Bernardo Arévalo: en los nuevos TSE y CC hay posibilidad de «recuperar la justicia»

La promesa de «recuperar la justicia» es uno de los pilares del discurso político del presidente Bernardo Arévalo. Dos años después de su llegada al poder, tras una atropellada transición, esa promesa se enfrenta a una realidad más compleja.

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La renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó resultados contradictorios: algunos perfiles respaldados por el oficialismo quedaron fuera y magistrados que el propio presidente había criticado conservaron su lugar en la Corte.

En esta entrevista con Plaza Pública, realizada el 13 de marzo en su despacho en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario evalúa el desarrollo de las «elecciones de segundo grado». Defiende sus dos nombramientos en la CC y promete que él designará al sucesor de la fiscal general Consuelo Porras, su enemiga política más visible.

―En febrero de 2026, usted le dijo al diario español El País que la renovación de la CC, el MP y el TSE abre la posibilidad de «rescatar el aparato de justicia de las manos de actores criminales y corruptos». Ya tenemos las primeras dos instituciones elegidas. ¿Se rescató o no se rescató? Empecemos por la CC.

―Mire, el rescate es un proceso. La selección de los integrantes es parte importante, pero lo que se necesita ahora es que cada una de estas instituciones, en el marco de su nueva composición, vayan adelantando y siguiendo los procesos necesarios para ir rescatando las instituciones. Esto quiere decir volverlas a poner al servicio de los objetivos para las que fueron creadas y, fundamentalmente, hacer que respondan al Estado de derecho y no a una justicia mediada o a procesos mediados por todo tipo de intereses.

Lo que yo estoy viendo claramente es que la apertura está dada, tanto en el TSE como en la CC. Las nuevas composiciones que tienen estos dos grupos permiten prever que estos procesos de recuperación tengan lugar.

―¿Esa recuperación puede ocurrir a pesar de que se reeligió a Roberto Molina Barreto, quien usted abiertamente ha dicho que no es idóneo, y a Dina Ochoa, quien viene de una alianza que respondía a Alejandro Giammattei y a Jimmy Morales?

―Lo importante en estos cuerpos es la integración, el conjunto, cómo se ven en términos de los distintos miembros que llegan ahí, y la necesidad de que esta composición genere una interacción que avance en la dirección correcta. Yo creo que, tanto en la CC como en el TSE, tenemos esa posibilidad. Creo que tenemos la posibilidad de integrar mayorías que sirven al proceso de recuperación de la justicia.

―¿Vería una mayoría en la CC con Annabella Morfín, Astrid Lemus y Julia Rivera?

―Bueno, esos son lo que se va a tener que ir definiendo a lo largo del tiempo y, por qué no, con Dina Ochoa y con Roberto Molina Barreto. Lo que necesitamos es tener cada vez más gente dedicada al rescate de la institucionalidad.

―Sobre la designación de Annabella Morfín, en el listado de candidatos había varios perfiles con capacidad, idoneidad y honorabilidad. Más allá de eso, ¿qué criterios pesaron para que usted la nombrara magistrada y no, por ejemplo, al exjuez Miguel Ángel Gálvez, a quien muchos sectores respaldaban precisamente por su historial de confrontación directa con estructuras de corrupción?

―Yo reitero el agradecimiento a todas las personas íntegras y decentes que aplicaron, que respondieron a la invitación, que enviaron [expedientes] y que manifestaron su interés en ser considerados. Eso presentó un problema: teníamos realmente gente de primer orden para seleccionar. 

Usted mencionó a algunos. También estaba María Eugenia Morales de Sierra, exmagistrada [de la CSJ], es decir, teníamos realmente gente muy, muy, muy valiosa. La integridad la cumplían, afortunadamente, muchísimos de los aplicantes.

Hay una experiencia en el manejo de temas constitucionales que Annabella Morfín representa desde que está involucrada en la fundación del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon). Ha tenido una carrera pública que la ha llevado a distintos espacios, desde el Ministerio de Trabajo hasta la Procuraduría General de la Nación.

Ha tenido una carrera muy importante en donde, en todo momento, ha demostrado integridad, objetividad e independencia, que son funciones fundamentales. Y además, es una persona que, en virtud de tener 75 años, en este momento se convierte en la primera presidenta de la CC.

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―¿Y eso por qué es tan importante para usted?

―Los presidentes de la CC inciden en el tema del manejo de la agenda y de la organización de los trabajos de la CC. Y eso es sumamente importante para los efectos de la recuperación, especialmente en momentos en donde estamos atravesando años críticos. Entonces, creo que es importante que una persona con esa experiencia, con ese bagaje académico, profesional, constitucional, sea la persona que asume la tarea de reorganizar y reordenar desde la presidencia los trabajos de la CC.

―Cada año electoral, la CC se vuelve clave porque tiene la última palabra para decidir si un candidato va a competir o no. Entonces, le entiendo que usted percibe que Morfín podría intervenir en estos procesos para que salga todo de una manera apegada al Estado de derecho.

―Lo que nosotros necesitamos es que se despolitice todo el sistema y no empecemos a llevar a la CC temas que, en realidad, no le corresponden porque tienen que ser resueltos en otros niveles. Entonces, más que un tema en particular, es una visión para reorganizar los trabajos y replantear el funcionamiento de la Corte.

―¿Podría darme un ejemplo de algún tema que esta Corte haya conocido y que, a su criterio, no debió haber atendido?

―Más que fijarme en el pasado, prefiero fijarme en el futuro. Lo que tenemos que hacer es garantizar que tengamos una Corte que tenga claros estos principios, de manera que no empiece a interrumpir, por ejemplo, a cambiar decisiones del Congreso de la República, que no deberían llegar hasta ahí, ni ser objeto de una discusión, pero sí pasa. Eso es lo que hay que ir corriendo.

―Magdalena Jochola, la magistrada suplente que usted nombró, es la primera magistrada indígena en llegar a la Corte. ¿Qué criterios pesaron para que usted la nombrara a ella, más allá de la capacidad y honorabilidad? 

―Bueno, es una doctora en Derecho. Es una mujer que, siendo parte de los pueblos originarios, ha dedicado toda una carrera al ejercicio del Derecho en lo académico, participando en distintas instituciones, como el MP y el Congreso de la República. Ella, por ejemplo, es una capacitadora de funcionarios de otras instituciones, precisamente por su notable trayectoria. 

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Esto nos da la oportunidad de llevar a la CC a una persona que traiga la perspectiva de los pueblos indígenas, para que las discusiones aborden las cuestiones de los pueblos indígenas. Para que en la CC no se hable sobre los pueblos indígenas, sino se hable con los pueblos indígenas, participando dentro de la reunión, en cualquier tema.

―En cuestiones de proyectos extractivos, por ejemplo.

―Pueden ser proyectos extractivos, puede ser cualquier otro tema, cuestión de restitución de tierras, cuestiones de derechos de los pueblos originarios, cuestiones de racismo. Ojo, no se trata de tener a una persona para que discuta los temas de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son parte de este país y tienen que tener una opinión en todos los temas de Derecho del país, como lo tiene el resto de la población. Entonces, no lo reduzcamos a temas de interés indígena, sino hay que traer esa perspectiva al conjunto de los temas nacionales.

―Quisiera ahora que pasemos a la elección que el Congreso hizo para la CC. ¿Qué opina de las llamadas que John Barrett, el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, hizo a diputados para que votaran por Roberto Molina Barreto?

―Creo que lo que hay que tener claro es la necesidad de afirmar la naturaleza de las relaciones que hemos venido desarrollando entre los gobiernos de Guatemala y de los Estados Unidos, que han sido notablemente buenas. 

En comercio, somos uno de los pocos países que han logrado tener un regreso al arancel cero en el 70 % de sus productos. En seguridad, donde nos coordinamos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, ayer [el jueves 12 de marzo] capturamos al último extraditable. También tenemos decomisos de casi cinco toneladas de drogas, de fentanilo. En migración, estamos haciendo un manejo ordenado de todos esos flujos para acoger a los guatemaltecos. Para nosotros, ese es el objetivo y es ahí donde vamos a estar trabajando con el gobierno de los Estados Unidos.

―Pero si hay una relación tan buena y tan estrecha, ¿por qué los representantes del gobierno estadounidense impulsan decisiones que van en contra de la posición de su gobierno? En este caso es elegir a Molina Barreto.

―Nosotros teníamos una posición muy clara y estuvimos apoyando a los candidatos que creíamos que eran los idóneos. Y, bueno, no fue el candidato que ganó, pero nosotros creemos que había personas adecuadas y seguiremos en esa línea.

―Esta discusión se da en el marco de lobbies financiados por distintos actores en Guatemala para influir en personas cercanas al círculo del presidente Donald Trump, ¿cree que esos lobbies tuvieron que ver para que la embajada apoyara a Molina Barreto?

―No voy a entrar a discutir un tema específico. Los lobbies son un tema concreto y real de la política norteamericana. Existe un registro, se registran para actuar como agentes de otros gobiernos y se convierten en un factor que se tiene que tomar en cuenta en el desarrollo de las relaciones entre los países.

Efectivamente, es un tema que nosotros tenemos que mirar con mucha atención en la medida en que en esos lobbies muchas veces no viene información, sino desinformación que interfiere en el desarrollo de los países. Pero es algo que nosotros tenemos que abordar por medio de nuestra política exterior y la Cancillería.

―¿Hubo desinformación en esta ocasión, en estos lobbies?

―Mi comentario era en orden general, no era específico.

―Como presidente, usted tiene el poder que la mayoría de la población conoce. ¿En qué medida se involucró en las negociaciones con el Congreso para evitar la elección de Molina Barreto?

―El Movimiento Semilla tiene una bancada… bueno, no lo reconocen como bancada por juicios espurios, pero hay un equipo que trabaja en el Congreso que forma parte de una alianza que se estableció con otros grupos, bancadas y facciones. Ellos estaban trabajando las distintas opciones en el Congreso de la República. Yo no estuve directamente involucrado en el manejo, para eso es que está la jefatura de bancada. El diputado José Carlos Sanabria y la diputada Victoria Godoy Palala fueron quienes manejaron el asunto.

―¿Y por qué usted no se involucra? Diputados de oposición señalan que el oficialismo en el Congreso a veces no logra su cometido porque no hay una presencia de la figura presidencial y se delega solo a esos diputados.

―Yo no recuerdo haber visto a Giammattei presente en el Congreso de la República en el gobierno anterior, cuando fui diputado.

―Pero me refiero a reuniones, por ejemplo, aquí en el Palacio Nacional. Hablo de otras negociaciones, por ejemplo, leyes que se pueden aprobar.

―Nosotros tenemos reuniones regulares con el presidente del Congreso, hemos tenido reuniones con la Junta Directiva, hemos discutido agendas legislativas. Hay un trabajo que se hace con el Congreso de la República, pero hay que recordar que ese trabajo debe llevarse a cabo en el marco del respeto de la separación de poderes, que es parte de la constitución de este país. Entonces, tenemos reuniones, pero el Congreso es el Congreso y el Ejecutivo es el Ejecutivo.

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―Cuénteme ahora qué valoración hace de cómo quedó el TSE. Vemos ahí a un magistrado que fue abogado del Parlamento Xinka, pero también a un magistrado que ordenó excluir a los profesionales de las ciencias afines en la votación del CANG para la CC.

―El problema está dado, fundamentalmente, por el triste papel que hizo la comisión de postulación. Dio resultados absolutamente inexplicables en términos de la selección que hizo y que envió al Congreso. Lo que tendríamos que empezar identificando son los problemas que existieron para que eso, que se supone es un mecanismo de verificación o de filtro (para que las personas más idóneas pasen y las que no son idóneas no pasen), no funcionara como debió haber funcionado.

En el contexto de lo que llegó al Congreso de la República, pues creo que hay un resultado que, como hablamos al comienzo, no es idóneo si uno lo quiere, pero es un resultado con el que creemos que se va a poder trabajar.

―¿Qué problema más específico detectó en el trabajo de la comisión de postulación del TSE?

―Había gente que tiene vínculos públicos y notorios con grupos criminales que pasaron [el filtro de la comisión]. Por otro lado, había gente con trayectorias y capacidades más que suficientes y no pasaron. Entonces, evidentemente hubo interferencias en este proceso de selección, que hay que preguntarle a ellos, pero el resultado concreto es una lista que es notable por la medida en que no cumplió con su función.

―Vimos en la comisión a un dirigente de una universidad que, en sus redes sociales, como documentamos en Plaza Pública, decía que hubo fraude en la elección presidencial de 2023, cuando usted ganó. ¿Cómo este tipo de perfiles llegan a ser representantes de las universidades en la comisión de postulación? 

―Esa es una pregunta para las universidades.

―Usted, ¿qué opina?

―Que evidentemente tenemos un problema en los incentivos que se han creado para el funcionamiento de las facultades en el sistema. En consecuencia, lo que estamos viendo son casos de esta naturaleza. Es una pregunta a las universidades.

―Mencionaba hace un momento la separación de poderes. En otras ocasiones, usted ha dicho que el Ejecutivo tiene un margen de maniobra corto en los casos de los periodistas, operadores de justicia, activistas y exmiembros del Movimiento Semilla que han sido encarcelados o se han ido al exilio. Con el cambio de fiscal general, ¿estas personas van a poder salir libres? ¿Van a poder tener un proceso justo?

―Lo que hay ahorita es un mecanismo que está corrompido y mediatizado y que promueve la persecución y la criminalización, y lo que esperamos es escoger a una persona cuyo compromiso sea con el ejercicio íntegro, honesto y transparente de la ley.

Efectivamente, todos esos casos son espurios, son arbitrarios, y no son únicamente los que usted ha dicho. Afectan a toda la gente en la medida en que haya algún interés que mueva alguna presión inadecuada en contra de una persona por intereses de dinero, por cualquier cosa. Todo eso tiene que cambiar.

Lo que estamos buscando precisamente es el restablecimiento de un Ministerio Público que cumpla con sus funciones establecidas en la ley de manera transparente y que no esté mediada por intereses de ningún tipo.

―Decía que la comisión de postulación del TSE hizo un mal trabajo, ¿cómo confía entonces que la comisión de postulación del MP le enviará una buena lista de candidatos?

―Pues espero, tenemos gente, ahí estamos viendo el proceso. Confío en que el hecho de que la otra comisión haya estado tan lejos de cumplir con sus objetivos sea referente para incentivar a esta comisión a que lo haga correctamente.

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―Regresemos al tema de las personas exiliadas o encarceladas de forma arbitraria. Ya han pasado dos años de su gobierno y muchas de estas personas siguen en la misma situación, ¿qué ha hecho usted para apoyarles o ayudarles?

―Nosotros tenemos contacto con estas comunidades en ciudades como Washington, Ciudad de México o en países como Costa Rica. Intentamos apoyar sus gestiones, tenemos contacto con ellos alrededor del tema, estrictamente dentro de las funciones que tenemos como Gobierno y nuestras representaciones diplomáticas. Trabajamos con ellos alrededor de distintos temas.

Con algunas de las familias en Guatemala, pues estamos en contacto, les damos acompañamiento, siempre dentro de lo que la ley nos permite para hacerlo. Estamos apoyando de distintas maneras, dependiendo de lo que las personas vayan solicitando. Puede ser que haya personas que consideren que el apoyo es insuficiente porque lo que hubieran esperado es cuestiones que están sencillamente fuera del alcance en términos de las funciones que tiene el Gobierno de la República.

―¿Puede precisar qué tipo de apoyo o qué tipo de seguimiento se ha dado? Por ejemplo, usted en la campaña dijo que buscaría asesoría de los operadores de justicia exiliados para buscar maneras de romper las estructuras de corrupción, no sé si se refiere a eso u otra cosa.

―Hay conversaciones de todo tipo alrededor de retos, de problemas, hay cuestiones donde consultamos con ellos, hay cuestiones donde ellos se acercan para pedirnos asistencia alrededor de alguna cuestión consular o alguna cuestión diplomática, pero el hecho es que tenemos una relación construida a partir de mantener un diálogo.

―También hay una queja del electorado del movimiento Semilla y de parte de la población que dice que hay un trato desigual hacia estas personas. Mientras algunas han tenido que salir al exilio y velar por sí mismas, otras pareciera que el Gobierno las ha favorecido. Por ejemplo, a Santiago Palomo. Para nadie es un secreto que él tenía riesgo de orden de captura. Ahora es embajador de Guatemala en el Vaticano, ¿por qué lo nombró para ese cargo?

―Riesgo tienen prácticamente todos los funcionarios de este gobierno. Yo tengo 16 antejuicios presentados en mi contra. Los ministros continuamente reciben cartas del MP solicitando información. Hay denuncias que se presentan contra varios de los ministros, viceministros y otros funcionarios alrededor del tema. Entonces, no veo por qué señalar el caso de Santiago Palomo. ¿Usted sabe de algo activo que haya habido? ¿Una denuncia?

―Ha habido contra él, sí.

―¿Como cuál?

―En su gestión como Secretario de Comunicación, hubo una solicitud del MP.

―Pero del MP no hemos tenido ninguna cuestión de persecución contra él. Él se fue a una función diplomática, como tenemos a otra gente que ha ido a funciones diplomáticas. Acuérdense que el servicio diplomático es uno de los departamentos de gobierno y la gente se mueve dentro de los distintos departamentos.

―Pero, ¿por qué nombrarlo a él y no a un funcionario de carrera?

―Porque la mayoría de los gobiernos tienen una serie de espacios que se guardan para nombramientos políticos. No todos los nombramientos en el servicio diplomático son nombramientos de carrera. Yo le puedo decir que, por ejemplo, el embajador Hugo Beteta, que está en los Estados Unidos, no es un funcionario diplomático de carrera. Es un funcionario que yo he nombrado como parte de ese porcentaje, una cuota se le llama a veces, de nombramientos políticos que es necesario hacer en ciertos lugares por la naturaleza del diálogo que se mantiene con esos gobiernos. 

Se hace un nombramiento político que responde a una persona que lleva con una representación política más grande y que tiene el apoyo de una misión de carrera. De hecho, hay países que lo tienen reglamentado, hay países en donde inclusive se dice que el 25% va a poder ser político, otros países tienen el 33%. Hay países en donde casi todos son políticos al nivel de embajador y los funcionarios son de otro nivel. O sea, eso es una práctica normal dentro de la diplomacia.

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―¿Qué opinión le merece la solicitud que hizo el periodista Jose Rubén Zamora para cancelar la Fundación contra el Terrorismo (FCT)?

―Bueno, plenamente justificada desde el punto de vista del periodista Zamora y de muchísima gente en Guatemala. 

―¿Se va a cancelar? 

―Esa es otra pregunta.

―Se la pregunto.

―Eso depende de procesos legales que están en el Ministerio de Gobernación, de consideraciones que hay que tomar, porque es muy peligroso. Es un tema que hay que tocar con mucho cuidado.

―¿Cuál es la evaluación que se está haciendo ahora?

―Se está haciendo un análisis a partir de las solicitudes que existen.

―Usted ha mencionado ciertos avances en su gobierno como el remozamiento de escuelas o los acuerdos con Estados Unidos, ¿cómo se va a asegurar de que el próximo gobierno no los eche a perder y sean perdurables?

―Ese es el reto mayor que tiene cualquier gobierno. En el caso de nuestro sistema político, es así porque el período presidencial es de cuatro años. Y no hay reelección, lo que quiere decir que automáticamente la persona que está tiene que salir del ring político y no puede volver a reelegirse. Eso plantea un reto de sostenibilidad y de continuidad del esfuerzo. 

Parte de la solución va por el lado de la institucionalización. Todo tiene que ser realizado en el marco de estructuras institucionales que hagan que los esfuerzos no dependan de las personas, sino que del marco institucional que los está llevando a cabo. Se trata de contar con políticas que tengan el mayor nivel de respaldo y que prueban efectividad, para que haya una motivación para continuarlas. 

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Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos el proyecto Mano a Mano. El proyecto está atendiendo a los 114 municipios más pobres de todo el país. [...] Llevamos ya ahorita 11 municipios que han sido declarados libres de pisos de tierra. [...] La pregunta es, si alguien, el gobierno que venga, ve que este es un programa de política pública que usa los recursos existentes de una manera integrada para generar saltos y cambios cualitativos dentro de la vida de la población, ¿por qué no los va a continuar?

―Quiero relacionar eso que dice con mi última pregunta. En otra entrevista, usted dijo que quisiera que su gobierno fuera recordado como «el que marcó el punto de inflexión en el desarrollo político de una sociedad que se estaba hundiendo para retomar el camino del desarrollo económico y democrático». A la mitad de su período, ¿ya llegamos a ese punto?

―A la mitad de mi gobierno creo que vemos claramente que estamos avanzando. Creo que vemos claramente que este presidente va a nombrar al próximo fiscal general.

―¿Lo asegura? ¿Tiene plena confianza?

―Este presidente va a nombrar al próximo fiscal general. La Corte de Constitucionalidad electa representa un cambio y una posibilidad. El Tribunal Supremo Electoral permite cierta racionalidad. La sociedad se ha movilizado para lograr que en el Colegio de Abogados haya una diferencia que se elija a gente íntegra para cumplir ciertas funciones. [...]

Estamos haciendo una demostración de que cuando un gobierno tiene políticas claras y gobierna sin corrupción, los resultados van a ser mucho más concretos. Y eso es fundamental para que tanto en lo político como en el desarrollo se vuelvan a retomar los caminos de progresión que habíamos dejado atrás. [...]
 
Nosotros estamos entrando a eso. Estamos recuperando el tren. [...] Y todas esas son contribuciones que van a sentar la base para un proceso económico de desarrollo y un proceso político de recuperación de las instituciones de justicia y de la democracia, que nosotros esperamos que en las próximas elecciones el pueblo de Guatemala escoja de manera que sean logros que podamos sostener y proyectar hacia el futuro.