En Guatemala, güizache es el término despectivo para un vicioso entrampador con título de abogado. Alguien para quien el requisito nimio o el argumento precario es fundamento para eludir la aplicación justa de las leyes y forzar su tergiversación en favor de intereses ocultos. La etimología de la palabra es náhuatl y, de forma simbólica, apunta a un árbol colmado de espinas. Los güizaches son los encargados de convertir el sistema jurídico y su institucionalidad en un asunto espinoso, muy alejado de los ideales de la república y del bien común.
En un sistema de justicia profundamente cooptado por las redes criminales, como es el caso de Guatemala, la figura del güizache ha logrado cada vez más influencia y poder. Su trabajo es hallar la grieta por donde puede colarse una interpretación sesgada, un argumento falaz que le sirva para torcer las leyes y «justificar» fallos absurdos que solamente sirven a intereses criminales. Estos fallos corroen y debilitan el orden constitucional, causan enormes daños a la vida cotidiana de los ciudadanos y propician la emergencia de diversas formas de autoritarismo.
El güizache es un personaje indispensable para alimentar y mantener la corrupción. Debido a su falta de ética y, con frecuencia, pobre trayectoria profesional, es la esencia de los esquemas clientelistas: sin mérito alguno, excepto su fidelidad para el sistema corrupto, logra ocupar los puestos más altos en las instituciones y, desde allí, responde como un infiltrado. No cumple con la función, sino que ejecuta órdenes. Recibe distinción, dinero, poder, sin merecerlo. A cambio, entrega lealtad absoluta a quienes lo utilizan.
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No operan solamente desde dentro de las instituciones. Funcionan en equipo: desde afuera, presentan denuncias, amparos, acciones diversas que son resueltas de forma favorable por el «funcionario/operador». Este esquema cuenta con la alineación de los órganos de control que se hacen de la vista gorda del atropello al Estado de derecho. Avalan peticiones y resoluciones grotescas, impidiendo que el sistema pueda depurarse.
Resulta penoso constatar que el avance del sistema clientelar y corrupto ha manchado a la academia. La formación de los güizaches se ha convertido en objetivo de las universidades de cartón que, sin ningún pudor, gradúan codigueros y leguleyos en lugar de juristas. Los invisten de rimbombantes maestrías, doctorados e infinitos cursos de especialización, sin rigor academico. Algunos de los graduados han sido cuestionados por asuntos tan graves como tesis plagiadas, títulos falsos y otras irregularidades, sin que a sus autoridades les produzca el más leve escozor. Publican sin rigor técnico, ni prestigio académico, ni supervisión.
La academia cooptada alimenta la corrupción estructural a partir de las Comisiones de Postulación. Es ejemplo de esta afirmación el listado de nominados (pleno de perfiles cuestionados) para los cargos de magistrados que integrarán el Tribunal Supremo Electoral que tendrá a su cargo las elecciones generales del 2027. En la selección de candidatos se pasó por alto a abogados de mérito, prefiriendo a los malos, sin ofrecer ninguna justificación o rendición de cuentas. De igual manera, la USAC realizó la nominación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad con profesionales cuyo único mérito es ser afines al actual rector, sin que sus hojas de vida reflejen la justificación de su nombramiento para tan alto cargo.
En la convocatoria realizada para magistrados a la Corte de Constitucionalidad desde el Ejecutivo, por el contrario, se han presentado juristas con una sólida trayectoria de trabajo profesional que puede aportar a la construcción del país y apuntalar el verdadero sentido de la institucionalidad. Este fenómeno hace evidente que los buenos abogados no participan en esquemas que perciben clientelares pues se saben excluidos de antemano. Y, efectivamente, cuando participan, son desechados como sucedió con el listado de postulantes al TSE, donde los mejores no fueron considerados.
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La proliferación de güizaches ocupando cargos clave dentro de los órganos de justicia, son un síntoma de la corrupción estructural y, a la vez, su producto. Un sistema corrupto no premia los méritos profesionales, ni la independencia de criterio (fundamental para un funcionario) sino que elige a los que puede utilizar, por encima de quienes tienen orgullo profesional y ética. Prueba de este desvío es que jueces de enorme valor como Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez nunca fueron seleccionados para un ascenso a las cortes de apelaciones y, además, fueron forzados a dejar sus cargos con acciones ilegítimas.
¡Qué lejos estamos ver las más altas magistraturas ocupadas por insignes juristas! Hablamos de profesionales de la talla de Jorge Mario García Laguardia, Epaminondas González, Edmundo Vásquez Martínez, Gabriel Medrano, y tantos otros, cuyo legado fue cimentar el Estado de derecho en un país urgido de solidez institucional para emprender la infinidad de desafíos pendientes, especialmente contra la desigualdad y la pobreza.
La corrupción estructural dentro del sistema de justicia tiene una enorme capacidad de causar daño. Los últimos años, los operadores corruptos nos demostraron que, en sus manos, el sistema jurídico se convierte en una herramienta espuria de poder político para ser utilizado como arma de represión en contra de los ciudadanos, o defenestrar la solidez del sistema electoral; incidir en las potestades legítimas de los otros poderes del Estado y como fuente inagotable de impunidad.
Particularmente penoso fue presenciar como cada uno de los casos investigados por la antigua Feci acompañada de Cicig, fueron revertidos y los perpetradores exonerados, como una burla para la ciudadanía honrada. Todo a punta de argumentos güizaches avalados por el Ministerio Público y los tribunales de justicia.
Cuando la alineación güizachesca se convierte en absoluta, la institucionalidad desaparece y lo que queda es un mero maquillaje, una pantomima, una burla. Este es el tránsito temible que lleva a un Estado fallido: ingobernable, ineficiente, incapaz de contener la depredación y la violencia. La corrupción se establece como el único sistema que, desprovisto de toda virtud, no tiene capacidad de gobierno más que la fuerza y el autoritarismo.
La corrupción estructural es una amenaza maligna sobre Guatemala. Existe debido a estrategias de dominación que, de manera planificada, fueron tomando cada una de las instancias de poder. No se trata de una situación irreversible, como bien lo demostraron los abogados al hacer importantes esfuerzos para rescatar el Colegio que los agremia y como lo demuestran quienes hoy luchan por rescatar la USAC.
Sin embargo, para doblegarla, la sociedad debe tomar partido en favor de la ética. Es hora de señalar la mala práctica profesional y a los responsables de ella. Sobre todo, por la enorme responsabilidad que nuestra legislación le otorgó al gremio de abogados. Debemos exigir que sean los mejores quienes ocupen los cargos públicos y repudiar a los candidatos sin los méritos necesarios.
Los mejores abogados de este país tienen en sus manos el desafío de pelear los espacios y no entregarlos a la avanzada güizache, sin dar batalla en favor de la decencia. Y la sociedad deberá acompañarlos.
