En aras de buscar un camino para que las instituciones fueran ocupadas por los mejores ciudadanos y fortalecer la endeble institucionalidad del país, la Constitución de 1985 otorgó a los abogados una enorme responsabilidad: la de convertirse en el filtro necesario para la elaboración depurada de las listas de candidatos a diversos cargos. Lejos de las intenciones de los constituyentes, la implementación de las Comisiones de Postulación, luego de las reformas constitucionales de 1993, se convirtió en un sistema corporativo en el cual los abogados tienen un excesivo poder político y el Colegio, en lugar de ser el escrupuloso rector de su conducta, un bastión a ser conquistado.
Conforme los preceptos constitucionales y sus reformas, el Colegio de Abogados participa con voto en la selección de los candidatos a Tribunal Supremo Electoral (a través de un representante electo en Asamblea General); elige a un magistrado titular y uno suplente a la Corte de Constitucionalidad (mediante elección directa de los colegiados); selección de candidatos a Fiscal General (el Presidente de la Junta Directiva y del Tribunal del Honor tienen voto). Adicionalmente, el Colegio de Abogados también participa en la conformación de listas de candidatos de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones mediante el mecanismo de las Comisiones de Postulación. Con ello, se descartó la posibilidad de establecer una verdadera carrera judicial por méritos, y se incurrió en un claro conflicto de interés (los abogados eligen a los magistrados que conocerán sus casos) que propicia que no sean los mejores quienes lleguen a las cortes, sino los más convenientes.
El año recién pasado, pudimos ver una película repetida: operadores como Néster Vásquez, Roberto López Villatoro o Estuardo Gálvez, articulando influencias a través de los delegados a la postuladora, con el fin de colocar a sus alfiles en el listado. Y, al final del aparatoso proceso, la mayoría de los incluidos en la nómina de la Corte Suprema de Justicia fueron los señalados de haber negociado con Gustavo Alejos en el caso investigado por Cicig denominado «Comisiones Paralelas». A pesar de una intensa batalla planteada por actores democráticos, se constató que el tráfico de influencias sigue siendo la norma no escrita del mecanismo y que, lejos de fortalecer la institucionalidad lo que se asegura es la impunidad del crimen y las amenazas de represión contra quien no se pliegue a los intereses que lo mancillan.
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El reportaje de Oswaldo Hernández en Plaza Pública relata que el constitucionalista Gabriel Orellana, advirtió ya en el año 1988, acerca de los peligros de la «politización interna» en el gremio, ya que se pedía «la concurrencia institucional del Colegio (CANG) en la integración directa o indirecta de los tres más altos tribunales del país». «No fue tan ingenuo» dijo Orellana «pero entonces se creía en la academia». Indudablemente el jurista se refería a la capacidad de profesionalización de verdaderos juristas a través de las universidades al mencionar la fe en la academia, pero también la inclusión de los abogados dentro de la academia dentro de ese mecanismo que llevó aún más lejos el poder de éstos. En las Comisiones de Postulación se asignan votos a los decanos de las facultades de derecho en el país. También a los rectores de las Universidades privadas y de la USAC (algunos de ellos también abogados).
A partir del aliciente de obtener influencia política, florecieron las universidades privadas de cartón, muchas de ellas con una calidad académica tan dudosa que han sido capaces de otorgar diplomas de maestrías y doctorados sin mayores exigencias, han permitido tesis plagiadas, y títulos falsos. La acumulación de diplomas, ciertos o ficticios, se convirtió en moneda de cambio para la inclusión en las famosas listas de selección, mientras volvía rentable el negocio de abrir facultades de derecho, sin ningún control de su calidad o a quién otorga títulos y méritos. En cuanto a la USAC, la debacle que ha sufrido, con el consiguiente daño a su capacidad de generar educación superior a las grandes mayorías, resulta evidente y penoso, sobre todo cuando consideramos que tiene una asignación constitucional y nuestros impuestos pagan un espacio profundamente apartado de su propósito.
No obstante la perturbadora corrupción de tantas universidades y, particularmente de sus facultades de derecho, es importante resaltar el papel que en momentos clave han tenido dentro de las Comisiones de Postulación los rectores y decanos que han librado batallas importantes para detener las embestidas de los otros sectores representados. Resulta imborrable la memoria de la oposición de varios decanos a la elección de Consuelo Porras como Fiscal General del Minsiterio Público y de cómo fueron prácticamente conminados por la Corte de Constitucionalidad a votar en contra de sus principios.
Esta última reflexión nos pone de manifiesto que el desvío en las Comisiones de Postulación pudo no haber ocurrido. ¿Qué hubiera pasado si los abogados, la academia, el Colegio hubiesen asumido la responsabilidad histórica que se les asignó? Hoy Guatemala gozaría de una institucionalidad fortalecida, en lugar de continuar al borde de los golpes de Estado y la ingobernabilidad. Eso nos demuestra que el desarrollo institucional necesita no solamente de leyes adecuadas, sino también de una ciudadanía con mayor y mejor formación política y, sobre todo, sanar y superar los daños muy reales ocasionados al tejido social por décadas de represión durante el conflicto armado interno.
Además, es importante nunca olvidar que, detrás de las leyes y de la institucionalidad aparente, siempre ha estado operando un sistema de poder paralelo y corrupto que ejerce «control» para impedir los esfuerzos ciudadanos por ocupar los espacios legítimos de poder. Este poder paralelo tiene capacidad de organizarse para colocar en todos los puestos clave a sus operadores. De allí que las Juntas Directivas del Colegio de Abogados hayan sido cooptadas por largos años. Y, de igual manera, puestos clave dentro de las Universidades. El caso ejemplar es el de Walter Mazariegos, actual rector de la Usac, cuya elección ha sido señalada insistentemente de fraudulenta, pero ha sido sostenido en su cargo por las más altas cortes del país.
Para defenderse de los desvíos y de las fuerzas que distancian a la institucionalidad del logro del bien común, la ciudadanía tiene la necesidad insoslayable de organizarse, y lo ha logrado. En los últimos años han habido esfuerzos ciudadanos para filtrar actores independientes en las instituciones. Además, hemos visto que la resistencia ciudadana ha emprendido articulaciones importantes, aunque todavía sin claros liderazgos políticos. Esta incipiente articulación se ha traducido acciones de enorme peso político como la defensa del voto mediante el Paro Nacional del 2023 que permitió que el presidente electo Bernardo Arévalo asumiera el cargo. En el Colegio de Abogados, permitió la elección de la Planilla 8 que colocó a dos electores honestos e independientes en la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de las cortes en el 2024. Y, durante ese mismo año, llevó al poder la Junta Directiva que actualmente está en funciones y que tendrá un importante papel que jugar en las elecciones que se avecinan.
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El año 2026 pondrá a prueba a los abogados y demás profesionales que por mandato legal deben colegiarse ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El desafío empieza con la elección de los delegados a la Comisión de Postulación para elegir magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Se trata de una elección directa, que se decidirá tanto por la participación de personas idóneas que propongan su candidatura, así como por quienes emitan un voto consciente.
Veremos en los próximos días a figuras cuestionables invitando a convivios para consolidar simpatías. Además de haberse constituido en un desagradable y vulgar panorama de desprestigio para el gremio profesional acusado de venderse por un churrasco, son apenas la parte más visible de una estrategia clientelar, bien estructurada. Sirve para consolidar el poder político que prioriza el beneficio personal, por encima de las ideas, el debate y la obligación ética de servicio a Guatemala.
No puede dejar de subrayarse la importancia de esta primera elección. Recordemos que la Usac, bajo la rectoría de Walter Mazariegos, ya tiene dos votos asegurados. Los votos de rectores y decanos de las facultades de derecho también estarán sometidos al escrutinio e intentarán participar en ellas actores poco confiables. Pero también hay universidades responsables éticamente y que se han comprometido con un proceso de consolidación democrática. Se puede ganar la batalla.
Por esta razón, no solamente los abogados, sino también todos los cientistas sociales que están adscritos al Colegio tienen frente a sí una responsabilidad de mucho peso y deben responderle al pueblo de Guatemala. La elección de una planilla que se aleje del corporativismo, de las transacciones, de la manipulación del sistema, puede favorecer las fuerzas para que podamos contar con autoridades electorales confiables.
El país merece que este voto no sea entregado a la oscuridad.
