Huir de Chachagualilla a Kalamazoo por una violencia invisible

Rebeca necesitó varias semanas para acostumbrarse a cortar carne sobre las bandas transportadoras. Al principio, su mano derecha se resistía al cuchillo. No lograba cerrarla por completo, un fuerte dolor se lo impedía.

Desde principios de 2025, trabaja en una procesadora de alimentos en Kalamazoo, una ciudad universitaria en el estado de Michigan, al norte de Estados Unidos. Sus turnos empiezan a las seis y media de la mañana y pueden extenderse hasta diez horas. Todos los días porta casco, guantes, lentes y mandil. Aprendió durante las primeras semanas a usar los cuchillos, porque no había margen para quedarse atrás.

Su mano derecha, sin embargo, ya conocía el filo. Hace tres años y medio, en septiembre de 2022, un machete le cortó los dedos en su natal Izabal, departamento de la costa caribeña de Guatemala. Por ese incidente, hoy vive a 4,500 kilómetros de su casa.

Ocurrió la madrugada del 15 de septiembre, durante las celebraciones del Día de la Independencia. Rebeca, en ese entonces de 28 años, estaba en la escuela de la aldea Chachagualilla, en Puerto Barrios. La fiesta había terminado y ella desconectaba los equipos de sonido que solía llevar para animar las reuniones del pueblo.

Todo pasó en minutos. Luego de que terminó de ordenar los aparatos, un vecino —a quien conocía desde hacía años— llegó al salón, sacó el arma y la amenazó. La tiró al suelo. Levantó el machete y estuvo a punto de cortarle el cuello. Cuando Rebeca alzó la mano para defenderse, el filo le cercenó los dedos.

A veces, mientras corta carne con esa misma mano, su mente vuelve a esa madrugada. Sostiene que el hombre intentó matarla por ser una mujer trans. Él lo niega. Ella recuerda otra cosa: «Me discriminaba por mi manera de ser. Me decía que soy un “gran hueco” y por eso me odiaba».

Un año después de la agresión, a finales de 2023, Rebeca abandonó Guatemala. La denuncia que presentó contra el vecino no fue suficiente. Tampoco el acuerdo económico que pactaron para cerrar el expediente. Ni la promesa del hombre de que no volvería a intimidarla. El miedo a sufrir más violencia la empujó a irse y, desde entonces, no ha regresado.

El caso —que ella considera un intento de asesinato— no aparece en los registros estatales como un ataque contra una persona LGBTIQ+. Y no es una excepción.

Si Rebeca hubiera fallecido, es probable que el Estado no la hubiera contado como una mujer trans, sino como un hombre. En Guatemala, las instituciones públicas subregistran las muertes violentas de personas de la diversidad sexual y de género. Ese vacío no solo distorsiona las cifras, también ayuda a que la violencia contra la población LGBTIQ+ se repita.

Los círculos viciosos del subregistro

Al menos tres instituciones públicas contabilizan agresiones contra personas LGBTIQ+: la Policía Nacional Civil (PNC), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y el Ministerio Público (MP). Este último concentra los expedientes de las otras entidades, ya que es el encargado de llevar a los señalados ante los tribunales.

En los últimos cinco años, la Fiscalía sumó apenas 25 muertes violentas de personas de la diversidad sexual y de género en todo el país. La mayoría de estos asesinatos, homicidios y ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en el departamento de Guatemala.

La cifra es 6.6 veces menor que la del Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+, el registro más amplio sobre estos ataques, elaborado por la asociación Lambda. De 2021 a 2025, documentó 166 casos. 

La diferencia no es solo estadística. Tiene que ver con cómo se investigan, o se dejan de investigar, los expedientes. Según Roberto Galindo, activista LGBTIQ+ y extrabajador de Lambda, la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas suele diluirse en los archivos a cargo de instituciones públicas.

A veces, porque las autoridades no lo preguntan. Otras, porque las familias prefieren no decirlo ante funcionarios. Y en ocasiones, aunque se sepa, no se consigna. Así, los casos se pierden antes de entrar a los conteos.

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Ese vacío se sostiene en dos dinámicas que se refuerzan entre sí, como dos círculos viciosos: la impunidad y el prejuicio.

En el primero, la impunidad, Galindo explica que algunas víctimas o sus familias no denuncian porque no confían en que el proceso avance. Y si denuncian, los casos suelen estancarse o cerrarse sin una investigación a fondo. El resultado es un patrón que se alimenta solo: hay pocos registros porque no se denuncia, y no se denuncia porque los casos no avanzan.

Los datos del propio MP reflejan ese problema. En los últimos cinco años, la mayoría de los expedientes de personas LGBTIQ+ no llegaron a sentencia. El 52% fue desestimado —los fiscales no encontraron delito o no procedieron— y el 31% fue archivado —a menudo por falta de identificación del agresor—.

Rebeca, quien tuvo la «suerte» de sobrevivir, rompió la espiral de silencio. Denunció a su vecino por lesiones graves ante el MP después de que el ataque le dejara secuelas permanentes.

Una evaluación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), a la que Plaza Pública tuvo acceso para este reportaje, concluyó que las heridas en su rostro y en su mano le dejarían cicatrices, y que sus dedos tendrían un «impedimento total o parcial» definitivo. Esa noche, el anular y el índice de su mano derecha sufrieron fracturas.

Hoy, cada vez que manipula carne en la fábrica, siente un leve dolor en los dedos. No es suficiente para dejar de trabajar, pero tampoco desaparece.

«Guatemala es un país machista. Hay más personas que no nos aceptan que las que sí. Entonces uno tiene que hacer las cosas a escondidas. Pero somos personas libres y dignas, y tenemos sentimientos como los demás. También por eso denuncié», afirma Rebeca.

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El otro círculo que esconde la cantidad de muertes es el prejuicio. De acuerdo con Galindo, incluso cuando hay denuncia, las familias pueden ocultar la identidad de la víctima por estigma. Y ese silencio, a su vez, alimenta la idea de que la violencia contra las personas LGBTIQ+ es menor de lo que realmente es y robustece el sesgo.

Un exagente de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC lo confirma. Durante cuatro años trabajó en tres casos de homicidios de personas LGBTIQ+ en Izabal. Ninguno llegó a sentencia.

Dice que uno de los principales obstáculos era algo básico: saber la identidad real de la víctima.

«Las familias no me decían la verdad. A veces no sabían o lo querían ignorar. En otras ocasiones se ofendían si preguntaba, sobre todo los varones. Y también pasaba que no lo decían por miedo a cómo íbamos a reaccionar nosotros», recuerda. Pidió omitir su nombre en este reportaje por razones de seguridad.

En Guatemala, ese rechazo ha estado a punto de volverse ley. En marzo de 2022, el Congreso aprobó un decreto que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo e impedía la enseñanza sobre diversidad en las escuelas. Tras críticas de organizaciones de derechos humanos, el entonces presidente Alejandro Giammattei lo vetó y la norma nunca entró en vigor.

Para las personas trans, la barrera es aún más profunda. No existe un mecanismo legal para cambiar el sexo o el género en los documentos de identidad, pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la práctica, esto significa que son registradas por el Estado según el sexo asignado al nacer, y no por cómo se perciben.

Eso fue lo que ocurrió con Rebeca, a pesar de que ella no falleció. En las 62 páginas del expediente sobre sus lesiones, ninguna autoridad se refiere a ella como mujer. Solo en dos declaraciones de familiares —quienes la llevaron a un hospital en Puerto Barrios la madrugada del incidente— se menciona que es una persona trans.

«He tenido la suerte de que mi familia no me ha hecho de menos por ser como soy», reconoce.

En 2020, el MP emitió una instrucción para que los fiscales tomen en cuenta la identidad de género de las personas al investigar casos de violencia contra la mujer. Pero esa directriz no siempre se aplica, ya sea por desconocimiento o por prejuicio, según un informe que publicó en 2022 la red regional Sin Violencia LGBTI.

«Todo esto provoca que acudir a instituciones públicas no sea la primera opción para denunciar», resume Isabel Umaña, coordinadora del colectivo guatemalteco Familias por la Diversidad. «Hay un desborde de personas que participan de esta mirada prejuiciosa. El vacío, entonces, lo llenan las organizaciones civiles y activistas», añade.

La celebración que terminó en emergencia

Antes de dejar Guatemala, Rebeca cursó hasta primero básico y trabajaba en el rancho de su familia. Allí criaba cabras y otros animales, pero en su aldea la conocían como organizadora de eventos. Era como el alma de las fiestas.

Chachagualilla está conformada por unos 1,500 habitantes, mayoritariamente mestizos, que viven de la agricultura y la ganadería. En un lugar así, las reuniones que Rebeca animaba eran de las pocas pausas en la rutina del campo. 

Se encargaba de la música, del sonido y, a veces, hasta de la comida. Conseguía bocinas, conectaba cables y decoraba los sitios. Era de las que llegaban temprano y se iban de último. Por eso tenía amigos en casi todas las cuadras, aunque sabía que algunos hablaban mal de ella por ser trans.

«Nunca le presté atención a eso. Desde que me fui, me cuentan que la aldea ha estado muerta, sin fiestas», dice, entre risas.

La madrugada del 15 de septiembre había cerrado un festejo más, esta vez con maestros de la comunidad. Cerca de la medianoche, se quedó a desmontar el equipo de sonido que ella misma había llevado. Mientras guardaba cables y apagaba los aparatos, el salón de la escuela se fue quedando vacío.

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Según las declaraciones que Rebeca dio a la PNC y al MP, a las que este medio tuvo acceso, un grupo de hombres entró al lugar cuando la mayoría de asistentes ya se había retirado. Algunos, dice, estaban ebrios. Rebeca les pidió que se fueran para poder cerrar el inmueble. No quería problemas.

Uno de ellos, identificado en el expediente como Antony, empezó a insultarla. Le llamó «hueco», un término que en Guatemala se usa de forma despectiva contra hombres gay o personas percibidas como débiles. No era la primera vez que ella recibía ese insulto en la aldea.

Discutieron. La tensión subió, pero un primo de Rebeca que estaba cerca de la escuela, Byron, intervino y logró separarlos. Por un momento, pareció que todo iba a quedar ahí. Ya había pasado la una de la madrugada.

Minutos después, apareció otro hombre, un vecino que vivía en los alrededores del centro escolar. De acuerdo con Rebeca, llegó con un machete en la mano. Mientras se acercaba, la amenazaba con cortarle el cuello. Ella le dijo que se retirara, que el problema no era con él. No funcionó.

En medio del forcejeo, el hombre la tiró al suelo. Cuando iba a lanzar un machetazo, Rebeca levantó la mano derecha para protegerse. Ahí recibió la herida. La sangre empezó a salir de inmediato.

En ese instante, Byron intervino otra vez y le pidió al hombre que se detuviera. El vecino, llamado Pablo, retrocedió y, segundos después, se retiró.

Rebeca regresó a su casa con la mano ensangrentada. Al amanecer, sus familiares la llevaron al hospital, donde permaneció internada tres días. En la escuela, según consta en el informe policial, no había cámaras que registraran lo ocurrido.

Cuatro años después del episodio, la joven sostiene que, si no se hubiera defendido, su vecino la habría matado. Dice que ya la había intimidado antes. En dos o tres ocasiones la había insultado con la misma palabra, «hueco», y le había reclamado por el ruido de las fiestas. No se llevaban bien.

Pablo lo niega. En una de sus declaraciones ante el MP, que también revisó este medio, afirmó: «No fui con la intención de agredirlo, pero él me agarró el machete y por eso se cortó».

Plaza Pública intentó ampliar su versión a través de la abogada que lo defendió en la Fiscalía, Dorcas Hernández. La jurista declinó dar declaraciones.

Un mes y medio después del ataque, el caso se cerró. Para evitar un juicio penal, Rebeca aceptó una compensación de 15,000 quetzales por parte de Pablo, pero el acuerdo no fue inmediato. Según el expediente, tuvieron que reunirse dos veces en el MP, donde él inicialmente ofrecía 5,000 y ella se negó a aceptarlos.

«La verdad, no sé, pero tomé la decisión [de aceptar ese dinero] porque mi corazón no permitió que lo metieran a la cárcel», explica.

Aún así, el pago no le devolvió la tranquilidad a Rebeca.

Las historias que había escuchado sobre agresiones contra personas LGBTIQ+ seguían pesando. Izabal, después de todo, es el segundo departamento con más muertes violentas de personas de la diversidad entre 2021 y 2025, de acuerdo con Lambda. De 2022 a 2023, los casos a nivel nacional crecieron un 34%.

«A varios miembros de la comunidad los matan porque hay gente que no los quiere. En las discotecas los engañan y los matan», dice Rebeca.

Entonces, para sentirse a salvo, decidió huir. Su viaje, no obstante, fue particular. No tuvo que cruzar desiertos ni ríos. Tampoco esconderse de autoridades o depender de traficantes. Llegó a Estados Unidos en avión, con pasaporte y visa.

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Una nueva vida

A diferencia de miles de guatemaltecos que migran de forma irregular —expuestos a enfermedades, abusos o incluso la muerte en el camino—, el traslado de Rebeca fue lento y sin riesgos. 

Arribó a Estados Unidos a través del Programa de Movilidad Segura, una iniciativa del gobierno de Joe Biden que permitía a personas migrar por vías regulares, ya fuera por motivos humanitarios, laborales o de reunificación familiar. 

En 2023, su primer año de funcionamiento, más de 15,000 guatemaltecos aplicaron a esta alternativa. La administración de Donald Trump la canceló en 2025, como parte de su plan para frenar la migración hacia Estados Unidos.

Tomar ese camino fue sugerencia de Lambda. Roberto Galindo, entonces representante de la asociación en Izabal, se lo comentó a Rebeca. Él mismo la acompañó en el MP durante las reuniones con Pablo.

«Yo había escuchado que mucha gente aplicaba y no les aprobaban las solicitudes. Mi caso era sobre una violencia real, entonces me lo aprobaron», cuenta Rebeca.

El proceso para abandonar Guatemala tomó casi un año. Las entrevistas, el papeleo y los exámenes médicos fueron coordinados por agencias de Naciones Unidas. La espera fue larga, pero tenía la certeza de que tarde o temprano se iría.

La confirmación llegó a través de una llamada telefónica en octubre de 2023, mientras comía en un restaurante. «Créame que ese día quedé muy feliz. Nunca me había ido en avión», recuerda la joven.

El viaje estaba previsto para ese mismo mes, pero el paro nacional que atravesó Guatemala retrasó su salida hasta noviembre. No le importó. Para entonces, lo urgente no era cuándo, sino salir.

Al aterrizar en Kalamazoo, la sensación fue otra. La emoción del viaje dio paso a la soledad.

«Cuando vine, me mandaron a un apartamento. Las paredes grises, todo solo. Yo quería volver. No me acostumbraba a la comida, era muy feo», narra Rebeca.

Los primeros días fueron silenciosos. Sin familia, sin amigos y sin idioma, la ciudad se le hizo ajena. El calor húmedo de Izabal no se parecía en nada al frío seco de Michigan. También extrañaba los caldos de gallina y los frijoles que solía preparar en su casa.

Todo empezó a cambiar cuando consiguió su primer empleo, unos meses después de su llegada. Fue en una fábrica que ensambla piezas de automóviles, donde se encargaba de revisar que las partes estuvieran en buen estado antes de salir al mercado.

«Conseguí ese trabajo por referencia de unas señoras que conocí en una escuela de inglés. Era gratuita y fui por un par de semanas a esas clases», cuenta.

Ahí, en la ensambladora de carros, comenzó a conocer más gente. Primero compañeros de trabajo, luego otros migrantes latinoamericanos y después a personas de distintos continentes. Poco a poco, la rutina se llenó de rostros familiares.

En cuestión de semanas, ya recibía invitaciones a cumpleaños, bodas y reuniones. No organizaba la música como en su aldea, pero volvía a compartir, algo que siempre le ha gustado.

Y, con el tiempo, hubo algo que empezó a notar con claridad. Se sentía más segura.

En Guatemala, dice, a veces debía medir algunos pasos, como por dónde caminar o a qué hora salir. En Kalamazoo, esa vigilancia dejó de ser necesaria. «Aquí nadie me ha hecho de menos», confiesa.

Incluso ha conocido a otras personas LGBTIQ+ que viven su vida sin esconderse. Parejas que caminan tomadas de la mano, que se besan en público. «La gente no se admira en eso. Es más libre», resalta.

Ese sentimiento de tranquilidad, sin embargo, convive con otros desafíos. El idioma es uno de ellos.

Rebeca todavía no domina el inglés. Para comunicarse, a veces usa el traductor de Google. Escribe lo que quiere decir, muestra la pantalla y espera la respuesta. Así ha aprendido a moverse en el trabajo, en las tiendas y en la vida diaria. Funciona, pero no es lo que quisiera.

También está el contexto político. Aunque su experiencia cotidiana ha sido distinta, Rebeca sabe que Estados Unidos no es un lugar completamente seguro para las personas trans. 

Desde que Trump asumió como presidente, se fortalecieron políticas restrictivas hacia los migrantes y la población LGBTIQ+. Este 2026, además, los estados van camino de presentar un número récord de proyectos de ley que vulneran los derechos de las personas de la diversidad, como el uso de banderas del Orgullo en sitios públicos.

Ella lo ha escuchado, lo comenta con sus amigos, pero intenta que no le preocupe. Por ahora, su vida transcurre entre el trabajo, las videollamadas con su familia, las salidas ocasionales. Ahí, en lo cotidiano, es donde encontró la calma que Guatemala no le pudo dar.

Prevenir a largo plazo

Cuando era candidato presidencial, Bernardo Arévalo prometió que su gobierno protegería «los derechos» de la población LGBTIQ+ y que combatiría «el discurso de odio con todas las herramientas» a su alcance.

Tres años después, parte de las acciones para resguardar a estas personas se concentran en el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, una dependencia del Ministerio de Gobernación (Mingob).

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Según Jorge Joaquín, asesor del Viceministerio, una de las principales apuestas ha sido capacitar al personal en conceptos básicos sobre la comunidad LGBTIQ+ y la no discriminación, como el significado de cada letra del acrónimo o el uso correcto de los pronombres. Durante 2025, 2,522 agentes participaron en estos cursos, apenas el 5% de la fuerza policial activa a finales de ese año.

Otra medida en desarrollo, resalta el asesor, es una guía para orientar la actuación policial en casos que involucren a personas trans. El documento, que podría estar listo en 2026, busca establecer criterios para que los agentes reconozcan la identidad de género de las víctimas, incluso cuando sus documentos oficiales no la reflejan. Es decir, permitir que una mujer trans, como Rebeca, sea registrada como tal.

A criterio de Joaquín, mejorar el registro de estos casos es clave para dimensionar el problema.

«Un fenómeno se analiza cuando hay datos. Pero si no existen o no son confiables, no es claro cómo ocurre, a quién afecta o dónde sucede. Visibilizar más permite focalizar mejor las medidas», considera.

El reto, no obstante, es más profundo.

Eliminar los vacíos en las estadísticas y los círculos viciosos que los sostienen no depende solo de protocolos o de capacitaciones. Requiere, apunta Joaquín, un cambio de mentalidad dentro y fuera de las instituciones.

«Esto no es solo a nivel de la PNC, es un tema global, pero en un país como Guatemala, tan conservador, es más complejo. A veces no es intencional, sino algo normalizado. Es un proceso de largo plazo, de deconstruir imaginarios y culturas», agrega.

En algunos territorios, ese cambio resulta más urgente. Izabal, el segundo departamento con más casos en los últimos cinco años —y también uno de los cinco con más homicidios a nivel general—, reúne condiciones que intensifican la violencia contra personas LGBTIQ+, según el activista Roberto Galindo.

Además de la impunidad y el estigma, hay factores locales que la profundizan. La cercanía con las fronteras favorece la presencia de redes criminales vinculadas al narcotráfico y la trata de personas. Estas estructuras también se mueven en sitios de vida nocturna en los puertos, como bares y discotecas.

Para muchas personas de la diversidad, estos últimos espacios son a la vez refugio y riesgo.

«Si expresamos nuestra orientación o identidad, somos discriminados. Eso nos empuja a ir a lugares clandestinos, donde dejan entrar armas, donde se consume droga y no se respetan las normas. Son lugares donde nadie interviene», explica Galindo.

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Construir en Kalamazoo

Desde mediados de 2025, Rebeca alquila un cuarto en Kalamazoo, en la casa de una mexicana y su esposo guatemalteco, originario de Retalhuleu.

Con ellos comparte el día a día. Le gusta cocinar, sobre todo caldos, frijoles, comida que le recuerda a Izabal. Los ingredientes los consigue en tiendas latinoamericanas. Hay varias cerca de su vecindario.

«Para el 31 de diciembre hice tamales, como los hacía con mi mamá. No dejo las costumbres de mi país», cuenta.

Ya no organiza fiestas como antes, pero algunos fines de semana sale a bailar. Sus amigos son, en su mayoría, latinos. Afirma que aquí tiene más que en Guatemala. Y tampoco los escucha hablar sobre su identidad trans, como a veces sí ocurría en su aldea.

En julio de 2025, empezó el trámite para conseguir el estatus legal de residente en Estados Unidos, el paso anterior a la ciudadanía. El proceso implica asistir a citas migratorias en ciudades más pobladas como Detroit. Aún no sabe cuándo será la próxima.

Habla todos los días con su familia, sobre todo con su mamá. Les cuenta cómo estuvo su jornada, a dónde fue, qué hizo en el trabajo y con quién salió. Es su forma de seguir conectada con Izabal.

Hoy, Rebeca dice que vive bien lejos de su hogar. Sueña con crecer dentro de la procesadora de carnes y volverse supervisora. No sabe si algún día volverá a Guatemala, pero sigue pensando en su país y en la gente que dejó atrás. No solo en sus padres y en sus diez hermanos, sino también en sus amigos de la comunidad LGBTIQ+.

Por eso cree que es importante que los casos de violencia contra personas diversas se registren con claridad. Que se cuenten todos. Solo así, opina, se puede evitar que se repitan agresiones como la que ella sufrió.

«Con evidencia, hay prioridades que se pueden atender», concluye Rebeca.

*Rebeca, Byron y Pablo son pseudónimos. Los nombres fueron cambiados por solicitud de la víctima, por razones de seguridad.

Este trabajo fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.