#EnCorto | Las pandillas y el terrorismo como campaña política

El mismo día que el gobierno norteamericano designó como terrorista al Barrio 18, los diputados guatemaltecos instaron a la administración de Bernardo Arévalo a hacer lo mismo. Pero en este país una declaración de ese tipo solo puede hacerla el Congreso.

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Seis días después fue el turno del Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras.

La fiscal general citó a los jefes de bancada para pedirles que aprobaran la iniciativa de ley 5692 que presentó, en 2020, el entonces presidente Alejandro Giammattei. Esta consta de un solo artículo en el que se propone declarar terroristas a los integrantes de las maras.

En esa reunión —que se realizó en la sede de la Fiscalía, a donde asistieron diputados de Vamos, Une, Viva, Nosotros, Creo, Cabal, Todos, Cambio, Victoria y Valor— el MP dejó claro que su propuesta para abordar el problema de las maras y sus efectos no es integral, sino que se basa en la iniciativa de Giammattei y en un enfoque punitivo.

Melvin Portillo, secretario de Política Criminal del MP, expuso las peticiones de la institución que dirige Porras, respaldadas en el derecho penal del enemigo, un modelo en el que un grupo de personas es identificado como «enemigo del Estado» al que debe combatirse. Sin embargo, esta perspectiva fue considerada en análisis previos como una manera de estigmatizar a grupos sociales.

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«Todos los estados del mundo han tenido enemigos: Estados Unidos y migración, por ejemplo, lo etiqueta y desarrolla un derecho penal contra enemigos; El Salvador, el fenómeno de maras y desarrolla un derecho penal para ellos», indicó el funcionario al asegurar que se estaba planteando un «nuevo sistema de política de persecución penal», dijo.

«¿Qué es lo que nosotros queremos? Que ustedes desarrollen no un artículo, sino los tipos delictivos que cometen estos grupos (pandillas). Aparte de esto, los sustitutivos penales, que no van a gozar de medida sustitutiva, de criterio de oportunidad, de un procedimiento abreviado, un procedimiento especial de aceptación de cargos; es decir, que no se va a pagar la conmuta de un delito ante un juez. Todo esto es parte del cambio que nosotros necesitamos hacer», dijo Portillo a los diputados.

También planteó incluir el fenómeno de las maras dentro de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, así como crear juzgados y tribunales especializados en delitos cometidos por los integrantes de las maras.

El MP, además, propuso reformar la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley Pina) para aumentar las penas contra menores de 18 años que cometan delitos como miembros de pandillas. De esto último no hubo un análisis sobre su viabilidad constitucional.

El Congreso conformó una comisión «técnica política» que se reunirá periódicamente para promover reformas para el combate de las maras.  

Terrorismo, populismo

El abogado Esteban Celada consideró que la idea de identificar a las pandillas como terroristas es una «populización del derecho penal» porque maximizar las penas no garantiza un disuasivo para estas actividades criminales.

Agregó que el enfoque del derecho penal del enemigo puede ser peligroso porque con el fin de acabar con los «enemigos» del Estado pueden cometerse graves violaciones a los derechos humanos.

También consideró que con las propuestas del MP, se busca equiparar las actividades de las pandillas con las de líderes indígenas como Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc Tzoy, acusados de terrorismo por la Fiscalía, por su participación en el paro nacional de 2023.

«En un gran esquema, ese es el juego: todo lo que atente contra el modelo jurídico, económico, social del país es terrorista. Están empezando con lo que más genera empatía con la sociedad para luego ir escalando», apuntó Celada.

Además, sobre la iniciativa de Giammattei que intenta revitalizar el MP de Porras y diputados de oposición existen tres dictámenes en el Congreso que fueron emitidos en la pasada legislatura, dos de ellos por aliados del expresidente.

El primero que dio el visto bueno a la propuesta 5692, aunque con modificaciones, fue el de la Comisión de Defensa que dirigió el entonces diputado del partido Todos, José Ubico Aguilar, quien ante la justicia de Estados Unidos se ha declarado dos veces culpable de narcotráfico.

También lo hizo la sala de Gobernación que presidió el diputado Sergio Arana, de Vamos. Ambos dictámenes proponen declarar como terroristas las actividades de las pandillas y amplían la iniciativa de Giammattei.

No obstante, la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional dirigida por Óscar Argueta, de la Une, emitió un dictámen distinto: primero, este no declara a las pandillas terroristas sino como actividades «de alta peligrosidad».

El punto toral de este dictamen, al que se llegó después de consultar con 24 especialistas, es que es inviable declarar a las maras como terroristas porque estas no tienen una motivación política, sino económica a través de extorsiones, sicariato y reclutamiento de adolescentes y niños, en el caso del Barrio 18, desde los siete años.

El documento hace énfasis en que, una estrategia integral debe abordar a las pandillas como un fenómeno multicausal y enfocarse en la prevención, así como reestructurar el Sistema Penitenciario (SP) para evitar que los integrantes de las maras Salvatrucha y Barrio 18 ejecuten las órdenes que emanan de sus líderes encarcelados.

Sobre esto último, la comisión concluyó que el incremento de las penas a pandilleros no son un disuasivo y tampoco evita la criminalidad, pues el 90% de los jefes de estas organizaciones se encuentran en prisión con penas de cárcel que oscilan entre los 50 y 1,000 años, como Jorge Yahir De León Hernández, «el Diabólico», líder de la MS-13 y Aldo Dupié Ochoa Mejía, «el Lobo», jefe del Barrio 18.

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El MP y su discurso con datos incompletos

Durante la reunión con jefes de bloque, el pasado 29 de septiembre, la Fiscalía presentó datos sobre extorsiones para respaldar su propuesta de declarar terroristas a las pandillas. Sin embargo, la institución brindó información incompleta y confusa.

La fiscal contra Extorsiones, Emma Flores, aseguró que el MP ha identificado a tres grupos de extorsionistas en el país, el primero lo conforman los «imitadores» quienes se hacen pasar por pandilleros para exigir dinero y operan desde las prisiones Cantel, en Quetzaltenango, y desde Pavón, en la capital.

Según Flores, entre el 80% y 85% de las denuncias sobre extorsiones que recibe su unidad, dirigen a estructuras de «imitadores». Es decir, la mayoría de estos delitos no proviene de las pandillas, según los datos del MP.

En 2020, durante las mesas de trabajo de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso, Flores estimó que el 80% de las extorsiones las efectuaban estructuras vinculadas a pandillas.

La fiscal dijo que el resto de estructuras que se dedican a las extorsiones se dividen en dos grupos: uno lo conforman antiguos secuestradores que cambiaron de operaciones, pero continúan con poder operativo y otro corresponde a las maras y pandillas, estas últimas también se dedican al sicariato, trata de personas y narcomenudeo, aseguró Flores.

Agregó otra información sobre estos hechos ilícitos: «Existen empresas grandes en el país que se les está requiriendo cantidades significativas para seguir operando: van desde 200,000 o 300,000 quetzales como un “bono inicial” y a algunas se les está pidiendo más de Q100,000 a la semana. Si ustedes suman eso, son unas cantidades tremendas».

Edwin Marroquín, fiscal de Delitos Contra la Vida, dio más datos. Pero no todos con certeza sobre el fenómeno.

Marroquín indicó que en el último año ha habido un aumento exponencial de la criminalidad y que muchos de los asesinatos ocurridos recientemente son por la disputa de territorios de operación y venta de drogas por parte de las pandillas: «incrementar o imponer extorsión a comercios, transporte público como buses, taxis, transporte privado o encargado de distribuir productos como la Pepsi Cola, la Coca Cola, la Licorera Nacional, entre otros», señaló.

Plaza Pública consultó al Departamento de Comunicación del MP si todas las extorsiones a estas empresas provienen de pandillas; sin embargo, se informó que aún no hay certeza de eso.

«Es afirmativo, ese tipo de extorsiones en su mayoría se originan por la pandilla del Barrio 18, en el caso de la Licorera aún se encuentra en investigación, pues los extorsionistas se identifican como miembros de la Mara Salvatrucha; sin embargo, en el caso de la Licorera aún no se ha descartado que dichas personas sean imitadores. En el caso de buses y taxis pirata, las extorsiones son realizadas, dependiendo de la zona, por miembros del Barrio 18 o de la Mara Salvatrucha», respondió la Fiscalía.

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Arévalo presidente, Arévalo diputado

«La designación de Estados Unidos del Barrio 18 como organización terrorista, facilita el marco de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos para viabilizar y agilizar la lucha contra esta organización, que ya viene desarrollándose», aseguró el presidente Bernardo Arévalo en conferencia de prensa, una semana después de la declaración de EE.UU.

«No estamos ahora como gobierno comenzando la lucha contra el Barrio 18 como organización criminal que utiliza el terror ante la población en determinados momentos. Ya la venimos haciendo», agregó el mandatario.

Sin embargo, el Bernardo Arévalo de hace cinco años —cuando era diputado del Congreso— consideraba que las pandillas no cumplían con la motivación esencial de una organización terrorista: política, ideológica o religiosa. Por lo tanto, planteaba que reconocer a los pandilleros como terroristas significaba riesgos graves, según lo expresó en su voto razonado en contra del dictamen de la iniciativa que analizó la Comisión de Gobernación, en 2020:

«Concederles una dimensión política a grupos delincuenciales conlleva implícito el otorgarles cierta medida de legitimidad, toda vez que las categorías políticas están ligadas a reivindicaciones de orden político, social, religioso, étnico, etcétera», dice el voto del entonces diputado Arévalo.

«Su reconocimiento como grupos terroristas, conlleva a que su respuesta se vea obligada a que el nivel de estructura que actualmente manejan, evolucione hacia modelos organizativos y operativos más fuertes, con lo cual también conlleva a que aumenten su capacidad de cometer actos delictivos y el nivel de violencia de los mismos», agrega el documento.

Mientras el gobierno de Arévalo define su posición sobre el abordaje del fenómeno de las pandillas, en el Congreso se decantan por una legislación que endurece las penas contra estas organizaciones, aunque se deje de lado la prevención y la reforma penitenciaria.

Todo se desarrolla en el seno de un Legislativo estancado por la campaña electoral anticipada en la que se encuentran todos los partidos políticos, quienes ven en un gobierno débil y las tasas de violencia una oportunidad para capitalizar utilidades políticas.