Amparo a amparo: así se arruina el IGSS

*Este es el primero de una serie de tres reportajes que abordan el uso de amparos para comprar medicamentos en el IGSS. Este es la versión resumida de la investigación. Para leerla al completo pueden encontrarla en No Ficción.

 

Para cientos de miles de guatemaltecos, tener la presión arterial alta es un mal común y una preocupación constante. Para la empresa farmacéutica Lanquetín, representa un negocio lucrativo.

La compañía convirtió la atención de esta enfermedad –una de las más comunes entre los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)–, en un monopolio. 

Solo en 2024, obtuvo Q310 millones por la venta de fármacos para la hipertensión, lo que equivale al 8.5% del presupuesto de medicamentos de la entidad destinado a una sola enfermedad y a un proveedor único.

El amparo se utilizó inicialmente, en casos puntuales. Su propósito era que pacientes llevaran al IGSS a los tribunales para exigirle financiar ciertos fármacos de alto costo o para enfermedades poco comunes. Pero en la actualidad, se transformó en un mecanismo que abarca todo tipo de enfermedades y toda clase de medicinas: las que cuestan cientos de quetzales al año hasta las que cuestan millones.

Según determinó esta investigación, el IGSS se vio obligado a comprar de esta manera al menos 189 fármacos diferentes. En estos destinó algo más de Q1.7 millardos  el 46 % de su presupuesto. Y también los utilizó para justificar la compra discrecional de otros 194 medicamentos en los que se gastó otros Q1,000 millones.

La judicialización de la salud afecta las finanzas del Seguro Social. Solo entre 2021 y 2024, el gasto en medicamentos de la entidad aumentó un 111 %, impulsado, en parte, por la avalancha de amparos recibidos. 
También limita su capacidad de elegir qué fármacos cubrir y cuáles no, según criterios técnicos y de salud pública. Esas decisiones quedan en manos de jueces que resuelven con base en la información proporcionada por pacientes y médicos privados, a veces, influenciados por las propias farmacéuticas. 

Y alcanza a los 3.6 millones de afiliados –el 20 % de la población–. En 2024, los diez medicamentos principales comprados por orden judicial representaron el pago de Q1,396 millones. Este monto sería suficiente para costear el funcionamiento anual del Hospital General de Enfermedades de la zona 9, el mayor que tiene el IGSS. 

Los amparos, en muchos casos, ya no guardan relación con el derecho a la salud o con salvarle la vida a pacientes. Se transformaron en un mecanismo para hacer fortuna o en la excusa perfecta para evitar que la Contraloría General de Cuentas exija rendición de cuentas.
Gráfica 1. Presupuesto del IGSS para la compra de medicinas en 2024

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Justicia o intereses comerciales

Durante cuatro meses, la alianza Guateleaks, integrada por los medios que publican este reportaje, investigó este fenómeno. 

Analizó información pública sobre el gasto del IGSS en el Sistema de Contabilidad del Estado (Sicoin) y el portal Guatecompras (todas las cifras citadas proceden de estas fuentes); presentó solicitudes de información a la institución y al Organismo Judicial, y consultó los expedientes de un centenar de amparos. También entrevistó a unas treinta personas, entre pacientes, médicos, abogados, expertos en fármacos y salud pública, exfuncionarios del Seguro Social y empresarios que le abastecen medicamentos. 

El panorama obtenido revela una situación caótica y compleja. Los amparos son tan cotidianos que quienes proveen al IGSS los asumen como parte de su negocio. Aprovechan la debilidad institucional del Seguro Social, del Ministerio de Salud y del sistema de justicia, e influyen en médicos, financian asociaciones de pacientes o cubren los recursos legales.

«La industria explota esas brechas. Se aprovecha de las debilidades institucionales que tiene el mercado guatemalteco», dijo Luis Pablo Méndez Alburez, un investigador en temas de salud de la URL y doctorando en la Universidad de Padua. 

Los amparos tienen un impacto económico claro: obligan al IGSS a adquirir pequeñas cantidades de fármacos que solo cuentan con un proveedor, son más costosos, de marcas más caras o de una eficacia no probada.  

Y como la Ley de Contrataciones establece que el IGSS o el Ministerio de Salud no pueden comprar sus insumos a precios superiores a los que se pagan en el mercado privado, esto termina por empujar hacia arriba los precios que paga toda la población.

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Salud en los juzgados

No hay motivos para que la presión arterial alta o hipertensión –la enfermedad más diagnosticada en 2023– sea un problema de salud caro de tratar. Sin embargo, el IGSS paga alrededor de Q4,200 anuales por paciente cuando el costo podría rondar los  Q500. ¿Por qué?

Porque, gracias a los amparos, concentró la mayoría del gasto en un único fármaco: el irbesartán del laboratorio francés Sanofi. En Guatemala se comercializa como Aprovel y lo distribuye Lanquetín.

«El irbesartán simplemente es más caro, pero no mejora la calidad de vida de los pacientes. Es como tomar un avión para ir a un lugar que está a 15 minutos caminando. Poder se puede, pero no se debe, porque no es el fármaco con mejor relación entre costo y efectividad», explicó Belén Mena, una doctora, investigadora y activista que presidió la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos de Ecuador.

En total, el IGSS compró el año pasado 40.5 millones de dosis de Aprovel y pagó por cada una de ellas Q7.65. Esto se tradujo en ventas para Lanquetín de Q310 millones en un año. Ningún otro fármaco vendido al Seguro Social en 2024 generó más ingresos que este.

El IGSS nunca decidió que sus pacientes hipertensos solo recibieran únicamente Aprovel. Fue un tribunal el que lo obligó a comprarlo en 2011, cuando supuestas asociaciones de pacientes afirmaron que cualquier otra marca provocaba efectos adversos, y médicos privados alegaron que si un paciente no lo recibía, podía morir. 

En 2017, el IGSS trató de comprar irbesartán a otro proveedor a través de un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 

La empresa Bodega Farmacéutica obtuvo la adjudicación y se comprometió a vender el fármaco a Q0.37 la unidad cuando el IGSS pagaba cada pastilla de Aprovel a Q8.48, un precio 22 veces superior. Pero Lanquetín presentó un amparo contra esta decisión y logró frenar la compra. Sus competidores también intervinieron y la batalla judicial continúa hasta hoy.  

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Marcas porque sí

Aprovel es solo un ejemplo de un fenómeno mucho mayor. Esta investigación identificó que, solo el año pasado, se registraron al menos otros 40 casos idénticos: medicamentos que sí están en la lista que financia el IGSS, pero que fueron adquiridos a una marca en particular por orden judicial. 

Unos pacientes presentaron amparos alegando que, si no recibían el producto de un fabricante en concreto, se vulnera su derecho a la salud. En muchos casos, el único elemento de prueba aportado fue el certificado de un médico particular. Eso bastó para que un juzgado les diera la razón. 

Ocurrió con el irbesartán Aprovel, pero también con la insulina glargina Lantus o Semglee; el clopidogrel Plavix; la lenalidomina Ledane; o el micofenolato de la marca Cellcept, solo por nombrar los principales.

En total, en estos amparos de medicamentos que sí cubre el IGSS, pero que se dirigieron a una marca, la entidad gastó Q921 millones en 2024. 

Este fue, de hecho, el tipo de amparo que más presupuesto absorbió el año pasado: el orientado a fármacos más caros –irbesartán en vez de losartán– y a evitar que el IGSS comprara genéricos.  Con frecuencia, ambas situaciones ocurren al mismo tiempo. 

«Los jueces (…) aplican la normativa del derecho a la salud sin comprender aspectos de eficiencia terapéutica y financiera en los procesos que garantizan este derecho», dijo Walter Flores, especialista guatemalteco en análisis de sistemas de salud.

El micofenolato, medicamento que regula el sistema inmune y que se suministra para evitar el rechazo de órganos trasplantados, es un caso similar. Es un fármaco común desde mediados de la década de 1990 y decenas de laboratorios lo fabrican a bajo costo.

En 2024, por ejemplo, el IGSS compró micofenolato marca Mycort, un genérico aprobado en Estados Unidos. Pagó alrededor de Q8,500 por el tratamiento anual de un paciente. Sin embargo, apenas tuvo oportunidades de adquirirlo en concursos con libre competencia. 

La mayoría de veces debió comprar otro más caro por amparo. La orden judicial estipulaba que solo podía suministrar la marca Cellcept, de los laboratorios suizos Roche y comercializada por la empresa J. I. Cohen.

 

El precio anual de Cellcept por paciente fue de Q64,600, ocho veces superior al costo de Mycort. En total, en 2024, el IGSS destinó a esa distribuidora Q27.6 millones por 1.2 millones de dosis.

Esto se originó por un grupo de pacientes que deben tomar micofenolato de por vida. Desde 2007 han presentado amparos para que el IGSS solo les suministre Cellcept, que empezaron a recibir tras su trasplante. Hace dos décadas, el micofenolato estaba protegido por patentes y Cellcept dominaba el mercado guatemalteco sin enfrentar prácticamente competencia.  

El IGSS ha insistido que los genéricos que quiere comprar son tan buenos como Cellcept. También afirma que las personas carecen de pruebas científicas para evidenciar lo contrario. Sin embargo, los jueces suelen darle la razón a los pacientes y terminan por proteger el cuasi monopolio de J. I. Cohen sobre este fármaco. 

En 2024, Cellcept concentró el 98 % del gasto del IGSS en micofenolato y el 60 % de las unidades vendidas.   

Situaciones similares ocurren con la mayoría de los 40 fármacos comprados mediante este tipo de amparos dirigidos a una marca. 

«Es una estrategia deliberada para crear monopolios, obtener privilegios», dijo Edgar Balsells, un economista y exministro de Finanzas, que integró la Junta Directiva del IGSS entre 2015 y 2021.

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Debilidad e incertidumbre

Nada de esto funcionaría, coincidieron las fuentes consultadas, sin la debilidad institucional que caracteriza al país. 

Para Jaime Espín, un economista de la salud español, experto en política farmacéutica, el fenómeno de la judicialización de la salud tiene está estrechamente ligado a cómo funciona la entidad que regula qué medicamentos se usan en cada país. 

En el caso de Guatemala, estas funciones recaen en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos, una dependencia del Ministerio de Salud.

«En Europa, solo hay dos tipos de medicamentos, el innovador y el genérico. Ambos atraviesan el proceso de la agencia reguladora que garantiza que son de calidad», expuso Espín.

En países como Guatemala, prosiguió, se han autorizado algunos sin necesidad de que presenten estudios de bioequivalencia de calidad suficiente. Es decir, se permite la venta de genéricos solo con mostrar que contienen el mismo principio activo que el original, sin demostrar que su efecto en el cuerpo humano también es idéntico al original.

Esto genera desconfianza en el mercado y, por ello, algunos medicamentos se perciben como «buenos» y otros son catalogados como «malos». 

«El problema es que son las casas farmacéuticas las que dicen que un medicamento es peor que otro, pero no lo demuestran», comentó Miguel Garcés, un veterano patólogo que ejerce en el sector privado.

Si las empresas consiguen que su producto sea visto como el «bueno» y el de sus competidores como el «malo», pueden dominar el mercado. No necesitan competir en uno libre ni realizar estudios económicos o de efectividad para convencer al IGSS de que sus productos son los más convenientes. 

Les basta con influir sobre médicos, pacientes individuales o asociaciones. Al final, será un juez, sin formación sanitaria, quien decida.  

«Este es un fenómeno inducido por la industria farmacéutica: te proporciona el abogado, cubre la demanda, te vende el medicamento y le factura al Estado. Todo bajo el argumento que la salud es un derecho», expuso Belén Mena, la experta y exfuncionaria de Ecuador.

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La opción más cara

Todos los días, miles de afiliados del IGSS que padecen diabetes usan insulina glargina de las marcas Lantus o Semglee, un medicamento que se compra por orden judicial. En 2024, la institución gastó Q176 millones en la adquisición de 406 mil viales de este medicamento, más del doble que cualquier otra alternativa.

La glargina es una insulina de acción lenta, cuya ventaja principal es que solo se administra una vez al día. Esto permite al usuario controlar mejor sus niveles de azúcar durante la noche y disminuir los daños colaterales. Pero tiene un inconveniente: es mucho más costosa que otras. 

En Guatemala, por ejemplo, el precio anual de atender a un paciente con glargina puede ser de Q5,600, frente a los Q800 que cuesta el tratamiento con la insulina NPH, que requiere una aplicación dos veces al día. El fármaco es siete veces más caro que otras opciones.

En la actualidad, Lanquetín y Aria Pharmaceutical Group han monopolizado, sin competir, del mercado. Esto fue posible gracias a un amparo presentado en 2023 por el procurador de los Derechos Humanos (PDH), el ex magistrado de apelaciones Alejandro Córdova. 

El PDH alegó que el IGSS corría el riesgo de quedarse sin suficiente insulina para los meses siguientes. Y sin mayor justificación, solicitó que se abasteciera con las marcas Lantus o Semglee o cualquiera que fuera totalmente intercambiable con las mencionadas, lo que excluía a la mayoría de las rivales.

En su defensa, el Seguro Social aseguró que ni existía desabastecimiento ni había motivo alguno para obligarlo a comprar esas marcas. Pero un juez falló a favor de Córdova.

Desde entonces, este amparo se utiliza como justificación para organizar concursos centrados en estas dos marcas. En 2024, Lanquetín vendió Lantus por Q79 millones, mientras que Aria Pharceutical Group proveyó Semglee por casi Q99 millones.

La diferencia de precios entre ambas fue mínima. La primera se ofertó a Q441 la unidad y la otra a Q436.

El amparo también permitió a ambas empresas, y especial a Lanquetín, incrementar el valor del producto. En 2020, el IGSS pagaba Q238 por el vial de Lantus, entonces distribuido por Agefinsa. Cuatro años después, el precio alcanzó los Q441. Un aumento del 84 % en cuatro años.

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Competencia amparada

La judicialización también aparece en la compra de genéricos, como sucede con la lenalidomida, un medicamento utilizado para algunos tipos de cáncer en la sangre y uno de los fármacos en los que más dinero gastó el IGSS: Q78.7 millones en 2024.

En 2010, Revlimid, desarrollado por la farmacéutica estadounidense Bristol Myers Squibb, dominaba el mercado. En Guatemala J. I. Cohen lo comercializaba y durante años, fue el amo. 

Sin embargo, ocho años después, los pacientes empezaron a presentar amparos para exigir esta marca. Si no había competencia ni el IGSS adquiría otra marca, ¿por qué lo hacían? No quedó claro el motivo, pero esto permitió para que J. I. Cohen consolidara su monopolio y se blindara ante lo que sucedería después.

Las lenalidomidas genéricas llegaron al país y, en 2021, comenzaron a aparecer pacientes que exigían Ledane, un fármaco argentino distribuido por una empresa emergente llamada Rentas y Servicios Empresariales Las Verapaces. Después, surgieron los amparos a favor de Relidomide, una presentación india vendida por La Botica. Y, por último, los recursos a favor de Dr Reddy´s, también de origen indio, y distribuida por Grupo RFI.

El resultado fue que, en 2024, el IGSS compró cuatro marcas diferentes de lenalidomida a laboratorios que no tuvieron que competir. El mercado quedó dominado por Ledane con ventas de Q46 millones y aun así, Revlimid –que pasó de ser comercializada por J. I. Cohen al Centro Distribuidor– generó Q27 millones.

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Fármacos no cubiertos

Existe otro fenómeno similar, pero algo diferente: los amparos que fuerzan al IGSS a proveer a sus afiliados fármacos que no están en su listado básico de medicamentos. Esta investigación identificó al menos 60 medicamentos diferentes amparados en 2024, en los que el IGSS gastó como mínimo Q747 millones.

Estos casos son, en su mayoría, de alto costo para cáncer, hemofilia o esclerosis múltiple; o lo que suelen llamarse enfermedades raras. Los pacientes, por recomendación de un médico privado, pedían uno más reciente y de mayor precio que el Seguro Social no cubría.

La institución gasta cientos de millones en medicamentos «amparados» para enfermedades crónicas que podrían comprarse más baratos. Y no financia fármacos innovadores, en los que hay menos competencia y alternativas, tan costososssssss que prácticamente ningún paciente podría costearse de su propio bolsillo. 

Fabiola Valvert, hematóloga que ejerce en una consulta privada, explicó que existen tratamientos eficaces para tratar enfermedades mortales como las que ella atiende. Sin embargo, el IGSS no los cubre porque son caros. Esto fuerza a los afiliados a ampararse.

Entre los medicamentos oncológicos más vendidos en el mundo destaca pembrolizumab, un fármaco conocido por su nombre comercial Keytruda. El Seguro Social mexicano lo tiene en el llamado «cuadro básico» desde hace años. Y en septiembre pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluyó en su lista.

Sin embargo, el IGSS nunca lo ha incorporado entre los medicamentos que cubre, pero lo proporciona desde 2018 a través de un amparo. El año pasado, pagó más de Q72 millones a J. I. Cohen. Y destinó en total Q327 millones por fármacos para el cáncer que son comunes en otros países, pero que aquí no financia.

Y en pacientes que padecen enfermedades como la hemofilia, la esclerosis múltiple o, aún menos frecuentes, como el síndrome de Gaucher o de Hunter, el IGSS, invirtió alrededor de Q210 millones en medicinas. 

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Actualizar o no actualizar

Otra debilidad institucional es la dificultad del IGSS para actualizar su listado básico de medicamentos. En teoría, tiene un departamento dedicado a analizar qué fármacos cubre y cuáles excluye, tomando en cuentas sus costos y beneficios, y definiendo en qué presentaciones se adquieren y cómo se prescriben. A esto se dedica la Dirección Terapéutica Central del IGSS. 

Sin embargo, durante años esta entidad no se ha mostrado activa, y esto otorga otras ventajas a los proveedores: si nunca se incluye un producto, tampoco se puede excluir. Así se puede recurrir al amparo y ordenar la compra de medicinas que no necesariamente son las mejores.

Esto es lo que sucede con la pirfenidona y el atalureno, cuyas eficacias generan dudas. La primera, de alto costo, está indicada para quienes padecen fibrosis pulmonar idiopática (FPI). La otra, para una enfermedad rara.

La pirfenidona fue uno de los medicamentos que más se usó  de manera experimental para tratar secuelas respiratorias graves del covid-19 en todo el mundo. Guatemala no fue la excepción. En 2024, el IGSS gastó Q158 millones y fue el cuarto medicamento al que se asignaron más recursos. 
Ese año comenzó a evaluarse en hospitales españoles la efectividad real del fármaco para tratar la fibrosis pulmonar post covid-19. Los resultados se publicaron en abril de 2025. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el grado de recuperación entre quienes tomaron Esbriet –la pirfenidona original que el IGSS no ha comprado– y quienes recibieron el placebo.  

Sobre esto no se ha pronunciado el Seguro Social, pero desde 2021 compra cinco marcas distintas, no por decisión propia, sino por los amparos que ordenaban adquirir genéricos argentinos o indios representados por distribuidores emergentes.
Primero surgieron quienes pedían las marcas Fidroner –que comercializa Zomapharma– y Fibriet de Rentas y Servicios Empresariales Las Verapaces. Después, los que querían Pirblasius y Plicemin, ambas distribuidas por Importadora y Comercializadora RR. Por último, apareció el grupo que quería Misofagan, de Plenitud 365. 

 

Aun cuando el IGSS proporcionaba a sus afiliados Esgrinil, distribuido por Agefinsa a Q190 la unidad, tuvo que proveer las otras, que estaban por encima de Q600. 

Algo similar, aunque con un impacto económico mucho menor, sucede con atalureno, un fármaco aprobado en algunos países para la distrofia muscular de Duchenne.

En Estados Unidos, por ejemplo, nunca se autorizó su uso y en marzo de 2025 la Unión Europea retiró una autorización provisional porque la efectividad del medicamento no se ha podido probar. En 2024, el IGSS gastó alrededor de Q1 millón en ello. 

Entre 2019 y 2023, el listado básico del IGSS no tuvo modificaciones relevantes para las enfermedades más comunes que padecen los afiliados, según los informes que publica la institución. Y desde entonces, solo se ha realizado una actualización anual que tampoco incluye fármacos de alto costo.

Esto contrasta, por ejemplo, con lo que sucede en España donde las actualizaciones son mensuales. En ellas, explicó Espín, se incorporan informes en los que se razona con detalle la decisión, lo que, a su vez, evita que los pacientes intenten de judicializar su compra.

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Amparos para seguir comprando

En principio, el IGSS se opone a los amparos, pero los utiliza para justificar ciertas compras sin que nadie las pida. Solo en 2024, citó algunos para respaldar la adquisición de, al menos, 194 fármacos por los que pagó Q1,000 millones.

Esto, gracias a recursos legales presentados por el PDH durante los mandatos de Sergio Morales (2002-2012) y Jorge de León Duque (2012-2017), que no fueron promovidos por pacientes. Eran, más bien, mecanismos para incentivar a la institución a tener sus farmacias abastecidas. 

El amparo 42-2010 procuraba que tuviera disponibles antirretrovirales que el PDH detectó que escaseaban. En tanto que el 64-2016 obligaba al IGSS a tener existencias de fármacos, cuando había una crisis de desabastecimiento. 

Ambos solo pretendían obligar al IGSS a mejorar su suministro de fármacos. Sin embargo, en la práctica, terminaron por convertirse en una forma de evadir la ley y justificar decisiones discrecionales.

Esta táctica del IGSS, coincidieron fuentes consultadas, tiene que ver con las reformas a la Ley de Contrataciones de 2015. Y en especial, con los límites establecidos a las compras directas.

Al citar amparos como el 64-2016, el Seguro Social argumenta que su obligación de estar abastecido proviene de una orden judicial que le permite omitir los límites. Y también evitar sanciones de la Contraloría General de Cuentas. 

Hace múltiples compras pequeñas caras a un mismo proveedor hasta alcanzar montos que requerirían de concursos, pero esto se pasa por alto. El año pasado, el 28 % del presupuesto en medicamentos se gastó de esa manera. 

Realizó alrededor de 1,800 compras directas de raltegravir, un antirretroviral, y pagó Q158 millones a La Botica. También adquirió canagliflozina, un medicamento para la diabetes que ha sido monopolio de J. I. Cohen, en 1,600 compras directas por casi Q140 millones. 

Esta situación, además, evidencia un fenómeno más importante: la existencia de concesiones a monopolios cuyos fármacos figuran en el listado del IGSS mientras se excluyen alternativas más baratas y con más proveedores.

Esto es lo que ocurre con la canagliflozina, utilizada por diabéticos a los que el tratamiento con metformina no les funciona, y fabricada por Janssen. 

Estos pacientes podrían utilizar uno muy similar llamado empagliflozina, recomendado como primera opción por la OMS por ser más económico. Sin embargo, nunca ha sido incluido en el listado de medicamentos. Esto ha garantizado durante años el monopolio para el fármaco y para quien lo comercializa en el país: J. I. Cohen.

«Pareciera que hay un patrón de presiones por un fármaco sin mayor razón clínica… la empagliflozina siempre es preferida antes que otros de ese mismo grupo», comentó Juanita Vahos, farmacóloga e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia.

El caso del raltegravir es similar. Este es un antirretroviral que se usa en combinación con otros fármacos cuando los tratamientos previos generan resistencia. 

A nivel internacional, la primera opción suele ser el fármaco dolutegravir que en Guatemala es suministrado por el Ministerio de Salud. Y se recurre a raltegravir u otras alternativas, solo si el otro fallara.

«Podemos decir con exactitud que el raltegravir es peor tratamiento que el basado en dolutegravir. Y no solo por coste, sino por eficacia del medicamento y por dosificación», comentó Pablo Rojo, un infectólogo español asesor de la OMS en VIH pediátrico.

El dolutegravir no fue incluido en el listado del IGSS hasta 2023 y, desde entonces, apenas se ha adquirido. Los pacientes han recurrido al amparo para obligar su compra.  

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Frenar el despilfarro

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, una organización anticorrupción, dijo que el despilfarro de recursos en el IGSS preocupa desde hace años. 

Por eso, explicó, la institución recurrió a UNOPS entre 2016 y el comienzo de 2023 para externalizar el proceso de compra de medicamentos. «Durante un tiempo se logró contener el incremento del gasto y la actividad de los grupos mafiosos».

Sin embargo, desde que la actual junta directiva del IGSS presidida por el abogado José Adolfo Flamenco decidió no continuar con el sistema, el dinero invertido en medicamentos se ha disparado. 

«En la última administración se desmanteló el esquema por completo. El IGSS va camino de la ruina», dijo Marroquín.

En 2022, el último año completo en que funcionó el convenio con UNOPS, se gastaron Q2,300 millones. Al año siguiente, lo invertido ascendió a casi Q3,400 millones. Un incremento del 45 %. Además, el gasto ha seguido creciendo, en 2024 alcanzó Q3,650 millones. 

¿Y cómo afecta esto a los afiliados?, pues se reducen los fondos para todo lo demás.

«Ya no compras paracetamol o ibuprofeno, compras los judicializados porque si tú no cumples la sentencia, te vas a la cárcel», respondió Belén Mena, la experta ecuatoriana. 

«Entonces, ¿qué hacés?, le quitas la plata a otras cosas. En Ecuador no hay plata para dar de comer a los pacientes porque esa plata se está yendo a los medicamentos judicializados. Entonces, se mina el derecho colectivo a la prevención y promoción de la salud, y se transfieren capitales al que más grita. Porque ya sabemos que, normalmente, quien tiene acceso a la mejor justicia es quien más plata tiene».  

Para esta serie de reportajes se intentó obtener una entrevista con las autoridades actuales del IGSS. Al cierre de esta edición, no se había logrado respuesta del Seguro Social, pese a repetidas solicitudes.  

Agencias J. I. Cohen y la Gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Cogrefarma) negaron tener relación alguna con los amparos.

 

 

Esta investigación fue realizada por el consorcio de medios Guatemala Leaks —integrado por Agencia Ocote, No Ficción, Ojoconmipisto, Plaza Pública y Quorum— en el marco de la beca del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, elClip, con el uso de la tecnología Nina.