Impuesto a las remesas, otro mecanismo de control a los migrantes
Impuesto a las remesas, otro mecanismo de control a los migrantes
El impuesto sobre las remesas podría ser aprobado por el Senado de EE.UU. en las próximas semanas. Además de impactar en la economía de las familias, la mayor preocupación es que se convierta en un mecanismo de control para identificar el estatus migratorio de quienes las envían.
Desde su cuenta de X, el presidente Donald Trump celebró la aprobación de «The One Big Beautiful Bill». Un proyecto de ley que establece un recorte fiscal y gestión del gasto, fuertes medidas de seguridad fronteriza, aumentos para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés). También un impuesto de 3.5% sobre las remesas enviadas desde EE.UU. a otros países.
El mismo Trump llegó al Capitolio a presionar a legisladores de su propio partidos partido para aprobar la reforma fiscal que incluye el gravamen.
«Es la ley más importante que se haya firmado jamás en la historia de nuestro país», celebró Trump tras la cerrada votación final en la Cámara de Representantes: 215 votos a favor, todos republicanos, y 214 en contra. Sí, un voto de diferencia. La propuesta la presentó él mismo e, impulsada por el partido republicano con muy poca oposición, debe llegar al Senado en las próximas semanas.
En marzo de 2024, fue publicado el informe «Costos de transacción y operadores de transferencias de dinero: análisis de los costos por países receptores de transferencias de dinero», por Diálogo Interamericano. El estudio calculó que el costo promedio para enviar de Estados Unidos a Guatemala una remesa de 200 dólares es del 3.82%, mientras que para enviar un aporte de 400 dólares se reduce a 2.63%.
Para entender el impacto de la discusión por venir se puede estimar que, de ser aprobada la ley, toda persona que envíe una remesa de 200 dólares a Guatemala, deberá pagar 7 por concepto de impuesto y 7.64 por costo de transacción. Es decir, a su aporte de 200 dólares se restan 14.64, de esa forma el destinatario recibe 185.36 dólares.
De aprobarse, la medida recaería sobre migrantes que tengan residencia permanente, visas de trabajo y personas con estatus irregular, que envían dinero a sus países de origen. Excluye a ciudadanos estadounidenses, nacidos o naturalizados en EE. UU.
El impacto de este impuesto, según Ariel Ruiz, investigador del Instituto de Política Migratoria, será una reducción de las remesas de Estados Unidos a otros países, en especial a Latinoamérica. Entre ellos, México, el tercer país que más remesas recibe cada año a nivel mundial, después de India y Filipinas) y Honduras, Guatemala y El Salvador.
«Estos tres países tienen la proporción más alta de remesas respecto de la economía total del país, es decir el Producto Interno Bruto (PIB)», explica Ruiz. En el caso de Guatemala, las remesas equivalen al 20% de su PIB.
Habría un impacto directo a las personas y familias receptoras, también a las comunidades y economías locales, en especial las que están más aisladas y dependen más de las remesas.
El sostén de la economía guatemalteca
En 2024, las remesas a Guatemala alcanzaron los 21,510 millones de dólares, suma que fue un 8.6 % mayor que la recibida en 2023. «Es decir, el volumen de remesas del año pasado equivale a la quinta parte de toda la economía guatemalteca», señala Ricardo Barrientos, economista y Director Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Por cada 10 dólares que Guatemala percibe por remesas, recibe 6.78 por exportaciones y solamente 0.77 por inversión extranjera directa y 0.62 por turismo, simplifica Barrientos.
«Las remesas son más grandes que el presupuesto total del gobierno, que la totalidad de impuestos que pagamos, que la inversión pública o el gasto social. Por tanto, un impuesto sobre las remesas debe levantar preocupación aunque, por ahora, es difícil dimensionar la magnitud del impacto que tendrá», analiza el investigador.
Anticipa que, a nivel macroeconómico, podría haber una desaceleración en el crecimiento de las remesas. Esto no implica una caída sino un crecimiento a ritmos más bajos. El impacto, considera Barrientos, aunque será negativo, no será catastrófico. «Pero si Trump deporta a 2 o 3 millones de personas, posiblemente eso sí implicaría una quiebra para la economía de Guatemala, un desajuste en la balanza de pagos, desequilibrio en el tipo de cambio», avizora. Y a nivel micro, un golpe duro para las familias que dejan de recibir ese apoyo.
Otro temor: un mecanismo de control
Parece que el propósito real de este impuesto no es generar una fuente de ingreso para el gobierno federal de EE.UU., sino implementar un mecanismo de control, comenta Barrientos. «Si usted envía una remesa, siendo irregular en Estados Unidos, probablemente lo que va percibir es un riesgo de que las autoridades migratorias lo puedan identificar, dar seguimiento y efectuar una captura o deportación».
En lo primero, Ruiz coincide, es una estrategia dirigida a hacer más difícil la vida de las personas en condición irregular. La verdadera intención quizá sea poder identificarlas y poder realizar deportaciones o arrestos. «Creo que esa es la estrategia a largo plazo. El fin es fomentar un sentimiento de miedo en las comunidades migrantes y utilizar otra plataforma para identificar a personas indocumentadas».
Aunque él sí cree que buscan recaudar fondos para financiar el presupuesto federal, pero tampoco sería mucho.
Es decir, puede que el impuesto por sí mismo sea un problema tan grave como las consecuencias que podría tener. En este escenario, la persona tendría que recurrir a otros mecanismos informales para enviar su remesa, tales como la intervención de terceras personas o conocidos, lo cual podría encarecer más el envío de la remesa, si les exigen cobros por cada transacción.
«Es posible que veamos a las personas migrantes adaptarse y encontrar formas de enviar dinero. Una podría ser solicitar que los familiares ciudadanos manden el dinero por ellos, de aprobarse la ley solo se impondría a personas que no son ciudadanos de Estados Unidos», agrega Ruiz.
Otra opción es que las personas realicen los envíos de dinero a través de familiares que viajan a sus países de origen, para entregarlo en efectivo. Sin embargo, esto hace más complicado, costoso y peligroso el envío ya que la persona puede ser asaltada o víctima de crímenes en el intento.
Una nueva potestad para las operadoras de transferencias
La normativa por discutirse en el senado también pretende otorgar, por primera vez, a una entidad privada, como lo son las operadoras de transferencias, la responsabilidad de determinar el estatus migratorio de una persona.
Para las agencias de remesas implicaría implementar mecanismos administrativos para identificar qué personas son ciudadanas. Adicionalmente, un sistema para mantener esos datos privados, lo cual implicaría un costo adicional para la empresa y un aumento en las tarifas que ya cobran por el envío de remesas.
Según el informe «Costos de transacción y operadores de transferencias de dinero: análisis de los costos por países receptores de transferencias de dinero», hasta enero de 2024 el costo promedio para enviar 200 dólares a América Latina y el Caribe fue de 3.89%. Las tarifas más bajas para enviar ese monto desde Estados Unidos a América Latina son las de México (3,68%) y Guatemala (3,82%). En contraste, las tarifas más altas fueron en dos países del Caribe: Jamaica (6,42%) y República Dominicana (5,32%).
En ocasiones anteriores, estas empresas se han opuesto a gestiones de control, recuerda Ruiz. Y es probable que manifiesten su desacuerdo con la normativa, ya que no será tarea fácil implementar mecanismos nuevos y agregar un costo adicional a este sistema de envíos, sumado a las tarifas ya establecidas.
A pesar de todo, las remesas seguirán llegando
Los especialistas consultados coinciden en que, a pesar de todos los escenarios y efectos negativos, las remesas seguirán llegando a sus países de destino. «Las remesas han sido un salvavidas para las economías de Centroamérica y México; y los migrantes lo tienen en cuenta a pesar de lo difícil que sea el escenario en Estados Unidos. Así como ocurrió en la pandemia que en vez de bajar las remesas aumentaron, los aportes seguirán llegando», prevé Ruiz.
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Un castigo para los migrantes
«Este impuesto significa quitarle su dinero a la gente obrera, a la más necesitada, que impactaría en la vivienda, la comida y la vida de mis familiares en mi país. Pero también en la vivienda, la comida y mi manera de vivir en los Estados Unidos», resume Benjamin Monterroso, migrante guatemalteco y activista radicado en Los Ángeles, California, uno de los Estados que alberga la mayor cantidad de migrantes guatemaltecos.
De aprobarse este gravamen, Para Monterroso sería «un castigo a la comunidad migrante» y un intento por detener la migración hacia Estados Unidos. «Sería la primera vez que se impone un impuesto a una clase trabajadora sin documentos, pero los demás impuestos sí los pagamos cuando compramos en una tienda, cuando ponemos gasolina, cuando nos pagan cheques nos quitan nuestros impuestos, tengamos o no papeles», cuestiona.
Lizbeth Gramajo, antropóloga, politóloga e investigadora especialista en temas migratorios, coincide.
«Es una medida económica que también tiene como fin ser un disuasivo de la migración irregular. En principio, hacia la gente que piensa migrar. Es como mandarle el mensaje de que si quiere venir tendrá que pagar el impuesto con cada remesa». Por otro lado, explica Gramajo, a las personas que ya se encuentran en EE. UU. les advierte que, al enviar su remesa, podrá ser identificado. Esto contribuye al temor y a las campañas de auto deportación».
Monterroso destaca que cada migrante sale de su país con el compromiso de enviar apoyo a su familia, por tanto, los aportes continuarán. Y cuestionó: «¿quién nos defiende desde Guatemala? No veo a los políticos, al Congreso, pronunciarse en contra y exigir que no sea aprobada esta medida. Se olvidan que también somos guatemaltecos, solo importamos cuando se trata de enviar dinero».
Barrientos también cree necesario que el gobierno de Guatemala tome acciones y establezca un plan, ante estas normativas. «Creo que todos estamos admirados de la gran fortaleza de los migrantes. El tema es qué hace el Estado de Guatemala. Los migrantes están allá por exclusión económica, principalmente. No está bien que estemos a merced del gobierno de Trump, el tema es qué vamos a hacer como país», se pregunta.
En su conferencia de prensa del 26 de mayo (2025), el presidente Bernardo Arévalo informó que el gobierno envió una carta a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para solicitar que se reduzca o elimine este impuesto.
«Gravar las remesas tendría un efecto negativo en los hogares, empresas y comunidades que expulsan migrantes. La medida es contraproducente a los esfuerzos conjuntos que el gobierno de Guatemala y Estados Unidos reaizan para regular la migración, garantizar un retorno sostenible y combatir las redes de trata de personas y el crimen organizado en nuestro país», aseguró.
En el Senado de Estados Unidos, la propuesta podría discutirse y someterse a votación antes del 4 de julio. En las próximas semanas podrían realizarse las primeras votaciones. Vale que recordar que la mayoría de senadores republicanos apoyan la iniciativa. Sin embargo, el paquete general despertó oposición de legisladores que no están de acuerdo con este tipo de medidas que implican aumentos de presupuesto hacia agencias de control migratorio.
En tanto, los demócratas no han logrado suficiente unidad para bloquear esta medida.
Ruiz matiza que EE.UU. atraviesa por un momento en el que cualquier normativa puede ser sujeta a litigio en las Cortes y demanda en distintos estados. Ejemplos hay, como la medida que pretendía retirar la nacionalidad a personas nacidas en EE. UU. cuyos progenitores no tengan permiso para residir en el país o cuya estancia sea solo temporal. Esta normativa fue suspendida por un juez en febrero de este año.
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