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Personas sostienen un carteles durante una marcha contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el pasado 30 de enero, en Minneapolis.EFE/ Adam Bettcher

Del miedo a la organización: Esto ocurre en Minnesota, desde la mirada de los guatemaltecos

«No contaron con la astucia de la sociedad civil», dice Rosa Tock, politóloga y residente en Saint Paul.
«...Otros niños se han quedado sin sus padres y los vecinos los están acogiendo. Es un gran impacto para ellos», advierte Natalia Benjamín, quien vive en Rochester.
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Del miedo a la organización: Esto ocurre en Minnesota, desde la mirada de los guatemaltecos

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Según datos reportados por la Cancillería de Guatemala, en Minnesota viven más de 19 mil 300 guatemaltecos. Plaza Pública conversó con algunos de ellos que residen en las zonas urbana y rural del estado, en donde ICE ha realizado operativos violentos contra la población migrante. En sus muchos años como residentes, aseguran no haber visto una crisis similar. Pero el temor y el coraje se convirtieron en la solidaridad que ha movido a la población local a tomar acciones para apoyar a las familias más afectadas. 

«Esto no tiene precedentes». La anterior oración resume las coincidencias en los testimonios de guatemaltecos residentes en Minnesota desde hace décadas. Han sido testigos de los operativos recientes, que han generado miedo e incertidumbre entre la población latina. Las familias y vecindarios han pasado del temor a la organización comunitaria para responder a la violencia y terror infundidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, bajo las directrices del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

En Minnesota se encuentra el 0.7 % de la población migrante irregular de todo Estados Unidos. Son alrededor de 13.7 millones, según datos del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute, en inglés). El porcentaje es bajo, en comparación con lugares como California o Texas en los que se ubica la mayoría, de acuerdo con estimaciones recientes. 

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«No contaron con la astucia de la sociedad civil», dice Rosa Tock, guatemalteca, politóloga y residente en Saint Paul. Durante los últimos meses, la población se ha vuelto vigilante de las acciones de los agentes migratorios y han tomado acciones para apoyar a las familias migrantes. 

Datos del Consejo Americano de Inmigración (American Immigration Council, en inglés) señalan que, en Minnesota, alrededor del 8.4 % de los residentes del estado nacieron en el extranjero y el 5.3 % de los nacidos en Estados Unidos viven con al menos un padre inmigrante. La mayoría de la población migrante proviene de México, India y Somalia y, en conjunto, representan el 10.8 % de la fuerza laboral del  estado. 

El 16.7 % de la población migrante se encuentra en situación irregular, esto representa un 1.4 % del total de la población en Minnesota. La mayoría ha vivido en el país por más de 5 años. El Instituto de Política Migratoria estima que el 7 % de las personas en situación irregular son de origen guatemalteco. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, 19 mil 378 guatemaltecos viven en Minnesota, un estado en el que no hay consulado de Guatemala. 

El origen de la organización comunitaria 

En Minnesota, no es la primera vez que se respira un sentir generalizado de indignación y molestia. En mayo de 2020, George Floyd, un ciudadano afro estadounidense, murió a manos de un agente policial. Su deceso ocasionó protestas en más de 50 ciudades y conmocionó a la población. 

Los testimonios ciudadanos develan que lo que ha ocurrido en los últimos meses es aún más preocupante.

«Esto es aún peor. La muerte de George Floyd fue un único incidente y ahora estamos viendo algo que se repite, una y otra vez, con más y más gente, y las personas afectadas son en grandes cantidades», describe Navin Solórzano, de 33 años, guatemalteco y ciudadano americano en Minneapolis. 

Minneapolis es la ciudad más poblada de Minnesota. Junto a Saint Paul son denominadas ciudades gemelas en las que se concentran las actividades comerciales y políticas del estado. Han sido el epicentro de las acciones implementadas por el DHS, en las que, según las autoridades estadounidenses, detuvieron al menos a 4 mil personas migrantes. 

En diciembre de 2025, el DHS lanzó la operación Metro Surge, que implicó enviar a unos 3 mil agentes federales a ambas ciudades. Como resultado, dos ciudadanos estadounidenses murieron en manos de los agentes: Renee Nicole Good y Alex Pretti. Ambos tenían un papel activo en la ciudad y habían manifestado preocupación y desacuerdo con las políticas de ICE y los abusos en contra de la población. 

Durante meses, las organizaciones de defensores de derechos humanos, ciudadanos, sindicalistas y grupos religiosos, entre otros, han realizado protestas y tomado acciones para vigilar el comportamiento de los agentes. 

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Solórzano, quien vive en la ciudad desde hace 5 años, relata que cada vez que sale de su casa debe portar una copia de su pasaporte americano para hacer constar que es ciudadano. Las calles evidencian desolación y una calma aparente que se rompe cuando los vecinos observan alguna actividad de ICE o de la Patrulla Fronteriza. Entonces, comienzan a sonar silbatos para advertirles a los demás que algo está sucediendo. 

«Eso pasa muy seguido. Todos nos hemos vuelto agentes que debemos estar pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor; todos tenemos un silbato para avisar y alertar a los vecinos». Incluso hay «observadores», es decir, ciudadanos que portan chalecos, silbatos y documentan las redadas y detenciones de las que son testigos. Estas personas también alertan al resto de residentes en la zona sobre cualquier eventualidad. Las personas se mantienen informadas por medio de chats o grupos privados en redes sociales. 

Una de las recomendaciones más recurrentes para la población en general es que graben cualquier incidente o actividad sospechosa por parte de los agentes, para poner en evidencia abusos, agresiones físicas o, incluso, muertes, a manos de las autoridades.  «Tenemos muy clara la importancia de grabar todo, si no hubiera sido por esa labor no hubiéramos sabido la verdad cuando ocurrió la ejecución de George Floyd; lo que está en juego es la verdad», dice Rosa Tock, quien vive en Minnesota desde hace 20 años y asegura en todo ese tiempo no haber visto algo similar a lo que ocurre ahora. 

La sensación de la población es que no existen garantías para nadie, ni ciudadanos, ni personas migrantes, sin importar su estatus. «Todo lo que ha pasado aquí no ha tenido consecuencias, los agentes están siendo protegidos y no les pasa nada. Eso es lo que da miedo, porque ya las leyes no sirven de nada», lamenta. La ironía, concluye, es que él migró a Estados Unidos para tener una vida mejor, tranquila y lograr más seguridad. 

El temor en las escuelas y las calles 

Similar a lo que ocurría durante la pandemia, las calles de ciudades que solían ser concurridas, parecen más vacías. Familias enteras prefieren no salir a comprar alimento,  hacer diligencias, llevar a sus hijos a las escuelas o, incluso, ir a trabajar. 

«La población latina, como ha sido uno de los objetivos de los movimientos a nivel federal, tiene miedo y, pese a que la población indocumentada en este estado es muy baja, ha afectado mucho a todos. La población latina se siente con miedo de salir a la calle, mucha gente ha preferido quedarse en casa y no sale ni a comprar al supermercado», explica Rodolfo Gutiérrez, mexicano y director ejecutivo de la organización Hacer, que se dedica a la recolección de datos para el desarrollo de programas para la comunidad latina. 

Natalia Benjamín es guatemalteca y vive en Rochester, Minnesota, desde 2011. Como directora de programas multilingües en el sector público, tiene contacto directo con la población estudiantil, que también ha sido afectada por esta ola de operativos. 

«La población hispano hablante en Rochester no es la mayoría, pero lo que sí sabemos es que el nivel de ausencias de los estudiantes que reciben apoyo de inglés, de herencia latinoamericana, han incrementado más del 100 %. Hemos tenido muchos estudiantes que se han quedado en casa, otros se han inscrito en nuestra escuela virtual, sabemos que hay mucho miedo y mucha pena, de parte de las familias en cuanto a que al salir los puedan agarrar o pueda suceder algo malo», detalla Benjamín. 

En paralelo, aquellos estudiantes que siguen asistiendo están «más apagados y no participan como antes». Los niños, recuerda Benjamín, necesitan un entorno adecuado para educarse y todo lo ocurrido está afectando su salud mental, estado de ánimo y capacidad de aprender y concentrarse. 

«Las vidas de estos niños también han cambiado. Antes sus papás los iban a dejar y a traer, en cambio ahora, a veces, tiene que ser un vecino o un amigo; eso ha cambiado mucho las rutinas. Otros niños se han quedado sin sus padres y los vecinos los están acogiendo. Es un gran impacto para ellos», explica la guatemalteca. 

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Según el relato de los residentes, diariamente agentes de ICE se acercan a las escuelas y esperan la salida de los niños. «El nivel de miedo es terrible en las escuelas. Los agentes llegan a la hora de salida y empiezan  a seguir a los estudiantes a sus casas e, incluso, siguen los buses escolares», relata Solórzano. 

«Minnesota nice» 

En Minnesota, la población presume de algo llamado «Minnesota nice». «Es algo que significa ser buena gente. Decimos que este es un estado que da la bienvenida a la gente que viene de otros lados, dentro del propio país y afuera. Y que también reconoce el valor de las contribuciones de las comunidades migrantes», explica Rodolfo Gutiérrez, tras 28 años viviendo en ese estado. 

Rosa Tock, lo explica de esta forma: «Todo el mundo felicita o saluda el gesto de la sociedad civil de Minnesota, por cómo ha logrado unirse y formar coaliciones ante lo que está pasando. Estas coaliciones han actuado de forma disciplinada, coordinada y alineadas en valores de proteger la vida, derechos ciudadanos y constitucionales. Ha sido muy bien orquestado, pero ya hay antecedentes que nos dicen que este es un estado donde hay cohesión social muy importante. Eso es algo que el gobierno central no se esperaba». 

En respuesta al temor de la población que está siendo objeto de persecución, los ciudadanos se han organizado para cooperar con las familias más afectadas: aquellos que evitan salir a las calles y no han podido trabajar o han cerrado sus negocios de forma indefinida. Se han organizado colectas para costear gastos de rentas que no han sido pagadas, entregar alimentos, comida preparada, llevar y recoger niños en las escuelas y apoyar económicamente a aquellos que han sufrido dificultades por el arresto de algún familiar. 

La solidaridad de la población, sin embargo, contrasta mucho con el mensaje de las autoridades estadounidenses. «Ellos nos están atacando de terroristas a los que protestamos. Dicen que somos los incitadores de violencia. No ellos, sino nosotros», señala Solórzano. 

Los ataques a la sociedad civil implican capturas a personas de origen latino, sin récord criminal, a la espera de un proceso migratorio para regularizar su estatus o a la espera de una solicitud de asilo. 

Los agentes incluso reciben incentivos económicos por realizar la mayor cantidad posible de detenciones. Eso implica, según Tock, que buscan «detener a cualquier persona que luzca como yo. Una persona morena, que tenga un acento o que parezca inmigrante. Eso hace que hayan confundido a personas de origen hispano, que han nacido aquí y son (ciudadanos) de tercera o cuarta generación». 

«Yo nunca he visto una cosa así, esto es sin precedentes. Es una racialización que, además, impacta más en las inequidades que existen entre gupos dominantemente blancos y personas de color: es un ataque intencional de parte del gobierno federal para destruir el tejido social del estado de Minnesota», agrega. 

Para otra parte de la población, el problema no es tan nuevo. 

Reginaldo Haslett-Marroquin, originario del municipio de Sanarate, El Progreso, y residente de Estados Unidos desde 1992, sostiene que el racismo y rechazo a la población migrante son problemas históricos. En las comunidades rurales de Estados Unidos, en donde vive, son evidentes las divisiones entre personas latinas y nativas. 

«Yo viví en Saint Paul, Minnesota, y es como una burbuja. En 2011, me mudé con mis tres hijos y esposa a Jordan, Minnesota, una zona rural, y comenzamos a experimentar esta hostilidad», relata. 

Desde su trabajo, como líder de una organización enfocada en la agricultura regenerativa, ha tenido conocimiento de prácticas que afectan a la población migrante. El robo de salarios y abusos laborales es un ejemplo claro del racismo y desprecio hacia la población migrante, señala. 

«Haber pasado de la ciudad a la comunidad rural me pegó como un balde de agua con hielo: no es posible que estén a 45 minutos de distancia y que sea como llegar a otro país, un país subdesarrollado, dentro un estado de los más desarrollados de Estados Unidos. Eso me afectó mucho», recuerda. 
 
Lo que ha cambiado ahora, agrega, es que ese racismo está siendo avalado por políticas y normativas de gobierno. «Ahora usan el miedo como táctica política, ahora la población tiene el aval del líder de su partido que le dice que su racismo está bien, que puede tomar acciones contra las personas migrantes, sin consecuencias. Eso fue lo que despertó», sintetiza. 

Los relatos coinciden en que la incertidumbre y la desconfianza prevalecen y motivan a la población a permanecer organizada y solidaria. 

Recientemente, el gobierno anunció el retiro de 700 agentes (de los casi 3 mil desplegados originalmente) en Minnesota. Una medida tomada luego de una serie de protestas en rechazo a los asesinatos de dos ciudadanos. Sin embargo, aunque la cobertura mediática haya menguado por ahora, la vigilancia en las calles continúa y los residentes transitan con silbatos en el bolsillo, documentos a la mano y atentos a plataformas comunitarias para permanecer comunicados en caso de que algo suceda.
 

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