La tarde en que el MP irrumpió en las elecciones del CANG

La incertidumbre en la elección del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) se podía medir en los gritos. 

Primero fueron de rechazo, cuando los fiscales del Ministerio Público (MP) entraron al Club La Aurora durante la tarde. Horas después, en la oscuridad de un apagón, volvieron a escucharse entre las mesas, como en las elecciones generales de 1990 cuando ganó Jorge Serrano Elías. Al final de la noche, algunos se transformaron en celebración.

[No te pierdas cada martes en tu correo el boletín «Radar Político» donde te explicamos cómo va el país. Suscríbete aquí]

«¿Por qué no abren la puerta? ¡Queremos votar!», gritaban los abogados frente a la entrada del club, minutos después de que Leonor Morales, fiscal de Delitos Contra Operadores de Justicia, irrumpió en el lugar.

Policías con lentes oscuros y pasamontañas custodiaban el acceso. Entre votantes, observadores y periodistas, unas cien personas querían ingresar, y grababan con sus teléfonos. Fue un momento de caos.

[embedpzp1]

A través de las puertas de vidrio se veían las urnas. El personal del CANG seguía en sus puestos, como minutos antes, pero ahora bajo el lente de las cámaras que instalaron los fiscales.

Por la mañana, las votaciones fueron normales; por la tarde, cambiaron de ritmo. El MP ordenó un operativo que bloqueó el acceso y mantuvo en suspenso los comicios durante media hora. 

En ese lugar de la zona 13 capitalina se votaba por dos de los diez nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, que se renovará el 14 de abril de 2026. Lo que estaba en juego no era menor.

La reapertura del centro

A las 14:30 horas, la seguridad del Club La Aurora finalmente abrió las puertas. Pero adentro la escena ya era otra. Las cámaras de video y audio que los fiscales colocaron entre las mesas registraban quiénes llegaban a votar. En los bordes del salón, los trabajadores del MP observaban cada movimiento, algunos con gorras y mascarillas. La votación se reanudó, pero bajo vigilancia.

Por orden de la Fiscalía, desde ese momento solo se permitió el ingreso de los abogados. Por la mañana, el acceso fue libre, como también lo fue una semana antes, durante la primera ronda. Ahora, la prensa y los observadores quedaron afuera.

En segundos, el grupo que se aglomeraba en la entrada se abrió en dos y formó un pasillo. Las cámaras y los celulares, que minutos atrás apuntaban a la puerta cerrada, ahora seguían a quienes lograban entrar. «¡Voten con conciencia!» y «¡Voten en contra de esta ilegalidad!», gritaban varias voces desde los costados.

En la papeleta había dos opciones. De un lado, Astrid Lemus y Fernando Bermejo, la planilla cercana al oficialismo del presidente Bernardo Arévalo. Del otro, Estuardo Gálvez y Melvin Portillo, respaldados por estructuras vinculadas al magistrado Néster Vásquez, la fiscal general Consuelo Porras y el rector de la Usac, Walter Mazariegos.

Las supuestas anomalías

Los abogados que esperaban su turno para votar le dieron la bienvenida a Leonor Morales a las 14:00 horas. «¡Allí vienen los corruptos!», le gritaron mientras ella caminaba a la puerta principal. 

La fiscal, una de las más cercanas a Consuelo Porras —y sancionada a nivel internacional por «socavar la democracia»—, avanzaba con la mirada fija al frente. Desde el portón que daba a la calle avanzó rodeada de cinco guardaespaldas. Solo una era mujer, vestida de traje negro. Los otros cuatro, hombres, llevaban chalecos antibalas, pasamontañas, mascarillas, anteojos oscuros y armas de fuego de alto calibre.

Después de avisarle al gerente del club que realizaría un allanamiento, la fiscal ordenó de inmediato la salida de los medios del área de votación. Los reporteros le pedían explicaciones, pero ella se negó a responder en ese momento. A insistencia del gerente, Gustavo Fajardo, los periodistas se retiraron y se concentraron en el acceso, detrás de las puertas de vidrio.

Desde ahí, los abogados empezaron a reclamar: «¿Por qué no nos dejan votar? ¿Qué están haciendo allá adentro?». La mayoría solo se volteaba a ver entre sí, sin respuestas.

Treinta minutos después, cuando se volvió a permitir el ingreso de los juristas, Morales salió a explicar el operativo. Apenas dio unos pasos, los reporteros la rodearon. Esta vez ya no estaba acompañada por los hombres armados.

En el Club La  Aurora se limitó a decir que el caso estaba bajo reserva parcial y surgió a partir de «varias denuncias» anónimas. Días después, en una conferencia en la sede del MP, contó que buscaba determinar si las autoridades del CANG habían falsificado carnés y permitido votar a criminólogos, internacionalistas y otros profesionales «afines» al Derecho que, pese a estar colegiados, habían sido excluidos desde la primera ronda de la elección por una orden judicial.

Ese cambio, que a última hora modificó un reglamento vigente por 40 años, favorecía a Néster Vásquez, quien buscaba retener su cargo en la CC a través del Colegio. Aún así, quedó fuera en la primera vuelta. Su grupo terminó apoyando a Estuardo Gálvez, exrector de la Usac. 

Ese día —cuando el MP intervino la votación—, Gálvez disputaba una plaza titular de la CC con Astrid Lemus, exmagistrada de la CSJ en la década de 1990. Y también perdió.

eaa06651_copia.webp

Policías con rostros cubiertos

Con la guardaespaldas a su lado, la fiscal Morales defendió el allanamiento una y otra vez. Insistió en que su equipo actuaba con independencia, aunque uno de los candidatos a la magistratura suplente era un funcionario de la cúpula del MP: Melvin Portillo, secretario de Política Criminal y aliado de Gálvez. Tras unos 15 minutos de preguntas, la fiscal regresó al interior del club.

Desde entonces y hasta las 18:00 horas, lo que ocurría en los salones donde estaban las urnas quedó fuera del alcance de la prensa. Los gritos cesaron. Los observadores y otros abogados permanecían en las escaleras. La prensa solo podía hablar con quienes cruzaban ese corredor improvisado.

Uno de ellos fue Mauricio Bernard, gobernador del departamento de Guatemala. Antes de ingresar al centro, se acercó a los policías que custodiaban una de las esquinas cercanas a la puerta. Les preguntó por qué usaban pasamontañas y lentes oscuros durante el allanamiento. Nadie respondió. Entonces sacó su teléfono y empezó a tomarles fotografías.

La respuesta a la duda del gobernador llegó casi a las 18:00 horas, minutos antes del cierre de las urnas. En el estacionamiento del club, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que los policías usaban ese equipo por razones de seguridad y porque desconocían qué tipo de operativo realizarían. Cuando supo que se trataba de un procedimiento en el CANG, ordenó que se retiraran esas prendas.

«Yo le hablé de esto al presidente Arévalo y ambos lamentamos estos hechos, pero bueno… así son las cosas y con eso tenemos que vivir», dijo con un leve suspiro, antes de retirarse.

[embedpzp2]

El regreso de la prensa

La puerta volvió a abrirse para los medios a las 18:10 horas, después de que el último abogado depositó su voto. Uno a uno, los periodistas mostraron sus carnés para ingresar al salón donde estaba iniciando el escrutinio. Entre las mesas y apuntando a las papeletas, las cámaras instaladas por el MP registraban el proceso. Una cinta de seguridad delimitaba el área, como si fuera una escena del crimen.

A las 18:20, Morales volvió a hablar. Esta vez apareció flanqueada por dos hombres con pasamontañas y chalecos antibalas.

En esta segunda conferencia cambió el ánimo confiado con que ingresó al Club La Aurora, por un ocasional tartamudeo y un temblor de labios.

Para justificar la salida de los medios, dijo que los reporteros no habían mantenido «una actitud de respeto» con ella ni con su equipo cuando ingresaron al lugar durante la tarde. «Se empujaban y no fue de una forma ordenada», afirmó. 

No fue su único argumento. También aseguró que, según las denuncias, durante la primera vuelta los medios solo tenían permitido presenciar el conteo final, el que había comenzado hace unos minutos. Pero era falso: los periodistas sí habían documentado toda la jornada.

Cuando un reportero le preguntó si había verificado esa versión, Morales evitó responder y, de nuevo, con labios temblorosos, solo contestó que el caso estaba «bajo reserva».

[embedpzp3]

La inspección de Gámez

Tras recibir preguntas de la prensa durante otros 10 minutos, Morales dio por terminada la rueda y condicionó la presencia de los reporteros a que mantuvieran el «respeto».

Los medios se dispersaron por el salón. El conteo ya había comenzado y, por el momento, ninguno de los candidatos mostraba una ventaja clara. La calma duró poco. Menos de un minuto después, los periodistas volvieron a rodear a la fiscal, que ahora estaba junto a la presidenta del CANG, Patricia Gámez.

Con los micrófonos de nuevo frente a ella, Morales continuó con el operativo. Le solicitó a la abogada, con base en una orden judicial, la entrega de sus teléfonos celulares. Gámez respondió, visiblemente molesta, que no llevaba ninguno consigo y que el del Colegio se estaba cargando en otro salón.

Entonces, la fiscal pidió a una agente de la Policía que realizara un registro corporal para verificar que no portara ningún aparato. Se apartó del círculo y dejó a la presidenta en el centro. La agente procedió.

Frente a decenas de cámaras, Gámez se quitó el saco y levantó las manos a la altura de la cabeza, como si estuviera detenida. La policía se las cruzó detrás de la nuca. Tras la inspección, la presidenta dejó caer los brazos y volvió a acomodarse la ropa. Ahora, más molesta.

«Creo que están procediendo conforme la orden que tienen, pero hay que cuestionar esa orden», dijo mientras se colocaba el saco. Luego, evitó pronunciarse más sobre el allanamiento y se sentó en una de las sillas del salón.

En el club, ahora, no había gritos. Solo se escuchaba el conteo de votos en las mesas.

[embedpzp4]

El corte de luz

El escrutinio comenzó como cualquier otro. A las 18:30 horas, la luz se cortó de golpe. Afuera un transformador del alumbrado público había explotado y dejó el salón en penumbra.

«¡Cuiden las urnas!», fue lo primero que gritó Edwin Orozco, fiscal coordinador de la planilla de Astrid Lemus y Fernando Bermejo. Afuera, en las escaleras frente al acceso al centro, un grupo de abogados empezó a repetir: «¡Fraude!»

En cuestión de segundos, los integrantes de algunas mesas tomaron las bolsas con papeletas y las colocaron sobre la superficie. El personal de la Fiscalía observaba, o intentaba hacerlo, en medio de la oscuridad.

[embedpzp5]

«Cuando se fue la luz, pensé que el MP iba a decir que tenían que llevarse las papeletas por razones de seguridad. Era la excusa perfecta para secuestrar ese material», relató Orozco a Plaza Pública.

Pero eso no ocurrió. El conteo continuó a la luz de los teléfonos. Desde la entrada del salón, se veían decenas de linternas que se movían sobre las papeletas. «¡Gálvez! ¡Lemus!», se escuchaba en la penumbra, mientras avanzaba la revisión. 

El apagón duró media hora. A las 19:00 horas, la energía regresó. Hasta ahora, no está claro qué provocó la explosión en el transformador. Gustavo Fajardo, gerente del Club La Aurora, se limitó a decir a este medio que el servicio pudo restablecerse gracias al sistema de emergencia del recinto. El MP no respondió a las consultas sobre las causas del corte eléctrico. 

Plaza Pública también intentó contactar a Cristina Torres, fiscal del grupo de Estuardo Gálvez y Melvin Portillo, para conocer su versión sobre lo ocurrido, pero no respondió llamadas ni mensajes.

eaa06838_copia.webp

El veredicto

A diferencia de la elección anterior, las autoridades del CANG dejaron de anunciar en voz alta los resultados de cada mesa. Argumentaron que buscaban «agilizar» el proceso. Aun así, mostraron cada una de las actas a la prensa. 

El escrutinio se extendió por tres horas. Cuando se digitalizaron los últimos datos, la tendencia ya era clara. Astrid Lemus y Fernando Bermejo, promovidos por la agrupación Unidad x la Democracia, fueron los ganadores. La votación volvió a alterar la correlación de fuerzas que durante años predominó en el Colegio. 

Lemus se impuso en el 64% de los departamentos; Bermejo, en el 41%. El respaldo decisivo llegó desde Quetzaltenango y, principalmente, la capital, de acuerdo con las actas procesadas por Plaza Pública. 

En este último sitio funcionaban los centros de votación del Club La Aurora y el parque Érick Barrondo, los únicos donde la Fiscalía realizó allanamientos para «resguardar la legalidad de la elección». 

[embedpzp6]

El CANG defendió los resultados. En un comunicado, calificó de «intrusivas» las diligencias del MP y señaló que, en lugar de allanar, pudo haber solicitado información por las vías administrativas para verificar las denuncias sobre el padrón electoral. 

La fiscal Leonor Morales, que se retiró del club tras el escrutinio, insiste en investigar sobre las presuntas anomalías. Una semana después de la votación, en conferencia de prensa, insistió en que parte de su equipo recibió «faltas de respeto» durante los operativos y que esas conductas podrían constituir «obstaculización a la acción penal».

«Se está analizando la actitud que se va a tomar al respecto», dijo.

Para Edwin Orozco, fiscal de Lemus y Bermejo, lo ocurrido aquella tarde tuvo otro propósito: desalentar la participación en la capital y favorecer a Gálvez y Portillo. El MP lo niega.

Más allá de los señalamientos, los resultados de la elección del 12 de febrero quedaron en firme. Ningún agremiado presentó impugnaciones dentro del plazo establecido.

Cuando el Colegio anunció a los ganadores, el grupo de abogados que aguardaba afuera del salón estalló en aplausos. «¡Sí se pudo, sí se pudo!», repetían mientras entraban para ser fotografiados y filmados por los reporteros. Fernando Bermejo encabezaba la celebración. 

Astrid Lemus, la magistrada titular electa, fue la única que no gritó. Ella no estaba ahí.

eaa06858_copia.webp