Las calles de Minneapolis se convirtieron en un hormiguero en alerta cuando se apersonaron las huestes de ICE, siglas que corresponden al Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Este gesto de poder en contra de una ciudad santuario bajo gobierno demócrata, lo encarnan hombres altos y fornidos, muchos de ellos recién reclutados y que han generado preocupación por el uso excesivo de fuerza y arrestos ilegales, enmascarados de manera siniestra y con uniformes de camuflaje, similares a los que se usan para la guerra.
La gente leyó el subtexto implícito: el avance fascista y autoritario en los Estados Unidos no se limitará al control de la inmigración ilegal. Si hoy vinieron por los migrantes, sin respeto a su dignidad o a las garantías legales, la ola expansiva de la represión pronto no distinguirá a los ciudadanos. No le faltaba razón a la gente. En pocos días, dos ciudadanos estadounidenses (Renée Nicole Good y Alex Pretti) fueron ejecutados en plena calle por agentes de ICE y las imágenes de estos crudos asesinatos recorrieron el país, como un escalofrío.
Las autoridades se aprestaron a asegurar la impunidad de los ejecutores de esta violencia extrema. Para lograr el favor público generaron la narrativa usual: los muertos no eran simples ciudadanos en defensa de sus libertades civiles, sino terroristas. Igualmente manipuladas han sido las versiones acerca de otros actos represivos, como el arresto de periodistas que cubren las protestas. Bajo la justificación de «hacer América grande otra vez», Trump se jacta de que, durante su mandato, el límite de su poder será solamente su propia moralidad y Stephen Miller, su estratega más cercano, dejó claro que la fuerza, sin restricción de jueces o de leyes, será la que maneje sus políticas. Mientras tanto, se calcula que la familia Trump ha amasado, en este breve periodo de gobernanza, billones de dólares utilizando el cargo de la presidencia.
A lo largo de la historia, la lógica del poder sin controles es básicamente la misma: un abuso que se extiende hasta donde encuentra un límite. Después de una pausa, avanza de nuevo. Los atropellos terminan por normalizarse, las protestas se apagan, la indignación sostenida implica un esfuerzo agotador. Cuando la nueva normalidad se ha establecido, el autoritarismo expande su capacidad de daño. Sin una institucionalidad capaz de controlar el poder, los gobiernos represivos tienen la posibilidad de encarcelar indefinidamente, sin debido proceso, torturar, desaparecer, asesinar, exiliar, despojar de los bienes, del derecho a expresarse, a pensar, a optar por una religiosidad divergente y, en última instancia, de cometer un genocidio.
Lo que en un principio aplauden tantos en Latinoamérica como un modelo de seguridad ciudadana pronto demuestra su verdadera naturaleza: era una manzana envenenada.
De forma irreflexiva se cae en este señuelo: la seguridad de un Estado fuerte, sin los límites y contrapesos de una república, bajo la ilusión de que logrará eliminar todo peligro. Pero, ¿de qué hablamos realmente? Básicamente, la seguridad autoritaria se trata de represión, de establecer un régimen de terror, que pronto deja de distinguir entre buenos y malos. Limitación de las libertades civiles, sistemas carcelarios inhumanos, sumisión de todos los poderes y órganos de control que se nulifican, opacidad en el manejo de los asuntos de Estado y aplastamiento de toda disidencia. Una vez instaurados, resulta difícil salir de ellos.
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A cambio de estas pérdidas, se ofrece que los delincuentes serán refundidos en prisión bajo el peso de largas condenas o, mejor aún, ejecutados. Esta mano dura, simplista y brutal, es apetecible pues, previamente, se ha creado la ilusión de un enemigo amenazante al cual es necesario eliminar a cualquier costo: los migrantes, los pandilleros, los comunistas. Más pronto que tarde, el avance autoritario hará que gente que se creyó inocente, a salvo del terror, termine triturada en estos mecanismos.
Paradójicamente, el uso de la fuerza es la expresión más básica e impotente de un Estado. La evolución de la ciencia política nos ha llevado a desarrollar sofisticados sistemas de protección ciudadana a través de las garantías constitucionales y los contrapesos. Pero además, en las repúblicas democráticas la seguridad es un ideal más complejo: abarca la preservación del medio ambiente, la salud, la educación, la organización territorial, las libertades civiles, los derechos políticos. La protección de la vida.
Estos derechos básicos conforman la verdadera seguridad «humana» que los regímenes autoritarios son incapaces de proveer. De hecho, la aborrecen porque lo que el autoritarismo esconde es la intención de eludir los límites necesarios para asegurar esta protección de la vida y de las personas. Su interés exclusivo es implantar una corrupción sin freno que romperá con el ideal de bienestar.
Y si bien las repúblicas democráticas han fallado en cumplir con las expectativas ideales de una seguridad humana plena, perfeccionarlas y luchar por ellas es un camino más razonable que abandonar este propósito.
Centroamérica es una región con una larga historia vinculada a los autoritarismos que surgieron en tándem con los sistemas económicos colonialistas de explotación de los recursos y de las poblaciones. Nosotros podríamos relatar con detalles lo dolorosa y sangrienta que resulta la represión de la que son capaces tales propuestas, así como la capacidad de corrupción que esconden bajo su oferta. También podemos ofrecer datos acerca de lo inefectivas que han sido para impedir la violencia social y la inseguridad. Sin embargo, las narrativas que buscan abrirle la puerta a los autoritarismos se presentan como una solución «nueva», y tienen en la mira a Guatemala. Sobre todo ante la perspectiva del proceso electoral en el año 2027.
En fechas recientes, se montó un tinglado: las cárceles fueron tomadas por un grupo de pandilleros y, al día siguiente, asesinaron a 10 policías e hirieron a 9 más. A continuación, en sospechosa sincronía, surgió la narrativa de la incapacidad de un gobierno democrático para controlar al «enemigo interno» que ahora se identifica como los grupos pandilleros a los que no se duda en llamar terroristas.
Sin reparar en el examen en todas las causas estructurales que pueden llevar a muchachos adolescentes a convertirse en asesinos, la única solución que se ofrece al problema es la cárcel, cada vez más grande, cada vez más inexpugnable e irredenta. Las imágenes sádicas de los pandilleros humillados en las cárceles de El Salvador, son exhibidas como una expresión de un Estado que resuelve y la gente aplaude, sin analizar que de los miles de detenidos, muchos son ciudadanos que no tendrán el privilegio de demostrar su inocencia en un juicio justo. Un reportaje publicado en El País, expresa que 470 murieron en las prisiones bajo el régimen de Bukele, entre ellos pastores, sindicalistas y menores de edad. El 94 % de los fallecidos no eran pandilleros.
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Si en verdad queremos eliminar a las maras y otras estructuras de criminalidad organizada en Guatemala, no caigamos en las soluciones simplistas. Empecemos por analizar cómo se ha manejado la política criminal desde el Ministerio Público y el sistema de justicia en los últimos años. Preguntémonos a quiénes asegura impunidad y a quiénes incrimina; cómo investiga un tema estratégico como es el lavado de activos y cómo el sistema financiero participa. Debemos examinar a quiénes ocupan curules en el congreso o alcaldías. Cuáles son los vínculos criminales de los políticos que se ofrecen como «salvadores».
A continuación, hagamos el ejercicio de recordar la virulencia con la que se ejecutó la expulsión de Cicig. Fue significativo constatar cuántos sintieron alivio cuando se puso fin a sus acciones contra la impunidad. El Ministerio Público fue prontamente tomado para revertir todos los casos presentados y liberar de la cárcel a los cabecillas y a sus múltiples cómplices.
El problema de Guatemala no es el respeto a los límites necesarios de una república democrática. Nuestro problema de seguridad está directamente vinculado a la cooptación del Estado que ha permitido acceso al crimen organizado a las instancias de gobierno. Este esquema corrupto ha impedido la profundización de las posibilidades de la república y de la democracia que sí podrían resolver los problemas estructurales de la violencia que son la desigualdad y la pobreza.
Los autoritarismos nunca tienen buenas intenciones. Lo sabemos con certeza porque Guatemala ya vivió largas tiranías y una guerra civil. Ninguna de estas épocas se caracterizó por paz social y, menos aún, por seguridad ciudadana, sino por el terror indiscriminado y la corrupción. No podemos volver a una estructura de poder que terminó en un genocidio.
El mundo está girando hacia la destrucción de los sistemas que sostuvieron por largos años a las democracias liberales. Se trata de un ideal que ha sido imperfecto en su realización, que merece ser cuestionado y al que urge reformar profundamente. Sin embargo, ello no debe llevarnos a permitir el avance de sistemas represivos cuya única finalidad es apropiarse de lo que queda de naturaleza y recursos vitales. No podemos olvidar que los regímenes autoritarios solo tienen capacidad de cumplir con una cosa: devolvernos a los momentos más oscuros de nuestra historia.
