existencia deviene de la realidad en el ejercicio del poder: los políticos tienden a abusar de su mandato. Pero además, el fenómeno de la penetración del poder político por las organizaciones criminales, hace evidente la necesidad de mantener este mecanismo fuerte y libre de cooptación.
Su finalidad es evitar o restringir el avance de las enfermedades más destructivas que pueden afectar al Estado: el abuso de poder, la penetración por el crimen organizado, el desvío del bien común y la corrupción. Pero, además, la historia más reciente de Guatemala nos enseña que, cuando los órganos de control del Estado cumplen con sus funciones, desde la institucionalidad democrática es posible incidir en importantes transformaciones pacíficas.
Ejemplos de estas dinámicas fueron los fallos emitidos en distintos momentos por la Corte de Constitucionalidad que lograron evitar procesos destructivos de la institucionalidad como el «serranazo» o ahondar la efectividad de la democracia al exigir el cumplimiento de la consulta a los pueblos originarios en temas que afectan su territorio, las comunidades y los ecosistemas.
El Ministerio Público, en cooperación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), también logró demostrar que es posible la investigación de las redes criminales de corrupción y su efectivo procesamiento con el fin de depurar el Estado de su principal desvío que es el uso del erario para fines delincuenciales. También que es posible controlar el financiamiento electoral ilícito depurando los procesos electorales de esta deformación.
Estos avances no fueron bien recibidos por quienes consideran inalienable su privilegio de abusar del poder político o quienes, bajo el amparo de la impunidad, han tenido campo libre para dominar el territorio, abusar de la población y de los recursos naturales. Es decir, quienes no logran concebir el Estado como una organización dirigida al bienestar colectivo. De allí que, cuando la eficacia de la institucionalidad va más allá del maquillaje y logra transformaciones, los hace sentir amenazados.
[frasepzp1]
Como reacción a estos avances del poder institucional, se produjo una alineación de actores alrededor de una finalidad común: cooptar los órganos de control porque quien los ocupa controla el poder político y administra la impunidad.
Esta alineación ha buscado presentarse como abstracta y anónima, y de ella solamente son visibles los operadores que se desgastan y desechan conforme cumplen su cometido. El pacto post Cicig tuvo la capacidad de convertir al Ministerio Público en un órgano de represión capaz de mantener al actual Presidente de la República sitiado, iniciar procesos penales sin sustento jurídico y mantener en prisión a todo aquel a quien considera «oposición». Entre ellos, periodistas, activistas de derechos humanos y autoridades indígenas.
La connivencia de la Corte de Constitucionalidad con este esquema provocó que ésta no ejerciera el mandato constitucional de poner límites al ejercicio abusivo del poder. Por el contrario, sus fallos permitieron mantener en vilo la existencia misma de la república al permitir el ataque a los órganos encargados de las elecciones generales y reducir de facto las potestades del Tribunal Supremo Electoral. También se vieron afectados los derechos políticos al permitir a un juez de primer grado suprimir. sin el debido proceso, a un partido político. Todo esto sucedió con el aval de la Corte de Constitucionalidad.
En lugar de contar con instituciones colaborando para fortalecer el Estado de derecho y la institucionalidad, se estableció desde dentro, una guerra en contra de la gobernabilidad y del legítimo ejercicio de los derechos ciudadanos y del poder por parte del Ejecutivo. Se utilizaron las potestades constitucionales no para cumplir los fines asignados por las leyes, sino para violarlos.
Este año, el nombramiento de magistrados para el TSE y la CC, así como de Fiscal General enardece esta guerra, pues se pone en riesgo el dominio que fue establecido por el pacto de los poderes reales. ¿Cómo se vislumbra el panorama? Una de las características de los dos últimos años ha sido la fragmentación de lo que, bajo el liderazgo de Alejandro Giammatei, tuvo actores perfectamente alineados. Este fenómeno se traduce en dinámicas diversas e impredecibles.
Por un lado, vemos la persistencia de la alineación. El proceso de selección de designados por el Foro de Rectores de las Universidades de Guatemala para la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral se caracterizó por esta dinámica. Un grupo de rectores pertenecientes a las universidades Rafael Landivar, Del Valle, Internaciones y Regional, que se han caracterizado por mantener una postura en defensa de la democracia, propuso al rector de la Universidad del Valle como representante titular pero resultó minoritario frente al grupo que se aglutinó alrededor de Walter Mazariegos (el cuestionado rector de la USAC). Este grupo alineado designó, como se sabe ahora, a un titular, que va en sintonía con la tendencia a debilitar el papel del Tribunal Supremo Electoral. Hay que señalar que aquellos rectores que se abstuvieron o que se excusaron no son neutrales, simplemente, se alinearon con el grupo mayoritario.
[frasepzp2]
Una dinámica distinta se materializó en el voto disidente dentro del Colegio de Abogados. Esta importante organización, había sido cooptada por largos años, ante la indiferencia de la mayoría de colegiados que no participaban en las elecciones, dejando mano libre al impulso clientelar que se fue articulando en múltiples asociaciones de abogados. En las últimas tres votaciones, se demostró que la participación de un agremiado consciente, puede rescatar estos espacios de incidencia política en beneficio de la institucionalidad.
El escenario más grave hizo su aparición durante el fin de semana. Un violento intento de tomar varias prisiones por parte de los pandilleros, tan mal orquestado que fue reducido al orden de inmediato, fue seguido de la cobarde ejecución de 10 policías, además de provocar nueve heridos. Se trata de ciudadanos guatemaltecos, que fueron sacrificados con tal de enviar un mensaje de amenaza ante las elecciones en desarrollo. No extraña la lenidad del Ministerio Público (que raya en incumplimiento de deberes) para con los pandilleros que fueron apresados.
Curiosamente, son los grupos delincuenciales y sus acciones temerarias quienes han puesto en evidencia, frente a la opinión pública, la urgente necesidad de recuperar los órganos de control. Demuestran con acciones que su permanencia al mando de estas instituciones clave es peligrosa. Para sacarlos de ese espacio de poder (que nunca debieron ostentar), resulta vital el interés y la participación de la opinión pública y el escrutinio de la ciudadanía. Sin embargo, los directamente llamados a responder al país son los delegados de las Comisiones de Postulación, entre ellos, las autoridades académicas a quienes se confió tan importante cuota de poder.
Lo que está en juego es demasiado importante. Implica nombrar a un nuevo fiscal general que tenga la capacidad de rescatar la legitimidad de la acción penal y corregir el evidente desvío que ha sufrido. Además, deberá reencauzar los procesos de personas inocentes que se mantienen en prisión injustamente, y retomar el combate de la corrupción, de la criminalidad organizada, así como poner fin a la impunidad que actualmente existe para los delitos ambientales. Finalmente, reestructurar el Ministerio Público para atender la destrucción interna puesta en marcha por la actual fiscal general. La seguridad ciudadana no depende de un presidente autoritario, sino de la fortaleza institucional del encargado de la investigación y acción penal, actuando en conjunto con el Ejecutivo con una política criminal estratégica.
La elección de magistrados capaces y honestos para dirigir la Corte de Constitucionalidad es piedra angular para iniciar la recuperación del sistema de justicia profundamente deteriorado. Además, debe reconducirse este órgano a su función natural de proteger el orden constitucional, mancillado en innumerables fallos incoherentes con su mandato que fueron emitidos por los actuales magistrados. Algunos de ellos, han implicado enorme daño, no solamente para la institucionalidad del país, sino para el medioambiente y el bienestar colectivo. Los fallos de la CC han sido lapidarios al interpretar de manera estrafalaria diversas leyes con el solo propósito de ejercer un rol político que no les corresponde.
Finalmente, contar con un Tribunal Supremo Electoral independiente es lo mínimo necesario para asegurar que en las elecciones generales del año 2027 se respete la voluntad popular. No cabe la menor duda de que colocar al mando del Ejecutivo a un presidente afín, será uno de los principales objetivos de las organizaciones criminales. También los grupos conservadores se aprestan a colocar el tema de seguridad como prioritario para promover la posibilidad de un gobierno dictatorial estilo Bukele, muy en sintonía con su visión antidemocrática.
En Guatemala, la idea fundacional fue la de un territorio colonizado para la depredación y el abuso de la población por un grupo reducido. Revertir esta idea de corte colonialista para establecer la república democrática moderna, ha constituido una larga lucha que ha tenido etapas de intensa participación ciudadana, pero también otras de resignación en las que se han fortalecido los grupos que corroen la institucionalidad para sostener los diversos mecanismos de saqueo, incluyendo los que se han revestido de la apariencia de «mano dura» y ofrecido seguridad, pero que solamente han utilizado la opacidad para promover la corrupción a gran escala.
Liberar los órganos de control en beneficio del bien común es una batalla que se libra entre los intereses ciudadanos y las organizaciones criminales. Pero también es una batalla entre dos planteamientos: uno que consideran el Estado y al país como un lugar de extracción e impunidad para beneficio de pocos y otro que aboga por la construcción de la república democrática como medio para el logro del bienestar colectivo con beneficios para las mayorías. Nos toca luchar por un planteamiento que refleje los valores ciudadanos y éticos que nos inspiran y no cejar en la lucha.
Debido a la relevancia de estos procesos, Plaza Pública ha dedicado una cobertura especial para comprender el desarrollo de los acontecimientos, actores y escenarios. (Ver: “El año de los contrapesos").
.
