¿Con quién hace negocios el Estado? La CC mantiene el secreto

La metáfora del abogado que promueve la opacidad en las compras públicas es simple pero reveladora: muchas empresas que obtienen contratos millonarios con el Estado no pertenecen a quienes aparecen en los registros, y el anonimato busca proteger a sus verdaderos dueños.

«Un extorsionista va y le entrega el teléfono al tendero, pero no al dueño de la tienda. Entonces, ese es el problema, porque si ubica al dueño, las circunstancias son un poco más complejas de manejar para él», dice Raúl Enrique Ramírez Ceballos, quien planteó la inconstitucionalidad contra la norma que obligaba a todos los proveedores del Estado a revelar las personas físicas que controlan las sociedades.

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Ramírez accionó contra un apartado del Acuerdo Gubernativo 208-2024 que obligaba a todos los proveedores públicos a reportar al RGAE «quienes son los accionistas y las personas físicas que finalmente poseen o controlan las decisiones de la persona jurídica en forma directa, o que indirectamente, ejerzan control efectivo final de la entidad, firmada y sellada por el Órgano de Administración de la sociedad mercantil».

Para contratar con el Estado, las sociedades y asociaciones debían actualizar su estatus en el Ministerio de Finanzas a más tardar el 30 de junio de 2025. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió esa obligación el 10 de julio y publicó el fallo un día después en el diario oficial.

Con la resolución dentro del expediente 4255-2025, el tribunal constitucional  decretó —de oficio y sin pronunciarse sobre el fondo del asunto— la «suspensión provisional» del acuerdo del Minfin.

La CC se basó en el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el cual señala que la Corte deberá suspender «de oficio y sin formar artículo» una norma de carácter general si considera que la inconstitucionalidad es «notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables».

¿Tienen las compañías derecho a ocultar la identidad de quienes controlan y deciden en sus sociedades cuando reciben dinero público?

Ramírez sostiene que la medida del Minfin contraviene el artículo 24 de la Constitución, que protege la inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros personales y permite revisarlos solo por orden judicial. El abogado reconoce que el Minfin no exige divulgar los libros contables, pero asegura que la norma violaría el derecho a la privacidad.

«No están pidiendo la publicidad de libros, pero están pidiendo… lo van a volver público, un derecho de privacidad de las personas que formaron la persona jurídica […], la frase que se denuncia viola el derecho a la privacidad, puesto que, según el criterio mismo de la Corte de Constitucionalidad, que, en caso de observarse alguna limitación a la privacidad, deberá revisarse caso por caso», sostiene Ramírez.

El abogado afirma que la función del RGAE solo debe evaluar la capacidad técnica y financiera de los proveedores; sin embargo, el reglamento del Registro también le permite —por orden judicial o solicitud de una entidad— suspender, inhabilitar, rehabilitar o cancelar a proveedores que incumplan contratos o violen la Ley de Contrataciones del Estado.

Los «clientes» no se dejan conocer

Alejandro Balsells, asesor de la Secretaría General de la Presidencia y partícipe en el diseño del acuerdo gubernativo, explica que el objetivo es que el Estado identifique a sus verdaderos contratistas, pues el Ejecutivo sabe que en las compras públicas hay vicios, como políticos que convierten en proveedores por medio de sociedades anónimas o proveedores vinculados con estructuras criminales.

«Le pondré un ejemplo muy claro: ¿Qué sucede si una entidad estatal contrata una empresa tal y resulta que es parte de la estructura de la Mara 18? Es que la Mara 18 es una estructura criminal, o sea, ellos tienen un montón de sociedades anónimas y tienen taxis; tienen un montón de negocios legítimos y sobre esos es que tenemos que trabajar nosotros», dice Balsells.

Sobre el anonimato de los proveedores, el asesor señala que pueden solicitarlo, pero ese derecho no aplica cuando reciben dinero público, contrario a lo que sostiene el abogado Ramírez.

La obligación de identificar a los beneficiarios finales no es nueva. El Minfin intentó implementarla desde 2009 por exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), con el fin de saber quiénes realmente reciben el dinero del Estado.

«Uno tiene la obligación de conocerlos (a los clientes), de preguntar quiénes son. Uno no puede decir, como el notario del B-410, “a mí me contrataron para hacer 200 escrituras y no sé quién está detrás”, eso no se puede», agrega Balsells.

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Entre 2024 y 2025, el gobierno de Bernardo Arévalo y sus aliados han hecho tres intentos para revelar a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas. Además de la medida de proveedores transparentes promovida por el Minfin, el año pasado el Congreso aprobó la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario (Ley ganadera) que reformó el Código Tributario para obligar a las empresas a informar a la SAT los nombres y participación de sus socios.

Sin embargo, los empresarios aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el decreto. Esgrimieron que el artículo 120 «vulnera el derecho a la privacidad de las personas y las empresas», el mismo argumento que Ramírez usó cuando fue consultado por Plaza Pública sobre su acción contra el acuerdo gubernativo de proveedores transparentes.  

Tras la petición del Cacif, en abril de 2025 la CC suspendió el artículo que obligaba revelar los nombres de los accionistas. Además, este gobierno presentó ese mismo mes la iniciativa 6486 para crear un Registro de Beneficiarios Finales, el cual «identificará a la persona individual que, en última instancia y por cualquier medio o mecanismo, se beneficia de las utilidades obtenidas por las personas jurídicas o estructuras jurídicas».

Héctor González, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), advierte que conocer a los beneficiarios finales mediante los accionistas puede mejorar la transparencia, pero no basta: quienes buscan ocultar a sus verdaderos dueños siempre encontrarán un mecanismo para hacerlo. Por ello, sugiere aplicar otros métodos de cruce de información, tarea que corresponde a entidades especializadas.

«Podríamos estar financiando narcotraficantes y no lo sabemos. Pero también hay otros medios de saberlo y otros medios de esconderlo, porque usted pone un accionista, pero no se sabe a quién le responde ese accionista, que es lo generalmente lo que sucede», dice González.

Empresas cuestionadas incumplieron y ganan millones del Estado

El Minfin informó a Plaza Pública que 3,381 proveedores actualizaron sus datos e identificaron a las personas físicas que controlan las decisiones. La cantidad representa más del 65% de las entidades que contratan con el Estado y estaban obligadas a hacer el trámite.

Sin embargo, entre las que incumplieron el acuerdo de Finanzas hay sociedades que han obtenido contratos millonarios durante el actual gobierno, así como empresas señaladas por investigaciones periodísticas de estar vinculadas a políticos.

De acuerdo con una respuesta del Minfin obtenida vía la Ley de Acceso a la Información Pública, una de las entidades que no actualizaron sus datos de  beneficiarios finales es V.I.P. Security, Sociedad Anónima, la cual —según la escritura pública de la sociedad— la constituyó en 2001 Rudy Valiente Guzmán, excandidato presidencial del partido Nosotros y yerno de la también expresidenciable, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).  

Valiente Guzmán, esposo de la diputada Nadia De León Torres, asegura que ya no tiene relación con la empresa; no obstante, fuentes políticas aseguran lo contrario. Solo entre 2024 y este año, a V.I.P. Security se le han adjudicado 137.4 millones de quetzales en contratos públicos, según Guatecompras.

Tampoco actualizaron sus datos cinco sociedades que, de acuerdo con una investigación del medio Ep Investiga, están relacionadas con el exsecretario privado de Álvaro Colom, Gustavo Alejos Cámbara. Estas son: Ingeniería y Proyectos Aleisa, Grupo Goge, Grupo Construtecnología Gago, Bagago y G7 Exports, que han ganado contratos en el Ministerio de Comunicaciones y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), principalmente, entre el gobierno de Alejandro Giammattei y el de Bernardo Arévalo.

Otra empresa que no reportó a sus beneficiarios finales es Coamco, cuyo representante legal es Juan Pablo Masilla Morales. La denuncia de un testigo protegido, revelada en 2022 por el periódico digital salvadoreño El Faro, señala que Coamco habría sido utilizada dos años antes para financiar de manera ilegal la campaña electoral de Giammattei.  

Tanto Giammattei como los funcionarios mencionados negaron a El Faro las acusaciones del «testigo A». Solo durante el gobierno de Arévalo, a Masilla Morales se le han adjudicado 82.9 millones de quetzales en contratos públicos.

Otras entidades que incumplieron el acuerdo del Minfin también son de las que han ganado los contratos más onerosos durante la gestión de Arévalo, como la Distribuidora Gálvez López, S.A., a la que el Ministerio de Agricultura compró fertilizantes por 241 millones de quetzales el año pasado.

Así como la Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A. que el Intecap le adjudicó la construcción de un centro de capacitación en Chimaltenango por 149.7 millones de quetzales. O la entidad Tecuntrac, S.A. a la cual la Portuaria Santo Tomás de Castilla le otorgó el año pasado un contrato por 138.9 millones de quetzales para infraestructura portuaria.

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La colusión

El Minfin negó a Plaza Pública una entrevista con el titular del RGAE para  explicar cómo el acuerdo de proveedores transparentes evitaría contratos con entidades involucradas en lavado de dinero o a la corrupción, y solo aceptó responder por escrito.

La cartera explicó que el acuerdo —ahora suspendido por la CC— obligaba a todos los proveedores del Estado «revelar quiénes son sus verdaderos dueños o controladores finales, incluso si existen estructuras complejas de propiedad —como cuando una sociedad está compuesta por otras sociedades—. En esos casos, se exige identificar a las personas físicas que finalmente ejercen control o se benefician económicamente de la entidad jurídica».

Según el Minfin, la información del 65% de los proveedores que  revelaron a sus beneficiarios finales permitirá  identificar a contratistas que incurran en prohibiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y prevenir conflictos de intereses en las compras públicas. Además, servirá para detectar pactos colusorios entre proveedores.

La colusión —acuerdos ilegales entre proveedores estrechamente vinculados entre sí— es una práctica común en las compras del Estado, afirma el investigador Harald Waxenecker, quien ha estudiado a fondo este tema y los grupos que operan dentro de él.

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«Lo de beneficiarios finales es importante, sobre todo porque se conforman los grupos empresariales y ocultan quiénes son los que se benefician al final de cuentas. Utilizan las estrategias de tener varias empresas y licitar, competir entre sí de manera lícita y ocultando la concentración de gasto porque lo reparten entre empresas supuestamente independientes», dice el investigador.

Ocultar a los verdaderos dueños de las compañías es una práctica que se ha generalizado más en los últimos años en las adquisiciones del Estado, dice Waxenecker, sobre todo, tras los casos de corrupción revelados a partir de 2015.

«Lo que se ve en ese modo es que utilizar la colusión ha crecido y se ha sofisticado durante este periodo, sobre todo a partir de que la Cicig y la Feci investigaron más estos casos en 2015; a partir de ahí, trataron de incrementar esa práctica para encubrir más sus formas de corrupción», asegura.

Según la investigación «Economía de captura en Guatemala», elaborada por Waxenecker, el 3% de las grandes empresas del país concentra el 65% de las ganancias derivadas de las compras públicas, parte de las cuales —advierte el documento— se obtienen mediante prácticas ilícitas.