Uno de los momentos más penosos de la historia de Guatemala fue la claudicación del Presidente Jimmy Morales, a los intereses mafiosos de las élites políticas y económicas, afectadas por las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, en cooperación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig). Su eficacia ya había logrado penetrar el muro de impunidad que siempre las ha protegido y estaban en la cárcel personajes poderosos, así como una buena parte de sus más destacados operadores. Si aquel esfuerzo compartido continuaba avanzando, Guatemala podría empezar a salir de un sistema económico y político basado en la corrupción estructural.
Las élites se alinearon para evitarlo, pues siempre han buscado mantener «el control» de un país al que tratan como feudo. Activaron el penoso «pacto de corruptos» para cooptar instituciones que apenas empezaban a funcionar en favor de los intereses colectivos. Nunca permitirían el fortalecimiento de la institucionalidad, o la independencia de los órganos de control. Tampoco renunciarían a una impunidad vital para los actores y beneficiarios de toda clase de crímenes: robos al erario, abusos ambientales y territoriales, tráficos ilícitos, lavado de activos, evasión fiscal, financiamiento electoral ilícito y todo aquella actividad ilícita que les permitiera procurar impunidad y proteger privilegios..
La corrupción estructural como sistema de control del poder en Guatemala precisaba de un fiscal general que fungiera como su operador. La elegida fue Consuelo Porras. Se le asignaron dos misiones: revertir los casos iniciados por la Feci, en cooperación con Cicig y utilizar el poder coercitivo de la institución como herramienta de “control” del poder político. Ninguna de estas funciones son compatibles con la institucionalidad del MP y ambas constituyen un descarrilamiento peligroso en contra de los propios fines del Estado de Derecho..
Cuando ciertos sectores alaban por su «eficiencia» a Consuelo Porras, quizá se refieren a que más de un centenar de conocidos actores corruptos, muchos de ellos con varios casos de alta corrupción iniciados, fueron liberados debido a la acción directa o a omisiones ostensibles del Ministerio Público y un grupo de jueces afines, con la connivencia de la CSJ y de la propia CC. Esta alineación, ofensivamente evidente, no operó para perseguir el crimen y castigar a los culpables, sino para proteger a las mafias y sus intereses. ¿Para quiénes resulta un logro digno de reconocimiento? Solamente para los involucrados en los crímenes o quienes sacan provecho de ellos.
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Pero la procura de impunidad no se circunscribió a los casos en los cuales participó Cicig y la antigua Feci. Continuó al asegurar la impunidad a Alejandro Giammatei y los miembros de su gobierno, así como a su pareja Miguel Martínez. Continúa en casos de alta corrupción denunciados durante la presidencia de Bernardo Arévalo, uno de ellos el denominado «B-410», en donde una red de empresas de cartón, cometió una masiva evasión fiscal (800 millones de quetzales) y apuntaba a un esquema de corrupción en contratos con el Estado (que podría rebasar los 6,000 millones de quetzales). En fecha reciente, se señaló las deficiencias en la investigación de este importante caso, por parte del MP. De igual manera, los más de 400 casos denunciados desde el Ejecutivo, han tenido escaso avance, a pesar de que su impacto financiero es de aproximadamente de Q 2,492,174,541.39, según la Comisión Nacional contra la Corrupción. Resulta evidente que rendir cuentas en casos de corrupción no es prioridad para la actual fiscal general.
El hecho de que Consuelo Porras se postule nuevamente para ser reelecta y que algunos de los miembros de la Comisión Postuladora parecieran proclives a incluirla en la lista de seleccionados es causa de repudio y alarma. Pero el peligro no solamente es que ella logre colarse, sino que se continúe con la lógica malsana y continuista del pacto de corruptos y se pretenda colocar un operador de los intereses criminales.Esto no podría considerarse una actuación adecuada por parte de los postuladores ya que su obligación es cerciorarse de que quien ocupe el cargo sea idóneo. Esa es su atribución y no la de negociar este cargo.
¿Qué significa colocar en el cargo tan sensitivo a un operador que asegure la impunidad a los más altos crímenes? Básicamente se trata de una función de «control» que, mientras protege a los grupos mafiosos, impide que la función pública se enderece hacia su única finalidad ética: el bien común. Implica seguridad, pero destinada solamente a un pequeño grupo que logrará un enriquecimiento ilícito, por encima de los intereses de millones de guatemaltecos que hoy no encuentran más opción que irse de Guatemala, o una economía dependiente de las remesas. Implica que las leyes que están destinadas a la regulación de temas sensibles como los ambientales o los relativos a la protección de recursos naturales, sociales, territoriales, no serán coercitivas para los poderosos, quienes hallarán en el MP un aliado para su evasión impune.
Además, implica corromper el sistema de seguridad institucional que se basa en la protección de las garantías individuales. Porque si algo realizó de manera eficiente el MP a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, fue defenestrar las garantías del debido proceso, en alianza con un grupo de jueces y magistrados alineados al pacto de corruptos. El MP se convirtió en un órgano de represión de la disidencia, planteando casos con pobre evidencia y argumentos absurdos, realizando allanamientos con base en simples denuncias, casi siempre anónimas o presentadas por actores ad hoc, gestionando órdenes captura sin bases sólidas y manteniendo a ciudadanos honestos en prisión, sin que sus procesos avancen. Curiosamente, todos estos casos se declaran “«bajo reserva.»
Resulta una afrenta para el sentido de justicia de los guatemaltecos que personas como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades indígenas, estén actualmente prisioneros bajo el cargo de terrorismo por el hecho de haber defendido la voluntad popular mediante el voto; o que José Rubén Zamora haya pasado varios años en prisión por ejercer el periodismo, o casos como el de Virginia Laparra, así como los de otros fiscales y jueces probos que hoy están en el exilio por no plegarse a estos esquemas.
Durante la gestión de Consuelo Porras, el Ministerio Público dio otro peligroso giro: utilizar el poder coercitivo del Estado para ejercer un rol político que no le corresponde. La Constitución define esta institución como un “órgano auxiliar” de la Administración Pública. A pesar de las obligaciones de coordinación que esto implica, la actual fiscal se negó en repetidas oportunidades a reunirse con el actual presidente de la república y su gabinete de gobierno, aduciendo excusas burocráticas pero que tenían otra causa: desde meses atrás se había constituido en la principal herramienta para impedir que el candidato electo asumiera el poder. En una secuencia de actos vergonzosos, el Ministerio Público y órganos judiciales alineados atacaron el proceso electoral, debilitaron la institucionalidad del Tribunal Supremo y cancelaron, sin debido proceso, a un partido político.
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En una república democrática la seguridad ciudadana y la del país se centra en generar políticas criminales sólidas que no permitan la impunidad de los sistemas criminales y donde haya respeto por las garantías individuales. El éxito del MP no está en provocar terror, o en cooptar un rol político que no le corresponde, sino en su capacidad técnica de investigación, su probidad y profesionalismo, su capacidad de coordinar y trabajar en equipo con el Ejecutivo. Los sectores que respaldan de forma expresa la gestión de Consuelo Porras, no tienen interés en un MP fortalecido, sino en contar con una herramienta dúctil a sus intereses. Otorgar nuevamente el puesto crucial de fiscal general a un operador de los sistemas mafiosos sería condenar a Guatemala a varios años más de destrucción institucional, inseguridad e incertidumbre acerca del futuro.
Y entonces, ¿cuáles son las obligaciones de la comisión postuladora del fiscal general? En primer lugar, rechazar candidaturas como la de Consuelo Porras, señalada de graves faltas como las descritas. No debemos olvidar las sanciones internacionales que pesan sobre su persona, merecidas debido al desvío en las funciones institucionales. Los candidatos seleccionados deben devolver la confianza de que, aparte de ser los más probos, los más capaces, los mejores, tienen la voluntad política de reconducir al MP a la institucionalidad. No se puede tolerar la postulación de otros operadores que solamente se constituyan en relevo. Por esta importante tarea, deberán rendir cuentas al pueblo de Guatemala.
