Análisis de discurso: qué dijeron y qué omitieron en los videos los aspirantes al TSE

Cada video no supera los cinco minutos, hay candidatos que hablan con desánimo frente a la cámara, otros hacen poco esfuerzo para ocultar que están leyendo su ponencia, algunos grabaron al aire libre, captaron el sonido ambiente y poco de sus propias palabras. Pronuncian de memoria su número de colegiado y presumen su carta mayor: la letanía de doctorados, maestrías y posgrados con los que buscan abrirse paso en el trámite burocrático y político de las postuladoras. 

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En la tabla de gradación —el instrumento aprobado por la postuladora para calificar a los candidatos— se pidió que el video fuera de entre dos y cuatro minutos para resumir datos personales, méritos, motivación para postularse, su compromiso demostrable con la democracia y el estado de derecho en Guatemala. 

Se tradujo en una lista de enunciados con poco sustento y sin posibilidad de rebatir o ahondar en estos. Plaza Pública, con apoyo de estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Rafael Landívar (URL), revisó a detalle cada video disponible y su discurso que, en promedio, duraron 3:14 minutos.

Una de las conclusiones del análisis es que casi la mitad del video (45.7%) los candidatos la dedicaron a sus títulos académicos y otros méritos; el 48.5% fue para hablar de propuestas o de su compromiso con la democracia y el estado de derecho. El 5.8% consiste en formalidades, principalmente saludos a la comisión postuladora.

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Sin posturas claras frente al 2023

Una de las frases más repetidas, sin decir el cómo, fue la de ofrecer recuperar la confianza perdida en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La reiteración cae después de las elecciones de 2023 y los cuestionamientos hechos por grupos específicos que insistieron en la existencia de fraude. La revisión de actas electorales desmintió la acusación.

Solo ocho aspirantes se refirieron a los pasados comicios. Ellos fueron Andy Guillermo de Jesús Javalois Cruz, Alfredo Skinner-Klée, Otto José Paz Kroell, Juan José Zaghi Mulato, Edna Marisol Barco Corado; Elizabeth Janeth Pérez Paz, fiscal de Delitos Electorales; José Alejandro Córdova Herrera, Procurador de los Derechos Humanos (PDH); y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, magistrado del TSE. 

No hubo un tono específico ni un mensaje en común. Ninguno habló de fraude electoral o de cómo el sistema y los poderes fácticos anulan candidaturas incómodas. Paz Kroell solo atinó a decir: «los problemas que se dieron en el anterior proceso electoral». Barco indicó que las elecciones de 2023 dejaron lecciones y Aguilera admitió que en el pasado proceso electoral hubo errores y que aprendió de ellos, pero no indicó cómo podrían ser contrarrestados. 

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Democracia sí, pero abstracta

Sobre el requerimiento principal del video, el candidato César Eduardo García Morán dijo que, pese a las debilidades del sistema democrático, este es el mejor que existe y que por eso se debe proteger. Aseguró que así demostraba su compromiso con la democracia. 

En tanto que, Héctor Orlando González García consideró que el compromiso con la democracia era algo «tan abstracto» que optaba por referirse a su trabajo profesional respaldado por los documentos de su expediente. 

Harold Rafael Pérez Solórzano, incluso, dijo ser la mejor opción entre todos los candidatos e incluyó entre sus méritos para el cargo de magistrado, ser padre de familia y abogado. Aseguró que busca llevar al país a un estado de derecho democrático. Una publicación de Soy502 reporta que, en 2020, Pérez fue capturado por dispararle a un conductor que no le cedió la vía. 

Al menos 15 de los aspirantes mencionaron su trayectoria como docente como una virtud. Adrián Rolando Rodríguez Arana, exjuez sancionado por llegar ebrio a su trabajo, resaltó que su honradez y ética fueron «inculcadas desde casa y por sus docentes».

Llegar a la silla por una u otra vía

La disputa de puestos es tan férrea en este 2026 —cuando están programadas elecciones que podrían reconfigurar el poder político—, que tres candidatos al TSE al mismo tiempo buscan ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por el CSU de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). 

Se trata de Guillermo Demetrio España Mérida, Alejando José Gutiérrez Dávila y María de Los Ángeles Araujo Bohr, esposa del abogado William René Méndez, según su carpeta de postulación. 

Méndez fue condenado, en 2019, a tres años de cárcel por «influenciar a testigos para desvincular a Alejandro Sinibaldi de los hechos investigados» en el caso Construcción y Corrupción, que investigó la Cicig y el Ministerio Público (MP).  

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Conflictos de intereses con Walter Mazariegos

Giovanni Soto Santos indicó que su compromiso con la democracia se refleja en su actuar como profesional; no obstante, cuando Soto integró la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió resoluciones cuestionadas que hoy lo sitúan en un conflicto de intereses frente al presidente del comité postulador, Walter Mazariegos. 

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Entre el prontuario de fallos cuestionados de Soto se encuentra uno que en 2022 le permitió a Mazariegos ser electo rector de la Usac, sin competencia, aunque no cumplía con los requisitos mínimos. También suspendió el nombramiento de Gloria Porras como magistrada de la CC y otra resolución permitió al partido Prosperidad Ciudadana (PC) convocar a asambleas previo a las elecciones de 2023, pese a irregularidades. 

Otro de los exintegrantes de esa misma Sala Quinta que compite por ser magistrado del TSE es España Mérida. Votó disidente en la resolución que permitió la elección fraudulenta del actual rector, pero está vinculado con el decano de Derecho de la Usac Henry Arriaga y el exrector de esa universidad Estuardo Gálvez; además, España se ha plegado a los intereses de Mazariegos en el CSU donde participa como representante de los catedráticos de la Facultad de Derecho.

José Alberto Godínez Rodríguez, otro candidato, también es cercano a Mazariegos. Es director del Centro Universitario de la Usac en Sacatepéquez y es hermano del abogado Juan Carlos Godínez Rodríguez, del círculo de confianza del rector de la Usac y delegado suplente ante el Consejo de la Enseñanza Privada Superior (Ceps). 

Además, José Alfredo Aguilar Orellana, exintegrante del CSU que votó alineado con Mazariegos también se postula como candidato al TSE. 

Otro candidato al órgano electoral con resoluciones controvertidas es Roberto Estuardo Morales Gómez, magistrado en la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual excluyó a los profesionales de ciencias afines de las votaciones del Colegio de Abogados para elegir magistrado titular y suplente de la CC. Morales manifestó en su video enviado a la comisión de postulación que le interesa ser magistrado electoral para fortalecer el estado democrático de Guatemala. 

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Desde el MP

De acuerdo con los videos publicados, 18 candidatos indicaron que forman parte del actual MP, entre ellos Julio César Recinos Fabián, fiscal de Extinción de Dominio; Julio César Díaz Camey, fiscal Regional de Petén y Elizabeth Janeth Pérez de Paz, jefa de la Fiscalía de Delitos Electorales, identificada como parte del círculo más allegado a la fiscal general Consuelo Porras. 

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Según una publicación de Soy502, Díaz mintió en su declaración jurada para postularse a magistrado de Apelaciones, en 2024. El fiscal aseguró no tener parentesco con ningún comisionado, pero su hermano integraba la postuladora.  

Aunque no lo menciona en el video, otro integrante del MP es Carlos Alberto García Alvarado, fiscal distrital en Petén. 

El silencio del procurador 

La comisión de postulación recibió señalamientos contra 38 de los 178 candidatos en contienda. Uno de los más cuestionados es el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova Herrera, a quien el diputado José Chic —de la bancada Vos— objetó por su silencio ante la vulneración de los derechos humanos de estudiantes universitarios criminalizados por Walter Mazariegos. 

También lo cuestionó por su inacción frente actos de criminalización, a manos del MP de Consuelo Porras, contra líderes indígenas, así como periodistas y columnistas que trabajaron para el diario elPeriódico. 

El legislador recordó que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que «la institución del PDH no cumplió sus funciones como contrapeso institucional frente al uso arbitrario del poder punitivo, profundizando así el abandono y desprotección en perjuicio de quienes han sufrido persecución penal selectiva».

En su video no se refirió a ninguno de los señalamientos que se han hecho en su contra. Indicó que su compromiso con la democracia se evidencia en la creación de un observatorio que durante las elecciones 2023 aseguró «el derecho al voto». De ser electo, ofreció fortalecer la confianza del TSE. 

Los fantasmas del fraude 

Uno de los personajes que ha señalado que hubo fraude en 2023, sin presentar pruebas, es el exdiputado Fernando Linares Beltranena, exintegrante de los partidos PAN y Unión del Centro Nacional (UCN). Hoy es candidato a magistrado del TSE. Sin embargo, en su video solo hizo mención indirecta a sus señalamientos. 

Indica que el sistema informático en el tribunal debe servir solo como apoyo y que las papeletas físicas deben dar la certeza de los votos, algo que nunca ha cambiado pues el sistema Trep solo transmite resultados, porque quienes cuentan y registran los votos son las juntas electorales integradas por ciudadanos. 

José Enrique Urrutia Estrada, otro personaje asociado con las voces que señalaron fraude hace tres años, también es candidato. Dice ser integrante de las organizaciones Liga Pro Patria y Guatemala Inmortal, la primera fundada por políticos de extrema derecha y la segunda cabildeó por la expulsión de la Cicig, en 2018. 

Ofrece elecciones legítimas y promete que «no volverá a darse una elección anómala, impuesta o fraudulenta». Sin embargo, en 2023, la Liga Pro Patria complementó una campaña de desinformación contra el partido Semilla, junto con la estación de radio evangélica Rhema Stereo, propiedad del diputado de la Une Sergio Enríquez Garzaro. 

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Tachas y otros vínculos

Entre las personas que aspiran a una magistratura del TSE se encuentra el exmagistrado de la CSJ, Douglas René Charchal Ramos, quien fue sindicado por tráfico de influencias por presuntamente favorecer —en 2012— a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) cuando integró una sala de Apelaciones. Sin embargo, Charchal fue absuelto hace cuatro meses, cuando la presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, María Eugenia Castellanos, señaló errores en la investigación.

Pese a que Charchal estuvo en prisión y ligado a proceso penal, sus antecedentes penales y policiales —con fecha 15 de enero de 2026— aparecen limpios en el expediente que recibió la postuladora del TSE.  

En su video, Charchal dice que en sus 31 años de ejercicio como abogado ha actuado con apego a las leyes y que no posee sanciones ni inhabilitaciones y que tiene la capacidad para la conducción técnica del órgano electoral. 

También figura Cathy Rossana López Rodríguez, quien según su expediente está casada con Luis Antonio Lam Padilla, excandidato presidencial con el partido PIN y exabogado del expresidente Jimmy Morales. 

Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, es otra de las candidatas. Es esposa del exsecretario de Comunicación de Morales, Alfredo Brito Ralón. Fue cuestionada por favorecer a militares acusados de corrupción, con sus fallos como magistrada de apelaciones. 

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Además, se encuentra Juan José Bolaños Mejía, quien estuvo prófugo por el caso Comisiones Paralelas 2020. Fue acusado, por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) que dirigió Juan Francisco Sandoval, de formar parte de un grupo de operadores que, supuestamente, amañó la elección de Cortes de Apelaciones. 

Hace seis años, Bolaños integró la postuladora que nominó a los actuales magistrados del TSE y hoy conforma la Sala de Apelaciones de Escuintla. 

Otro aspirante con relaciones cuestionadas es José Alexander Ortiz Ruiz, exmagistrado de la Sala Tercera del Ramo Penal en Guatemala. En 2024 formó parte de la comisión de postulación que evaluó a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ese mismo año el MP allanó la sede de su bufete en la capital, el cual compartía con dos abogados investigados en el caso B-410 en el que se investiga la creación de entramados de empresas de cartón únicamente para ganar adjudicaciones de compras públicas. 

Ortiz Ruiz dice que es docente en la USAC y que su compromiso con la democracia se puede observar en su participación activa en la administración de justicia. Actualmente, presta servicios profesionales en el Organismo Judicial (OJ). 

La postuladora para magistrados del TSE tiene programado iniciar con la calificación de perfiles el 12 de febrero y estima conformar, un día después, la nómina final de 20 candidatos que será enviada al Congreso. Antes, debe evaluar los videos de los aspirantes y determinar si admite o rechaza los señalamientos contra estos.

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Con apoyo de los estudiantes Nicole Yela, Débora Archila, Paola Guajardo, Dana Samayoa, Rodrigo Najera, Jennifer Aitken, Angel Ivan Salan Gomez, Carlos Coronado, Charlie Chuvac, Esteban Borrayo, Alessandra Alvarez, Stefanni Culajay, Gerson Escobar, Frida Reyes, Emilia Vásquez, Antonio Rocha, Alejandro Ramírez, Jazmín Ramos, Andrea Valenzuela, Velveth Ximena Davila Berg, Analibni Jazmine Henandez Us, María Fernanda Ortíz Felipe, Andrea Sofia Sofia Gómez, Rebecka Rivera, Iris Cruz, Mishell Chajón, Raquel Mirón, Ma. Renée Monzón, Hillary Morales y Diego Sebastian Jor.