Huelga decirlo, las guerras contra las maras son populares. Sobre todo, si proveen de seguridad, pero también porque se les ve como justas. En general hay un deseo por ver que los mareros paguen y muchas veces con creces, lo cual no necesariamente quiere decir justicia. Pero es comprensible, como lo es el fervor que despiertan las medidas de mano dura de Nayib Bukele, ya que de momento han logrado algo inédito. Sin embargo, puede que sea una celebración prematura, opacada por el largo plazo y otros costos inconmensurables, nuevas violencias ocultas. Una excelente reflexión es la de Félix Alvarado.
Muchas personas, como Dolores Almenares, han sido detenidas durante el año que lleva el régimen de excepción en El Salvador. En la narración de Dolores aparece un policía para advertirle que él puede pegarle un tiro que quedaría impune porque ella se encuentra en una zona donde el valor jurídico de su vida está en entredicho y, por lo tanto, puede ser eliminada sin constituir homicidio.
Durante el Estado de excepción, lo excepcional pasa a ser la norma, pues según Amnistía Internacional han ocurrido 132 asesinatos bajo custodia estatal y casi el 90 % de los 66,000 arrestados no han sido acusados ni juzgados formalmente. Es decir, no hablamos de errores ni excesos, sino de medidas que constituyen un exceso cuyos únicos límites son los derechos humanos.
La arremetida de Bukele contra los derechos humanos quizá tiene que ver con que, si se anula la subjetividad legal, se puede matar o detener el cuerpo sin debido proceso, sin garantías. Se traslapa la muerte jurídica con la posibilidad de la muerte física. Los derechos humanos no protegen a «delincuentes» sino que son garantías contra el abuso de poder general, contemplados en cualquier proceso en contra de pandilleros o santos. Si los derechos humanos no han protegido a las víctimas de violencia de las maras, ello es responsabilidad del gobierno, quien tiene el deber de adoptar medidas para prevenir la violencia, así como de investigarla con debida diligencia cuando esta ha ocurrido. La crítica de Bukele, es una crítica contra sí mismo.
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La candidata aupada por la extrema derecha en Guatemala, Zury Ríos, se «inspira» en ese modelo. La lógica de esta necrópolis hace del marero algo «aprovechable» y atiende únicamente los síntomas y no las causas. Si no se hace nada por cambiar las condiciones sociales, poco valor tendrá el encarcelamiento de «potenciales» mareros, más allá del efecto propagandístico. Como si fuera un detalle menor, además, el modelo salvadoreño alimenta un gobierno cada vez más autoritario que funciona bajo la suspensión de derechos fundamentales desde hace un año, lo cual hace de la arbitrariedad y la discreción, lo habitual, y la excepción, lo normal. La utopía de Zury.
Resulta paradójica la lógica de proteger la vida a través de una mayor exposición a la muerte. Además, es difícil obviar las lógicas raciales y de clase que operan tácitamente. De hecho, son lo que permite asumir lo paradójico, aunado a una pulsión de venganza. Ojo por ojo y todos ciegos, sobre todo los que se mueven en zonas marginales cuyos cuerpos sufren los excesos, tanto de los mareros como de los excesos de las fuerzas de seguridad, mientras los ojos del soberano se multiplican con más dispositivos de vigilancia y control, creando zonas de indeterminación donde es difícil distinguir entre inocente, criminal, criminal en potencia, amigo, enemigo. El marero es moneda de cambio, cuya distribución y repartición se da en una economía de muerte, donde se rentabiliza el miedo y se crea un marco de guerra que suspende la democracia o parte de ella. Las causas estructurales de la violencia, de la producción de delincuencia, ni siquiera se atienden, sino que se aprovechan.
Es problemático pensar en la justicia como venganza porque no provee de un marco normativo para lograr una sociedad más justa en el futuro. Toda lógica de retribución tiene una esfericidad, es un círculo que se cierra en sí mismo, y la cuestión es pensar cómo salir del círculo porque es insuficiente para resolver el problema. No se resuelve nada pagando con la misma moneda si no lo complementamos con mejor investigación criminal, oportunidades educativas generales, incentivos para actividades productivas.
Recuerdo un juicio celebrado contra exmilitares por crímenes durante la guerra en donde los familiares de las víctimas declararon que pedían para los militares lo que ellos les negaron a las víctimas: justicia. Buscaban la verdad, condición necesaria para la paz con vistas a un mejor futuro. Contrapongo los dos deseos, uno que clama justicia para salir del círculo de la violencia y otro que clama retribución con la misma moneda de la muerte.
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